Melchor Ortega Contreras

Expediente 8/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima. 36 actuaciones registradas, la última del 1 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
8/2018
Año
2018
Actuaciones
36
Última actuación
01/08/2018

Partes del expediente

  • Melchor Ortega Contreras

Actuaciones

Las 4 más recientes de 36.

  1. Incidental

    Visto lo de cuenta y tomando en consideración que en los presentes cuadernos incidentales no existe diligencia pendiente, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como totalmente concluido.

  2. Principal

    Visto lo de cuenta, se advierte que las partes NO INTERPUSIERON RECURSO DE REVISIÓN, dentro del término legal, contra el auto que sobreseyó fuera de audiencia; por tanto, se declara que HA CAUSADO ESTADO dicho proveído, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Con el contenido de este acuerdo dese vista en los cuadernos incidentales. Asimismo, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvase al Juez Primero de lo Penal de Colima, las constancias relativas al duplicado de la causa penal 208/2015-S1, y solicítese el acuse de recibo correspondiente. Finalmente, se ordena que notificado que sea el presente acuerdo, se archive este asunto como concluido.

  3. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que no obra constancia de notificación del --- de Colima, tercero interesado en el presente juicio, respecto del auto de veinte de junio del año en curso; por tanto, en términos del artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, y en aras de evitar mayores dilaciones, se ordena notificarle a dicho tercero la aludida determinación, para los efectos legales conducentes.

