Melida del Rosario Morales Tapia
Expediente 1510/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1510/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 19/12/2019
Partes del expediente
- Melida del Rosario Morales Tapia
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguese en el juicio de amparo en que se actúa, el informe justificado rendido por Juez Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Catazajá Palenque, Chiapas, y anexo que acompaña, consistente en copia certificada del expediente civil ****. Documentales a las que se le concede valor probatorio pleno, en términos de lo que establecen los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2. Ahora, del estado de autos se aprecia que en su escrito inicial de demanda la parte quejosa señaló como acto reclamado: "4 - ACTO RECLAMADO: el cual se hace consistir en la dilación procesal que ha caído el juicio por pensión alimenticia con número de expediente **** ya que la autoridad responsable no ha seguido en cuanto a los términos que establece el código de procedimientos civiles del estado de Chiapas, ya que la autoridad responsable no ha emitido sentencia, aunado a que el juicio de pensión alimenticia es de vital importancia por estar de por medio los alimentos de los menores de edad del presente juicio". Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos materia de la litis, atendiendo a la integridad de la demanda. Sirve de sustento a lo expuesto, la tesis jurisprudencial número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En ese orden, de una interpretación de la demanda, se colige que la quejosa ****es parte actora en el juicio de pensión alimenticia de origen número **** del índice del Juzgado Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Catazajá Palenque, Chiapas; y se duele de la dilación procesal por: 1. No concluir el desahogo del periodo probatorio; y, 2. No emitir sentencia. En ese contexto, respecto al primero de los actos reclamados, consistente en la dilación procesal que refiere la quejosa en el Juzgado de origen, al no concluir el desahogo del periodo probatorio; este juzgado consideró que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)". El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de otorgar la protección constitucional, respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos de dicho acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención, no es sólo la paralización del acto de autoridad, además es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del tomo IX-junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena época, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". De lo expuesto se desprende que, para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de cuatro extremos, a saber: 1. Un acto de autoridad que se estime lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; 2. Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; 3. Una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de amparo; y, 4. Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Por otro lado, resulta indispensable acudir al contenido del artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los diversos 103 y 107 de la Constitución General de la República, que a la letra señala: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: (.) II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija". Del precepto transcrito se obtiene que los efectos que genera la concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión, tratándose de actos de carácter omisivo, es obligar a la autoridad responsable a respetar la prerrogativa de que se trate y exigir de la misma su cumplimiento. Esto es, tratándose de actos omisivos de autoridades responsables, se entiende que han dejado de surtir sus efectos una vez que la autoridad lleva a cabo el acto que destruye la violación al derecho reconocido por la Constitución General. Así, como se indicó con antelación, la quejosa se duele de la dilación procesal en que incurre la responsable al no concluir el desahogo del periodo probatorio, en el expediente civil de origen número **** Luego, de las constancias remitidas por el Juez Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Catazajá Palenque, Chiapas, se advierte que el seis de diciembre de dos mil diecinueve, dictó un proveído por medio del cual determinó que toda vez que no existían diligencias pendientes por desahogar, turnó los autos para que se pronuncie la sentencia definitiva, dentro del expediente civil ****. Por lo anterior, dentro del citado juicio civil, la autoridad señalada como responsable, Juez Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Catazajá Palenque, Chiapas, subsanó totalmente el acto que se le reclamaba. En ese sentido, deviene inconcuso que los efectos del acto reclamado consistente en la dilación procesal en que incurre la responsable al no concluir el desahogo del periodo probatorio en el expediente civil de origen número ****del índice del Juzgado Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Catazajá Palenque, Chiapas, ha cesado en sus efectos, quedado insubsistente en forma total e incondicional el citado acto tildado de inconstitucionalidad, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí ninguna huella. Cobra aplicación, por identidad jurídica, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Asimismo, respecto al acto reclamado consistente en la dilación procesal al no emitirse la sentencia; este juzgador advierte que, en el caso, opera la causal de sobreseimiento prevista por la fracción IV, del artículo 63, de la ley en la materia, cuestión que por ser de orden público, su estudio es de oficio, conforme a lo previsto en el artículo 62 de la referida ley, como