Melchor Lemus Salto
Expediente 606/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 22 actuaciones registradas, la última del 11 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 606/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 11/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Melchor Lemus Salto
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
Uruapan, Michoacán, once de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte, que no se interpuso recurso de revisión dentro del término de diez días que contempla el artículo 86 de la Ley de Amparo, en contra de la sentencia dictada en el juicio de amparo que nos ocupa, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Así, toda vez que en el segundo punto resolutivo de la aludida sentencia, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Melchor Lemus Salto, respecto de los actos que reclamó de la Ronda Comunitaria y el Consejo Comunal de Cherán, Michoacán, con residencia en Cherán, Michoacán, para el efecto de que: Dejen insubsistente la orden de aprehensión y/o detención que en su caso hubieren dictado "bajo cualquier denominación", en contra del aquí quejoso Melchor Lemus Salto; y por tanto, se abstengan de ordenar su ejecución. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se comisiona a cualquiera de los actuarios para que realice lo siguiente: Se constituya en legal y debida forma en el domicilio oficial de las autoridades responsables, Ronda Comunitaria y el Consejo Comunal de Cherán, Michoacán, con residencia en Cherán, Michoacán y las requiera para que en el acto de la notificación, o bien en un plazo de tres días, contado a partir del día hábil siguiente al en que surta efectos la notificación que al efecto se les realice, cumplan con la sentencia de amparo. Apercibidos que de no hacerlo, se procede de conformidad con el artículo 192 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
- Principal
Uruapan, Michoacán, diecisiete de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos para que obre únicamente como corresponde el oficio telegráfico que remite el Agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Unidad de Atención Inmediata Mesa I, de la Fiscalía Regional de Zamora, Michoacán, sin que sea el caso emitir mayor pronunciamiento en cuanto a que rinde el informe justificado, sin embargo se le tiene acusando recibo del oficio 9227 con el que se le notifica la sentencia emitida dentro del presente juicio de amparo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Uruapan, Michoacán, veintiocho de junio de dos mil veintitrés. Agréguense a sus autos para que obren como legalmente corresponde los sobres devueltos por la mensajería acelerada denominada "estafeta", los cuales contienen los oficios 9227, 9229 y 9230, de quince de junio de dos mil veintitrés, dirigidos en su orden, a las autoridades responsables: 1.- Agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Unidad de Atención Inmediata, Mesa I, de la Fiscalía Regional de Zamora, Michoacán. 2.- Agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Unidad de Atención Inmediata, Mesa III, de la Fiscalía Regional de Zamora, Michoacán. 3.- Agente del Ministerio Público Investigador de la Unidad Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar, actuando en apoyo de la Unidad de Atención Inmediata, Mesa IV, de la Fiscalía Regional de Zamora, Michoacán. A través de los cuales se pretende notificarles la sentencia dictada en el presente asunto, en las que no se anotó la leyenda alguna y de la página de rastreo no se desprende el motivo de su devolución. Ahora bien, en obvio de mayores dilaciones, se ordena remitir los oficios de que se trata, a través del Fiscal Regional de Justicia de Zamora, Michoacán, a fin de que los haga llegar a los Agentes mencionados en párrafos que anteceden, o bien a quienes hayan quedado en sus funciones; solicitándose a dicho Fiscal acuse recibo de los mismos. NOTIFÍQUESE.
