Melchor Martínez García
Expediente 176/2015 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 49 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 176/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 49
- Última actuación
- 25/04/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Melchor Martínez García
- MELCHOR MARTÍNEZ GARCÍA y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 49.
- Principal
Visto el estado procesal de los autos del juicio de amparo en que se actúa, de los que se aprecia que mediante proveído de seis de mayo de dos mil dieciséis, causó ejecutoria el acuerdo que sobreseyó fuera de audiencia el presente asunto y se ordenó el archivo como asunto totalmente concluido, sin que se hayan devuelto las constancias del expediente 106/2000-I, que remitió en tres tomos el Juez Séptimo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, con sede en Acapulco, Guerrero, como complemento de su informe justificado. En atención a lo anterior, y toda vez que no es necesario seguir conservando las constancias de referencia, hágase la devolución a la autoridad antes citada, sin que haya lugar a solicitar el acuse de recibo, por tratarse de copias certificadas.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presente autos, así como la certificación secretarial de cuenta, de los que se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el auto de dieciocho de abril del año en curso; en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación a la Ley de la Materia, en términos del numeral 2, se declara que dicho auto que SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA el juicio de garantías, ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; comuníquese lo anterior a las autoridades responsables para los efectos legales procedentes; y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido.
- Incidental
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, a seis de mayo de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los autos del juicio principal del que deriva el cuaderno incidental en que se actúa, en específico el proveído de esta fecha, en el que se declaró ejecutoriada la sentencia dictada en el juicio principal y se ordenó el archivo del presente juicio; por tanto, deja de surtir efectos la suspensión definitiva concedida y a efecto de observar lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, se procede a la valoración de los presentes cuadernos. Por cuanto hace al ORIGINAL del incidente de suspensión, toda vez que el treinta de marzo de dos mil quince, se concedió la medida cautelar solicitada, es susceptible de ser DEPURADO, una vez transcurridos cinco años de dictada la resolución definitiva acorde con lo dispuesto en el punto Vigésimo Primero, fracción III, párrafo segundo; y respecto al DUPLICADO del citado incidente, éste deberá de ser DESTRUIDO una vez transcurridos seis meses de haberse resuelto la suspensión definitiva solicitada, de conformidad con lo establecido en el punto Vigésimo, fracción III, del Acuerdo General antes mencionado; en consecuencia, remítanse al archivo hasta en tanto transcurran los plazos antes señalados.
- Principal
Visto el estado de los autos del juicio de amparo en que se actúa y la certificación secretarial que antecede, se advierte que los quejosos Melchor Martínez García, Emmanuel y César de apellidos Martínez Rosas, no dieron cumplimiento al requerimiento que se les formuló en proveído de diecisiete de febrero del año en curso (f. 543 y 544); esto es, no exhibieron constancia alguna de las que se advierta que fueron publicados los edictos, ordenados en autos a efecto de emplazar a juicio a los terceros interesados Mario de la O Díaz, Jesús Olea Ríos, Hilario García Vargas, Germán Valeriano Díaz, Miguel Ángel Nieves Ibarra, Juan García Radilla, Luis Ramón de la O Mendoza, Melquiades Bailón Juárez, Lucio Pacheco Méndez, Miguel Espinoza Palma, José Fajardo Portillo, Mario Agustín García Olea, Aurelio Muñoz del Carmen, Orlando de la O Rojas, Olga Uriostegui Rojas, Mirna Patricia Uriostegui Rojas, Omar de la O Rojas, Guillermo Ozuna Palma, Alejandro López Ventura, Esteban García Fajardo, Fernando Jiménez Catalán, Eloy Navarrete Díaz, Jaime Cruz Vega, Jesús Palma de la O, Antonio Palma de la O, Alfonso Zequeida Rodríguez, Pablo Serna Aparicio, Nelva Flores de la O, Edel Palma Serna, José Ángel García Bailón, Sergio García Bailón, Margarita Zarate Palma, Juan Bautista Alberto, Gilberto Martínez, Ignacio Guerrero Serrano, Jerónimo Hernández Soto, Antonio Flores Lumbrano, Juan Antonio Martínez Chávez, Oscar Jiménez Mendoza, Víctor Manuel Cruz Armenta, Marco Tiburcio Olea, Rolando García Fajardo y Fernando Jiménez Mendoza, por conducto de su Apoderado General para Pleitos y Cobranzas Mario de la O Díaz, dentro del término que le fue concedido para ello. Tiene aplicación la tesis siguiente: Época: Décima Época Registro: 2009915 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I Materia(s): Común Tesis: P./J. 27/2015 (10a.) Página: 27 "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL PLAZO PARA QUE EL QUEJOSO ACREDITE ANTE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE LOS ENTREGÓ PARA SU PUBLICACIÓN, DEBE CONTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO POR EL QUE SE PONEN A SU DISPOSICIÓN. Conforme al artículo 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, de la Ley de Amparo, cuando tenga que emplazarse al tercero interesado por edictos, el quejoso debe acreditar que los entregó para su publicación dentro del plazo de 20 días siguientes al en que se pongan a su disposición; ahora bien, dicho plazo, conforme al artículo 22 de la misma ley, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del acuerdo que señale que los edictos se ponen a disposición del quejoso; de ahí que en el plazo referido, éste debe (i) recogerlos, (ii) entregarlos para su publicación, y (iii) acreditar ante el órgano jurisdiccional su entrega (esto