Melesio Pérez García
Expediente 1348/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1348/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 28/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Melesio Pérez García
Actuaciones
- Principal
En Culiacán, Sinaloa, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio enviado por el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, mediante el cual acusa recibo de oficio 30319/2023, por el que se devolvió el juicio de amparo 703/2023 de su índice, promovido por Melesio Pérez García; por lo que se avoca al conocimiento del asunto. En atención a lo anterior, toda vez que no existe diligencia por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el numeral 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se ordena el archivo definitivo de este cuaderno de antecedentes como concluido; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, este cuaderno de antecedentes es susceptible de destrucción. En el entendido que este expediente no es de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos indicados en el citado Acuerdo General citado con anterioridad. Notifíquese.
- Principal
Culiacán, Sinaloa, diez de noviembre de dos mil veintitrés. Recibido el oficio signado por el Juzgado Noveno Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, mediante el cual remite el juicio de amparo 703/2023, virtud que se declaró legalmente incompetente por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo promovida por Melesio Pérez García. I. Formación del expediente. Regístrese en el libro de gobierno con el número 1348/2023, y fórmese el sumario físico respectivo; de igual forma, en acatamiento a lo dispuesto en el ordinal 3 de la ley de la materia, se ordena la apertura del expediente electrónico, el cual deberá corresponder íntegramente con el impreso. En el caso en que un asunto se inicie y tramite a través de documentos físicos, los órganos jurisdiccionales deberán digitalizar las constancias e incorporarlas al expediente electrónico a través del uso de firma electrónica, generando sus actuaciones en versión electrónica e imprimiendo únicamente lo que resulte indispensable para el impulso del asunto, como puede ser el caso de las constancias de notificación. La firma electrónica FIREL, e.firma dará certeza y validez jurídica de la integridad del expediente electrónico. II. No se acepta competencia. La señora Jueza Novena de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México se declaró legalmente incompetente por razón de territorio para conocer del citado juicio constitucional, al considerar que el acto reclamado, tendrá ejecución en el Estado de Sinaloa, en concreto en la Ciudad de Culiacán, en virtud de que el centro de trabajo del quejoso, aduce que se encuentra en esta ciudad capital. Sin embargo, este órgano jurisdiccional respetuosamente no comparte el criterio de la Señora Jueza declinante, ya que atendiendo al acto reclamado consistente en la negativa de cambio de régimen de pensión, así como diversos artículos de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado que rigen esta actuación al considerar que dichos actos le causará perjuicio a la hora de llevar a cabo su jubilación, se trata de actos que no requieren ejecución material. Lo anterior implica que, atendiendo a la que se adolece la parte quejosa y en caso de obtener la protección constitucional al momento de resolver el fondo del juicio de amparo, se realizara el trámite administrativo correspondiente para la modificación del régimen de pensión, el cual, tendrá efectos a partir de que inicie la pensión del quejoso; por tanto, la mera modificación del régimen no implica en sí un acto de ejecución material, pues no requiere ser ejecutada, al ser solo declarativa. Sobre el tema de la competencia para conocer de los juicios de amparo, el artículo 37 de la Ley de la materia dispone: Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Del precepto antes transcrito derivan tres reglas básicas para determinar la competencia territorial de los Jueces de Distrito en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo: La primera se caracteriza porque con independencia de dónde radique la autoridad emisora del acto reclamado, el criterio para fijarla consiste en que será competente el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual presupone que el acto impugnado tenga ejecución material. b) La segunda regla deriva de la primera, pues sobre el mismo criterio de ejecución del acto reclamado, establece que cuando éste haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, es competente para conocer del amparo cualquiera de los Jueces de Distrito que ejerzan jurisdicción en los lugares en donde tiene ejecución el acto, a prevención. c) La tercera regla se refiere al supuesto en que el acto reclamado no requiera de ejecución material, caso en el cual es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda. En ese contexto, el acto reclamado es el la negativa al cambio de régimen de pensión, así como diversos artículos de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado que rigen esta actuación, lo cual presupone que de concederse tal cambio los actos de ejecución serían en esta ciudad; sin embargo, los actos reclamados por la parte quejosa no implican actos de ejecución que aludió la Jueza declinante, sino en todo caso el posible cambio de régimen de pensión, se trataría de un acto meramente administrativo, el cual no requiere de ejecución material. No pasa inadvertido, que la Señora Jueza declinante cita jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia del país relativa a que cuando el acto reclamado se hace consistir en la indebida cuantificación de pensión jubilatoria tiene competencia el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio del quejoso porque no aplicar los aumentos impacta en el posible pago incompleto de la pensión. Sin embargo, el acto reclamado no lo constituye indebida cuantificación de la pensión, ni tampoco que se le niegue jubilación para aplicar analógicamente el criterio aludido, pues lo que reclama esencialmente la parte quejosa tiene que ver con la negativa de cambió de régimen pensionario, lo que no muta alguna situación en la esfera jurídica del quejoso, ya que no modificó, ni alteró aspecto existente, simplemente implicó que permanecieran en el mismo estado. Por lo expuesto, no se comparte el criterio de la señora Jueza declinante; en consecuencia, este órgano jurisdiccional no acepta la competencia declinada y se ordena devolver el expediente a su lugar de origen solicitando atentamente el acuse de recibo respectivo. Fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente. Notifíquese. Así lo acordó el licenciado Roberto Escobedo Sánchez, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa, en funciones de Juez de Distrito conforme a la sesión celebrada el seis de noviembre de dos mil veintitrés por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido del licenciado Ramón Gustavo Grajeda Tello, Secretario que da fe.
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