Melina Guadalupe Ricalde Peraza

Expediente 1008/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1008/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
04/05/2022

Partes del expediente

  • Melina Guadalupe Ricalde Peraza

Actuaciones

  1. Principal

    SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERO INTERESADA DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO. V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 51/2022-I-A, promovido por Luis Alberto Guerola Lara, contra el acto que reclama de la Sala Colegiada Penal y Mercantil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad,...QUINTO. Análisis de la litis constitucional. Resultan esencialmente fundados los conceptos de violación que hizo valer la parte quejosa, y suficientes para conceder el amparo y protección de la Justicia Federal conforme a los razonamientos que serán expuestos a continuación. Establecido lo anterior, para una mejor comprensión del asunto, es menester precisar que de las constancias exhibidas por la Magistrada de la Sala responsable (anexo de este juicio de amparo), que se allegaron al sumario deducidas del toca 230/2021, las cuales tienen valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del precepto 2º; se desprende, en lo que interesa, los siguientes antecedentes: 1. Por escrito de nueve de marzo de dos mil veinte, presentado el diez siguiente, Rosalía del Carmen Lara Ceballos, promovió juicio oral mercantil en contra de Axa Seguros, Sociedad Anónima de Capital Variable y Luis Alberto Guerola Lara, de quienes reclamó el pago y cumplimiento de diversas prestaciones, el cual correspondió conocer al Juzgado Primero de Oralidad Mercantil, quien lo radicó con el número 106/2020 y admitió a trámite. 2. Una vez emplazados los demandados, por auto de veintinueve de octubre de dos mil veinte, se tuvo a Axa Seguros, Sociedad Anónima de Capital Variable, contestando la demanda instaurada en su contra; y por diverso auto de seis de octubre de dos mil veintiuno, compareció el demandado Luis Alberto Guerola Lara, contestando la demanda instaurada en su contra, y oponiendo entre otras, la excepción de incompetencia legal por declinatoria, por lo que se ordenó la remisión de copias certificadas al Tribunal Superior de Justicia para la resolución de dicha excepción. 3. Por resolución de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, la Sala Colegiada Penal y Mercantil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en autos de toca 230/2021, determinó la improcedencia de la excepción planteada, dicha resolución en su parte conducente es del tenor literal siguiente: "...QUINTO. Es improcedente la excepción de incompetencia legal por declinatoria planteada por Luis Alberto Guerola Lara. Para una mejor comprensión del presente asunto, conviene precisar, a modo de antecedentes, que el doce de marzo de dos mil veinte, la Juez de origen aceptó en la vía y forma propuesta, el Juicio Oral Mercantil 106/2020, instado por Rosalía del Carmen Lara Ceballos, contra "AXA Seguros", Sociedad Anónima de Capital Variable y Luis Alberto Guerola Lara, de manera que ordenó el emplazamiento a los demandados para que dentro del término concedido contestaran la demanda, opusieran excepciones y ofrecieran pruebas (fojas 110 y 111 de los autos remitidos). Mediante escrito agregado al expediente por la Juez natural, el seis de octubre dos mil veintiuno, entre otras cosas, tuvo a Luis Alberto Guerola Lara contestando el juicio, y oponiendo la presente excepción de incompetencia legal, la cual acordó darle trámite y remitir a este Tribunal copia certificada de las constancias correspondientes, así como notificar a los interesados, para su conocimiento y efectos legales (foja 267 de los autos remitidos). Ahora bien, como se indicó al inicio del presente Considerando, resulta improcedente la excepción de incompetencia legal por declinatoria planteada por Luis Alberto Guerola Lara. Se afirma lo anterior, pues no le asiste la razón cuando afirma que la actora ejercitó una acción de naturaleza civil, y no mercantil, por lo que la Juez natural deberá declinar su competencia al Juez de esa materia, además, que la Ley Sobre el Contrato de Seguro, y el Código de Comercio no contemplan algún precepto legal que señale que en virtud de algún contrato deba reparar el daño ocasionado a la actora, por lo que el simple hecho de que se encuentre su nombre en la supuesta póliza no le da derecho a sostener acción en su contra. En efecto, contrario a lo asegurado por el ahora promovente, el artículo 75, fracción XVI, del Código de Comercio, señala que los contratos de seguro se consideran actos de comercio, por lo tanto, si en el juicio de origen se demandó como prestación el pago de la póliza de seguro DAA59013201/401, en beneficio de un tercero, derivada de las obligaciones contraídas en el contrato celebrado por la institución de seguros "AXA Seguros" S.A. de C.V. y el asegurado Luis Alberto Guerola Lara, en consecuencia, la competencia