Melecio Chávez Guerrero
Expediente 1336/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 20 actuaciones registradas, la última del 21 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1336/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 21/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Juez Primero en Materia Penal del Distrito de Zamora, Michoacán.
- Melecio Chávez Guerrero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiuno de julio de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta se provee. Pronunciamiento causa estado. De la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso el recurso de inconformidad en contra de la resolución del nueve de junio de dos mil veintiuno, que declaró cumplida la ejecutoria de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo, se declara que la misma ha causado estado. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas tanto en los libros de gobierno como el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Valoración. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; toda vez que, se concedió la protección constitucional, se determina que el presente sumario es susceptible de DEPURACIÓN. Destino del expediente y transferencia (depuración, principal). Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la depuración de los autos en que se actúa, acorde a lo establecido en el capítulo séptimo del Acuerdo General arriba citado; por lo que únicamente se deberá conservar la demanda, resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al juicio, la resolución que le otorga autoridad de cosa juzgada y la presente determinación, donde se declara el archivo definitivo. Después, materializar la trasferencia de la serie documental restante, al depósito dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación que sea indicado, previa petición que al efecto se realice. Valoración del incidente de suspensión. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; toda vez que, se concedió la provisional y definitiva solicitada, se determina que los autos originales del incidente de suspensión son susceptibles de DEPURACIÓN. Destino del expediente y transferencia. Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la depuración de los autos en que se actúa, acorde a lo establecido en el capítulo séptimo del Acuerdo General arriba citado; por lo que únicamente se deberá conservar las resoluciones relativas al otorgamiento de la suspensión, su incumplimiento y el proveído que acuerde sobre su archivo como asunto concluido. Después, materializar la trasferencia de la serie documental restante; en conjunto con el expediente principal, al depósito dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación que sea indicado, previa petición que al efecto se realice. Destino del duplicado. Ahora, por lo que ve al duplicado del presente cuadernillo, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo su destrucción, acorde a lo establecido en el capítulo octavo del Acuerdo General arriba citado, ello, siempre y cuando exista el expediente original. Documentos originales. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese a las partes en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Frenette Aronny Rodríguez García, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, quince de junio de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta se provee. Acuse de recibo. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Secretario de acuerdos de la Novela Sala Penal Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, a través del cual acusa recibo del oficio 13244/2021, girado dentro del presente expediente, por medio del cual se le hace del conocimiento que este órgano jurisdiccional determinó que la sentencia de amparo, se encuentra cumplida en sus términos, sin que exista exceso o defecto. Notifíquese a las partes en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Maira Flor López Valencia, secretaria que autoriza y da fe.KOA/MFLV/vmv
- Principal
POR ESTE MEDIO se notifica a la PARTE QUEJOSA MELECIO CHÁVEZ GUERRERO, el proveído de NUEVE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO, toda vez que no acudió dentro de los dos días a notificarse personalmente ante este órgano jurisdiccional, no obstante el citatorio que se dejó en el domicilio señalado para recibir notificaciones en esta ciudad; el contenido de la determinación es del tenor literal siguiente: Morelia, Michoacán, nueve de junio de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta se provee. Estado procesal. Vista la certificación de cuenta, se advierte que el plazo de tres días concedido a las partes quejosa y terceros interesados por auto de veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, transcurrió en exceso sin que a la fecha hubieran realizado alguna manifestación en relación con el cumplimiento de la ejecutoria; por lo tanto, de conformidad con los artículos 192, primer párrafo y 196 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional, procede