Melchor Teodoro Albortante

Expediente 1347/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 61 actuaciones registradas, la última del 14 de octubre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1347/2015
Año
2015
Actuaciones
61
Última actuación
14/10/2016

Partes del expediente

  • Melchor Teodoro Albortante
  • Carlos Fernando Partida, Director General del Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos Y Auxiliares del Estado de México (Saascaem)

Actuaciones

Las 4 más recientes de 61.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; catorce de octubre de dos mil dieciséis. Vista la certificación precedente, se advierte que la parte quejosa, no recurrió dentro del plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, el proveído dictado el diecinueve de septiembre de la presente anualidad (fojas 548 a 555), por el cual se sobreseyó fuera audiencia en el presente juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la primera ley invocada, se declara que ha causado estado. Háganse en el libro de gobierno las anotaciones respectivas. Asimismo, el estado procesal del presente juicio de amparo patentiza que se encuentra integrado y no existe más por cumplimentar; por tanto, se ordena remitirlo al archivo. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción, porque encuadra en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, inciso I, del Acuerdo General Conjunto referido, pues el mismo establece: "VIGÉSIMO PRIMERO. De los expedientes provenientes de los Juzgados de Distrito son susceptibles de depuración o destrucción aquellos que aun teniendo documentos originales no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos décimo primero, párrafo último y Vigésimo Segundo de este Acuerdo General Conjunto, cuentan con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y se ubican en los siguientes supuestos: I. Todos aquellos asuntos en los que se haya dictado una acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido." Por otro lado, en términos del punto décimo primero, último párrafo, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, dése vista a la parte quejosa para que, dentro del plazo de noventa días, comparezca a éste órgano jurisdiccional a recoger los documentos que adjuntó a su escrito de demanda, apercibida que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Por otra parte, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Finalmente, se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario José Mauricio Neira Villarreal que autoriza, firma y da fe.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; veinte de septiembre de dos mil dieciséis. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio y anexo adjunto, a través del cual el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, a través del cual remite copia certificada de las constancias requeridas en proveído ocho de septiembre de la presente anualidad; atento a lo anterior, acúsese de recibo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario José Mauricio Neira Villarreal que autoriza, firma y da fe.

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio suscrito por el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, a través del cual remite copia certificada de las constancias requeridas en proveído ocho de septiembre de la presente anualidad; atento a lo anterior, acúsese de recibo. Ahora, de las copias certificadas remitidas por el Juez homologo con valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria acorde con el numeral 2° de la Ley de Amparo, se advierte la actualización de una causal de improcedencia; por tanto, se procede a su estudio, por ser de orden público y de carácter preferente, de conformidad con el artículo 62, de la Ley de Amparo. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 284, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 236, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.- Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Asimismo, resulta aplicable la jurisprudencia 1ª. /J. 3/99, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 13, Tomo IX (Enero de 1999), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que es del rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si en la revisión se advierte que existen otras causas de estudio preferente a la invocada por el Juez para sobreseer, habrán de analizarse, sin atender razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto es así porque si bien el artículo 73 prevé diversas causas de improcedencia y todas ellas conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, de entre ellas existen algunas cuyo orden de importancia amerita que se estudien de forma preferente. Una de estas causas es la inobservancia al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, porque si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción en sí misma es improcedente, pues se entiende que no es éste el momento de ejercitarla; y la actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el Juez de Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables en el sentido de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, consideró de oficio que respecto de los restantes actos había dejado de existir su objeto o materia; pero en revisión se advierte que existe otra de estudio preferente (inobservancia al principio de definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en el