legal por materia es la mercantil, con apoyo en el diverso numeral 1049 del ordenamiento legal invocado, que establece: "Son juicios mercantiles los que tienen por objeto ventilar y decidir las controversias que, conforme á los artículos 4°., 75 y 76, se deriven de los actos comerciales". Aunado a lo anterior, tiene aplicación al caso los artículos 145, 146, 147, 8 y 149 de la Ley Sobre el Contrato de Seguro: "Artículo 145. En el seguro contra la responsabilidad, la empresa se obliga hasta el límite de la suma asegurada a pagar la indemnización que el asegurado deba a un tercero a consecuencia de un hecho que cause un daño previsto en el contrato de seguro. Artículo 146. Los gastos que resulten de los procedimientos seguidos contra el asegurado, estarán a cargo de la empresa, salvo convenio en contrario. Artículo 147. El seguro contra la responsabilidad atribuye el derecho a la indemnización directamente al tercero dañado, quien se considerará como beneficiario del seguro desde el momento del siniestro. Artículo 148. Ningún reconocimiento de adeudo, transacción o cualquier otro acto jurídico de naturaleza semejante, hecho o concertado sin el consentimiento de la empresa aseguradora, le será oponible. La confesión de la materialidad de un hecho no puede ser asimilada al reconocimiento de una responsabilidad. Artículo 149. Si el tercero es indemnizado en todo o en parte por el asegurado, éste deberá ser reembolsado proporcionalmente por la empresa." De los preceptos que anteceden se advierte que el contrato de seguro tiene por objeto el resarcimiento de un daño o el pago de una suma de dinero (indemnización) ante la realización de una eventualidad predeterminada en el propio contrato (siniestro) a cambio de una suma de dinero (prima). Asimismo, por lo general, la relación jurídica se entabla entre el asegurado y la empresa aseguradora, empero, cuando se trata de una póliza que cubre diversos riesgos, entre ellos el de responsabilidad civil por daños a terceros, surge jurídicamente otra persona: el tercero afectado, quien sin ser parte en el citado contrato, por verificarse el siniestro, adquiere un derecho frente al ente asegurador, que consiste en obtener directamente de éste la indemnización convenida, sin perjuicio de que pueda ser indemnizado en todo o en parte por el propio asegurado, como lo prevé el diverso artículo 149 del ordenamiento invocado. Es decir, los dispositivos transcritos consideran al tercero afectado como un "beneficiario del seguro" desde el momento en que acontece el siniestro, lo que le otorga legitimación para ejercer la acción de reparación de daños o de indemnización. Así, en el caso de que los obligados se rehúsen a pagarle, el tercero beneficiario puede reclamar contra el asegurado, o bien, de la empresa aseguradora, pues su carácter para ser demandada, precisamente deriva de la obligación que asumió al otorgar, en el ámbito contractual mercantil, la cobertura de responsabilidad civil. Es decir, esta responsabilidad civil es de carácter extracontractual, en razón de que no proviene del incumplimiento de un acuerdo de voluntades, sino de un hecho fortuito causante de un daño previsto en la póliza; así, la indemnización a un tercero por daño material derivado de un siniestro consiste en el restablecimiento de la situación anterior al mismo, y sólo cuando ello no sea posible, efectuar el pago en compensación. Conviene citar al caso la Tesis Aislada I.12º.C.130 C (10ª), del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo III, abril de 2019, página 2111, Decima Época, que dice: "RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS A TERCEROS. LA INDEMNIZACIÓN A UN TERCERO POR DAÑO MATERIAL DERIVADO DE UN SINIESTRO, CONSISTE EN EL RESTABLECIMIENTO DE LA SITUACIÓN ANTERIOR AL MISMO, Y SÓLO CUANDO ELLO NO SEA POSIBLE, DEBE EFECTUARSE EL PAGO EN COMPENSACIÓN. De los artículos 145, 147 y 149 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, se obtiene que el contrato de seguro tiene por objeto el resarcimiento de un daño o el pago de una suma de dinero (indemnización) ante la realización de una eventualidad predeterminada en el propio contrato (siniestro) a cambio de una suma de dinero (prima). Asimismo, que en el contrato de seguro, por lo general, la relación jurídica se entabla entre el asegurado y la empresa aseguradora, empero, cuando se trata de una póliza que cubre diversos riesgos, entre ellos el de responsabilidad civil por daños a terceros, surge jurídicamente otra persona: el tercero afectado, quien aun sin ser parte en el aludido contrato, por verificarse el siniestro, adquiere un derecho frente al ente asegurador, concerniente en obtener directamente de éste la indemnización convenida, sin perjuicio de que pueda ser indemnizado en todo o en parte por el propio asegurado, como lo prevé el artículo 149 citado. Es decir, los preceptos transcritos consideran al tercero afectado como un "beneficiario del seguro" desde el momento en que acontece el siniestro, lo