Melchor Alfonso Fenochio y Otros.
Expediente 702/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 702/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 08/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Víctor Manuel Cirigo Arias y Otros.
- Melchor Alfonso Fenochio y Otros.
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de diciembre de dos mil veinte. Visto lo de cuenta, agréguese a los presentes autos para los efectos legales conducentes, el oficio 6740/2020, signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, por medio del cual refiere haber recibido la boleta de turno remitida por la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materias Civil y Administrativa del Decimotercero Circuito, relativa al recurso de queja interpuesto por la parte quejosa; así como que se encuentra en espera de que este órgano jurisdiccional remita las constancias relativas. Ahora, de la certificación de cuenta, se tiene que de una búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se aprecia que el informe materia de la queja, la boleta de turno y el escrito de agravios fueron remitidos vía interconexión el tres de diciembre de dos mil veinte, así como que el cuatro de diciembre posterior, el referido Tribunal Colegiado admitió a trámite el medio de impugnación de mérito; por lo que no obstante habiendo sido enviadas ya las citadas constancias relativas al recurso de queja interpuesto, hágase del superior conocimiento del Tribunal Colegiado de mérito, para los efectos legales a que haya lugar; sin embargo, remítanse vía interconexión a esa superioridad de inmediato las constancias indicadas. Se autoriza a la Secretario y/o Actuario de la adscripción a firmar el oficio que derive del presente acuerdo. Notifíquese.Así lo provee y firma, el Juez Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, Pedro Gerardo Álvarez Álvarez del Castillo, ante la Secretaria Monserrat Rivera Morales, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de noviembre de dos mil veinte. Visto lo de cuenta, agréguese a los presentes autos para los efectos legales conducentes, el escrito signado electrónicamente por Enimio Octavio Guillén Zavaleta, autorizado en amplios términos de la parte quejosa, mediante el cual interpone recurso de queja, contra el auto de treinta de octubre de dos mil veinte, en el que se desechó la demanda de amparo. Con fundamento en los artículos 97, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, ríndase vía electrónica el informe materia de la queja, al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, en turno, en el sentido de que es cierto el acto reclamado. Por tanto, mediante oficio que al efecto se libre, solicítese a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, genere la boleta de turno respectiva y la remita a este órgano jurisdiccional a través del correo electrónico institucional, a saber, 9jdo13cto@correo.cjf.gob.mx, a fin de que este Juzgado de Distrito, se encuentre en aptitud de remitir el informe materia de la queja por la vía indicada en el párrafo que antecede. En consecuencia, una vez obtenida la referida boleta, sin ulterior acuerdo, remítase el mismo, al cuerpo colegiado correspondiente, para los efectos legales conducentes. Sin que haya lugar en el presente, a remitir la impresión del ocurso de cuenta y las copias certificadas conducentes como apoyo del informe materia de la queja; en atención a lo que establece el artículo 39 del "ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19": "Artículo 39. Todos los envíos de expedientes de un órgano jurisdiccional a otro se harán de forma electrónica, salvo que el remitente estime necesario que el órgano destinatario cuenta con las constancias físicas. En caso de que no se hayan enviado, si el que vaya a resolver requiere constancias físicas, las pedirá". Por lo cual, se instruye al analista jurídico adscrito a este órgano jurisdiccional, para que habilite la vinculación electrónica en el presente juicio de amparo, a fin de que la Superioridad se encuentre en aptitud de substanciar el medio de impugnación de mérito. De igual manera, de conformidad con el numeral citado en párrafos precedentes, se solicita de la manera más atenta a dicho cuerpo colegiado que de requerir las constancias físicas, tenga a bien solicitarlas a este órgano jurisdiccional, a fin de acordar lo procedente. Sin que en el presente asunto haya lugar a requerir a las partes que señalen las constancias que deberán remitirse a quien deba resolver, en términos del artículo 101 de la Ley de Amparo, en razón que la demanda que originó el presente asunto se desechó, motivo por el cual no fueron emplazadas. Finalmente, se autoriza a la Secretaria y/o actuario de la adscripción a firmar el oficio que derive del presente acuerdo. