Melchor Alejandro Gaeta Garcia
Expediente 153/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 12 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 153/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 12/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Melchor Alejandro Gaeta Garcia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Mérida, Yucatán, doce de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia de veintidós de marzo de dos mil veintitrés, que sobreseyó el presente juicio, sin que lo haya hecho. En consecuencia, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA la citada sentencia que en su único resolutivo, sobreseyó en el presente juicio de amparo, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Amparo, archívese el presente juicio como asunto concluido. Con apoyo en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que en el mismo se sobreseyó el presente juicio. Asimismo, se hace notar que no se tramitó incidente de suspensión y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes. En términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación en la carátula del presente expediente de la fecha en que se ordena el archivo y que se trata de un asunto destruible. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
En Mérida, Yucatán, a las DIEZ HORAS CON DIECISIETE MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, día y hora señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional, en el juicio de amparo 153/2023-VI, promovido por Melchor Alejandro Gaeta García, estando en audiencia pública Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistida del Secretario Miguel Alejandro Patrón Ballote, con quien actúa y da fe, procede a celebrarla sin la asistencia de las partes. El Secretario hace relación de la demanda y demás constancias de autos, y da cuenta con los informes justificados rendidos por el Presidente, Auxiliar y Actuario, todos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, todas con sede en esta ciudad, los cuales obran agregados en autos. Seguidamente la Jueza acuerda: téngase por rendido en tiempo y forma los informes justificados de las autoridades responsables, para ser relacionados y tomados en consideración como corresponda. Abierto el período de pruebas, se da cuenta con la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto ofrecidas por la parte quejosa en su demanda de amparo, y las documentales adjuntadas por el Presidente de la Junta responsable a su informe justificado. La Jueza acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas las pruebas de referencia, en virtud de su especial naturaleza jurídica, las cuales serán tomadas en consideración como corresponda; sin más pruebas pendientes por desahogar, se declara cerrada esta etapa. Abierto el período de alegatos, se da cuenta con las alegaciones vertidas por la Agente del Ministerio Público adscrita a este Juzgado en su alegato ministerial 134/2023, a lo que la Jueza acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados las manifestaciones de la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, mismas que serán tomadas en consideración al momento de emitir la sentencia de amparo. Hecho lo anterior, se declara cerrada la presente etapa. Finalmente, al no existir diligencias pendientes por desahogar, se procede a dictar la siguiente sentencia. Visto, para resolver el presente juicio de amparo número 153/2023-VI promovido por Melchor Alejandro Gaeta García, contra los actos que reclama de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, y otras autoridades, por considerarlos violatorios de los artículos 8 y 17 Constitucionales; y, R E S U L T A N D O S: PRIMERO. Por escrito presentado el treinta de enero de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, turnado el mismo día a este Juzgado Tercero de Distrito, Melchor Alejandro Gaeta García, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclamó de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, Auxiliar y Actuario de su adscripción. SEGUNDO. Por auto de uno de febrero de dos mil veintitrés, se admitió la demanda de amparo, que quedó registrada con el número 153/2023-VI; se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional del juicio, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O S: PRIMERO. COMPETENCIA. Esta Juzgadora Federal, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción l, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal, 36 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, modificado por el 28/2016 del propio Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, porque la omisión reclamada es atribuida a una autoridad donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO...OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Debe estimarse oportuna la presentación de la demanda de amparo, en razón que de su lectura sistemática se infiere que el acto reclamado es de naturaleza omisiva y por tanto, su impugnación no está sujeta al término de quince días que ordinariamente señala el artículo 17 de la ley de la materia, ya que se trata de omisiones de la responsable que crean situaciones permanentes, las cuales pueden reclamarse en cualquier tiempo, en tanto no se subsanen; por lo que no puede actualizarse el consentimiento tácito o expreso y, por consiguiente, tampoco la extemporaneidad de la demanda, en razón de que no puede tenerse como base un día específico para iniciar el cómputo del término, ni puede obligarse al peticionario de amparo, a que promueva el amparo antes de que estime pertinente hacerlo. TERCERO. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo se procede a realizar la fijación del acto reclamado. Para tal efecto, se analiza en su integridad la demanda, congruentemente con la totalidad de la información del expediente del juicio. Se atiende también el contenido de la tesis P. VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es el siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese sentido, del examen integral de la demanda de amparo y de las constancias de autos se obtiene los siguientes actos reclamados: La omisión de la Junta responsable de emplazar a la demandada LEONI WIRING SYSTEMS DE YUCATÁN, S.A. DE C.V., al juicio laboral 326/2020. El señalamiento de una fecha lejana para llevar a cabo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en el juicio laboral de juicio laboral 326/2020, en un plazo que excede lo previsto en la ley laboral. CUARTO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. El Presidente, Auxiliar y Actuario, todos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, al rendir su informe con justificación, manifestaron que son ciertos los actos que se les atribuyen; e hicieron manifestaciones para defender la constitucionalidad de su actuar, a lo cual agregaron que ya fue notificada la parte demanda al sumario de origen; y con el propósito de verificar lo expuesto, la Presidenta de la Junta responsable señaló que anexaba copia certificada relativas de la totalidad de las constancias que integran el expediente laboral 326/2020. Documentales a las que esta juzgadora le otorga valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, toda vez que fue emitida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. QUINTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA ACTUALIZADA RESPECTO DEL PRIMER ACTO RECLAMADO. Atento a la técnica que rige el juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, antes de examinarse la materia de fondo de la litis constitucional, debe analizarse el tema de la procedencia del juicio de amparo, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Resulta aplicable la tesis jurisprudencial número 814, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que a la letra, título y pie, señala: IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.- Las causales de improcedencia de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. Ahora, en cuanto al acto reclamado consistente en la omisión de la Junta responsable de emplazar a la demandada LEONI WIRING SYSTEMS DE YUCATÁN, S.A. DE C.V., al juicio laboral 326/2020, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, cuyo estudio es preferente, la cual establece literalmente, lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta a la peticionaria de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Como se precisó, en el presente apartado se analiza el acto consistente en la omisión de la Junta responsable de emplazar a la demandada LEONI WIRING SYSTEMS DE YUCATÁN, S.A. DE C.V., al juicio laboral 326/2020. Sin embargo, como se mencionó, de las constancias que el Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, adjuntó a su informe justificado, se desprende que mediante constancias actuariales de ocho de febrero de dos mil veintitrés, la fedataria adscrita a la Junta, levantó razón, en el cual expuso que procedió a notificar a demandada LEONI WIRING SYSTEMS DE YUCATÁN, S.A. DE C.V., al sumario de origen, mediante cedula de notificación de esa misma data. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos de la omisión atribuida a las autoridades responsables, al haberse demostrado que la Actuaria de la Junta responsable en fecha uno de julio del año en curso, llevó a cabo el emplazamiento a la citada demanda, mediante cedula de notificación, al sumario de origen, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación impugnada. Es así, porque la parte quejosa reclamó la violación al derecho de prontitud en la impartición de justicia a partir de la inactividad de las autoridades responsables de emplazar a la parte demandada al juicio laboral de origen, lo que en el caso se subsana con las constancias de notificación de ocho de febrero del año en curso, emitidas por la actuaria responsable. Dados los motivos expuestos, se concluye que en la especie se actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, por ende, conforme al numeral 63, fracción V, del propio ordenamiento, por tanto, este Juzgado de Distrito decreta el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, respecto al acto reclamado consistente en la omisión de la Junta responsable de emplazar a la demandada LEONI WIRING SYSTEMS DE YUCATÁN, S.A. DE C.V., al juicio laboral 326/2020. SEXTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA ACTUALIZADA RESPECTO DEL SEGUNDO ACTO RECLAMADO. En el presente apartado, se analizara el acto reclamado consistente en el señalamiento de una fecha lejana para llevar a cabo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en el juicio laboral de juicio laboral 326/2020, en un plazo que excede lo previsto en la ley laboral. Ahora bien, esta Juzgadora Federal advierte que en el caso se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el artículo 77, este último interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, en mérito de las razones que se exponen a continuación, que se traduce en la imposibilidad de concretar los efectos del fallo protector. En efecto, en el caso la quejosa reclama que la junta responsable fijó a audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el juicio reclamatorio laboral 326/2020, una fecha lejana situación que alega viola sus derechos fundamentales toda vez que no se le está administrando justicia en los plazos y términos establecidos en la ley. Ahora bien, se afirma que en la especie se surte la causa de improcedencia en estudio, toda vez que, aun cuando se estimaran vulnerados los derechos fundamentales de la quejosa con motivo del acto reclamado, no se podría restituir a la peticionaria del amparo en el goce de los mismos. Ello, debido a que en la especie, el efecto de una posible concesión de amparo sería para que la autoridad responsable dejara sin efecto el acuerdo dictado el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, en la parte conducente, que fijó las once horas del cuatro de abril de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, y señalara una nueva data para su verificación, dentro del plazo de quince días previsto en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, lo