- Principal
EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN ACUERDO DE CUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA QUE SE PUBLICA EN LOS ESTRADOS DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL Y EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES, A LA PARTE QUEJOSA MELCHOR SALTO LEMUS, LA SENTENCIA DICTADA EL QUINCE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÈS, EN LA QUE SE RESLOLVIÒ: EL QUINCE DE JUNIO SE DICTÒ SENTENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO 606/2022, PROMOVIDO POR Melchor Lemus Salto, promovió demanda de amparo indirecto contra los siguientes actos reclamados: La orden de aprehensión, detención y/o localización; y su ejecución. SEGUNDO. Admisión y trámite. Mediante proveído de cuatro de octubre de dos mil veintidós, este juzgado admitió la demanda de amparo, se ordenó dar la intervención que legalmente compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se requirieron los informes justificados a las autoridades responsables y, se fijó día y hora para celebrar la audiencia constitucional, la cual previo diferimientos, se celebró en términos del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, es constitucional y legalmente competente por razón de materia, grado y territorio para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, de la Constitución Federal, 36 y 114 de la Ley de Amparo, 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, porque en el caso que se reclama se atribuyó a las autoridades responsables debía tener ejecución material en el territorio en que este órgano judicial ejerce jurisdicción, esto es, en el municipio de Cherán, Michoacán. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En principio, se considera oportuno, al tenor de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, precisar con claridad los actos que se reclaman en este juicio y que serán materia de la litis constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos cincuenta y cinco, del Tomo XIX, Abril de dos mil cuatro, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En este sentido, del análisis integral de la demanda de amparo y constancias del juicio, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: La orden de aprehensión, detención y/o localización; y su ejecución. TERCERO. Inexistencia del Acto Reclamado. Las autoridades siguientes negaron la existencia de los actos reclamados: No. Autoridad 1 Fiscal Regional de Zamora, Michoacán. 2 Director Regional de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Zamora, Michoacán. 3 Agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Unidad de Atención Inmediata, Mesa I, de la Fiscalía Regional de Zamora, Michoacán. 4 Agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Unidad de Atención Inmediata, Mesa II, de la Fiscalía Regional de Zamora, Michoacán. 5 Agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Unidad de Atención Inmediata, Mesa III, de la Fiscalía Regional de Zamora, Michoacán. 6 Agente del Ministerio Público Investigador de la Unidad Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar, actuando en apoyo de la Unidad de Atención Inmediata, Mesa IV, de la Fiscalía Regional de Zamora, Michoacán. 7 Agente del Ministerio Público Investigador de la Mesa V, de Atención Inmediata y/o Bilingüe de la Fiscalía Regional de Zamora, Michoacán. 8 Agente del Ministerio Público Especializado para la atención de delitos Sexuales y Familiares de la Fiscalía Regional de este Distrito. En esa medida, toda vez que el quejoso no aportó prueba alguna tendente a desvirtuar las referidas negativas, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio, respecto de los actos que se atribuyen a las citadas autoridades. Resulta aplicable, la jurisprudencia número 2843, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." De igual forma, conviene citar la tesis jurisprudencial 18, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que es del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO, NEGACIÓN DEL.- Si la autoridad responsable niega el acto que se le imputa y el quejoso no rinde prueba alguna que demuestre su existencia, debe sobreseerse en el amparo respectivo." CUARTO. Existencia del acto reclamado. Precisados los actos reclamados, corresponde determinar su existencia o inexistencia, con apoyo en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con la tesis aislada de la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad" La autoridad responsable Ronda Comunitaria y el Consejo Comunal de Cherán, Michoacán, con residencia en Cherán, Michoacán, fue omisa en rendir su respectivo informe justificado, a pesar de encontrarse debidamente notificada del oficio 18259 deducido del auto de cuatro de octubre de dos mil veintidós, en el que se le requirió dicho informe, tal como consta del acuse de recibo que obra en autos, por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto que se les reclama. Apoya lo anterior, la tesis de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "INFORME JUSTIFICADO. SU AUSENCIA LLEVA A LA PRESUNCION DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO SIN QUE SE NECESITEN OTRAS PRUEBAS." En vista de lo