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de octubre de dos mil veinte. Recepción de la demanda. Vista la demanda de amparo, promovida por **********, quien se ostenta como administradora única y representante legal de la moral "************, y otros, contra actos del Procurador Federal del Consumidor y otras autoridades; regístrese en el libro de gobierno de éste Juzgado de Distrito bajo el número 702/2020 y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); y fórmese el expediente electrónico e impreso respectivo. Separación de autos. Ahora bien, analizada en su integridad la demanda de amparo promovida por: - *************, quien se ostenta como administradora única y representante legal de la moral ****************; - ***************, quien se ostenta como administrador único de la moral *****************; - *********************, quien se ostenta como apoderado legal de la empresa **************************; - **********************, quien se ostenta como gerente general con facultades amplios de la sociedad mercantil denominada ************************; - **********************, quien se ostenta como administrador único y representante legal de la sociedad mercantil denominada *******************; - *********************, quien se ostenta como apoderada legal de la sociedad mercantil denominada ***************************; - ********************, quien se ostenta como apoderado legal de la sociedad mercantil denominada ***************************; - *********************, quien se ostenta como administrador único de la sociedad mercantil denominada ***********************; - ****************, quien se ostenta como administrador único de la sociedad mercantil denominada**********************; - ******************, como administrador único y representante legal de la sociedad mercantil denominada *********************; - ****************, quien se ostenta como administrador único de la sociedad mercantil denominada *******************; y, - *****************, quien se ostenta como administrador único de la sociedad mercantil denominada **********************; y, - *********************, por propio derecho. Se desprende que los actos reclamados se hacen consistir en: "1.- La inmovilización que se pretende llevar a cabo respecto de cada uno de los dispensarios (bombas despachadoras) que tenemos instalados en la Estación de Servicio (Gasolinera) de la cual somos titulares y cuta ubicación proprocionamos enseguida, por no cumplir con la Evaluación de la Conformidad de la quinta y sexta viñeta del numeral 7.3.1.2.4.1 y la verificación del software CAMF ACTU correspondientes a los numerales 7.3.2.6.4 y 10.2.2.4.14 de la Norma Oficial Mexicana NOM-005-SCFI-2017. 2.- La visita de verificación que pretende realizar a la Estación de Servicio (Gasolinera) de la cual es titular mi Representada, ubicada en el domicilio señalado anteriormente, para el efecto de llevar a cabo la Evaluación de la Conformidad de la quinta y sexta viñeta del numeral 7.3.1.2.4.1 y la verificación del software ***** correspondientes a los numerales 7.3.2.6.4 y 10.2.2.4.14 de la Norma Oficial Mexicana NOM-005-SCFI-2017". En ese contexto, en virtud de que los actos que se reclaman en esta contienda constitucional, se estima se encuentran desvinculados, pues, sin prejuzgar en este momento en lo específico respecto de su contenido, se considera que las supuestas órdenes de inmovilización y verificación reclamadas, en su caso, se analizarán en lo individual respecto de cada una de las morales mencionadas; en consecuencia, acorde a las reglas que rigen el juicio de amparo, al tratarse de actos autónomos, no pueden examinarse en un único juicio de amparo. Ahora, si bien en la Ley de Amparo no existe disposición expresa que regule la separación de juicios, resulta jurídicamente posible aplicar el numeral 66 de ese ordenamiento legal, que dice: "Artículo 66. En los juicios de amparo se substanciarán en la vía incidental, a petición de parte o ameriten ese tratamiento y surjan durante el procedimiento. El órgano jurisdiccional determinará, atendiendo a las circunstancias de cada caso, si se resuelve de plano, amerita un especial pronunciamiento o si se reserva para resolverlo en la sentencia". Del texto legal transcrito, se aprecia que en los juicios de amparo se substanciarán en la vía incidental cuando ameriten ese tratamiento y surjan durante el procedimiento constitucional, salvo cuando a juicio del órgano jurisdiccional, atendiendo a las circunstancias de cada caso, sea menester resolverlo de plano, a efecto de hacer realidad el principio de justicia pronta consagrado en el numeral 17 Constitucional. Corolario de lo anterior, con apoyo en el citado numeral 66 de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar de manera oficiosa la separación material de los autos; por lo que, deberá instrumentarse lo necesario para que en este juicio 702/2020, se tramite únicamente lo relativo a los actos reclamados por la parte quejosa **********, quien se ostenta como administradora única y representante legal de la moral **************, contra los aludidos actos reclamados. Ello, sin ser parcial en la designación de algún