Melany de la Caridad Romeo Jorge
Expediente 27/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 13 actuaciones registradas, la última del 10 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 27/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 10/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Melany de la Caridad Romeo Jorge
- Bryan Arregoitia Peña
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, diez de marzo de dos mil veintidós. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia de diecisiete de febrero de dos mil veintidós, que sobreseyó en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado ejecutoria. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de Juzgado, correspondiente al registro de juicios de amparo con el número que le corresponda; y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Devolución de documentos. Resulta innecesario dar vista a las partes a fin que soliciten la devolución de documentos originales, dado que no se advierte la exhibición de éstos. Incidente de suspensión. Acuérdese lo conducente en relación con la valoración y destino de los cuadernos incidentales de suspensión que derivan del presente juicio de amparo. Notifíquese; y por oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Incidental
Incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 27/2022 A-II Certificación. En Hermosillo, Sonora, a diez de marzo de dos mil veintidós, María Guadalupe Noriega Vega, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, hago constar y certifico: que en esta fecha, en el cuaderno principal, se ordenó el archivo del juicio de amparo del que deriva este incidente y se ordenó proveer sobre la valoración y destino de los cuadernos incidentales. Doy fe. Cuenta. El diez de marzo de dos mil veintidós, se da cuenta al juez con la certificación que antecede, con el estado procesal que guardan los autos y con la certificación de veinticuatro de febrero pasado, levantada por el secretario encargado del libro trece -Auxiliar- de Juzgado, correspondiente al registro de control de firmas. Conste.Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Audiencia y resolución constitucional En Hermosillo, Sonora, a las nueve horas con treinta y siete minutos del diecisiete de febrero de dos mil veintidós, en audiencia pública, Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria con quien autoriza y da fe, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, la secretaria relaciona las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con: el escrito inicial de demanda, con las constancias de emplazamiento a juicio de las partes y con los informes rendidos por las autoridades responsables (de plano y justificados). El juez acuerda: téngase por realizada la relación de constancias y certificación que antecede, para los efectos legales conducentes. Asimismo, se hace constar que transcurrió a las partes el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo para imponerse de la totalidad de las constancias que integran el presente juicio de derechos. El juez acuerda: se tiene por hecha la certificación de constancias. Además, revisado el estado de autos, dada la naturaleza del acto reclamado, no se actualiza alguna de las hipótesis previstas en el artículo 5°, fracción III, de la Ley de Amparo, por lo que no existe tercero interesado. A continuación, se declara abierto el periodo probatorio, y la secretaria da cuenta con las documentales exhibidas por las autoridades responsables. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su especial naturaleza las aludidas probanzas. Cerrada la etapa de pruebas y abierta la de alegatos, la secretaria hace constar que las partes omitieron realizar manifestaciones. El juez acuerda: se tiene por perdido el derecho de las partes para expresar alegatos; se cierra esta fase y se procede a dictar la resolución respectiva. V i s t o s, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto 27/2022 A-II, promovido por David Ameth Valdovinos López, en favor de Melany de la Caridad Romeo Jorge y Bryan Arregoitia Peña contra los actos atribuidos al titular de la oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Sonora, con residencia en esta ciudad, y otra autoridad; y, Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito de demanda presentado el ocho de enero de dos mil veintidós, ante el secretario de guardia de este órgano jurisdiccional, los referidos quejosos solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y por los actos que se precisarán con posterioridad. Mediante acuerdos emitidos de la referida data ?ocho de enero de dos mil veintidós?, este juzgado ordenó ratificar la demanda, decretó la suspensión de plano, admitió a trámite la demanda, pidió a las autoridades señaladas como responsables su informe con justificación, dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete, quien no formuló pedimento, y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se celebró en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los considerandos siguientes: Competencia Este juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, ello de conformidad con lo previsto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud que el acto de reclamo emana de autoridades con residencia en el ámbito territorial donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. Precisión del acto reclamado Del estudio integral de la demanda