que traería como consecuencia, que la hora y fecha ya establecida para el desahogo de la referida audiencia - cuatro de abril de dos mil veintitrés - quedara sin efecto, retrasando aún más la integración del expediente laboral de origen, es decir, el efecto sería contrario a lo que busca la parte quejosa. Se considera lo anterior de esa manera, tomando en consideración que el presente juicio de amparo se está resolviendo en fecha veintidós de marzo de dos mil veintitrés, por lo que de no ser recurrida por alguna de las partes la sentencia causaría ejecutoria el trece de abril del año en curso y en esa fecha se requeriría el cumplimiento. Lo anterior, evidencia que tal situación, sería incluso posterior, a la data señalada para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, que actualmente se encuentra fijada por la responsable para cuatro de abril de este año, y por tanto, de concederse el amparo, ya no podría ejecutarse sus efectos, dado que la data señalada actualmente para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones ya habrá sucedido. Por ello, lo que procede es decretar el sobreseimiento en el presente asunto, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 77, interpretado en sentido contrario, de la propia Ley, debido a la imposibilidad de concretar los efectos del fallo protector. Resulta aplicable al caso en lo conducente, la tesis de jurisprudencia número 2ª./J. 7/97, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo V, febrero de 1997, página 281, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA. SE PRESENTA EN EL AMPARO CUANDO ES IMPOSIBLE RESTITUIR AL QUEJOSO EN EL GOCE DE SU GARANTIA CONSTITUCIONAL VIOLADA. Cuando se reclame un acto de autoridad que se funde en dos ordenamientos distintos, cualquiera de los cuales puede sustentarlo por sí solo, y únicamente se impugne uno de ellos, el juicio de garantías es improcedente de conformidad con lo ordenado por la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto por el artículo 80 del mismo ordenamiento, toda vez que aun en el caso de que se declarara la inconstitucionalidad del ordenamiento impugnado, no sería posible restituir al quejoso en el pleno goce de la garantía individual violada porque el acto reclamado seguiría subsistiendo sustentado por el diverso ordenamiento que no se combatió". En las relatadas condiciones, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo con apoyo en el artículo 63, fracción V, al actualizarse las hipótesis de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XXI y XXIII, en relación con el artículo 77, este último interpretado en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo. Se cita como apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 187, Tomo VI, Apéndice 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, con registro 197245, que señala: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO.- El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven."; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija." En consecuencia, al haberse concretado la causal de improcedencia invocada, lo que procede es sobreseer en el presente juicio constitucional, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, respecto al acto reclamado consistente en la fecha lejana para llevar a cabo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en el juicio laboral de juicio laboral 326/2020, sin que sea necesario realizar el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, pues la actualización de algún motivo que haga improcedente el juicio, como acontece, impide pronunciarse sobre cualquier cuestión relacionada con el problema de fondo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 49, del Semanario Judicial de la Federación, Tercera Parte, materia común, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 64, 73, 74, 75, 76 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por Melchor Alejandro Gaeta García, contra los actos que reclamó de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, Auxiliar y Actuario de su adscripción, todos con sede en esta ciudad de Mérida, por las razones expuestas en el considerando quinto y sexto de este fallo. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, quince de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos el alegato ministerial signado por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, en el que, por los motivos que expone, solicita se sobresea, o en su caso, se niegue el amparo a la parte quejosa; lo anterior, para que sea relacionado al celebrarse la audiencia constitucional respectiva, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo. Por otra parte, no ha lugar a acceder a su solicitud de expedir copias certificadas de la resolución que solicita; toda vez que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3º, fracción III del Acuerdo General 12/2020 del propio Pleno que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente debe constar únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso, de ahí que ésta actuación al ser emitida con posterioridad a dicha fecha, no debe imprimirse al expediente, sino únicamente debe obrar en el electrónico. Sin perjuicio de lo anterior, de conformidad con el Acuerdo General 12/2020 se hace saber a la Agente del Ministerio Público que se encuentra en aptitud de acceder al expediente electrónico e imprimir las constancias que requiera, puesto que, al contar con evidencia criptográfica tendrán el mismo valor probatorio que el de una copia certificada. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, quince de febrero de dos mil veintitrés. Agréguense a estos autos los informes justificados rendidos por el Presidente, Auxiliar y Actuario, todos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, todos con sede en esta ciudad de Mérida; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista con dichos documentos a las partes en este juicio y relaciónense al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
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