promovente, pues simplemente su elección fue en atención al orden en que se encuentra propuesto en el escrito inicial de demanda. Sin que pase inadvertido para este órgano jurisdiccional, que en el hecho dos de la demanda, se haga alusión a una persona de nombre **************; pues al respecto debe decirse que la misma no se encuentra mencionada en el proemio de la demanda, tampoco se hace alusión a ésta en la parte de la demanda identificada como "EXPONER", tampoco suscribió la demanda de amparo que nos ocupa y no fueron anexadas documentales en relación con la misma. Por lo que en el presente, no ha lugar a pronunciarse respecto de aquélla, al no advertirse vinculación de la misma con la demanda de amparo y los anexos que aquí se estudian. Esto es, del contenido de la demanda de amparo no se advierte que dicha persona promueva esta instancia constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, tomo VI, materia común, página 353, la cual dispone: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. EL JUEZ DE DISTRITO, AL DECRETARLA, DEBERÁ TOMAR LAS MEDIDAS Y SEÑALAR EL TRATO QUE A CADA UNO CORRESPONDA. Al decretarse la separación el Juez proveerá automáticamente la formación de los expedientes que en derecho resulten, registrándolos y engrosándolos con las copias certificadas que sean necesarias para su integración. Integrados los diferentes expedientes, el Juez ordenará el trato que jurídicamente a cada uno le corresponda, si todos son de su competencia, los fallará por cuerda separada, si uno de ellos es competencia de otro órgano, sea de la Suprema Corte, de un Tribunal Colegiado o de otro Juez de Distrito, se dará el trámite correspondiente, todo ello en aras de una mejor administración de justicia". Ahora, por lo que respecta a los diversos quejosos precisados en párrafos precedentes, se ordena que la secretaria certifique doce copias de la demanda, para que se forme en su oportunidad el juicio de amparo promovido por las mencionadas personas. En el entendido que dicha copia, se acompañará con las constancias que se adjuntaron; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Hecho lo anterior, remítanse a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, las copias certificadas antes mencionadas, junto con los anexos correspondientes, para que de no existir inconveniente alguno la registre y conforme a las cargas de trabajo la turne al Juzgado de Distrito en turno que corresponda. Desechamiento. En ese sentido se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ****************, administradora única y representante legal de la moral ****************; personalidad que se le reconoce en términos de la copia certificada por la Notaria Pública Auxiliar de la Notaría Pública Número Sesenta y Uno en el Estado de Oaxaca, del primer testimonio del instrumento ************, pasado ante la fe del Notario Público Número Ochenta y Dos en el Estado de Oaxaca. Lo anterior, sin perjuicio de oposición de parte legítima. Ahora, antes de proveer respecto de la admisión de la demanda, resulta necesario examinar si existe algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, que literalmente dispone: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es de citarse, en lo conducente, la Jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, de rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Así, en el caso concreto, este órgano jurisdiccional estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en concordancia con los numerales 1, fracción I, 5, fracción I, y 6°, del mismo ordenamiento, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico". "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley". El segmento normativo transcrito en primer orden establece que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en los que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano o de la Ley de Amparo. Al respecto es necesario establecer que la improcedencia constituye un obstáculo jurídico o de hecho que impide el pronunciamiento de fondo ante la falta de oportunidad o de pertinencia de la acción intentada; en ese sentido, una causal de improcedencia del juicio de amparo puede ser previa a su promoción o sobrevenir a ésta; en este último supuesto puede surgir durante la tramitación del juicio en cualquiera de sus instancias. Por lo que refiere a la segunda porción normativa trascrita, impone que para la procedencia del juicio de garantías, es necesario que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, por lo que las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de suerte que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados, es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten de momento en forma real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. En vía de consecuencia, la noción perjuicio para que proceda el juicio de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que, cuando es transgredido por la actuación de una autoridad o por