anterior, resulta infundada la causa de sobreseimiento que invoca el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, con base en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo, habida cuenta que como él mismo lo señala en su pedimento constitucional, dicha causal será solo para el caso de que la autoridad responsable rinda su informe en sentido negativo respecto de los actos reclamados; lo cual como ya se dijo en párrafos que antecede, no ocurrió en el presente caso. QUINTO. Procedencia. Corresponde analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente al fondo del asunto, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso ninguna de las partes manifestó la actualización de causales de improcedencia, ni la suscrita advierte alguna que se actualice, y al no existir dispositivo legal que ordene plasmar en la sentencia las consideraciones y razones por las que no se concrete alguno de los supuestos previstos en las diversas fracciones del artículo 61 de la Ley de la Materia, es evidente que no hay obligación de hacer un análisis exhaustivo de todas y cada una de las causas de inejercitabilidad que hipotéticamente pueden concurrir en un juicio de esta índole; de ahí que se estime legal analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. SEXTO. Conceptos de violación. El quejoso expresó los conceptos de violación insertos en su escrito de demanda, cuya transcripción se hace innecesaria, pues no constituye un requisito exigido por el artículo 74 de la Ley de Amparo, ni en alguna otra disposición, bastando que se haga el estudio de los mismos como en derecho corresponda. Apoya lo anterior la Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. SÉPTIMO. Análisis de los conceptos de violación. Son fundados los conceptos de violación expuestos por el quejoso, en los que sostiene que el acto reclamado viola los derechos de legalidad y certeza jurídica, contenidos en el artículo 16 de la Constitución General; supliendo en ellos la deficiencia de la queja de conformidad con el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, en favor del indiciado. En su demanda de amparo, el quejoso manifiesta bajo protesta de decir verdad, que el treinta y treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, se presentaron en su domicilio particular, personas que dijeron ser elementos de la Policía, sin mencionar a que corporación pertenecían, preguntando por él, inicialmente manifestaron que querían ver un asunto personal y que no tenía relación con su trabajo, pero como no lo localizaron, se retiraron, dejando dicho que necesitaban verlo, y que regresarían. Asimismo, el seis de agosto siguiente, a las diez de la mañana aproximadamente, se presentaron nuevamente en su domicilio las mismas personas, quienes les manifestaron a sus familiares y vecinos que ya tenían una orden para detenerlo por la comisión de un delito, sin exponer de que delito se trataba, que era mejor que los esperara, pero como se encontraba trabajando, no lo encontraron, es por ello que tiene temor de que lo puedan privar de su libertad. Ahora, como quedó establecido se tuvieron por ciertos los actos reclamados respecto de la autoridad responsable Ronda Comunitaria y el Consejo Comunal de Cherán, Michoacán, con residencia en Cherán, Michoacán, al ser omisa en rendir su respectivo informe justificado. OCTAVO. Estudio Son fundados y suficientes para conceder el amparo solicitado, los conceptos de violación expresados por el quejoso, en el que aduce que las autoridades responsables carecen de facultades legales para ordenar la privación de su libertad personal. Cabe señalar que cuando la autoridad responsable es omisa en rendir su informe justificado, como ocurre en la especie, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, corresponde al quejoso demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado cuando no sea violatorio de derechos en sí mismo. En efecto, el análisis del texto del artículo 117, en la parte que nos interesa, permite arribar a las siguientes conclusiones: 1. La falta de informe justificado produce la presunción de certeza del acto reclamado, salvo prueba en contrario. 2. Cuando se da la presunción de certeza por falta de informe, corresponde al quejoso demostrar la inconstitucionalidad del acto cuando, éste no sea violatorio de derechos en sí mismo. A fin de estar en aptitud de conocer el contenido exacto de los citados puntos, se procede a precisar los siguientes aspectos: La presunción de certeza recae sólo sobre el acto reclamado, mas no respecto de las circunstancias que lo rodean, pues el dispositivo en análisis es claro en establecer que ante la falta de informe con justificación "se presumirá cierto el acto reclamado" excluyendo, implícitamente, otro tipo de cuestiones, como son las relativas a la constitucionalidad de los actos, así como las concernientes al interés jurídico y demás presupuestos necesarios para la procedencia del amparo. Por tanto, al producirse la presunción prevista en el artículo 117 de la Ley de Amparo, lo único que el juzgador debe tener por cierto es el acto reclamado, mas tal presunción no comprende los demás aspectos que lo rodean, puesto que no hay precepto que