que le otorga legitimación para ejercer la acción de reparación de daños o de indemnización. Así, en el caso de que los obligados se rehúsen a pagarle, el tercero beneficiario puede reclamar en contra del asegurado, o bien, de la empresa aseguradora, sin que ésta pueda alegar su falta de legitimación pasiva, pues su carácter para ser demandada, precisamente, deriva de la obligación que asumió al otorgar, en el ámbito contractual mercantil, la cobertura de responsabilidad civil. Es decir, esta responsabilidad civil es de carácter extracontractual, en razón de que no proviene del incumplimiento de un acuerdo de voluntades, sino de un hecho fortuito causante de un daño previsto en la póliza; así, la indemnización a un tercero por daño material derivado de un siniestro consiste en el restablecimiento de la situación anterior al mismo, y sólo cuando ello no sea posible, efectuar el pago en compensación." De modo que si en armonía con lo anterior, la actora del juicio acudió ante el Juzgado Primero de Oralidad Mercantil del Poder Judicial del Estado, con sede en Mérida, Yucatán, presentando su demanda, resulta evidente que eligió a la autoridad del orden común, con sede en la ciudad en cita, para dirimir su controversia. En efecto, cabe señalar que la Oficialía de Partes Común ante la cual se presentó el controvertido de origen, en acatamiento a lo dispuesto en los artículos 112 y 156 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, 3 y 82 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, turnó dicha demanda al Juzgado Primero de Oralidad Mercantil, con sede en esta ciudad, para la sustanciación del juicio que nos ocupa; órgano que de conformidad con el Acuerdo General EX07-110331-03 del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, al formar parte del Primer Departamento Judicial del Estado, por tener su sede en esta ciudad, es legalmente competente para conocer del asunto, y por lo consiguiente su titular. Cabe señalar que por Acuerdo General EX23-181121-01 del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, determinó el cambio de denominación del juzgado de origen, para quedar como Juzgado Primero de Oralidad Mercantil del Poder Judicial del Estado, conservando su sede en esta ciudad, así como su competencia para conocer en primera instancia de los juicios orales establecidos en el artículo 1390 Bis del Código de Comercio. Aunado a lo anterior, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 104, fracción II, dispone que corresponde a los Tribunales de la Federación conocer todas las controversias del orden civil o mercantil que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o de los tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano, y que cuando dichas controversias sólo afecten intereses particulares podrán conocer de ellas, a elección del actor, los jueces y tribunales del orden común de los Estados. El mencionado dispositivo constitucional establece, sin más, la concurrencia de jurisdicción entre jueces y tribunales del orden común y federal en los casos que ese mismo precepto determina, en donde la Norma Suprema faculta exclusivamente al actor del juicio para elegir a los jueces del orden común para que resuelvan su reclamo. En efecto, en el caso concreto tenemos que el juicio del cual dimana este Toca, se trata de un procedimiento Oral Mercantil instado por Rosalía del Carmen Lara Ceballos, contra "AXA Seguros", Sociedad Anónima de Capital Variable, también conocida "AXA Seguros", S.A. de C.V., y Luis Alberto Guerola Lara, sin que alguno de ellos represente los intereses del Estado, sino los suyos propios, pues la materia del juicio natural se refiere al incumplimiento de un acuerdo de voluntades pactado por los demandados, de donde se infiere que en el presente juicio sólo se afectan intereses particulares. Asimismo, no puede perderse de vista que la facultad para elegir al órgano jurisdiccional que deba conocer del asunto, es exclusiva de la parte actora y no de la parte demandada en el juicio de origen, tal y como expresa la Norma Constitucional invocada en líneas anteriores. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 1a./J. 17/2010, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la ejecutoria emitida al resolver la Contradicción de Tesis 296/2009, consultable en la página 536, del tomo XXXI, Mayo de dos mil diez, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta: "JURISDICCIÓN CONCURRENTE. SI EN EL CONTRATO MERCANTIL LAS PARTES NO ESPECIFICAN EL FUERO DEL TRIBUNAL A CUYA COMPETENCIA SE SOMETEN, DEBE QUEDAR A SALVO SU DERECHO PARA ACUDIR A LA POTESTAD JURISDICCIONAL DEL TRIBUNAL FEDERAL O LOCAL DE SU ELECCIÓN. Del artículo 104, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deriva que las controversias del orden mercantil suscitadas sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales en las que sólo se afecten intereses particulares, la jurisdicción es concurrente y, por tanto, pueden conocer del juicio tanto los juzgados