a pronunciarse en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Efectos del fallo protector. El veintinueve de mayo de dos mil veinte, se dictó sentencia, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para que la autoridad responsable realizara lo siguiente: "[.] La Sala responsable deje sin efectos, la resolución dictada en el toca penal I-61/2019, de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, que confirmó el auto de formal prisión dentro de la causa penal 3/2019, dictado en contra del quejoso, por el delito de despojo previsto y sancionado por el artículo 330, fracción I, del Código Penal del Estado de 1980 (por ser el aplicable debido a la data de los hechos), en agravio de Salvador Durán Gembe y su ejecución. Dicte una nueva, en la que se abstenga de considerar que no se trastocó el equilibro procesal de las partes y el derecho de defensa adecuada, y determine que como el quejoso pertenece a la comunidad indígena de Cherán, Michoacán, y le fueron trastocados sus prerrogativas contempladas en los artículo 1º, 2º, y 20 Constitucionales, ordene la reposición del procedimiento contra el quejoso hasta la fase de preinstrucción, a fin de que se asigne al quejoso un defensor licenciado en derecho con conocimientos en la cultura del pueblo indígena, o en su caso que a la par del defensor se asigne una persona con conocimiento en la cultura y costumbres de la comunidad indígena. Determine que en el caso existió un violación procesal que dejo sin defensa al quejoso, en virtud de que no se llevó a cabo la audiencia de conciliación prevista en el artículo 104 del Código de Procedimientos Penales de la Entidad, así como no se respetó su derecho a contactar a un defensor especializado o a un profesionista que conozca de su lengua y cultura que en conjunto explique sobre la posibilidad de culminar el asunto de origen de forma alterna. Ordene al Juez de primera instancia, deje sin efectos la declaración preparatoria, y previo a que sea tomada nuevamente, lleve a cabo la audiencia de conciliación en la que sean citadas las partes del juicio ante el Juez de primera instancia, junto con un defensor y el Ministerio Público, y en ella, con un lenguaje claro y preciso explique la naturaleza de los hechos, sobre todo para propiciar que las partes con base en sus costumbres entablen un diálogo en el que expongan cada uno sus pretensiones a fin de llegar a una negociación que ponga fin al proceso penal de origen; a su vez el Juzgador de primera instancia deberá explicar las consecuencias legales y fácticas que implica llevar a término un proceso penal como en el que se actúa, es decir, aquellos aspectos que impactan de forma particular a la víctima y al procesado; explique las etapas procedimentales del juicio penal, en que consiste cada una de ellas; y los posibles escenarios, en caso de llegar a una sentencia absolutoria o condenatoria, así como lo relacionado con la reparación del daño en ejecución de sentencia. Finalmente, en la nueva determinación también debe indicar al juez de primera instancia que en caso de que las partes no lleguen a un arreglo conciliatorio y se pronuncie nuevamente sobre la situación jurídica del quejoso, debe excluir como medio de prueba las diligencias en las que el quejoso no fue asistido por un profesional del derecho, siento éstas, la declaración ministerial de veinticinco de julio de dos mil trece, la ratificación de la declaración realizada por escrito de nueve de septiembre de dos mil trece y la audiencia de conciliación de trece de mayo de dos mil trece. [.]" Ejecutoria. La sentencia causó ejecutoria el quince de diciembre de dos mil veinte; por tanto, se requirió a la autoridad responsable, para que diera cumplimiento con el fallo protector. Actos realizados por la autoridad responsable tendentes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Mediante oficio 76 de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno signado por el Secretario de Acuerdos de la Novena Sala Penal Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, se hizo llegar a este órgano jurisdiccional testimonio certificado de la resolución dictada el veintitrés de febrero de dos mil veintiuno dentro de los autos del toca penal I-61/2019 formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por el defensor particular del aquí quejoso en contra del auto de formal prisión emitido el veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, dentro del proceso penal 3/2019 instruido a Melecio Chávez Guerrero -quejoso dentro del presente juicio de amparo- por el delito de despojo de inmueble en agravio de S.D.G. Bien, de un análisis realizado a la citada resolución se observa que en el último párrafo del resultando segundo el Magistrado de la Novena Sala Penal Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, dejó establecido lo siguiente: ".En consecuencia, conforme a lo marcado en el punto 1 del considerando octavo de la ejecutoria que se cumplimenta, se deja insubsistente la resolución dictada en esta