enseguida se verá. En efecto, los artículos 62 y 63, fracción IV, establecen lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizaran de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo" "Artículo 63. El juicio de amparo es improcedente: (.) IV. Cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su inexistencia en la audiencia constitucional (.)". Del primero de los numerales citados se desprende que el análisis de las causas de improcedencia es de oficio para los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, el segundo de dichos ordinales dispone que ante la inexistencia del acto reclamado debe decretarse el sobreseimiento del juicio. Ahora, para lograr una correcta intelección del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, en que se apoya este juzgador, es necesario analizarlo en relación con otros preceptos de la propia ley, como son los diversos numerales 1º, fracción I y 75, los cuales dicen: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.". "Artículo 75. En las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable. No se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad...". El artículo 1º, fracción I, que ha sido transcrito, establece claramente que el juicio de amparo procede contra leyes o actos de autoridad que violen derechos fundamentales, es decir, se está refiriendo a actos existentes, no probables o eventuales, conclusión que se corrobora con lo dispuesto por el diverso 75 de la propia ley, al establecer que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable. Por lo que si se analiza el artículo 63, fracción IV, de la ley reglamentaria del juicio de amparo, en armonía con los diversos numerales mencionados, la conclusión a que se arriba es en el sentido de que los actos reclamados deben analizarse atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues dicho precepto no distingue la materia en que se haya originado el acto, como tampoco ocurre respecto a la naturaleza de éste. Ahora bien, del informe justificado rendido por el Juez Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Catazajá Palenque, Chiapas, así como de las actuaciones correspondientes al expediente civil ****, se advierte que en proveído de uno de marzo del actual, se turnaron los autos para pronunciar la sentencia correspondiente en dicho expediente (foja 222 del tomo de pruebas). Consecuentemente, por auto de quince de marzo de dos mil diecinueve, emitió un acuerdo para mejor proveer en el que ordenó extender los estudios psicológicos a las personas que cohabitan con los menores de identidad reservada en dicho juicio, a fin de determinar cuál de los entornos familiares era más favorable para los mismos (fojas 223 a 225 del tomo de pruebas) Seguida la secuela procesal con fecha seis de diciembre de dos mil diecinueve, se turnaron nuevamente los autos para emitir la sentencia que en derecho corresponda (fojas 302 y 303 del tomo de pruebas). De lo anterior se colige, la inexistencia de la dilación en el dictado de la sentencia; toda vez que el juicio civil de origen aún no se encontraba en aptitud de resolverse, dado el estado en que se encontraba a la fecha de la presentación de la demanda, a saber, el ocho de noviembre del actual; pues la autoridad responsable no estaba en condiciones procesales para emitir la sentencia correspondiente en el juicio de origen. De ahí, se reitera que, la omisión de que se duele la quejosa, no existe, pues para sostener que la responsable ha incurrido en la abstención que se le reclama, se reputa necesario que se acredite que es ese el acto procesal pendiente en el procedimiento, situación que como se ha visto, no se actualiza en el asunto que nos ocupa. Por lo que, el acto en sí mismo no existía a la fecha de presentación de la demanda, ni en la data en la que se emite esta resolución; y por su propia naturaleza, necesitaba demostrase y justificarse con algún medio de prueba idóneo y suficiente. Así, se estima que, para acreditar la existencia del acto de abstención señalado en esta vía, el cual se hace valer en la dilación procesal por no emitir sentencia del expediente civil ****, es necesario que se acrediten algunos requisitos, a saber: que realmente exista un juicio en el que sea parte la quejosa; que dicha controversia se encuentre en estado de resolución; y que haya trascurrido el término que la ley de la materia señale para fallar. En este orden de ideas, conviene verificar de manera analítica si en los autos de este juicio se encuentran acreditados dichos aspectos. 1) Que realmente exista un juicio -en el caso laboral- en el que sea parte la quejosa. Este aspecto en particular implica, que la impetrante del amparo tenga el carácter de parte en el juicio de origen; lo anterior se acredita con las manifestaciones realizadas por la propia quejosa, así como del informe justificado y de las constancia remitidas por el Juez Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Catazajá Palenque, Chiapas, a la cual en párrafos precedentes, se le otorgó valor probatorio pleno, y de la cual se desprende que la quejosa **** es parte actora en el citado expediente laboral de origen. 2) Que se encuentre el juicio de origen en estado de resolución. Este segundo elemento, el cual implica que el juicio de origen se encuentre en un estado procesal tal que amerite el dictado de la sentencia, y que se logra haberse concluido la recepción de las pruebas, de conformidad con lo establecido en el artículo 414 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Chiapas; mismo que no se acredita, ya que de las constancias de referencia, se advierte que en auto de seis de diciembre del año en curso, el Juez responsable, en virtud de no existir diligencias pendientes por desahogar, turnó los autos para que se pronunciara la sentencia definitiva correspondiente en el juicio civil ****; por lo que a la fecha de presentación de la demanda -ocho de noviembre de dos mil diecinueve- no había concluido la etapa correspondiente para estar en aptitud de emitir la sentencia de la que se duele la parte quejosa. 