y tribunales federales como los locales del orden común, a elección del actor. Por otra parte, de los artículos 1092 y 1093, del Código de Comercio, se advierte que en los asuntos de carácter mercantil será competente el juez a quien los litigantes se hubieren sometido expresa o tácitamente (cláusula de sumisión expresa) y que hay sumisión expresa cuando los interesados renuncian clara y terminantemente al fuero que la ley les concede. Ahora bien, cuando en un contrato mercantil se establece que las partes pactan someterse a la competencia de los tribunales de la ciudad en la que se celebró, pero omiten señalar el fuero de dichos tribunales, en tal caso se alude a una cuestión de competencia territorial que no delimita el carácter de la jurisdicción de los órganos jurisdiccionales, aun cuando en el lugar donde se celebró el acuerdo de voluntades sólo resida el juez del orden común, ya que si no se señaló el fuero del tribunal a cuya competencia se someten resultan igualmente competentes los del fuero federal que los del local, pues ambos tienen jurisdicción en ese territorio. Por tanto, si en un contrato mercantil sólo se dice que las partes se someten a la jurisdicción del juez de determinado lugar sin especificar su fuero, debe quedar a salvo el derecho del actor para acudir al tribunal federal o local de su elección." Finalmente, y en atención al sentido de lo ahora resuelto, no procede imponerle al promovente, la multa y la sanción pecuniaria, previstas, respectivamente, en los artículos 1097 y 1118, del Código de Comercio, pues de las actuaciones contenidas en el presente Toca, no se advierten elementos que hagan deducir que la excepción de incompetencia legal se haya opuesto sin razón, con el claro propósito de alargar o entorpecer el juicio, o con mala fe, ya que si bien es cierto dicho demandado no acreditó la procedencia de la citada excepción, también resulta que esa situación no es suficiente para tener por probadas las circunstancias antes referidas. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. Se declara improcedente la excepción de incompetencia legal por declinatoria planteada por Luis Alberto Guerola Lara, ante la Juez Primero de Oralidad Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, en autos del Juicio Oral Mercantil 106/2020, promovido por Rosalía del Carmen Lara Ceballos, contra "AXA Seguros", Sociedad Anónima de Capital Variable, también conocida "AXA Seguros", S.A. de C.V., y el citado excepcionista. SEGUNDO. Se declara que la ahora Juez Primero de Oralidad Mercantil del Poder Judicial del Estado, antes Juez Primero de Oralidad Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, es legalmente competente para conocer del referido juicio hasta su conclusión. TERCERO. No ha lugar a la imposición de la multa y sanción pecuniaria a que se refieren los artículos 1097 y 1118, del Código de Comercio, por las razones expresadas en la parte final de esta resolución. CUARTO. Notifíquese y cúmplase; envíese a la Juez natural copia certificada de la presente ejecutoria y de sus constancias de notificación, para los efectos legales del caso; y archívese este Toca como asunto concluido. Cúmplase..." Esta resolución constituye el acto reclamado en este medio extraordinario de defensa. Ahora bien, en sus conceptos de violación esencialmente señala que la autoridad responsable basó su determinación en los hechos narrados por la parte actora, respecto a que es titular de una póliza de seguro y a la vez propietario y conductor del mismo vehículo con el que se ocasionó un daño por hecho de tránsito vehicular a la actora, por lo que en todo caso, sería una responsabilidad civil objetiva extracontractual. Agregó que la responsabilidad de realizar el pago sería de la aseguradora, ya que el vínculo entre ellos nace en el artículo 147 de la Ley Sobre el Contrato de Seguro, sin que exista una relación comercial contractual con el tercero, ya que en ninguno de los actos de comercio establecidos en el artículo 75 del Código de Comercio, se establece algún supuesto para que la parte actora le demande el cumplimiento de un contrato de seguro, y en el caso de que fuera el conductor de la unidad motriz y le causara un daño, sería solidariamente responsable y la materia correcta sería la civil y no la mercantil. Que los artículos que invoca la Sala responsable, no son aplicables al caso en concreto, ya que no existe prueba del contrato de seguro que invoca la parte actora y que de la lectura de los hechos de la demanda en forma íntegra, se desprende que es una acción civil la que pretende en su contra la parte actora. Continúa señalando que es incorrecto que la actora lo demande por la vía mercantil, ya que la relación de incumplimiento se da entre la afectada y la compañía de seguros, puesto que aún y cuando quisiera hacer pagar a la compañía de seguros, no es su papel de obligarla a cumplir, puesto que en la acción mercantil de cumplimiento de contrato, el vínculo sería entre la aseguradora y