juicio y que, por ello, resultarían inatendibles los agravios que se hubieren hecho valer, lo procedente es invocar tal motivo de sobreseimiento y con base en él confirmar la sentencia, aun cuando por diversos motivos, al sustentado por el referido Juez de Distrito." Sentado lo anterior, conviene precisar que la improcedencia en el juicio de garantías debe entenderse como una institución por virtud de la cual el juzgador federal se encuentra impedido para establecer si el acto reclamado es inconstitucional o no, es decir, la actualización de una causal, provoca en el resolutor una limitación para el estudio y pronunciamiento de la cuestión de fondo que importa a la litis constitucional sujeta a su potestad, la cual como ya se dijo, debe analizarse aun de oficio, pues constituye una cuestión de orden público y de estudio preferente, además de obligatorio. En el caso se actualiza la causa de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, por lo siguiente: El artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; (.)". Por su parte, los artículos 17 y 18 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disponen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: ." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De los preceptos legales transcritos parcialmente, se obtiene que la demanda de amparo debe presentarse dentro del plazo de quince días, a partir del día siguiente al en que: I. Surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo reclamado practicada al quejoso, conforme a la ley del acto; II. El quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución y, III. El quejoso se hubiese ostentado sabedor de tales actos. Así, de las copias certificadas del juicio de amparo 927/2014-IV promovido por Melchor Teodoro Albortante, en fecha tres de julio de dos mil catorce, se advierte que señaló como autoridades responsables al Gobernador Constitucional del Estado de México, Director de la Gaceta de Gobierno del Estado de México, Dirección General Jurídica y Consultiva de la Secretaría General de Gobierno del Estado de México y Director General de Operación Urbana, los actos siguientes: -El Decreto de fecha cuatro de octubre de dos mil doce y su publicación, por el que se expropia por causa de utilidad pública a favor del organismo Público Descentralizado del Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios conexos y Auxiliares del Estado de México, diversos predios con una superficie total de 146,256.67 metros cuadrados, entre los cuales se encuentra el predio de su propiedad. - La omisión de notificar personalmente al quejoso el inicio del procedimiento de expropiación, su inicio y substanciación. - La emisión del dictamen de idoneidad material y técnica de los inmuebles a expropiar. - La emisión del dictamen a través del cual se acredita la causa de utilidad pública consistente en la apertura, ampliación, prolongación, alineación o mejoramiento de carreteras y vías que faciliten el tránsito de personas o vehículos. En dicha de demanda en el capítulo de hechos, el quejoso, bajo protesta de decir verdad señaló que: "1. El dos de diciembre de 1950 el licenciado Víctor Manuel Calderas Notario Público del Distrito de Lerma, Estado de México, por mandato judicial protocolizó las diligencias de información Ad Perpetua rendidas ante el juzgado de primera instancia en vía de jurisdicción voluntaria por Juan Francisco para acreditar la propiedad de la fracción de terreno denominado "Buena Vista" que otrora hubo pertenecido a la Hacienda de San Nicolás Peralta y en ese entonces pertenecía a San Francisco Xochicuautla, Municipio de Lerma, Estado de México convirtiéndose en el legítimo propietario del referido paraje delimitado al norte en 100 metros con Lorenzo Esteban, al Sur en 110 metros con Manuel Silvestre, al poniente en 156 metros con Francisco Esteban y al Oriente en 90 metros con Francisco Domínguez quedando inscrito en la administración de Rentas del Estado a nombre del expresado señor Juan Francisco quedando dicho pedio bajo el régimen de propiedad privada.. 2. El veinte de abril de dos mil dos se celebró contrato de cesión de derechos en el que Melchor Teodoro Jiménez (cedente) cedió los derechos al suscrito Melchor Teodoro Albortante (cesionario) respecto del paraje denominado "buena Vista", ubicado en San Francisco Xochicuautla, menipeo de Lerma, Estado de México, con las siguientes medidas y colindancias: al norte 45.82 metros con Lucas Domínguez Flores, al Sur 55.70 metros con Fidel de Jesús Rodríguez, al Oriente 25.17 metros con avenida Zarzamora y al Poniente 25.76 metros con Cayetano Silvestre, con una superficie aproximada de 1,165 metros cuadrados. 