  4. Principal

    Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Juez Primero de lo Penal con sede en Tecomán, Colima, mediante el cual remite sin diligenciar el despacho 68/2018-V-V, por los motivos expuestos en la razón actuarial de trece de junio del año en curso, misma que se encuentra anexa al comunicado de cuenta; constancia que se ordena agregar a los autos para que obre como corresponda. Ahora bien, visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que en auto de dieciocho de junio de dos mil dieciocho, se hizo efectivo el apercibimiento contenido en auto de uno del citado mes y año, por lo que se indicó que en el presente sumario constitucional únicamente se tendría como acto reclamado la orden de aprehensión emitida contra el quejoso; por tanto, los actos reclamados en el presente sumario constitucional son los siguientes: -La orden de aprehensión dictada el seis de octubre de dos mil diecisiete por el Juez Primero de lo Penal de Colima, Colima dentro de la causa penal número de expediente 208/2015-S1, por la probable responsabilidad penal en la comisión de los ilícitos de: 1) Lesiones culposas, previsto y sancionado en el artículo 237 en relación con el 14 y 68, en agravio de Carlos Aurelio González Castillo; y, 2) Daños culposos, previsto y sancionado en el numeral 237 en relación con el 14 y 68, ambos del Código Penal para el Estado de Colima, en agravio de José Farías Rosales Castillo. -La ejecución de dicha orden de aprehensión. Las autoridades responsables siguientes aceptaron los actos reclamados: -Juez Primero de lo Penal con sede en esta Ciudad de Colima (foja 32). -Director General de la Policía Investigadora (foja 13). -Director de Control de Procesos de la Procuraduría General de Justicia del Estado (foja 24). Ahora bien, en relación con el acto reclamado indicado en el parágrafo que antecede consistente en la orden de aprehensión dictada contra el quejoso Melchor Ortega Contreras, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de lesiones culposas y daños culposos, este órgano jurisdiccional estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo. , que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; [.]" De la interpretación de este precepto se obtiene que el juicio de amparo es improcedente contra un acto que emane de un procedimiento judicial en el que opere un cambio de situación jurídica que consuma de forma irreparable las violaciones reclamadas y que no sea posible decidir sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica. Esta hipótesis de improcedencia se materializa cuando concurre lo siguiente: A. Que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. B. Que con posterioridad se pronuncie una resolución en el procedimiento del que dimana el acto reclamado. C. Que la nueva determinación produzca un cambio de situación jurídica en relación con la parte quejosa, que imposibilite decidir sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica que no es motivo de análisis en el amparo y, por ende, las violaciones reclamadas en éste son irreparables, o bien, que a pesar de que el acto reclamado sea inconstitucional a nada práctico conduciría otorgar la protección federal porque la nueva situación creada -al no ser materia en el amparo- no cambiaría el estado que guardan las cosas. D. Que exista autonomía entre el acto reclamado y la nueva resolución, de tal forma que esta última subsista con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Al respecto, es aplicable la tesis 2a. CXI/96 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IV, diciembre de 1996, página 219; que dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." Precisado lo anterior, ahora se verifica la actualización de los requisitos de la hipótesis de improcedencia en estudio al caso concreto. El primer requisito esta cumplido, porque al revisar el sumario se obtiene que la orden de aprehensión reclamada proviene de la causa penal 208/2015, del índice del Juzgado Primero de lo Penal de Colima; es decir, el acto combatido dimana de un procedimiento penal que, por su naturaleza, es judicial. En cuanto al supuesto descrito en el apartado B, conviene destacar que después del dictado de la orden de aprehensión, el quejoso, el veintidós de enero de dos mil dieciocho, compareció a rendir su declaración preparatoria (foja 42 de actuaciones). Posteriormente, el veintiocho de enero del año en curso, el juez responsable dictó auto de formal prisión contra el promovente del amparo Melchor Ortega Contreras, por el delito de lesiones y daños ambos culposos, tipificado y sancionado por el artículo 174 fracción IV y 237 ambos relacionados con el 14 y 68 del Código Penal para el Estado de Colima, en agravio de Carlos Aurelio González Castillo y José Farías Rosales, lo cual informó mediante oficio recibido en este juzgado con el número de folio 1856 (fojas 62 a 74 del sumario), al que anexo las constancias respectivas, instrumental de actuaciones con plena eficacia probatoria en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley. Así, el auto de formal prisión deriva del mismo procedimiento penal del que emana la orden de aprehensión impugnada, solo que en una fase posterior, aunado a que ese auto es de una fecha posterior a la admisión de la demanda de amparo, de manera que se satisface el requisito previsto en el apartado B. Respecto del supuesto mencionado en el apartado C, es menester exponer que la situación jurídica del quejoso con motivo del dictado de la orden de aprehensión reclamada era persona sospechosa de cometer un delito; la que cambió con la emisión del auto de formal prisión, pues de ser indiciado adquirió la calidad de imputado. Este cambio de situación jurídica evidencia que no pueda analizarse la constitucionalidad de la orden de aprehensión, en razón de que en el supuesto de que se declarara inconstitucional se afectaría el referido auto de formal prisión, pues se soslayaría que la situación jurídica del quejoso ya no obedece a esa orden de aprehensión, sino al dictado del auto de formal prisión, de manera que las violaciones que produjo la orden de privación deben considerarse irreparables. Sobre este punto, se debe tomar cuenta que la factibilidad o no de restablecer los derechos fundamentales de una persona con motivo de la ejecución de una aprehensión está condicionada por la temporalidad que abarca, así como de otras circunstancias, que condicionan sus efectos como la emisión de un auto de formal prisión. Por todo lo anterior, se configura el requisito descrito en el apartado C, de la hipótesis de improcedencia analizada. Finalmente, en relación con el último requisito, para este juzgador, la orden de aprehensión es una determinación en la que se pretende poner a la accionante a disposición de la autoridad que la decreta, a fin de que conozca la conducta ilícita que se le atribuye; mientras que el auto de formal prisión es una resolución judicial que tiene por efecto restringir de manera provisional la libertad personal o ambulatoria de un sujeto, con la finalidad de sujetarlo a un proceso penal para que responda sobre los hechos presuntamente delictivos que se le atribuyen. Como se puede advertir, la orden de aprehensión y el auto de formal prisión se circunscriben a aspectos diferentes en torno a la situación jurídica de una persona, como ocurrió en el caso del impetrante de amparo, al decretarse ambas en distintos momentos dentro del procedimiento penal instaurado en su contra y si a eso se le añade que subsiste lo resuelto en la última de las determinaciones mencionadas, pues constituye la continuación del procedimiento penal en una nueva etapa, entonces, es evidente que existe autonomía entre ellos, sin importar si la orden de aprehensión es inconstitucional o no; por tanto, también se configura el requisito indicado en el apartado D. Por otro