el tercero. Alega que la Sala responsable, incurre en un error de interpretación al estimar que se le puede reclamar en la materia mercantil el cumplimiento del contrato, puesto que el único que lo puede cumplir es la aseguradora que se obligó para ello, ya que el Código Civil del Estado de Yucatán no puede aplicarse para actos de comercio. Finalmente, agrega que la naturaleza de la acción en su contra es la materia civil y no la mercantil, puesto que el derecho reclamado es concepto de causante de un daño, no de celebrante de un contrato, ya que no es quien no pagó la póliza de seguro, si no la empresa es la obligada, al ser el objeto del contrato, por lo tanto, sólo la aseguradora es la responsable del cumplimiento del contrato, por lo que en contra de la empresa podría prosperar la materia mercantil. Como se anticipó, es fundado lo alegado por el quejoso, como se explicará. A fin de sustentar lo anterior, es menester tomar en consideración lo que sobre el tema de la vía cuando se ejerce la acción de cumplimiento de contrato de seguro ha estimado el Tribunal Unitario del Decimocuarto Circuito, pues se trata del órgano Jurisdiccional de Alzada en este Circuito, quien al emitir la ejecutoria en el toca civil 90/2021, realiza diversas consideraciones en las que determinó, en esencia, lo siguiente y que este juzgado comparte: 1) La vía civil es la que debe imperar cuando un tercero ajeno al contrato de seguro, con motivo de un daño resentido, reclama directamente a la empresa aseguradora la indemnización por virtud de un contrato de seguro contra la responsabilidad civil, de conformidad con lo establecido en el artículo 147 de la Ley sobre el Contrato de Seguro. 2) Tratándose de los seguros contra la responsabilidad, la aseguradora se obliga a pagar la indemnización que el asegurado deba a un tercero, a causa de los daños y perjuicios generados por un hecho previsto en el contrato, de cuyas consecuencias sea civilmente responsable el asegurado. 3) El artículo 147 de la Ley sobre el Contrato de Seguro otorga a este tercero dañado [beneficiario], un derecho sustantivo y personal que se ejerce mediante la vía procesal de la acción directa. Es decir, esa disposición establece la posibilidad para el tercero dañado, de reclamar y exigir la indemnización por responsabilidad civil directamente a la empresa aseguradora, con motivo del daño amparado por el contrato, y causado por el asegurado. Esto es, para el ejercicio de esta acción no es indispensable que se demande al asegurado responsable. 4) La acción directa requiere de (i) la existencia de un daño sufrido por un tercero [beneficiario] y (ii) la existencia de un contrato de seguro celebrado entre la empresa aseguradora y el asegurado, a quien se le atribuye el daño. 5) La acción directa que el tercero puede ejercer surge a partir del daño ocasionado con motivo de un riesgo creado o un hecho ilícito -por voluntad del legislador-, aunque ésta no podrá ejercitarse si no existe seguro de responsabilidad civil. 6) La indemnización hecha valer por el tercero tiene su origen en la legislación civil, pero a la vez, requiere de la existencia del contrato de seguro celebrado entre aseguradora y asegurado, y por supuesto, del daño sufrido. 7) Aunque la obligación de la empresa aseguradora tiene su origen en un contrato mercantil regulado por la Ley sobre el Contrato de Seguro, la obligación consiste en pagar la indemnización en lugar del asegurado, hasta el límite de la suma asegurada, lo cual no implica que la indemnización por responsabilidad civil mute a una responsabilidad mercantil, porque la causa que produce la indemnización es de naturaleza civil, aunque la obligación de pago por parte de la aseguradora tenga sustento en un contrato de seguro. 8) No es obstáculo que se demande el pago de la indemnización respecto del rubro de responsabilidad civil por daño a terceros o cualquier otra que sea aplicada a los terceros beneficiarios de conformidad con los artículos 1, 145 y 147 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, pues no cambia la naturaleza civil y extracontractual de la prestación indemnizatoria principal, ya que esta se encuentra sustentada de origen en la obligación legal que tiene el sujeto responsable para resarcir el daño causado y no en el contrato de seguro contra la responsabilidad que éste pudiera tener celebrado. 9) El hecho que la actora pretenda la nulidad del finiquito por indemnización derivado de un hecho de tránsito, está relacionado con el cumplimiento que demanda en ejercicio de la acción directa a que se ha hecho referencia, ya que precisamente este es el derecho con el que la víctima indirecta cuenta para reclamar el pago por una indemnización derivada de un hecho ilícito o riesgo creado que, incluso, estime le corresponde por haber recibido uno inferior, por tanto, para efectos de procedencia de la demanda, dicha nulidad afectada por la lesión alegada, no debe ser vista de manera aislada a la acción directa por tratarse del medio adecuado con que cuenta el tercero dañado para demandar directamente a la aseguradora. 