alzada, el 27 veintisiete de noviembre de 2019 dos mil diecinueve; y, seguidamente, en acatamiento a los puntos del 2 al 5, de dicho acápite, se procede a dictar una nueva en los términos de los siguientes:." [Énfasis añadido] Mientras que en el considerando tercero de dicha resolución, la citada autoridad responsable, concluyó lo que enseguida se transcribe: ".TERCERO. Conclusiones. Por las razones expuestas, siguiendo las directrices federales, y en acatamiento expreso a lo ordenado, este tribunal dejó insubsistente la resolución de data 27 veintisiete de noviembre de 2019 dos mil diecinueve, en acatamiento del efecto 1. Y, sin abordar en estudio de los agravios hechos valer por la defensa, en cumplimiento a los demás efectos -del 2 al 5-, se dictó una nueva resolución en la que se estableció que habiéndose trastocado el equilibrio procesal de las partes y el derecho de defensa adecuada del inculpado, y como este último pertenece a la comunidad indígena de Cherán, Michoacán, y le fueron trastocadas sus prerrogativas contempladas en los artículos 1°, 2°, y 20 Constitucionales; en consecuencia, se revoca el auto impugnado; para ahora: -Al efecto 2, ordenar al juez primario, la reposición del procedimiento contra el inculpado, hasta la fase de preinstrucción, a fin de que se le asigne un defensor licenciado en derecho con conocimientos en la cultura del pueblo indígena, o en su caso que a la par del defensor, se asigne a una persona con conocimiento en la cultura y costumbres de la comunidad indígena. -Al efecto 3, se determinó en esta alzada que en el caso existió una violación procesal que dejó sin defensa al inculpado, en razón de que no se llevó a cabo la audiencia de conciliación prevista en el artículo 104 del Código de Procedimientos Penales de la Entidad, así como no se respetó su derecho a contar con un defensor especializado o aun profesionista que conozca la cultura que en conjunto expliquen sobre la posibilidad de culminar el asunto de origen de forma alterna. -Al efecto 4, esta sala instruye al juez de primera instancia, a fin de que deje sin efectos la declaración preparatoria, y previo a que le sea tomada nuevamente, lleve a cabo la audiencia de conciliación en la que sean citadas las partes del juicio ante él, junto con un defensor y el Ministerio Público, y en ella con un lenguaje claro y preciso explique la naturaleza de los hechos, sobre todo para propiciar que las pates, con base en sus costumbres, entablen un dialogo en el que expongan cada uno sus pretensiones a fin de llegar a una negociación que ponga fin al proceso penal de origen; a su vez, el juzgador de primera instancia deberá explicar las consecuencias legales y fácticas que implica llevar a término un proceso penal como en el que se actúa, es decir aquéllos aspectos que impactan de forma particular a la víctima y al procesado; explique las etapas procedimentales del juicio penal, en que consiste cada una de ellas; y los posibles escenarios, en caso de llegar a una sentencia absolutoria, así como con lo relacionado con la reparación del daño, en ejecución de sentencia. -Y, al efecto 5, esta alzada le indica al juez de primera instancia, que en caso de que las partes no lleguen a un arreglo conciliatorio y se pronuncie nuevamente sobre la situación jurídica del inculpado, deberá excluir como medio de prueba, las diligencias en las que el inculpado no fue asistido por un profesional del derecho siendo éstas: la declaración ministerial de fecha 25 veinticinco de julio de 2013 dos mil trece; la ratificación de la declaración realizada por escrito, del 9 nueve de septiembre de 2013 dos mil trece, y la audiencia de conciliación de época 13 trece de mayo de 2013 dos mil trece. [.]" Pronunciamiento. De todo lo anterior, se desprende que la autoridad responsable en estricto acatamiento a la ejecutoria de amparo dejó sin efectos la resolución de fecha veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve. Asimismo, en acatamiento a los efectos de concesión enumerados del dos a cinco de la ejecutoria de amparo, procedió a emitir una nueva en la que bajo las directrices señaladas por este órgano jurisdiccional, revocó el auto de formal prisión pronunciado por el Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán dentro del proceso penal 3/2019 -auto impugnado mediante el recurso de apelación-; y, ordenó al juez primigenio realizar lo siguiente: Reponer el procedimiento contra el inculpado, hasta la fase de preinstrucción, a fin de que se le asigne un defensor licenciado en derecho con conocimientos en la cultura del pueblo indígena, o en su caso que a la par del defensor, se asigne a una persona con conocimiento en la cultura y costumbres de la comunidad indígena. Determinó que como en el caso existió una violación procesal que dejó sin defensa al inculpado, en razón de que no se llevó a cabo la audiencia de conciliación prevista en el artículo 104 del Código de Procedimientos Penales de la Entidad, así como no se respetó su derecho a contar con un defensor