así lo establezca. Sentado lo anterior, se procede al examen de la segunda parte del cuarto párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo. Tal dispositivo legal establece, como regla general, que corresponde al quejoso demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado. Del propio numeral se evidencia sólo una excepción a la regla general, consistente en que el peticionario de amparo queda relevado de la carga probatoria cuando el acto reclamado sea violatorio de derechos en sí mismo. Por tanto, lo que determina si la carga probatoria recae en el quejoso, es la circunstancia de que el acto sea o no inconstitucional en sí mismo; de ahí que sea indispensable precisar este concepto. Un acto es en sí mismo violatorio de la Constitución Federal, cuando la autoridad no puede demostrar ni justificar con ningún medio de convicción que su contenido o proceder se apega a lo dispuesto por la Constitución. En cambio, cuando la autoridad puede dar motivos, datos o pruebas conforme a las cuales dicho acto resultaría apegado a la Ley Fundamental, entonces no es en sí mismo violatorio de derechos. Por ende, la inconstitucionalidad de un acto que en sí mismo es violatorio de derechos no está sujeto a prueba, ya que la contravención a la Ley Fundamental surge por la mera existencia del acto, de su naturaleza intrínseca, con independencia de otros elementos. De ahí que el artículo 117 establezca que corresponde al quejoso probar la inconstitucionalidad de los actos que en sí mismos no son violatorios de derechos; en cambio, no hace referencia expresa al caso contrario, pues, cuando los actos son violatorios de derechos en sí mismos, no se requiere más prueba que la relativa a su existencia. Precisado lo anterior, se tiene que el acto reclamado en este juicio, es inconstitucional en sí mismo, por las razones de derecho que a continuación se exponen. Para sostener si el acto de autoridad tendente a privar a la quejosa de su libertad personal conculca derechos, es indispensable que no exista ningún procedimiento o justificación legal que sustente dicho mandato. Es el caso, que en torno al tema, el artículo 16 Constitucional, dispone: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. . No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión, deberá poner al inculpado a disposición del juez, sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad. La contravención a lo anterior será sancionada por la ley penal. Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la detención. Sólo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave así calificado por la ley y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su detención, fundando y expresando los indicios que motiven su proceder. En casos de urgencia o flagrancia, el juez que reciba la consignación del detenido deberá inmediatamente ratificar la detención o decretar la libertad con las reservas de ley. .". El precepto constitucional invocado evidencia, en lo que aquí interesa, que la autoridad competente para librar una orden de aprehensión, es la autoridad judicial, previa denuncia, acusación o querella de un hecho determinado que la ley señale como delito, sancionado cuando menos con pena privativa de libertad y existan datos que acrediten los elementos del cuerpo del delito, y hagan probable la responsabilidad de un indiciado. El primer párrafo del precepto constitucional en comento, recoge el principio de legalidad de los actos de autoridad que constituye una de las bases fundamentales del estado de derecho, puesto que, con motivo de su acucioso análisis, el Máximo Tribunal del País, en tesis de jurisprudencia, ha sostenido, que "las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite"; que dentro del sistema constitucional que nos rige "ninguna autoridad puede dictar disposición alguna que no encuentre apoyo en un precepto de ley", y que "dentro de nuestro régimen constitucional, las autoridades no tienen más facultades que las que expresamente les atribuye la ley", entre otros principios. Por su parte, el diverso artículo 2, apartado A, fracción II, Constitucional señala: "ARTÍCULO 2o.- La Nación Mexicana es única e indivisible. La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas. Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres. El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar en cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico. A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para: I.. II. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales de esta Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. La ley establecerá los casos y procedimientos de validación por los jueces o tribunales correspondientes. .". Como se ve, el artículo 2o., apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconoce el derecho de los pueblos indígenas a decidir su organización interna aplicando sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, esto es, de acuerdo con sus usos y costumbres. Ese mismo derecho fundamental establecido a favor de los pueblos indígenas, se encuentra reconocido en el Convenio número 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, de los que el Estado Mexicano es parte, en vigor a partir del cinco de septiembre de mil novecientos noventa y uno, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticuatro de enero de mil novecientos noventa y uno, en cuyos artículos 8.2, 9.1 y 9.2 dispone: "CONVENIO 169 SOBRE PUEBLOS INDÍGENAS Y TRIBALES EN PAÍSES INDEPENDIENTES Artículo 8 1. Al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán tomarse debidamente en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario. 2. Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias, siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Siempre que sea necesario, deberán establecerse procedimientos para solucionar los conflictos que puedan surgir en la aplicación de este principio. 3. La aplicación de los párrafos 1 y 2 de este artículo no deberá impedir a los miembros de dichos pueblos ejercer los derechos reconocidos a todos los ciudadanos del país y asumir las obligaciones correspondientes. CONVENIO 169 SOBRE PUEBLOS INDÍGENAS Y TRIBALES EN PAÍSES INDEPENDIENTES Artículo 9 1. En la medida en que ello sea compatible con el sistema jurídico nacional y con los derechos humanos internacionalmente reconocidos, deberán respetarse los métodos a los que los pueblos interesados recurren tradicionalmente para la represión de los delitos cometidos por sus miembros. 2. Las autoridades y los tribunales llamados a pronunciarse sobre cuestiones penales deberán tener en cuenta las costumbres de dichos pueblos en la materia. De lo anterior, se establece que el artículo 2° Constitucional y el tratado internacional en comento, reconocen a favor de los pueblos, el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias, siempre que no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional, ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. A la vez, se reconoce a favor de los pueblos, el derecho fundamental de que, siempre que sea necesario, establezcan procedimientos para solucionar los conflictos internos que puedan surgir en la aplicación de ese principio. También se dispone que, en la medida en que ello sea compatible con el sistema jurídico nacional y con los derechos humanos internacionalmente reconocidos, deberán respetarse los métodos a los que los pueblos interesados recurren tradicionalmente para la represión de los delitos cometidos por sus miembros. En tanto que las autoridades y los tribunales llamados a pronunciarse sobre cuestiones penales deberán tener en cuenta las costumbres de dichos pueblos en la materia. En virtud de lo expuesto, la orden de aprehensión y/o detención dictada por una autoridad indígena, no puede considerarse lícita, ya que del marco normativo descrito se desprende, que la potestad de la justicia indígena tiene el límite que se respeten los derechos humanos, frente a los cuales, sus derechos se sitúan en segundo plano. La normativa que rige al Estado Mexicano no admite que con el argumento de que se siguen usos y costumbres, se prive de la libertad a una persona, aunque se le atribuya un delito, pues su autonomía en la administración de justicia debe estar en concordancia con el orden jurídico vigente, en correspondencia con los principios generales del derecho, a los derechos humanos. De tal forma que los usos y costumbres que se reconocen válidos y legítimos de los pueblos indígenas, por ningún motivo o circunstancia deberán contravenir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la del Estado Libre y Soberano de Michoacán, las leyes estatales vigentes, ni vulnerar los derechos humanos ni de terceros. Por lo tanto, las autoridades de los pueblos y comunidades actuarán en materia de justicia indígena, con apego a los principios constitucionales de legalidad, eficiencia, conducta ejemplar y honradez. Tiene aplicación al caso la tesis de rubro y texto siguiente: "DERECHO A LA LIBRE DETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS. SU LÍMITE CONSTITUCIONAL. El artículo 2o., inciso A, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural. Sin embargo, tal derecho no es absoluto, pues el propio precepto, en su quinto párrafo, lo acota al señalar que éste se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. Además, el reconocimiento del derecho a la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas no implica una disminución a la soberanía nacional y menos aún, la creación de un Estado dentro del Estado mexicano, ya que tal derecho debe ser acorde con los artículos 40 y 41 de la Constitución Federal y con la iniciativa de reformas al artículo 2o. constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 2001. Esto es, el reconocimiento del derecho a la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas, no implica su independencia política ni su soberanía, sino sólo la posibilidad de elegir libremente su situación dentro del Estado mexicano, que no conduce a su disolución, sino al reconocimiento del derecho fundamental de los pueblos que lo componen para determinar su suerte, siempre y cuando se preserve la unidad nacional." En tal virtud, si bien es verdad que conforme a los numerales invocados, se reconoce la existencia del sistema de justicia indígena, también lo es que tal reconocimiento no autoriza a las autoridades