3. El trece de septiembre de dos mil diez el Director General del Instituto de la función Registral del Estado de México, resolvió declarar procedente la inmatriculación administrativa solicitada por el suscrito respecto del predio "Buena Vista", ubicado en San Francisco Xochicuautla, mismo que fue descrito en el numeral anterior, ordenando al Registrador de la Propiedad su inscripción, quedando inscrito bajo el asiento número 632-1557 a fojas 105 vuelta, volumen 68 del libro primero, sección primera de fecha doce de octubre de dos mil diez. 4. Que el día veinte de los corrientes, el suscrito al arribar al referido predio de mi propiedad denominado "Buena Vista" con la finalidad de realizar mis labores agrícolas cotidianas, se percató de que un grupo de personas, incluidos los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de México", se encontraban dentro del mismo realizando diversos trabajos, al parecer topográficos, por lo que me apresure sobre las razones por las que se encontraban dentro de mi propiedad, a lo que me contestaron que ese lugar ya no me pertenecía puesto que el Gobierno del Estado de México, lo había expropiado desde el cuatro de octubre de dos mil doce, con la finalidad de construir la autopista." (sic). El juicio de amparo en comento fue resuelto el veinticuatro de septiembre de dos mil catorce, en el que se sobreseyó al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XIV de la Ley de Amparo, en atención a que al tomar en consideración el diverso juicio de amparo 764/2013-III del índice del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Ampro y Juicios Federales en el Estado de México, advirtió que el quejoso ya había promovido juicio de amparo contra el decreto publicado el cuatro de octubre de dos mil doce, por el que se expropió una superficie, entre las que se encuentra el paraje denominado "Buena Vista", ubicado en San Francisco Xochicuautla, municipio de Lerma, Estado de México, en la que se destacó que el diez de junio de dos mil trece, tuvo conocimiento de los actos reclamados, sentencia que fuera confirmada por el tribunal colegiado. En ese orden, si en el presente juicio de amparo, el quejoso señaló como actos reclamados: - La autorización que otorgara el Encargado del Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y auxiliares del Estado de México, para la indebida e ilegal ocupación del predio que tienen en propiedad y posesión como titular de la pequeña propiedad en el pueblo de San Francisco Xochicuautla, Lerma Estado de México; . - La desposesión ilegal del predio que tiene en propiedad y posesión. - La autorización para que se ocupara de manera ilegal y con ello se le desposeyera del predio que tiene en propiedad y posesión en el paraje "Buena Vista", ubicado en el poblado referido. Así como el decreto expropiatorio de tres de octubre de dos mil doce, publicado en la Gaceta de Gobierno del Estado de México, el cuatro de octubre de dos mil doce -materia de ampliación de demanda (foja 453)-. Y como autoridades responsables Director General del Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos, y Auxiliares del Estado de México, representante legal de la empresa denominada Autopistas de Vanguardia, sociedad anónima de capital variable, al Secretario de Comunicaciones del Estado de México, así como al Gobernador Constitucional del Estado de México, este último con motivo de la ampliación de demanda. Asimismo, es oportuno precisar que el quejoso exhibió entre otros medios de convicción, la resolución de inmatriculación administrativa de trece de septiembre de dos mil diez, solicitada por el promovente, en relación al predio ubicado en el paraje "denominado "Buena Vista", San Francisco Xochicuautla, municipio y distrito judicial de Lerma Estado de México, cuyas medidas y colindancias son las siguientes al Norte: 45.82 mts., con Lucas Domínguez Flores; al Sur 45.70 mts., con Fidel de Jesús Rodríguez; al Oriente 25.17 mts., con avenida Zarzamora; al Poniente 25.76 mts., con Cayetano Silvestre con una superficie aproximada de 1,165 metros cuadrados.", predio de medidas y colindancias que guardan identidad a las precisadas en el juicio de amparo 927/2014-IV promovido por Melchor Teodoro Albortante. De lo anterior se advierte, que el quejoso tuvo conocimiento de los actos reclamados, desde el diez de junio de dos mil trece, en el que tuvo conocimiento de los actos reclamados en el diverso juicio de amparo 763/2013-III, tal como se expuso en la sentencia del diverso 927/2014-IV, y del que se advierte que defiende un predio de ubicación, medidas y colindancias idénticas, con motivo del decreto expropiatorio reclamado. Por tanto, si de conformidad con el artículo 18 de la Ley de Amparo, los plazos se computaran a partir de la fecha en que se advierta que el quejoso tuvo conocimiento de los actos reclamados, en el caso particular el diez de junio de dos mil trece, el término de quince días para promover la demanda de amparo trascurrió en exceso, dado que la demanda de amparo de este juicio fue presentada el cuatro de septiembre de dos mil quince, tal como se aprecia de la papeleta de turno de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en esta ciudad, se estima que tal exhibición fue realizada fuera del plazo de quince días establecido en el artículo 17 de la ley de la materia, para deducir la acción constitucional y por ende, se aprecia que el acto reclamado fue consentido de forma tácita. Es aplicable la Jurisprudencia del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 364 del tomo IX, junio de mil novecientos noventa y dos, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda." De igual forma, cobra aplicación, en su parte conducente, la tesis del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación Tomo IV, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de 1989, Página: 199, que indica: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA, SI EL QUEJOSO SE OSTENTA SABEDOR DEL ACTO RECLAMADO EN DETERMINADA FECHA. De la interpretación del artículo 21 de la Ley de Amparo, se llega al convencimiento de que como el legislador establece diversas reglas para computar el término de los quince días