especializado o aun profesionista que conozca la cultura que en conjunto expliquen sobre la posibilidad de culminar el asunto de origen de forma alterna. c) Deje sin efectos la declaración preparatoria, y previo a que le sea tomada nuevamente, lleve a cabo la audiencia de conciliación en la que sean citadas las partes del juicio ante él, junto con un defensor y el Ministerio Público, y en ella con un lenguaje claro y preciso explique la naturaleza de los hechos, sobre todo para propiciar que las pates, con base en sus costumbres, entablen un dialogo en el que expongan cada uno sus pretensiones a fin de llegar a una negociación que ponga fin al proceso penal de origen; a su vez, el juzgador de primera instancia deberá explicar las consecuencias legales y fácticas que implica llevar a término un proceso penal como en el que se actúa, es decir aquéllos aspectos que impactan de forma particular a la víctima y al procesado; explique las etapas procedimentales del juicio penal, en que consiste cada una de ellas; y los posibles escenarios, en caso de llegar a una sentencia absolutoria, así como con lo relacionado con la reparación del daño, en ejecución de sentencia. En caso de que las partes no lleguen a un arreglo conciliatorio y se pronuncie nuevamente sobre la situación jurídica del inculpado, deberá excluir como medio de prueba, las diligencias en las que el inculpado no fue asistido por un profesional del derecho siendo éstas: la declaración ministerial de fecha veinticinco de julio de dos mil trece; la ratificación de la declaración realizada por escrito, del nueve de septiembre de dos mil trece, y la audiencia de conciliación de época trece de mayo de dos mil trece. Por tanto, es dable concluir que la sentencia de amparo se encuentra cumplida en sus términos, sin que exista exceso o defecto. Notifíquese personalmente con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Carlos Fernando Cabrera López, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
POR ESTE MEDIO se notifica a la PARTE TERCERA INTERESADA S.D.G., la resolución de NUEVEDE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO, toda vez que no acudió dentro de los dos días a notificarse personalmente ante este órgano jurisdiccional, no obstante el citatorio que se dejó en el domicilio señalado para recibir notificaciones en esta ciudad; el contenido de dicha determinación es del tenor literal siguiente: Morelia, Michoacán, nueve de junio de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta se provee. Estado procesal. Vista la certificación de cuenta, se advierte que el plazo de tres días concedido a las partes quejosa y terceros interesados por auto de veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, transcurrió en exceso sin que a la fecha hubieran realizado alguna manifestación en relación con el cumplimiento de la ejecutoria; por lo tanto, de conformidad con los artículos 192, primer párrafo y 196 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional, procede a pronunciarse en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Efectos del fallo protector. El veintinueve de mayo de dos mil veinte, se dictó sentencia, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para que la autoridad responsable realizara lo siguiente: "[.] La Sala responsable deje sin efectos, la resolución dictada en el toca penal I-61/2019, de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, que confirmó el auto de formal prisión dentro de la causa penal 3/2019, dictado en contra del quejoso, por el delito de despojo previsto y sancionado por el artículo 330, fracción I, del Código Penal del Estado de 1980 (por ser el aplicable debido a la data de los hechos), en agravio de Salvador Durán Gembe y su ejecución. Dicte una nueva, en la que se abstenga de considerar que no se trastocó el equilibro procesal de las partes y el derecho de defensa adecuada, y determine que como el quejoso pertenece a la comunidad indígena de Cherán, Michoacán, y le fueron trastocados sus prerrogativas contempladas en los artículo 1º, 2º, y 20 Constitucionales, ordene la reposición del procedimiento contra el quejoso hasta la fase de preinstrucción, a fin de que se asigne al quejoso un defensor licenciado en derecho con conocimientos en la cultura del pueblo indígena, o en su caso que a la par del defensor se asigne una persona con conocimiento en la cultura y costumbres de la comunidad indígena. Determine que en el caso existió un violación procesal que dejo sin defensa al quejoso, en virtud de que no se llevó a cabo la audiencia de conciliación prevista en el artículo 104 del Código de Procedimientos Penales de la Entidad, así como no se respetó su derecho a contactar a un defensor especializado o a un profesionista que conozca de su lengua y cultura que en conjunto explique sobre la posibilidad de culminar el asunto de origen de forma alterna. Ordene al Juez de primera instancia, deje sin efectos la declaración preparatoria, y previo a que sea tomada nuevamente, lleve a cabo la