la ley misma, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurídico correspondiente, demandando el cese de esa trasgresión. Así, en el caso concreto se estima que tales presupuestos, para la procedencia del juicio de garantías, no se encuentran satisfechos, puesto que la parte quejosa esencialmente se duele de: - La inminente visita de verificación que pretenden realizar las autoridades responsables a la Estación de Servicio (gasolinera), ubicada en Calle Lázaro Cárdenas número 1, Industrial, Santo Domingo Tonalá, 69290, Oaxaca, para llevar a cabo la Evaluación de la Conformidad de la quinta y sexta viñeta del numeral 7.3.1.2.4.1 y la verificación del software CAMF y ACTU correspondientes a los numerales 7.3.2.6.4 y 10.2.2.4.14 de la Norma Oficial Mexicana NOM-005-SCFI-2017; y como consecuencia de ello, la inminente inmovilización que se pretende llevar a cabo respecto de los tres dispensarios (bombas despachadoras) que tiene instalados en la Estación de Servicio (gasolinera) antes mencionada, por no cumplir con la Evaluación de la Conformidad de la quinta y sexta viñeta del numeral 7.3.1.2.4.1 y la verificación del software CAMF y ACTU correspondientes a los numerales 7.3.2.6.4 y 10.2.2.4.14 de la Norma Oficial Mexicana NOM-005-SCFI-2017. Al respecto, conviene precisar que en la demanda de amparo, la parte quejosa refiere que cuenta con permiso para llevar e cabo el expendio al público de gasolina y diésel, y que es titular de la Estación de Servicio (gasolinera), ubicada en Calle Lázaro Cárdenas número 1, Industrial, Santo Domingo Tonalá, 69290, Oaxaca, la cual cuenta con tres dispensarios, los dos primeros con dos bombas de gasolina Magna y dos bombas de Premium, y el tercero con dos bombas, una de gasolina Magna y una de Diésel. Asimismo, refiere que actualmente existen dos Normas Oficiales Mexicanas, con las cuales deben de cumplir los dispensarios que se pretendan comercializar en el país; la primera, refiere a la parte electrónica, publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil dieciocho, a saber la NOM-185-SCFI-2017 que entró en vigor ciento ochenta días naturales después de su publicación, esto es, el cuatro de marzo de dos mil diecinueve; y la segunda publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de octubre de dos mil dieciocho, a saber la NOM-005-SCFI-2017, la cual entró en vigor ciento ochenta dúas naturales después de su publicación, es decir, el ocho de abril de dos mil diecinueve. De igual manera, manifiesta que la Secretaría de Economía, a través de la Dirección General de Normas, el dieciocho de abril de dos mil diecinueve, publicó en el Diario Oficial de la Federación una modificación a la NOM-005-SCFI-2017, en la cual se adicionó un artículo Séptimo transitorio, en el que se estableció que la Evaluación de la Conformidad de la quinta y sexta viñeta del numeral 7.3.1.2.4.1 y la verificación del software CAMF y ACTU correspondientes a los numerales 7.3.2.6.4 y 10.2.2.4.14 de la citada Norma Oficial, se efectuaría a partir del ocho de octubre de dos mil veinte. Con motivo de lo anterior, la parte quejosa expresa que tiene conocimiento que la Procuraduría Federal del Consumidor empezó a efectuar visitas de verificación a Estaciones de Servicio, a partir del ocho de octubre de dos mil veinte, en las que constató que los dispensarios de las Estaciones que ya fueron verificadas, no cumplían con las Normas Oficiales Mexicanas antes mencionadas, lo que generó que dicha dependencia aplicara la medida precautoria establecida en el artículo 25 Bis, fracción I, de la Ley Federal de Protección al Consumidor, consistente en la inmovilización de dispensarios, lo cual implica una clausura virtual de la Estación de Servicio. Por lo que, esencialmente, acude a esta instancia constitucional, pues refiere que por causas no imputables a ella, no ha podido cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas, y por ende está expuesta a una inminente inmovilización de sus dispensarios por parte de la Procuraduría Federal del Consumidor. En tales condiciones, resulta evidente que los actos aquí reclamados, no producen una afectación actual, real y directa a la parte quejosa, por ser actos futuros e inciertos que actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia previamente invocada. Lo anterior, insístase, pues la parte quejosa incluso en sus antecedentes refiere que considera que será sujeta a verificación y con motivo de ello, es que se verán afectados sus derechos sustantivos; lo que evidencia que en el caso concreto en estudio, las autoridades responsables no han emitido ninguna orden de verificación a la parte quejosa y por ende tampoco se ha llevado a cabo ninguna inmovilización de sus dispensarios. Pues no debe perderse de vista que el juicio constitucional procede contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales. De lo que se sigue que al momento de instar la protección constitucional, en el caso concreto, no se advierte que la parte