dentro de los cuales ha de presentarse la demanda de garantías para tenerla como oportunamente recibida, el juzgador que previene de la demanda no debe invariablemente empezar a contar dicho término al día siguiente de cualquiera de los tres medios que se señalan para presumir que el afectado con un acto de autoridad se ha enterado de su existencia, tales como: la notificación, el conocimiento, o la confesión, sino que es necesario que haga distinciones en cada caso concreto. De otra suerte hubiera sido suficiente con que el legislador dispusiera que el término de quince días empezaría a contarse al día siguiente de aquel en que por cualquier medio o circunstancia el quejoso hubiere tenido conocimiento del acto reclamado. En tal virtud, la misma diferencia específica entre los conceptos utilizados por el legislador en la enumeración de las tres formas por medio de las cuales el quejoso se puede enterar legalmente de un acto de autoridad, debe servir al juzgador para determinar la oportunidad en la presentación de la demanda de amparo. Desde luego, la notificación legal del acto reclamado, ha de prevalecer sobre el conocimiento del mismo cuando mediando aquélla el quejoso, que ha sido parte en el procedimiento del que emanó el acto reclamado, pretende hacerla a un lado por convenirle más a sus intereses expresar que ha tenido conocimiento del acto de autoridad en determinada fecha y no prueba que la notificación del mismo sea ilegal o no la controvierte en ninguna forma. Sólo a falta de notificación, el cómputo del término ha de iniciarse a partir de que el quejoso manifiesta haber tenido conocimiento del acto reclamado. Sin embargo, la tercera fórmula expresada por el legislador en el artículo 21 en comento dice: "Artículo 21. El término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días. Dicho término se contará desde el día siguiente ... al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos". Como entraña una confesión expresa por parte del afectado porque se supone que la fecha en que se ostenta sabedor del acto reclamado con respecto a la presentación de su demanda le perjudica, debe preponderar sobre la notificación y por ende, sobre el conocimiento del acto, puesto que el propio quejoso, al confesar expresamente cuándo se hizo sabedor de la existencia del acto reclamado, hace a un lado dicha notificación. En efecto, resulta lógico que la confesión expresa de la fecha en que el quejoso se enteró de la existencia del acto reclamado, prepondere sobre cualquiera de las otras dos fórmulas empleadas por el legislador en el artículo 21 de la Ley de Amparo, ya que se traduce en una prueba plena de ese hecho, según lo dispone el artículo 199 el propio Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria que establece: "Artículo 199. La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse, II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia, y III. Que sea de hecho propio, o en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio". Así las cosas, basta con que el quejoso, tratándose de una persona con capacidad jurídica o su representante legal o convencional, con pleno conocimiento de lo que expresa, se ostente sabedor del acto reclamado en determinada fecha, sin que medie coacción o violencia de tal hecho y que éste le perjudique, para que el juzgador al proveer sobre la admisión de su demanda, se encuentre obligado a computar el término para determinar la oportunidad de su presentación a partir de la fecha en que se hizo sabedor del acto reclamado, sin tomar en cuenta la notificación que en su caso medie de tal acto, toda vez que la confesión expresa del quejoso o de su representante legal, la dejaron sin efectos." En ese contexto, toda vez que la demanda de amparo fue presentada fuera del término que para tal efecto establece la ley de materia, resulta incuestionable que se actualiza la causal de improcedencia en comento. Es aplicable, el criterio jurisprudencial, publicado en la página 364 del Tomo IX, Junio de 1992 del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Instancia: Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro y texto: "CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda." No pasa desapercibido que no coincidan la totalidad de las autoridades señaladas como responsables, toda vez que lo actos reclamados tienden afectar el mismo predio que defendió el quejoso en los diversos juicios de amparo, y que son resultado del decreto expropiatorio reclamado. Por ende, se estima que la parte quejosa ha consentido tácitamente los actos reclamados, lo que genera se actualice la causa de improcedencia estatuida en el ordinal 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, pues las únicas excepciones para no observar el plazo de quince días indicado en el párrafo primero del artículo 17 de la Ley de Amparo, se presentan cuando se reclame: a) Una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición (treinta días); b) La sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión (ocho años); c) Un acto que tenga o pueda tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal (siete años); d) Un acto que implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales (en cualquier tiempo). En el caso particular, este Juzgado de Distrito considera que no se actualiza excepción alguna, toda vez que los actos reclamados, es de naturaleza diversa de los actos señalados en los incisos de referencia, dado que no se reclama: - Una norma general autoaplicativa ni el procedimiento de extradición; - La sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión; - Un acto que tenga o pueda tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal; - Un acto que implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Por ende, la parte quejosa estaba obligada a sujetarse al plazo genérico de quince días establecido en el párrafo primero del artículo 17 de la Ley de Amparo, pero como no lo hizo, el presente asunto resulta improcedente, pues la naturaleza del acto reclamado impide encuadrarlo en alguno de los supuestos de excepción analizados. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, y con fundamento en el diverso 63, fracción V, todos de la Ley de Amparo, se sobresee el presente asunto. Apoya lo anterior, la jurisprudencia II.2o.P. J/23, pronunciada por el Segundo Tribunal Colegido en Materia Pena del Segundo Circuito, consultable en la página 991, Tomos XXIV, de Noviembre de dos 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y tenor literal es: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO SIN TRANSGREDIR LOS ARTÍCULOS 76, 77, 78 Y 80 DE LA LEY DE AMPARO, AL ACTUALIZARSE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Y, EN CONSECUENCIA, OMITIR ENTRAR AL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO. La actuación del Juez Federal por la que decreta el sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia, no transgrede los artículos 76, 77, 78 y 80 de la Ley de Amparo, pues es indudable que con independencia de que aprecie el acto reclamado tal como aparece acreditado ante la responsable, como lo establece esencialmente el artículo 78 en cita (lo que ni siquiera puede estar a discusión), ello no impide la actualización de las causales de improcedencia. Lo anterior, en virtud de que el contenido del diverso artículo 76 recoge el principio de relatividad de las sentencias, de manera que cuando en él se establece que: "Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los individuos particulares o de las personas morales, privadas u oficiales que lo hubiesen solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere ...", no se impone una obligación de conceder el amparo sino la limitación de que el pronunciamiento se emita, en su caso, sólo respecto del directo quejoso; en cambio, en el artículo 77 de la ley de la materia, se enuncian los requisitos que deben contener las sentencias, tales como la fijación del acto reclamado, los fundamentos en que se apoye el sobreseimiento, o bien, la declaración o no de inconstitucionalidad, y los puntos resolutivos en los que se concrete con claridad y precisión el acto o actos por los que se sobresea, conceda o niegue el amparo, lo cual, de ninguna manera se trastoca por el hecho de que el sentido del fallo sea precisamente el sobreseimiento en el que la posibilidad de hacerlo encuentra incluso fundamento formal. Finalmente, en el artículo 80 se establece el objeto o finalidad de las sentencias en que se conceda el amparo, hipótesis que no se actualiza precisamente ante el sentido de una resolución en la que legalmente se decreta el sobreseimiento en el juicio, por lo que es evidente que ninguno de los preceptos aludidos se ve afectado, en virtud de que se resuelva el sobreseimiento sin abordar el fondo del asunto." De igual forma, sustenta la anterior determinación, la jurisprudencia 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos ochenta y seis, Tomo XVII, marzo de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece lo siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Es aplicable la tesis publicada en la página 1641, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Tomo 3, agosto de 2013, Décima Época, cuyo rubro es: "DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA." Y la diversa publicada en la página 2274, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIX, abril de 2013, Tomo 3, Décima Época, cuyo rubro es: "RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, NO CONSTITUYEN UNA VIOLACIÓN A DICHO DERECHO HUMANO." En tal sentido, se deja sin efectos la audiencia constitucional, señalada para las diez horas con diez minutos del veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis. Finalmente, tomando en consideración que el artículo 261 fracción I de la Ley de Amparo, señala que se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días, al quejoso, al tercero interesado, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirmen hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado; por tanto, se conmina a la parte quejosa, para que en lo subsecuente se abstengan de realizar actos que pueden ser constitutivos de delito. Notifíquese.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México; primero de septiembre de dos mil dieciséis. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de conformidad con el artículo 2° de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio a través del cual la Secretaria del juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, solicita acuse recibo del exhorto 135/2015-VII (orden 1001/2015) de su índice; atento a lo anterior, como lo solicita acúsese recibo a la autoridad referida. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario José Mauricio Neira Villarreal que autoriza, firma y da fe.

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