10) Por tanto, si lo que se persigue como fin sustancial en el juicio, es la responsabilidad civil y el pago de una indemnización derivada de ella, originados por un hecho ilícito o riesgo creado, y sea el tercero dañado (promovente) quien demande directamente a la compañía aseguradora, con quien el causante del daño (asegurado), tenga celebrado un contrato de seguro contra la responsabilidad previsto en la Ley sobre el Contrato de Seguro, la acción entablada será de carácter civil, pues su objeto es la compensación por el daño derivado de la responsabilidad civil y, por tanto, su tramitación judicial debe seguirse por la vía ordinaria civil. Lo anterior sin que sea necesario demandar también al asegurado, pues precisamente el legislador le permitió ejercer su acción directamente en contra de la aseguradora. Con independencia de la forma en que denomine la prestación (por ejemplo: cumplimiento del contrato) pues se debe atender al fin sustancial de la pretensión. Finalmente, el Tribunal de Alzada señaló que esas consideraciones tenían apoyo en el criterio -que transcribió en lo conducente- establecido por el Máximo Tribunal de la Nación al resolver el amparo directo 63/2014, en el que determinó que la acción directa conferida por el artículo 147 de la Ley Sobre el Contrato de Seguro, al tercero beneficiario, es de naturaleza civil y no mercantil. Bajo esas premisas, se determina que, como bien lo señala el quejoso y contrario a lo señalado por la Sala responsable, en el juicio oral mercantil, la vía idónea para ejercer su acción es la vía ordinaria civil, por lo que deber ser fundada la excepción correspondiente opuesta por la parte quejosa. Es así, pues en el particular, al igual que en el asunto que dio lugar a la ejecutoria 63/2014 del Máximo Tribunal del País, así como la emitida por el Tribunal de Alzada en el referido toca 90/2021, se ejerce la acción directa de cumplimiento de contrato de seguro, a que se refiere el artículo 147 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, por un tercero ajeno, con motivo de un daño resentido, el cual reclama directamente a la empresa aseguradora, por virtud de un contrato de seguro contra la responsabilidad civil. Esa acción directa que el tercero puede ejercer surge a partir del daño ocasionado con motivo de un riesgo creado o un hecho ilícito, pero requiere de la existencia del seguro de responsabilidad civil, pues en estos casos la aseguradora se obliga a pagar la indemnización que el asegurado deba a un tercero, a causa de los daños y perjuicios generados por un hecho previsto en el contrato, de cuyas consecuencias sea civilmente responsable el asegurado. Luego, esa indemnización hecha valer por el tercero tiene su origen en la legislación civil, en los artículos 1913, 1915 y/o 1916 según sea el caso, del Código Civil Federal, pero a la vez, requiere de la existencia del contrato de seguro celebrado entre aseguradora y asegurado, y por supuesto, del daño sufrido. Así, aunque la obligación de la empresa aseguradora tiene su origen en un contrato mercantil regulado por la Ley sobre el Contrato de Seguro, la obligación consiste en pagar la indemnización en lugar del asegurado, hasta el límite de la suma asegurada, lo cual no implica que la indemnización por responsabilidad civil mute a una responsabilidad mercantil, porque la causa que produce la indemnización es de naturaleza civil, aunque la obligación de pago por parte de la aseguradora tenga sustento en un contrato de seguro. Es por las razones anteriores, que como en el juicio de origen lo que se reclama es la indemnización por daño a través de la acción de cumplimiento de contrato de seguro y tal indemnización que es la prestación principal que pretende obtenerse deriva de la responsabilidad civil subjetiva u objetiva, regulada en el Código Civil aplicable, generada con motivo del acto u omisión atribuido al sujeto responsable, es la vía civil la que debe imperar para reclamar la indemnización por responsabilidad civil mediante la acción directa que ejerce el artículo 147 de la Ley sobre el Contrato de Seguro. Además, la circunstancia de que el responsable del daño tenga celebrado un contrato de seguro contra la responsabilidad con una aseguradora, aun cuando ese contrato esté previsto como un acto de comercio, no cambia la naturaleza civil y extracontractual de la prestación indemnizatoria principal, pues ésta se encuentra sustentada en la obligación legal que tiene el sujeto responsable para resarcir el daño causado y no en el contrato de seguro contra la responsabilidad que éste pudiera tener celebrado. De ahí que deba resultar fundada la excepción de incompetencia opuesta por el demandado en el juicio de origen en razón de la materia. Así, se concluye que la resolución combatida contraviene los artículos 14 y 16 Constitucionales, ante la incorrecta fundamentación y motivación del acto reclamado, lo