es, que efectuó las gestiones tendientes para publicarlos); por lo que no procede la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles para establecer distintos plazos, ya que el relativo para acreditar la entrega para la publicación de los edictos se encuentra previsto expresamente en la Ley de Amparo." Ahora bien, no obstante que en el presente juicio de amparo, se llevó a cabo la investigación correspondiente con la finalidad de conocer el domicilio cierto de los referidos terceros interesadas, a fin de emplazarlos a juicio, tal y como se acordó en proveído de treinta de septiembre de dos mil quince (f.399 y 400); por lo que en auto de diecisiete de febrero de la presente anualidad, se ordenó el emplazamiento de mérito por medio de edictos a costa de los quejosos, sin que éstos hayan dado cumplimiento a lo requerido en el mencionado. Aspectos que hacen patente, que los quejosos Melchor Martínez García, Emmanuel y César de apellidos Martínez Rosas, dada la postura que han tomado en el presente juicio constitucional en que se actúa, carecen de interés para que se siga con el trámite del mismo, situación que actualiza la causal de sobreseimiento establecida en el dispositivo 63, fracción II, en relación con lo establecido en el diverso 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, y 5º, fracción III, todos de la Ley Reglamentaria de los Preceptos 103 y 107 Constitucionales, así como lo estatuido en el segundo párrafo, del precepto 14 de la Constitución General de la República, que en su orden disponen: "Artículo 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas: III. Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto: a) Las notificaciones personales al quejoso se efectuarán por lista. b) Tratándose de la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiera señalado. Siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial la notificación se hará en el último domicilio señalado para oír notificaciones en el juicio de origen. Si a pesar de lo anterior no pudiere efectuarse la notificación, se hará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. En caso de que el quejoso no acredite haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá el amparo." "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: II. El quejoso no acredite sin causa razonable a juicio del órgano jurisdiccional de amparo haber entregado los edictos para su publicación en términos del artículo 27 de esta Ley una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó;." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: III. El tercero o terceros interesado, pudiendo tener tal carácter." Y, el precepto 14 Constitucional expresa en su segundo párrafo: "Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante un juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho." De la transcripción anterior, se concluye que no obstante haberse agotado la investigación a que alude el numeral 27 en términos de la fracción III, inciso b), párrafo segundo, de la Ley de Amparo, y ordenado que fue el emplazamiento de los terceros interesados mencionados en párrafos que anteceden, por medio de edictos a costa de los quejosos, los cuales no comparecieron a recoger los mismos, pese a que debidamente notificado para ello, como se aprecia de la constancia de notificación agregada en autos, y por ende, lo que procede es decretar el sobreseimiento en el presente juicio constitucional, en virtud de que se incumple con un presupuesto procesal, que se erige en una formalidad esencial del procedimiento, lo que hace que éste Juzgado de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de la cuestión planteada en el juicio; pues la no publicación de los edictos ordenados, paraliza el juicio de garantías al arbitrio del inconforme, con lo que se contraviene lo plasmado en el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Corrobora lo anteriormente dicho, por identidad de razón, la tesis de Jurisprudencia número 2ª./J 64/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto es de la siguiente literalidad: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado se hará mediante notificación personal, siempre que se conozca o se logre investigar su domicilio, o por medio de edictos a costa del quejoso, si a pesar de la investigación se ignora aquél. Ahora bien, del análisis sistemático de lo previsto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 30, fracción II y 5o., fracción III, del propio ordenamiento, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que si una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 30, fracción II, y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado por medio de edictos a costa del quejoso, éste no los recoge, paga su publicación y exhibe ésta, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, toda vez que incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por ende, se actualiza una causa de improcedencia, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de garantías al arbitrio del quejoso, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso." Sin que pase desapercibido que el criterio contenido en dicha jurisprudencia fue modificado a través de la jurisprudencia 108/2010, derivado de la solicitud de modificación de la jurisprudencia 16/2010, resuelta en sesión de siete de julio de dos mil diez, por la propia Segunda Sala del Alto Tribunal, del rubro y texto siguientes: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. Una nueva reflexión lleva a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a modificar el criterio contenido en su jurisprudencia 2a./J. 64/2002, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", pues si bien es cierto que conforme al artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, agotado el procedimiento de investigación para conocer el domicilio del tercero perjudicado sin resultado alguno, debe ordenarse su emplazamiento por edictos a costa del quejoso, requiriéndolo para que los recoja en el local del órgano jurisdiccional con el apercibimiento de aplicarle las medidas de apremio pertinentes en caso de no acatar tal decisión, también lo es que ese incumplimiento no conduce necesariamente al sobreseimiento en el juicio de garantías, pues en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es preciso respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial; por consiguiente, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso, de manera que si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante, sólo entonces el juzgador podrá determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar al tercero perjudicado, pues de lo contrario se dejaría en estado de indefensión al promovente del juicio de amparo". (No. Registro: 164,074. Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XXXII, Agosto de 2010. Tesis: 2a./J. 108/2010. Página: 416.) La anterior modificación de criterio no es suficiente evitar el presente sobreseimiento, dado que de su contenido se advierte que sólo fue modificada la jurisprudencia en comento en cuanto a la exigencia de analizar las particularidades del caso, respecto de si los quejosos comparecieron manifestando no tener capacidad económica para solventar el costo que implica la publicación de los edictos relativos al emplazamiento de los terceros interesados y analizar si en autos hay indicios suficientes para determinar que, por falta de capacidad económica, el costo de su publicación se haga con cargo al Consejo de la Judicatura Federal, lo que no aconteció en el presente caso a estudio. Además de que no se advierte que la parte quejosa haya manifestado incapacidad económica para solventar ese costo, no hay indicios en autos que revelen que carezca de capacidad económica para ello, aunado a que ni siquiera se presentó algún escrito en ese sentido, por tanto, analizando las particularidades del caso, no se dan los elementos que establece el criterio modificado (1. manifestación del quejoso que no puede solventar el costo de los edictos y 2. la existencia de indicios que revelen que carece de capacidad económica para solventar ese costo), para determinar que sea el Consejo de la Judicatura Federal, el que a su costa publique los edictos del emplazamiento a los terceros interesados. Sin que obste a lo anterior, el hecho de que el presente asunto sea de naturaleza penal, pues se insiste los impetrantes de garantías, no hicieron manifestación alguna respecto a una posible insolvencia económica para sufragar el gasto que genera la publicación de un edicto, como en el caso podría ser que se encontraran recluidos en un centro de reinserción social, máxime que dentro del incidente de suspensión derivado del presente asunto, se advierte que en proveído de dieciocho de febrero de dos mil quince, (fojas 5 a 9), les fue concedida la suspensión provisional en contra de la orden de aprehensión reclamada, y respecto a Emmanuel Martínez Rosas, en interlocutoria de treinta de marzo de dos mil quine, (fojas 86 a 91), se le concedió la suspensión definitiva en contra de dicha orden, dada la existencia del acto reclamado únicamente por lo que a él respecta, lo que deja ver al suscrito que los quejosos se encuentran en libertad. Aunado a que en el caso en concreto, debe tomarse en consideración que las causales de sobreseimiento de la ley de amparo anterior, con las que se emitieron las jurisprudencias anteriormente transcritas, no contemplaban la hipótesis de no recoger los edictos para el emplazamiento de la parte tercero interesada, lo cual actualmente si se encuentra EXPRESAMENTE establecido en la fracción II, del artículo 63 de la Ley de Amparo actual. Máxime si se considera que de conformidad con lo establecido en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo actual, establece que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la vigente. Por ende, al actualizarse la hipótesis de sobreseimiento prevista en la fracción II, del artículo 63, en relación con los normativos 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo del artículo antes citado, y 5º, fracción III, todos de la Ley Reglamentaria de los Preceptos 103 y 107 Constitucionales, así como lo estatuido en el segundo párrafo, del precepto 14 de la Constitución General de la República, lo que procede es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA el presente asunto. Es aplicable a lo vertido en párrafo que antecede, la tesis de jurisprudencia número 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de catorce de febrero de dos mil tres, al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, que establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el Legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la Ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos del sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Sin que soslaye a lo anterior, el hecho de que en diligencia actuarial de once de marzo de dos mil quince, (foja 116), el actuario adscrito al juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Acapulco, no haya encontrado el domicilio para oír y recibir notificaciones, proporcionado por los quejoso Melchor Martínez García, Emmanuel y Cesar de apellidos Martínez Rosas, lo anterior, en razón de que en auto de diecisiete de marzo de dos mil quince, (foja 119), se tuvo como domicilio de dichos actores, los estrados de este órgano jurisdiccional; aunado a que, de conformidad con la fracción III, inciso a), del artículo 27 de la Ley de Amparo, cuando el domicilio señalado sea inexacto, las notificaciones personales al quejoso se efectuaran por lista. Comuníquese lo anterior a la autoridad responsable, para los efectos legales conducentes y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional que tendría verificativo a las diez horas con veinte minutos del esta misma fecha. Notifíquese personalmente a las partes.
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