aquí responsables, a realizar actuaciones arbitrarias, so pretexto de llevar a cabo la averiguación de un hecho delictuoso, tales como emitir, como en el caso, una orden de aprehensión y/o detención, cuando el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que ese tipo de mandamientos por escrito deben ser dictados por la autoridad judicial competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento; amén de que exige la observancia de ciertos requisitos para autorizar la aprehensión de una persona, de lo contrario, la detención del supuesto indiciado resulta ilegal. Como se ve, la responsable de referencia, de manera flagrante violó la garantía de legalidad que establece el primer párrafo del artículo 16 de la Ley Suprema, puesto que ante la omisión de rendir su informe justificado, se presume legalmente que dictó una orden de aprehensión y/o detención en contra del aquí quejoso; no obstante que carece de atribuciones para ello, pues se reitera, una orden de aprehensión y/o de detención, debe ser librada por un Juez, en la inteligencia de que para su emisión, es necesario que existan datos que acrediten los elementos que integran el tipo penal y la probable responsabilidad del indiciado y su objeto, es hacer comparecer al acusado ante la autoridad judicial a fin de que le sea tomada su declaración preparatoria. En consecuencia, toda vez que los actos atribuidos a las autoridades responsables, resultan violatorios de los derechos reconocidos en el artículo 16 constitucional, lo procedente es conceder la protección constitucional para los efectos que en el siguiente considerando se precisarán. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis y rubro y texto siguientes: "DERECHO A LA LIBRE DETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS. NO FACULTA A LAS AUTORIDADES COMUNITARIAS A DICTAR ÓRDENES DE APREHENSIÓN O DE CATEO, POR LO QUE DE HACERLO, LA DETENCIÓN DEL SUPUESTO INCULPADO ES ILEGAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO). En los artículos 2o., apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 2 y 9 del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, así como del 1 al 7 y del 35 al 42 de la Ley Número 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero, se reconoce el derecho de los pueblos indígenas a decidir su organización, aplicando sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, de acuerdo a sus usos y costumbres; sin embargo, tal derecho no es absoluto, pues tal reconocimiento no implica su soberanía, sino el reconocimiento del derecho fundamental de los pueblos que lo componen para determinar su suerte, siempre que se preserve la unidad nacional y se respeten los derechos humanos. Bajo esta perspectiva, el derecho a la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas no autoriza a las autoridades comunitarias a realizar actuaciones arbitrarias so pretexto de indagar un hecho delictuoso, argumentando que se siguen usos y costumbres, ya que su autonomía en la administración de justicia debe ser acorde con el orden jurídico vigente, con los principios generales de derecho, y con el respeto a los derechos humanos; de ahí que no las faculta para dictar órdenes de aprehensión o de cateo, ya que si lo realizan, la detención del supuesto inculpado es ilegal, en tanto que conforme al artículo 16 de la Constitución Federal, esas resoluciones únicamente pueden dictarse por un Juez previamente establecido, que funde y motive debidamente las causas legales del procedimiento." NOVENO. Efectos de concesión. De conformidad con el artículo 77 de la Ley de Amparo, se concede el amparo y la protección constitucional, para el efecto de que las autoridades responsables "Ronda Comunitaria y Consejo Comunal de Cherán, Michoacán, con residencia en Cherán, Michoacán": Dejen insubsistente la orden de aprehensión y/o detención que en su caso hubieren dictado "bajo cualquier denominación", en contra del aquí quejoso Melchor Lemus Salto; y por tanto, se abstengan de ordenar su ejecución. DÉCIMO. Publicación de datos personales. De conformidad con lo señalado por los artículos 68, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, resérvese la publicación de la información de carácter clasificada y confidencial. Por lo expuesto y fundado, con apoyo, además, en lo dispuesto por los artículos 73, 74, 75, 76, 79, y demás relativos de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO.- Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Melchor Lemus Salto, contra los actos reclamados a las autoridades señaladas en el considerando tercero de esta sentencia y por los motivos expuestos en el mismo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Melchor Lemus Salto, contra el acto que reclama de la "Ronda Comunitaria y el Consejo Comunal de Cherán, Michoacán, con residencia en Cherán, Michoacán", para los efectos precisados en el considerando noveno de la presente sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE; y por oficio a las autoridades responsables. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Control (electrónico) del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE.
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