de amparo, con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa como actos reclamados: La incomunicación, la emisión de una orden de detención, aseguramiento, retención, orden de deportación, orden de traslado de los quejosos a otra Estación Migratoria del país, así como su ejecución. Inexistencia de los actos combatidos No son ciertos los actos reclamados consistentes en la incomunicación, detención, aseguramiento, emisión y ejecución de una orden de deportación y traslado girada en contra de los peticionarios de amparo, pues así lo manifestaron en sus informes justificados, el titular de la oficina de representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Sonora, Órgano Técnico Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, así como el subdirector de la Estación Migratoria de Hermosillo, de la oficina de representación del instituto en cita, ambas con residencia en esta ciudad, asimismo, se hace patente la inexistencia de los citados actos reclamados con las constancias remitidas a esta instancia por las autoridades de referencia, las cuales tienen valor probatorio pleno conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia 226, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." Por su parte, la autoridad responsable representante local en el Aeropuerto Internacional de Hermosillo del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Sonora, Órgano Técnico Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, con sede en esta ciudad, omitió rendir su informe justificado no obstante encontrarse debidamente notificado para tal efecto; por tanto, se toma el relativo a la suspensión de plano otorgada en este juicio rendido por dicha autoridad, pues en él manifestó la inexistencia de los actos reclamado por la parte quejosa, y fue puesto a la vista de las partes con una anticipación de más de ocho días, como lo requiere el artículo 117 de la legislación de la materia. Sobre el tema, se cita la tesis aislada II.2o.P.25 K (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, con número de registro 2014261, consultable en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en el Libro 42, del mes de mayo de dos mil diecisiete, Tomo III, Materia Común, página 1933, cuyo epígrafe y texto dicen: "INFORME RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE LA SUSPENSIÓN DE PLANO. PUEDE PRODUCIR LOS EFECTOS DE INFORME JUSTIFICADO Y CONSTITUIR UN MEDIO IDÓNEO PARA DETERMINAR LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO, SIEMPRE QUE REÚNA LOS REQUISITOS LEGALES, SIN QUE ELLO IMPLIQUE EXIMIR A LA AUTORIDAD OMISA DE LA MULTA POR NO RENDIR ÉSTE, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 260, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación relacionada y sistemática de los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, se advierte que el informe justificado no reviste solemnidad alguna ni debe cumplir con mayores requisitos que los siguientes: a) Rendirse en el plazo correspondiente (quince días, prorrogables por diez más); b) Exponer las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio, la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado; c) Anexar copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo; y, d) Las exigencias adicionales previstas para los actos materialmente administrativos y agrarios. En ese tenor, partiendo de la base lógica que representa la imposibilidad de aportar razones, fundamentos y constancias de un acto inexistente, se arriba al convencimiento de que, en tal caso, bastará que el oficio correspondiente haga referencia al juicio de amparo en cuestión, quejoso y acto reclamado, negando expresamente la existencia de éste, con indicación del nombre y cargo del servidor público que lo rinde (requisitos legales), para que dicha comunicación sea considerada como informe justificado en toda forma, y produzca plenos efectos para determinar la existencia o inexistencia del acto reclamado, con independencia de que se haya rendido con alguna otra finalidad manifiesta, como puede ser cumplir con el requerimiento relativo a la suspensión de oficio, sobre todo, al considerar que ambos informes (justificado y de suspensión de plano), por regla general, son requeridos en el mismo proveído inicial, siendo irrelevante la denominación que se dé a la comunicación procesal en cuestión, lo que no opera respecto del informe previo rendido en el incidente respectivo, que se lleva por cuerda separada pues, resultaría inadmisible hacer que un informe rendido en determinados cuadernos (incidentales) produzca efectos en otro (principal), sin que medie alguna intervención de las partes en ese sentido y, derivado de ello, se realice el cotejo de la copia correspondiente para agregarse al expediente respectivo o, al menos, se certifique el contenido del informe que pretende trasladarse, siempre que no exista algún otro motivo legal que impida acceder a tal solicitud, y sin que ello implique eximir a la autoridad omisa de la multa que pudiera imponérsele, en términos de la fracción II del artículo 260 de la propia ley, ni de cualquier otra sanción, por no rendir el informe justificado." Por otra parte, de las documentales que acompañaron a su informe justificado algunas de las autoridades responsables, se aprecia que se instruyó en contra de los quejosos Melany de la Caridad Romeo Jorge y Bryan Arregoitia Peña los procesos administrativos migratorios