quejosa se encuentre resintiendo una afectación real y actual en su esfera jurídica. Lo que se considera así, en razón de que el juicio constitucional tiene como finalidad restituir al gobernado en el goce de la garantía violada y no así prevenir actos que en el futuro pudiera generar un acto de autoridad, como sucede en el caso concreto, en que el perjuicio no se evidencia que exista al momento de ejercitar la acción, sino que se reclama la posible orden de verificación e inminente inmovilización de dispensarios, siendo que en el caso concreto, aún no existe dicha orden en la cual se ordene la verificación de las Estaciones de Servicio (gasolinera) de la parte quejosa y por ende, tampoco exista la inmovilización de dichos dispensarios; pues contrario a lo anterior y admitir la demanda, se posibilitaría el ejercicio del control constitucional apoyado en meras expectativas y no así en actos reales y concretos. Pues incluso, no puede pasar desapercibido que a dicho de la parte quejosa desde el ocho de octubre del año en curso, se han realizado las referidas visitas, sin embargo, hasta la fecha de la presentación de la demanda de amparo, señala que las mismas no han acontecido. Es aplicable al caso la jurisprudencia 2a./J. 3/94 de la Octava Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo: 79, Julio de 1994, Página: 15, que establece lo siguiente: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." Atento a lo anterior, se estima, se actualiza la causa notoria de improcedencia en mención, en virtud de que los actos aquí reclamados, les reviste el carácter de futuros e inciertos, pues aún no existe una orden de visita de verificación por parte de las autoridades responsables. Por ende tampoco la inmovilización de dispensarios, pues este último acto, incluso únicamente se llevaría a cabo con motivo de la visita de verificación, la cual como se ha dicho, no se ha emitido, y en su caso, sin prejuzgar sobre los hechos, la sola visita e verificación pudiera ser que no le irradie ningún perjuicio en su esfera jurídica. Aunado a lo anterior, se insiste, sin prejuzgar sobre los hechos ni sobre el fondo del asunto; y tomando en consideración lo narrado por la parte quejosa, de conformidad con lo establecido por el artículo 1 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, el juicio de amparo no tiene como finalidad, en su caso, paralizar facultades de revisión por parte de una autoridad por posibles faltas administrativas. De ahí que al ser actos futuros e inciertos se estima que no le generan perjuicio alguno a la parte quejosa. Cierto, en ese sentido, este órgano jurisdiccional estima que el citado acto reclamado es un acto futuro de realización incierta, ya que su materialización depende de la conducta que adopte aquél a quien va dirigido en relación al cumplimiento de la obligación impuesta por la autoridad, porque sólo los actos de inminente realización son susceptibles de combatirse a través del juicio de amparo; ello, al depender de la actividad previa del propio peticionario de amparo frente al mandato judicial o bien de que la autoridad responsable decida ejercer o no, sus atribuciones. Lo anterior, insístase, dado que la procedencia del juicio de amparo está condicionada a que se reclamen actos concretos de autoridad que afecten un derecho subjetivo del gobernado (interés jurídico) o bien, a su esfera jurídica ya sea directa o derivada de su particular situación respecto al orden jurídico (interés legítimo). Además, como ya se dijo, de la lectura integral del escrito de demanda se advierte que a la fecha de su presentación, no se aprecia un acto de autoridad materialmente concreto, pues el perjuicio -en su caso sin prejuzgar, ocurrirá cuando se ejecute el acto de referencia, pudiendo desde luego no acontecer, por lo que se estima su inconformidad constituye un acto futuro de realización incierta, en razón de que no existe certeza de lo reclamado. De ahí que, se considera el juicio de amparo resulta improcedente contra actos inexistentes, futuros o de realización incierta y, porque aunque exista la norma, acto u omisión materia del reclamo, no basta el interés simple para acudir al amparo, pues es necesario demostrar objetivamente alguna afectación real y actual (no futura o de realización incierta) en la esfera jurídica de la parte quejosa, sea directa o indirecta con motivo de la especial situación que se tenga frente al orden jurídico, pues en caso contrario el examen de constitucionalidad versaría sobre un análisis abstracto de constitucionalidad, ajeno al objeto y fin del juicio de amparo. Se afirma lo anterior porque en el particular no existe algún oficio, mandamiento, disposición expresa o dato objetivo a la fecha de presentación de la demanda, que implique que la autoridad haya ordenado, se advierta o se infiera que pretenda llevar cabo la verificación reclamada y sus consecuencias; por tanto, contrario a la que afirma la parte quejosa, no existe certeza de que la autoridad, en uso de su facultad administrativa lleve a cabo los actos aquí reclamados. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XIX.2o.11 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, que se comparte; visible en la página 252, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en su novena Época cuyo contenido literal es: "ACTOS INMINENTES. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. El juicio de garantías procede en el fondo sólo contra actos ciertos y actuales, no inminentes, ya que resultaría imposible tratar de decidir sobre la inconstitucionalidad del contenido de actos que aún no se actualizan, y por ende, se desconocen sus términos." Asimismo, la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1032, tomo XV, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "ACTOS FUTUROS O PROBABLES. Contra ellos es improcedente conceder el amparo". Así, como la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 839, tomo XX, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "ACTOS FUTUROS. Contra ellos es improcedente conceder la protección federal". En consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se DESECHA de plano la demanda promovida por Alba de los Ángeles Cirigo Arias, administradora única y representante legal de la moral "Operadora Facysa", sociedad anónima de capital variable, ante un motivo manifiesto e indudable de su improcedencia. Sin que en el caso sea aplicable la Jurisprudencia 1a./J. 25/2003, sustentada por la Primera Sala de la Suprema de Justicia de la Nación, visible en la página 73 del Tomo XVII, Junio de 2003 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. LA RECLAMACIÓN DE UN ACTO FUTURO O INCIERTO, DEL CUAL NO PUEDA SABERSE CON EXACTITUD SI ES INMINENTE O SI LLEGARÁ O NO A MATERIALIZARSE, NO CONSTITUYE UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, POR LO QUE EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE", que cita la parte quejosa; lo anterior, pues lo que dilucidó dicha tesis, fue determinar si constituye o no una causa notoria y manifiesta de improcedencia, que motive el desechamiento de la demanda de amparo en la forma, el hecho de que sea de realización futura e incierta el acto reclamado en la demanda de garantías, como puede ser la orden de un embargo de bienes, de lanzamiento y desocupación de un inmueble, o cualquier otra actuación de un juicio civil donde se involucre el posible conocimiento del emplazamiento o de la existencia del juicio civil por parte de la quejosa. Lo que en el caso no acontece, dados los antecedentes narrados en párrafos precedentes. Ni tampoco, la diversa 2a./J. 168/2005 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 816 del Tomo XXIII, Enero de 2006 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. EL SEÑALAMIENTO DE UN NÚMERO CONSIDERABLE DE AUTORIDADES RESPONSABLES, A QUIENES SE LES IMPUTEN ACTOS FUTUROS CUYA INMINENCIA NO PUEDA SER EVIDENCIADA DESDE LA PRESENTACIÓN DE AQUÉLLA, NO CONSTITUYE UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA"; ello virtud esencial que la misma consistió en determinar si el señalamiento de un gran número de autoridades responsables, cuando se les imputen actos futuros, cuya inminencia o posibilidad de materialización no pueda ser evidenciada desde la presentación de la demanda, constituye o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; lo cual no se actualiza en el caso en estudio. Asimismo, cabe destacar que la determinación de desechar la demanda de amparo, tampoco contraviene el derecho de acceso a la justicia tutelada por el artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón que ese derecho es limitado, pues para que pueda ser ejercido es necesario cumplir con los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia para ese tipo de acciones, lo cual además brinda certeza jurídica; aunado a la circunstancia de que con esta determinación queda incólume el derecho del inconforme para interponer los recursos y los juicios que procedan en defensa de los derechos que estime vulnerados; lo que además es acorde a lo que establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica). Sólo a título de abundamiento cabe comentar que lo dispuesto por el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que los derechos humanos se interpretaran conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que favorezca de la manera más amplia a las personas (principio pro persona), también lo es que la aplicación de este principio y el control de convencionalidad, no pueden servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales del juicio de amparo: es decir, su aplicación no implica el desconocimiento de los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia de las acciones. En apoyo se invoca la tesis CCXXVI/2012, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, de rubro siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO.". Así también la jurisprudencia VI.3o.A. J/2 (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en