que hace innecesario el análisis de lo expuesto en el primer concepto de violación, debido al sentido que toma este fallo. Por tanto, lo que procede es conceder el amparo y protección de la justicia federal, para el efecto de que la Sala responsable: a) Deje insubsistente la determinación reclamada, emitida el diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, en el toca 230/2021. b) En su lugar, dicte otra donde atendiendo a las consideraciones de este fallo declare fundada la excepción de incompetencia opuesta por la demandada en el juicio de origen, y por consiguiente, decrete que carece de competencia legal la Juez Primero de Oralidad Mercantil del Poder Judicial del Estado, para conocer y resolver la controversia natural. SEXTO. Oposición a la publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. OCTAVO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77, 215, 216, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA y PROTEGE a LUIS ALBERTO GUEROLA LARA, en contra de los actos atribuidos a la Sala Colegiada Penal y Mercantil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, por las razones señaladas en el considerando quinto de este fallo. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese personalmente y cúmplase.

  2. Principal

    Vistos para resolver el juicio de amparo 472/2022-VII-B, promovido por Yara Elizabeth Arceo May, como apoderada del quejoso Cornelio Aguilar Puc, contra el acto que reclama de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad; y ANTECEDENTES PRIMERO. Mediante escrito presentado el dieciocho de febrero de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en Mérida, y turnado el veintiuno siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito, compareció la parte quejosa a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto que reclama de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Por auto de veintidós de febrero de dos mil veintidós, se registró la demanda de amparo con el número 472/2022-VII-B y se admitió a trámite; se ordenó dar a la representación social Federal de la adscripción la intervención que le compete; solicitar a la autoridad responsable su informe justificado; emplazar a la parte tercero interesada; asimismo, se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, tiene lugar conforme al acta que antecede. CONSIDERACIONES PRIMERA. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48, en relación con el 61, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 03/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDA. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento además, en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cinco, Tomo XIX, correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que el acto reclamado lo hizo consistir la parte quejosa en: La dilación en el procedimiento laboral 517/2019, derivado de la omisión de conceder a las partes el término para formular alegatos. TERCERA. No es cierto el acto reclamado a la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, residente en esta ciudad, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado por conducto de su Presidenta. En el caso, se considera que se actualiza la causa de sobreseimiento contenida en el artículo 63, fracción IV, de la Ley Amparo, que establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: . IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional." Así se considera, dado que la parte quejosa reclama la dilación en el procedimiento laboral 517/2019, derivado de la omisión de conceder a las partes el término para formular alegatos. Se afirma lo anterior, dado que de la documental que se anexó al informe de ley de la responsable, consistente en copia certificada de diversas actuaciones relativas al citado juicio obrero -a las que se concede pleno valor probatorio como documento público, en términos de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2o. de la Ley de Amparo-, se advierte que: - El dos de agosto de dos mil diecinueve, se radicó el juicio de origen, señalando fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. - El cuatro de febrero de dos mil veinte, al no haber llegado las partes a un arreglo conciliatorio, se continuó con la audiencia en su etapa de demanda y excepciones, la cual procedió a suspender para continuarla con posterioridad. - El catorce de abril de dos mil veintiuno, se tuvo por celebrada dicha audiencia, y se señaló fecha y hora para la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas. - La referida audiencia dio inicio el trece de agosto de dos mil veintiuno, en la que las partes ofrecieron sus respectivas pruebas, proveyéndose lo conducente en cuanto a su admisión y desahogo. - Finalmente, desahogadas algunas de dichas probanzas y declaradas desiertas otras, el dos de marzo de dos mil veintidós, la Junta responsable regularizó el procedimiento a efecto de señalar fecha y hora para que se lleve a cabo la prueba de confesión a cargo de ambas partes. Por