E.A./1S.9/SON/EM/25/PRESENTADOS/05-01-2022 y E.A./1S.9/SON/EM/26/PRESENTADOS/05-01-2022, respectivamente, sin embargo, a la fecha de presentación de la demanda de amparo, incluso a la fecha en que se emite la presente sentencia, no se advierte la existencia de alguna orden de detención, aseguramiento, deportación o traslado en contra de los quejosos. Por su parte, en relación con el acto reclamado consistente a la incomunicación, se destaca, que obra razón actuarial en autos, la cual revela que el actuario judicial adscrito, notificó a los quejosos de forma personal el proveído mediante el cual se les otorgó la suspensión de plano de los actos reclamados, por tanto, es incuestionable que resulta inexistente el referido acto. Ilustra lo anterior la tesis 2a./J. 3/94, que dice: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." También la diversa 1a./J. 36/1998, que indica: "ACTO RECLAMADO DE CARÁCTER POSITIVO. SU EXISTENCIA DEBE ANALIZARSE DE ACUERDO A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, AÚN EN EL CASO DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN. Cuando se trata de actos de carácter positivo, su existencia debe analizarse de acuerdo con la fecha en que se presentó la demandada de amparo, aún en la hipótesis de que se trata de orden de aprehensión, porque el juicio de garantías procede contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales, conclusión que se obtiene de una debida intelección de los artículos 1o., fracción I, 74, fracción IV y 78 de la Ley de Amparo, en virtud de que dichos preceptos no atienden a la materia en que se haya originado el acto, ni tampoco a la naturaleza y características de éste, de manera que si la orden de aprehensión se gira con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo debe sobreseerse por inexistencia del acto reclamado." En esas circunstancias, lo que procede es sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, por lo que a dicho acto se refiere. Existencia de los actos combatidos Por otra parte, es cierto el acto atribuido a las autoridades responsables, consistente en la retención de los quejosos en un alojamiento temporal de estación migratoria, pues no obstante que al rendir sus informes con justificación, negaron los acto que se les atribuye, lo cierto es que hacen manifestaciones que evidencian su certeza. Es ilustrativa la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA." Así también, es cierto el acto reclamado de referencia en lo que corresponde a la autoridad responsable, representante local en el Aeropuerto Internacional de Hermosillo del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Sonora, Órgano Técnico Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, con sede en esta ciudad, en virtud de que forma parte del organigrama del instituto en cita ?al que pertenecen el resto de las autoridades responsables?. Causa de improcedencia actualizada En cumplimiento al artículo 62 de la Ley de Amparo, este juzgador se avoca al estudio de la procedencia del presente juicio constitucional, cuyo examen es de carácter previo y preferente. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO." En el presente asunto, respecto el acto consistente en la detención y retención del quejoso en un alojamiento temporal de estación migratoria, se advierte actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.]" De dicha causa de improcedencia, se pueden actualizar dos supuestos, a saber: a) Cuando los efectos del acto reclamado desaparezcan o se destruyan inmediata, total, incondicional y materialmente; supuesto en el que con tal destrucción, el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella alguna en su esfera jurídica y patrimonial (revocación); y, b) Cuando se da la sustitución de actos procesales, que conlleva a que uno queda en suspenso hasta en tanto se decide el otro, por la relación que guardan entre sí, en donde la resolución del segundo da firmeza a los actos del proceso dictados previamente, esto es, el segundo acto sustituye al primero e incide sobre su vigencia y ejecutividad (sustitución). En el primero de los precitados supuestos se indica que los efectos de un acto reclamado no cesan sino hasta cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. En otras palabras, de acuerdo al supuesto en análisis, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la destrucción definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, lo cual puede verse acompañado o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, merced a que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Lo anterior, acorde a la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." En cuanto a la hipótesis indicada en el inciso b), relativa a la sustitución procesal, se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo, esto es, cada nuevo acto que se relaciona con el anterior, en su caso, lo sustituye procesalmente y le da firmeza. Ilustra lo anterior, la tesis I.3o.C.92 K, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO." En el caso a estudio, se actualiza la segunda de las hipótesis antes reseñadas -sustitución-, pues la parte inconforme combate la detención y retención del quejoso en un alojamiento temporal de estación migratoria, derivado del procedimiento migratorio instruido en su contra. Para demostrar tal aserto, de las constancias remitidas por las responsables, se destaca la salida de los quejosos Melany de la Caridad