audiencia de conciliación en la que sean citadas las partes del juicio ante el Juez de primera instancia, junto con un defensor y el Ministerio Público, y en ella, con un lenguaje claro y preciso explique la naturaleza de los hechos, sobre todo para propiciar que las partes con base en sus costumbres entablen un diálogo en el que expongan cada uno sus pretensiones a fin de llegar a una negociación que ponga fin al proceso penal de origen; a su vez el Juzgador de primera instancia deberá explicar las consecuencias legales y fácticas que implica llevar a término un proceso penal como en el que se actúa, es decir, aquellos aspectos que impactan de forma particular a la víctima y al procesado; explique las etapas procedimentales del juicio penal, en que consiste cada una de ellas; y los posibles escenarios, en caso de llegar a una sentencia absolutoria o condenatoria, así como lo relacionado con la reparación del daño en ejecución de sentencia. Finalmente, en la nueva determinación también debe indicar al juez de primera instancia que en caso de que las partes no lleguen a un arreglo conciliatorio y se pronuncie nuevamente sobre la situación jurídica del quejoso, debe excluir como medio de prueba las diligencias en las que el quejoso no fue asistido por un profesional del derecho, siento éstas, la declaración ministerial de veinticinco de julio de dos mil trece, la ratificación de la declaración realizada por escrito de nueve de septiembre de dos mil trece y la audiencia de conciliación de trece de mayo de dos mil trece. [.]" Ejecutoria. La sentencia causó ejecutoria el quince de diciembre de dos mil veinte; por tanto, se requirió a la autoridad responsable, para que diera cumplimiento con el fallo protector. Actos realizados por la autoridad responsable tendentes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Mediante oficio 76 de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno signado por el Secretario de Acuerdos de la Novena Sala Penal Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, se hizo llegar a este órgano jurisdiccional testimonio certificado de la resolución dictada el veintitrés de febrero de dos mil veintiuno dentro de los autos del toca penal I-61/2019 formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por el defensor particular del aquí quejoso en contra del auto de formal prisión emitido el veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, dentro del proceso penal 3/2019 instruido a Melecio Chávez Guerrero -quejoso dentro del presente juicio de amparo- por el delito de despojo de inmueble en agravio de S.D.G. Bien, de un análisis realizado a la citada resolución se observa que en el último párrafo del resultando segundo el Magistrado de la Novena Sala Penal Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, dejó establecido lo siguiente: ".En consecuencia, conforme a lo marcado en el punto 1 del considerando octavo de la ejecutoria que se cumplimenta, se deja insubsistente la resolución dictada en esta alzada, el 27 veintisiete de noviembre de 2019 dos mil diecinueve; y, seguidamente, en acatamiento a los puntos del 2 al 5, de dicho acápite, se procede a dictar una nueva en los términos de los siguientes:." [Énfasis añadido] Mientras que en el considerando tercero de dicha resolución, la citada autoridad responsable, concluyó lo que enseguida se transcribe: ".TERCERO. Conclusiones. Por las razones expuestas, siguiendo las directrices federales, y en acatamiento expreso a lo ordenado, este tribunal dejó insubsistente la resolución de data 27 veintisiete de noviembre de 2019 dos mil diecinueve, en acatamiento del efecto 1. Y, sin abordar en estudio de los agravios hechos valer por la defensa, en cumplimiento a los demás efectos -del 2 al 5-, se dictó una nueva resolución en la que se estableció que habiéndose trastocado el equilibrio procesal de las partes y el derecho de defensa adecuada del inculpado, y como este último pertenece a la comunidad indígena de Cherán, Michoacán, y le fueron trastocadas sus prerrogativas contempladas en los artículos 1°, 2°, y 20 Constitucionales; en consecuencia, se revoca el auto impugnado; para ahora: -Al efecto 2, ordenar al juez primario, la reposición del procedimiento contra el inculpado, hasta la fase de preinstrucción, a fin de que se le asigne un defensor licenciado en derecho con conocimientos en la cultura del pueblo indígena, o en su caso que a la par del defensor, se asigne a una persona con conocimiento en la cultura y costumbres de la comunidad indígena. -Al efecto 3, se determinó en esta alzada que en el caso existió una violación procesal que dejó sin defensa al inculpado, en razón de que no se llevó a cabo la audiencia de conciliación prevista en el artículo 104 del Código de Procedimientos Penales de la Entidad, así como no se respetó su derecho a contar con un defensor especializado o aun profesionista que conozca la cultura que en conjunto expliquen sobre la posibilidad de culminar el asunto de origen de forma alterna. -Al efecto 4, esta