tanto, al tener en consideración que el acto reclamado en este juicio es la abstención de conceder a las partes el término para formular alegatos en el sumario laboral 517/2019, obligación que surge una vez que se encuentran desahogadas la totalidad de las probanzas ofrecidas por las partes, de conformidad con lo establecido por los preceptos 884, fracción IV, y 885 de la Ley Federal del Trabajo. Y como dicha circunstancia no ha sucedido, pues como ya se mencionó, aún se encuentran pendientes de desahogar las pruebas relativas a la confesión a cargo de ambas partes; es inconcuso que el acto omisivo reclamado no existía al momento en que el justiciable solicitara la protección constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos." (Época: Décima Época, Registro: 2018110, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 59, Octubre de 2018, Tomo I, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 99/2018 (10a.) y página: 926). Así como la tesis VII.1o.C.4 K, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, que dice: "SOBRESEIMIENTO POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. PROCEDE AUN CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE ADMITA LA VERACIDAD DEL MISMO AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La circunstancia de que la autoridad responsable, al rendir su informe con justificación, manifieste que es cierto el acto que se reclama, no impide decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, si de las constancias procesales se desprende lo contrario, es decir, que se desvirtúa la aseveración de la autoridad designada como responsable, respecto de la certeza del acto que se le atribuye. En consecuencia, de acuerdo con la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el juicio en tal hipótesis." (Época: Novena Época, Registro: 198320, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Julio de 1997, Materia(s): Común, Tesis: VII.1o.C.4 K, Página: 433) Lo anterior conlleva a que este órgano de control no pueda realizar el análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado por ser inexistente como ya se vio; de ahí que, con apoyo en lo dispuesto en el invocado numeral 63 fracción V, de la citada ley de la materia, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el juicio. Cobran aplicación al caso particular por analogía, la jurisprudencia número 10, consultable en la página 12, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, registro 917,544, así como el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, que este Juzgador comparte, consultable en la página 254, Octava Época, Tomo XIII-Enero del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 213793, que en su orden indican: "AMPARO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja"; y "JUICIO DE AMPARO, IMPROCEDENCIA DEL POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es improcedente el juicio de amparo cuando la fecha de presentación de la demanda no existía el acto reclamado, por lo que es correcto el sobreseimiento decretado con fundamento en la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo, toda vez que la existencia del acto reclamado debe analizarse con relación a la fecha de la presentación de la demanda, y no por hechos posteriores a ésta, ya que de lo contrario la sentencia tendrá que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron origen al juicio de garantías." Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud del motivo de sobreseimiento que se actualizó. Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia número 509, publicada en la página 335, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, registro 394,465, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." CUARTA. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que la parte quejosa se manifestó respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares; y además, acorde a lo que establece el artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con los artículos 18 de la citada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. QUINTA. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SEXTA Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse una reimpresión firmada electrónicamente de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos del 73, 74, 75, 124 y demás relativos de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Cornelio Aguilar Puc, por conducto de su apoderada, contra el acto que reclamó de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad; por los motivos expuestos en la consideración tercera de esta sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la consideración cuarta de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en la quinta consideración de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en la última consideración, entréguese copia firmada electrónicamente de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y regístrese.

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