Romeo Jorge y Bryan Arregoitia Peña de la estación migratoria, lo cual tiene sustento en los oficios números INM/DFSON/EM/HMO/196/2022 y INM/DFSON/EM/HMO/197/2022, de doce de enero del año en curso, emitidos en los procesos administrativos migratorios referidos con antelación, por haber cumplido los requisitos establecidos en el artículo 102 de la Ley de Migración. Sentado lo anterior, se concluye que los quejosos se encuentran en libertad, tal y como se advierte de la copia certificada del oficio de salida de la estación migratoria que exhibieron las autoridades responsables al juicio en que se actúa; por ende, ello constituye la cesación de sus efectos, a virtud de que la retención reclamada fue sustituida procesalmente por la orden de libertad decretada por cumplir con los requisitos previstos en el precepto 102 de la Ley de Migración, a fin de lograr su estancia regular en el país, en lo que se dicta resolución definitiva; de ahí que el acto aquí reclamado dejó de surtir sus efectos con el nuevo pronunciamiento efectuado al respecto, lo cual hace improcedente el presente juicio de amparo y, en vía de consecuencia, la actualización de la hipótesis de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, por las razones que la contienen, la tesis V.5o.1 K, de rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. PARA VERIFICAR SI SE ACTUALIZA ESE MOTIVO DE IMPROCEDENCIA, NO SE REQUIERE ANALIZAR LA LEGALIDAD DEL DIVERSO ACTO QUE LO REVOCA O SUSTITUYE PROCESALMENTE, SINO ÚNICAMENTE DETERMINAR SI LOS EFECTOS QUE PRODUCE ORIGINAN O NO LA CITADA CAUSAL. La fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo establece que el juicio de garantías es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, hipótesis definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquella que se surte cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Por consiguiente, atendiendo a la naturaleza y finalidad de dicho motivo de improcedencia, el aspecto que debe tomarse en consideración para determinar si se actualiza o no, es precisamente la trascendencia de la nueva actuación de la autoridad que revoca, sustituye o inhabilita los efectos jurídicos del acto combatido, a fin de dilucidar si efectivamente se destruye en forma total la afectación que se podría generar al quejoso; empero, para determinar ese extremo, no es dable analizar si esa nueva actividad administrativa, se encuentra debidamente fundada y motivada, pues a la postre sería irrelevante dilucidar esa cuestión ya que no es la que sustenta la improcedencia del juicio, que se apoya en el hecho de que no hay una materia específica en la que pudiera recaer la sentencia protectora y la consecuente ociosidad de atender las cuestiones planteadas, además de que no se trata de un acto de molestia que deba cumplir los requisitos de legalidad de fundamentación y motivación, pues no se dirige a afectar la esfera jurídica del quejoso, sino que es el medio a través del cual se le comunica que el diverso acto que impugnó ha dejado de surtir plenamente efectos legales; ello, sumado al hecho de que estimar que puede efectuarse ese estudio, implicaría examinar la legalidad de un acto diverso al reclamado, incluso en forma oficiosa, lo que quebrantaría el principio de instancia de parte agraviada e implicaría que el fallo respectivo se tornara incongruente, al verificar cuestiones ajenas a la materia del juicio y, además, llevaría a que se resolvieran aspectos de fondo que técnicamente no pueden abordarse si debe decretarse el sobreseimiento en el juicio." Decisión En esa virtud, en atención a las consideraciones plasmadas, al configurarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, con fundamento en el precepto 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de derechos. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R e s u e l v e Único. Se sobresee en el juicio de amparo, promovido por David Ameth Valdovinos López, en favor de Melany de la Caridad Romeo Jorge y Bryan Arregoitia Peña, por las razones y fundamentos expuestos en los considerativos III y V de este fallo. Notifíquese por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria de Juzgado con quien legalmente actúa, que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, catorce de febrero de dos mil veintidós. Se incorpora razón actuarial. Agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda la razón actuarial de cuenta suscrita por el actuario judicial adscrito, mediante la cual manifiesta, en lo medular, la imposibilidad de notificar a la parte quejosa la resolución incidental de catorce de enero pasado, dictada dentro del presente incidente de suspensión, en virtud de que fueron puestos en libertad el doce de enero del año en curso. En virtud de lo anterior, se comisiona al actuario adscrito para que notifique a la parte quejosa la resolución incidental de catorce de enero de dos mil veintidós, así como las subsecuentes notificaciones, por medio de estrados que se fijen en este órgano jurisdiccional, toda vez que del escrito de demanda se advierte que fueron señalados por la parte quejosa como domicilio para oír y recibir notificaciones. Notifíquese por medio de estrados a la parte quejosa la resolución incidental de catorce de enero de dos mil veintidós, así como las subsecuentes notificaciones. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
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