la página 1241, del libro XVII, febrero de 2013, tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta cuyo registro es 2002861, que en su rubro expone: "PRINCIPIO PRO HOMINE Y CONTROL DE CONVENCIONALIDAD. SU APLICACIÓN NO IMPLICA EL DESCONOCIMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS FORMALES Y MATERIALES DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA DE LAS ACCIONES." Asimismo, el hecho de que se actualice una causal de improcedencia en el presente juicio de amparo, de ninguna manera implica que se les esté negando a la parte promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia. Apoya la anterior determinación, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, Décima Época, visible en la página 2066, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 3, aplicada en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo cuyo rubro a la letra dice: "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL." Exhorto para la promoción del juicio en línea. Se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del presente mediante el esquema del juicio e línea, de conformidad con el artículo 28, del "ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19". Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo para los casos en los que se deban realizar notificaciones personales, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción, logre llevarlas a cabo. Domicilio y autorizados. Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en su demanda de amparo. Asimismo, se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Enimio Octavio Guillén Zavaleta, Ezequiel Cruz Martínez y Onán Aragón Santiago, por tener su cédula profesional registrada en la base de datos del Sistema de Registro de Profesionales del Derecho (REGPROF); y únicamente para oír y recibir notificaciones a José Luis Ramírez Santiago, por no contar con el registro respectivo y las restantes personas mencionadas en el escrito de demanda inicial, por así haberlo solicitado expresamente. Consulta del expediente electrónico. Vista la certificación de cuenta, se autoriza al usuario GuillenZavaleta, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, para consultar vía internet el expediente electrónico del juicio en que se actúa; en consecuencia, realícese la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para lo cual instrúyase al analista jurídico de dicho sistema adscrito a este Juzgado de Distrito. Correo electrónico y número telefónico. Con fundament en el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, se toma nota del correo electrónico que proporciona y número de celular, para entablar, únicamente comunicaciones no procesales, cuyo contenido se registrara, en su caso, y, de ser necesario, se incorporará al expediente previa certificación correspondiente. Uso de medios electrónicos. Por cuanto hace a la solicitud del uso de los medios electrónicos para la consulta de las actuaciones que integran el presente expediente, con fundamento en el artículo 57 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dígasele que no ha lugar a proveer de conformidad, pues la Ley de Amparo y el Código Federal de Procedimientos Civiles no prevén la autorización de dichos medios electrónicos para tal fin; por lo que, se deja expedito su derecho, a fin de solicitar el fotocopiado que solicita por la vía tradicional, si a su interés conviene. No se soslaya a lo anterior, la existencia de la circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, misma que si bien manifiesta no tener inconveniente en que se autorice dichos medios electrónicos, deja expedita dicha facultad a los titulares de los órganos jurisdiccionales donde se tramitan los juicios relativos. Ley de Transparencia. Se comunica a las partes, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los numerales 1 a 16, 68, 71, 110, y 118, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 5, fracción XVI, 14 y 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, los diversos 1, 7, 9 y 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo dispuesto por los numerales 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (en términos del transitorio tercero de la referida Ley Federal), que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio, constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en el artículo 110 de la ley Federal citada. En la inteligencia que, de existir alguna oposición expresa a que se publiquen los datos, de conformidad con los artículos 93 y 94 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, dicha oposición, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos del artículo 113 de la mencionada Ley. De la gratitud en el servicio. Hágase saber a las partes que de conformidad con lo que dispone el artículo 17 de la Carta Magna, todos los servicios que presta este Juzgado de Distrito son gratuitos. Notifíquese personalmente.
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