3) Que haya transcurrido el término establecido por la Ley Federal del Trabajo para fallar. El Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Chiapas, señala lo siguiente: "ART. 414.- CONCLUIDA LA RECEPCION DE LAS PRUEBAS, DE OFICIO, SE ORDENARA QUE LOS AUTOS QUEDEN EN LA SECRETARIA DEL JUZGADO A DISPOSICION DEL ACTOR Y DEMANDADO, POR TRES DIAS A CADA UNO EN SU ORDEN, PARA QUE FORMULEN SUS ALEGATOS; PASADO QUE SEA EL TERMINO PARA ALEGAR, DE OFICIO, SERAN CITADAS LAS PARTES PARA SENTENCIA, QUE SE PRONUNCIARA DENTRO DE DIEZ DIAS". Es decir, la sentencia correspondiente debe ser emitida a los diez días, una vez transcurrido el término de tres días para la parte actora y demandada, en su orden, en que los autos queden a su disposición para hacer las alegaciones que consideren. De lo anterior, se advierte que en auto de seis de diciembre de dos mil diecinueve, el Juez Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Catazajá Palenque, Chiapas, turno los autos a la vista del juzgador para que se dicte la sentencia correspondiente, por lo que tiene un plazo de diez días hábiles para dictar la sentencia correspondiente, mismo que a la fecha en que se dicta esta determinación es incuestionable que no ha transcurrido. Consecuentemente, se demuestra que a la fecha en que se actúa el primer y segundo elementos sí se encuentra acreditado; sin embargo, el aspecto precisado en el inciso 3), no lo está, debido a que a la fecha es incuestionable que transcurre el término a la responsable para dictar la sentencia definitiva; de ahí que no existe el acto reclamado consistente en la dilación en el dictado de la sentencia atribuido a la responsable. Surtiéndose por ende las causales de sobreseimiento previstas en las fracciones IV y V del artículo 63 de la ley reglamentaria de los numerales 103 y 107 constitucionales, ello es así, porque la causa de sobreseimiento es notoria e indudable y manifiesta, por tanto, procede a SOBRESEER ESTE JUICIO FUERA DE AUDIENCIA. Apoya lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis 2ª./J.10/2003, de la Segunda Apoya lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis 2ª./J.10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que señaló: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." No obsta lo anterior, el hecho de que no haya transcurrido el plazo de ocho días para que las partes se enteren del contenido del informe justificado y constancias remitidas por la autoridad responsable, en la medida que el término que se les concede para tal efecto, es sólo para desvirtuar con pruebas suficientes el contenido del mismo y sus constancias que, en el caso, ninguna prueba podría desvirtuar la actualización de la causal de improcedencia que se invoca. Asimismo, no pasa desapercibido que para decretar el sobreseimiento anterior, que en autos no obre la constancia de notificación del tercero interesado, ya que a nada práctico conduciría realizar los requerimientos correspondientes para la obtención del acuse del oficio correspondiente, ante la notoriedad de la causa de sobreseimiento ya descrita, lo que implica que el sentido adoptado no le irroga ningún perjuicio. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis P. V/98, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo VII, febrero de 1998, página 45, registro 196912, de rubro y texto siguientes: "TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91, fracción IV, parte final, de la Ley de Amparo, cuando aparezca que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley, debe ordenarse la reposición del procedimiento. Ahora bien, siendo el tercero perjudicado parte en el juicio constitucional, según lo establece el artículo 5o., fracción III, del ordenamiento legal en cita, tiene derecho a ser oído en el juicio de garantías con el fin de que su pretensión consistente, básicamente, en la subsistencia del acto reclamado, se satisfaga a través de la negativa del amparo o del sobreseimiento en el juicio, por lo que en aquellos casos en que el tribunal revisor advierta de manera notoria que la sentencia será favorable al tercero perjudicado que no fue legalmente emplazado, ya que puede dictarse en cualquiera de los sentidos antes mencionados, no debe ordenarse la reposición del procedimiento, pues ello no le produciría beneficio alguno sino, por el contrario, le causaría perjuicio, cuando menos durante el tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiendo pronunciarse, en tal hipótesis, la resolución que corresponda, fundándose esta interpretación en que el propósito del aludido artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, es que no existan irregularidades procesales que puedan lesionar a alguna de las partes, lo que no acontece en el supuesto especificado". Por las razones asentadas en líneas precedentes, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las diez horas con diez minutos del catorce de enero de dos mil veinte. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y por oficio a la autoridad responsable.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; once de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguese con vista a las partes en el juicio de amparo en que se actúa el informe justificado rendido por la autoridad responsable Juez Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Catazajá - Palenque, con sede en Palenque, Chiapas, a fin de que se impongan de su contenido; y dése nueva cuenta con el mismo en la audiencia constitucional, en términos de lo dispuesto por el numeral 117 de la Ley de Amparo. En atención a lo que comunica; este órgano de control constitucional queda a la espera de las copias certificadas del expediente civil ***, sean recibidas por la vía ordinaria. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fija como nueva fecha para su celebración las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL CATORCE DE ENERO DE DOS MIL VEINTE. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; once de noviembre de dos mil diecinueve. Con fundamento en los artículos 107, 108 y 112, de la ley de la materia, se admite la demanda promovida por ***, contra los actos reclamados a la siguiente autoridad responsable: 1. Juzgado Civil de Primera Instancia de Palenque, Chiapas. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 1510/2019-XIII. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Sin tramitarse el incidente de suspensión relativo, por no haberse solicitado expresamente. INTERVENCIÓN DE LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL ADSCRITA Con fundamento en el artículo 5 fracción IV de la Ley de Amparo, se da la intervención legal al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL ONCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. No habrá necesidad de emitir oficio a la autoridad responsable, para notificarle el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la referida audiencia, porque tal determinación no tiene la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio; por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia constitucional, la fecha y hora acordadas nuevamente para ese efecto las podrán consultar en la página de internet http:www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes [aplicable la jurisprudencia 2a./J.176/2012 (10a) número de registro 2002576]. REQUERIMIENTO DE INFORME JUSTIFICADO Se requiere a la autoridad señalada como responsable su informe con justificación, que deberá rendir dentro del término de quince días contados a partir de la notificación de este proveído, debiendo anexar copias certificadas legibles, completas y ordenadas de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe, es decir, del acto reclamado y sus antecedentes, con fundamento en el artículo 117, párrafo primero de la Ley de Amparo, apercibida que en caso de omisión, se le impondrá una multa por el equivalente a la suma de cien Unidades de Medida y Actualización, que arroja la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), tomando como base el valor inicial diario equivalente a $84.49 (ochenta y cuatro pesos 49/100 moneda nacional), conforme a lo establecido en lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil diecinueve, relativo a lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización. Asimismo, se hace del conocimiento de la autoridad responsable que en caso de actualizarse la cesación de efectos del acto reclamado, o bien que ocurra alguna causa notoria de sobreseimiento, deberá informarlo de inmediato, apercibida que de no hacerlo se les impondrá una multa de treinta Unidades de Medida y Actualización vigente al día de hoy, que arroja la cantidad de $2,534.70 (dos mil quinientos treinta y cuatro pesos 70/100 moneda nacional), de conformidad con los artículos 64 y 251 de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que al efecto indica en esta ciudad y como autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ***, toda vez que no se encuentra inscrito en el registro de cédulas profesionales de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación; por lo que en el entendido que una vez que cumpla con tal requisito, podrá solicitar la quejosa que se acuerde lo conducente. Asimismo, se tiene como autorizada en términos del citado numeral a la diversa persona que cita, por así haberlo solicitado expresamente. PRUEBAS Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por anunciada la prueba presuncional legal y humana que señala como número I, en la forma y términos en que lo hace, la que se desahoga de acuerdo a su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarla en el acto de la audiencia constitucional. Respecto al ofrecimiento de las pruebas II y III que refiere como instrumental de actuaciones y documental pública, referentes en lo actuado en el expediente original *** del índice de la responsable, dígasele que no ha lugar acordar favorable su petición, toda vez que dichas pruebas son inherentes al informe justificado que en su caso enviará esa misma autoridad. TERCERO INTERESADO Respecto al tercero interesado que señala, se reserva proveer al respecto, en tanto obren en autos las constancias que remita la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República; además, de que el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo impone el cuidar de que los juicios de amparo no queden paralizados, para el caso de que en el presente juicio de amparo deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Con fundamento en los artículos 1, 6, 8, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, referente a los criterios de clasificación y conservación de la información reservada o confidencial para garantizar el respeto a la privacidad; hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en la sentencia respectiva, en el entendido que de no realizar manifestación alguna serán omitidos y solamente en caso de consentimiento expreso serán publicados. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet http://www.cjf.gob.mx/consultas.htm o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese; y por oficio a la autoridad responsable.
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