lado, las autoridades responsables siguientes, negaron los actos reclamados: -Juez Segundo de lo Penal con residencia en esta Ciudad de Colima. -Agente del Ministerio Público Investigador de la Mesa Primera (tradicional) en esta Ciudad de Colima (foja 26). -Agente del Ministerio Público Investigador adscrito en Comala, Colima (foja 16). En esa tesitura, tomando en consideración que el artículo 5, fracción II de la ley de la materia, establece que tiene el carácter de autoridad responsable, la que con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Así como que para los efectos de la Ley de Amparo, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En el caso, las citadas autoridades responsables negaron los actos que se les imputan y de la instrumental de actuaciones consistente en la causa penal de origen 208/2015 se desprende que la orden de aprehensión reclamada fue emitida por el Juez Primero de lo Penal de Colima, Colima; por tanto, se encuentra plenamente demostrada la certeza de los actos reclamados a las autoridades responsables siguientes: -Juez Primero de lo Penal con sede en esta Ciudad de Colima (foja 32). -Director General de la Policía Investigadora (foja 13). -Director de Control de Procesos de la Procuraduría General de Justicia del Estado (foja 24). No así a las siguientes: -Juez Segundo de lo Penal con residencia en esta Ciudad de Colima. -Agente del Ministerio Público Investigador de la Mesa Primera (tradicional) en esta Ciudad de Colima. -Agente del Ministerio Público Investigador adscrito en Comala, Colima. En consecuencia, dichas autoridades no tienen el carácter de autoridades responsables para efectos del presente juicio, lo que actualiza la causal de improcedencia establecida en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el numeral 5, fracción II de la Ley de Amparo. Por consiguiente, procede SOBRESEER en el juicio de amparo, respecto a las autoridades precisadas, por los actos a ellas atribuidos. Apoya lo anterior, la jurisprudencia que dice: "SOBRESEIMIENTO. ES IMPROCEDENTE DECRETARLO EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 74 DE LA LEY DE AMPARO, SI NEGADO EL ACTO RECLAMADO POR ALGUNA O VARIAS DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES SE DEMUESTRA SU EXISTENCIA RESPECTO DE OTRA U OTRAS, PUES LA CAUSAL QUE SE ACTUALIZA ES LA PREVISTA EN LA DIVERSA FRACCIÓN III DEL PRECEPTO Y LEY CITADOS. En el supuesto de que las autoridades negaran el acto que les fue atribuido, sin que la parte quejosa hubiese aportado prueba en contrario, y de las constancias procesales se demuestra que una diversa autoridad aceptó el mismo, esto es, que el acto reclamado sí existe, no resulta lógico ni jurídico sostener que éste, considerado como una determinación de la autoridad responsable que puede afectar la esfera jurídica del quejoso, sólo exista respecto de algunas autoridades y no en relación con otras, es decir, tal hipótesis se actualizaría sólo cuando todas las autoridades señaladas como responsables negaran la existencia del acto que se les atribuye y en autos no se demuestre lo contrario, pero no si se acredita que los actos reclamados sí existen, respecto de alguna autoridad. Consecuentemente si no se demuestra la intervención de ciertas autoridades en el juicio de amparo, se actualizará la causal de improcedencia establecida en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el numeral 11, ambos de la Ley de Amparo, pues si no emitieron, dictaron, publicaron ni ejecutaron el acto que se reclama, no puede considerárseles como responsables en el juicio de amparo, por tanto, se deberá sobreseer en términos del artículo 74, fracción III, y no de la IV, del mismo ordenamiento." En tales condiciones, al materializarse las hipótesis de improcedencia en estudio, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, en relación con el numeral 61, fracción XVII; así como la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el numeral 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, lo conducente es decretar fuera de audiencia el sobreseimiento en el presente juicio constitucional. Sobreseimiento que debe ser extensivo al acto reclamado a las autoridades responsables ejecutoras Director de Control de Procesos y Director General de la Policía Investigadora, ambos dependientes de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Colima, toda vez que no se reclama por vicios propios. Cabe precisar que respecto a los alegatos formulados por la Agente del Ministerio Público adscrita a este juzgado federal, toda vez que los argumentos contenidos en los mismos, no forman parte de la litis, no es exigible su análisis (folio 28 a 30, de autos). Es aplicable, la tesis aprobada por el Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, publicada en la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 86, Sexta Parte, página 20; del contenido siguiente: "ALEGATOS. SU FALTA DE ESTUDIO DE PARTE DEL. JUEZ DE DISTRITO, NO CAUSA AGRAVIOS. Como los alegatos no son sino argumentos esgrimidos con el único objeto de fortalecer los puntos de vista sostenidos por el quejoso en sus conceptos de violación, es claro que ningún agravio puede causarse al que recurre una resolución pronunciada por un Juez de Distrito por el hecho de que éste no se haya ocupado del estudio de esos alegatos, toda vez que los argumentos contenidos en los mismos no forman parte de la litis. Asimismo, ningún precepto legal obliga a los Jueces de Distrito a referirse en forma expresa y pormenorizada a los argumentos que desarrollen las partes en sus escritos de alegatos." En las relatadas condiciones, se deja sin efecto la fecha programada para que tuviese verificativo la audiencia constitucional, misma que se encontraba señalada para las nueve horas con cincuenta minutos del cuatro de julio próximo. Publicación de datos confidenciales. En otro orden, toda vez que aun cuando por auto admisorio, se le señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse, en relación con terceros a la publicación de sus datos personales, conforme lo establece el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, no obstante de lo anterior, no hicieron manifestación expresa con relación a lo puntualizado anteriormente. Atento a lo anterior, conforme lo establecen los artículo 6º, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 18, del ordenamiento legal invocado y 8º del Reglamento antes precisado, los órganos jurisdiccionales deben proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes hagan valer el derecho de oponerse a la publicación, por lo que ante la falta de manifestación expresa de las partes de oponerse a la publicación de sus datos, lo procedente es ordenar la publicación de la presente sentencia con supresión de datos. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio identificado con el número 01/2011, emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, al resolver la Clasificación de Información 241/2010-J, de veintisiete de enero de dos mil once, bajo el rubro siguiente: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONEN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN." Datos sensibles. En términos de los puntos Primero y Segundo del Acuerdo General 11/2017 de cinco de septiembre de dos mil diecisiete, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado el dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete en el Diario Oficial de la Federación, el presente asunto no se considera de naturaleza sensible; lo anterior, de conformidad con lo establecido en el punto segundo del acuerdo aludido en líneas precedentes, puesto que el presente amparo de naturaleza penal, no encuadra en los supuestos de datos sensibles; por lo que se ordena la publicación de los nombres de las partes en el presente juicio.

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