sala instruye al juez de primera instancia, a fin de que deje sin efectos la declaración preparatoria, y previo a que le sea tomada nuevamente, lleve a cabo la audiencia de conciliación en la que sean citadas las partes del juicio ante él, junto con un defensor y el Ministerio Público, y en ella con un lenguaje claro y preciso explique la naturaleza de los hechos, sobre todo para propiciar que las pates, con base en sus costumbres, entablen un dialogo en el que expongan cada uno sus pretensiones a fin de llegar a una negociación que ponga fin al proceso penal de origen; a su vez, el juzgador de primera instancia deberá explicar las consecuencias legales y fácticas que implica llevar a término un proceso penal como en el que se actúa, es decir aquéllos aspectos que impactan de forma particular a la víctima y al procesado; explique las etapas procedimentales del juicio penal, en que consiste cada una de ellas; y los posibles escenarios, en caso de llegar a una sentencia absolutoria, así como con lo relacionado con la reparación del daño, en ejecución de sentencia. -Y, al efecto 5, esta alzada le indica al juez de primera instancia, que en caso de que las partes no lleguen a un arreglo conciliatorio y se pronuncie nuevamente sobre la situación jurídica del inculpado, deberá excluir como medio de prueba, las diligencias en las que el inculpado no fue asistido por un profesional del derecho siendo éstas: la declaración ministerial de fecha 25 veinticinco de julio de 2013 dos mil trece; la ratificación de la declaración realizada por escrito, del 9 nueve de septiembre de 2013 dos mil trece, y la audiencia de conciliación de época 13 trece de mayo de 2013 dos mil trece. [.]" Pronunciamiento. De todo lo anterior, se desprende que la autoridad responsable en estricto acatamiento a la ejecutoria de amparo dejó sin efectos la resolución de fecha veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve. Asimismo, en acatamiento a los efectos de concesión enumerados del dos a cinco de la ejecutoria de amparo, procedió a emitir una nueva en la que bajo las directrices señaladas por este órgano jurisdiccional, revocó el auto de formal prisión pronunciado por el Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán dentro del proceso penal 3/2019 -auto impugnado mediante el recurso de apelación-; y, ordenó al juez primigenio realizar lo siguiente: Reponer el procedimiento contra el inculpado, hasta la fase de preinstrucción, a fin de que se le asigne un defensor licenciado en derecho con conocimientos en la cultura del pueblo indígena, o en su caso que a la par del defensor, se asigne a una persona con conocimiento en la cultura y costumbres de la comunidad indígena. Determinó que como en el caso existió una violación procesal que dejó sin defensa al inculpado, en razón de que no se llevó a cabo la audiencia de conciliación prevista en el artículo 104 del Código de Procedimientos Penales de la Entidad, así como no se respetó su derecho a contar con un defensor especializado o aun profesionista que conozca la cultura que en conjunto expliquen sobre la posibilidad de culminar el asunto de origen de forma alterna. c) Deje sin efectos la declaración preparatoria, y previo a que le sea tomada nuevamente, lleve a cabo la audiencia de conciliación en la que sean citadas las partes del juicio ante él, junto con un defensor y el Ministerio Público, y en ella con un lenguaje claro y preciso explique la naturaleza de los hechos, sobre todo para propiciar que las pates, con base en sus costumbres, entablen un dialogo en el que expongan cada uno sus pretensiones a fin de llegar a una negociación que ponga fin al proceso penal de origen; a su vez, el juzgador de primera instancia deberá explicar las consecuencias legales y fácticas que implica llevar a término un proceso penal como en el que se actúa, es decir aquéllos aspectos que impactan de forma particular a la víctima y al procesado; explique las etapas procedimentales del juicio penal, en que consiste cada una de ellas; y los posibles escenarios, en caso de llegar a una sentencia absolutoria, así como con lo relacionado con la reparación del daño, en ejecución de sentencia. En caso de que las partes no lleguen a un arreglo conciliatorio y se pronuncie nuevamente sobre la situación jurídica del inculpado, deberá excluir como medio de prueba, las diligencias en las que el inculpado no fue asistido por un profesional del derecho siendo éstas: la declaración ministerial de fecha veinticinco de julio de dos mil trece; la ratificación de la declaración realizada por escrito, del nueve de septiembre de dos mil trece, y la audiencia de conciliación de época trece de mayo de dos mil trece. Por tanto, es dable concluir que la sentencia de amparo se encuentra cumplida en sus términos, sin que exista exceso o defecto. Notifíquese personalmente con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Carlos Fernando Cabrera López, secretaria que autoriza y da fe.
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