Melania Gómez Santiz y Otros.
Expediente 843/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 843/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 12/07/2022
Partes del expediente
- Melania Gómez Santiz y Otros.
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; doce de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda de amparo, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); ARCHÍVESE el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15 del acuerdo citado en líneas que anteceden. 2. Una vez cumplido el término a que se refiere el punto anterior, este órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo dispone el penúltimo párrafo del citado artículo 21. 3. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; treinta de junio de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho, contra el acto que atribuye a la siguiente autoridad: 1. Juez Segundo del Ramo Civil del Distrito Judicial de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 843/2022-1-B. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, textualmente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo anterior se deduce que los motivos de improcedencia que afecten la demanda de amparo deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior análisis de comprobación hagan inejercitable la acción de amparo, tomando en consideración que el adjetivo "manifiesto" significa claro o evidente, mientras que "indubitable", cierto, seguro, que no puede dudarse. En armonía con lo anterior, es aplicable la tesis 2a.LXXI/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tiene por rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". En el particular, se actualiza la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción V, del mismo ordenamiento, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.] Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" El primer precepto transcrito prevé que el juicio de amparo es improcedente cuando tal consecuencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la propia Ley de Amparo. El segundo numeral establece la procedencia del juicio de amparo en la vía indirecta contra actos judiciales emitidos dentro de juicio (intraprocesales), que tengan sobre los derechos de la parte quejosa una ejecución que sea de imposible reparación, en el entendido de que se considerarán de imposible reparación aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; es decir, que sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica formal o adjetiva. De la interpretación de ambos artículos, el segundo en sentido contrario, se deduce que el juicio de amparo será improcedente cuando se promueva contra actos emitidos dentro de juicio que no tengan sobre los derechos de la parte quejosa una ejecución de imposible reparación. Ahora, como se advierte del escrito de demanda, el acto reclamado se hace consistir esencialmente en la dilación de la responsable en dictar la sentencia dentro del juicio ordinario civil ***. Sin embargo, contrario a lo manifestado por la quejosa, debe decirse que de ninguna manera puede concluirse por el momento, que la dilación reclamada, le ocasione un perjuicio en su esfera jurídica, ni que tampoco le produzca una afectación material a sus derechos sustantivos, aun cuando se aleguen violaciones al derecho de impartición de justicia pronta, completa e imparcial, ya que no constituyen una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de prosecución; resultando improcedente el juicio de amparo en su contra. En efecto, para poder considerar que existe una abierta dilación de la autoridad responsable, es preciso establecer como se deben computar los plazos según la norma adjetiva que regula el procedimiento civil, para ello, es preciso establecer lo que dispone el artículo 422, fracción III, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Chiapas: "ART. 422.- LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA ES DE ORDEN PUBLICO IRRENUNCIABLE Y NO PUEDE SER MATERIA DE CONVENIO ENTRE LAS PARTES. LOS EFECTOS Y FORMAS DE SU DECLARACION SE SUJETARAN A LAS SIGUIENTES NORMAS: (.) III.- LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA OPERA DE PLENO DERECHO, CUALQUIERA QUE SEA EL ESTADO DEL JUICIO, DESDE EL EMPLAZAMIENTO HASTA ANTES DE CITACION PARA SENTENCIA, SI TRANSCURRIDOS CIENTO OCHENTA DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DE LA ÚLTIMA DETERMINACION JUDICIAL, NO HUBIERE PROMOCION TENDIENTE A IMPULSAR EL PROCEDIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS PARTES: (.)." Ahora, para considerar si en el caso en particular ha existido una abierta dilación al no dictar la sentencia en el juicio ***, es preciso dejar establecido qué plazo es el que se debe atender como parámetro para considerarlo así; para ello, el artículo 422, fracción III, de la mencionada ley, dispone el término de ciento ochenta días naturales, para que las partes puedan impulsar el procedimiento, y una vez transcurrido ese plazo, el Juzgado, podrá declarar la caducidad. Es decir, en dicho precepto se observa que el legislador estableció en la ley local un lapso preciso (ciento ochenta días naturales), para que la autoridad judicial, oficiosamente o a petición de parte provea lo necesario en relación con la paralización del procedimiento, y concluyó que la sanción de tal inactividad procesal, sea la caducidad de la instancia. Periodo de ciento ochenta días naturales, que evidentemente tiene el propósito de que los juicios no queden indefinidamente paralizados, y resulta un referente útil, por identidad de razones, para determinar cuándo debe considerarse que se ha configurado una dilación excesiva que se traduce en una paralización del procedimiento. Por ello, si en el presente asunto, la demanda por la que ocurre en esta instancia, se recibió en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez, y de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Chiapas, con residencia en Cintalapa de Figueroa, el veintiocho de junio de dos mil veintidós, según el sello estampado que obra en el mismo, es evidente que no ha existido una abierta dilación para que se dicte la sentencia en el juicio ***, ya que únicamente han transcurrido ciento diez días naturales, contados a partir del día siguiente al en que solicitó la inconforme se turnara el expediente para el dictado de la sentencia correspondiente (diez de marzo de dos mil veintidós). De ahí que el acto reclamado no cause un perjuicio ni afecte directa e inmediatamente los derechos sustantivos de la parte quejosa, al no existir una abierta dilación, pues como ha quedado establecido, sólo han transcurrido ciento diez días naturales, en que la autoridad responsable ha dejado de actuar en torno al dictado de la sentencia. Por lo tanto, a consideración de quien esto provee, dicho plazo no puede considerarse como una abierta dilación del procedimiento. Resulta aplicable, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia que lleva por rubro "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS". Es importante precisar que el parámetro que se adopta en el presente acuerdo, es similar al establecido por el Alto Tribunal, en la jurisprudencia que antecede, pues al resolver la contradicción de tesis que dio lugar a dicho criterio obligatorio, se tomó como plazo máximo para considerar que existe una abierta dilación, el contemplado en el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo, que establece que de no existir una promoción por parte del trabajador dentro de los cuarenta y cinco días naturales, que sea necesaria para continuar el juicio, operará la caducidad del juicio correspondiente, período que se considera indispensable agotar a efecto de que la autoridad laboral, a manera de oficio provea lo propio, y que tiene como propósito de que los juicios no queden indefinidamente paralizados, resultando un referente útil, para determinar cuándo debe configurarse una dilación excesiva. Ahora, tomando como referente dicho criterio para considerar un determinado tiempo para que exista una dilación en el procedimiento, y atendiendo a que el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Chiapas, es puntal al establecer un término para que opere la caducidad de la instancia (ciento ochenta días naturales), es necesario apegarse a dicho plazo, de modo que, atendiendo a las consideraciones establecidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se tome como base para considerar la referida dilación, el que concluye con la caducidad del juicio. Sin que pase desapercibido para esta juzgadora el hecho de que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 17 constitucional; sin embargo, como se dijo anteriormente, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del juicio civil de origen, en el que, la quejosa es parte; por lo que resulta inconcuso que en el presente asunto no se actualiza caso de excepción alguno para acudir al juicio de amparo indirecto. Por lo antes expuesto, la suscrita considera que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, no media tiempo suficiente para afirmar que exista una abierta dilación del procedimiento o su paralización total. Tiene aplicación, la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS.". En consecuencia, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO POR NOTORIA IMPROCEDENCIA. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno y en Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el que indica en su escrito de demanda. Asimismo, con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene por autorizado en términos amplios a ****, ya que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación; y, con las facultades restringidas del citado numeral a las diversas personas que menciona, por así haberlo solicitado expresamente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. Además, hágase del conocimiento del fedatario de la adscripción, que para el caso de que tenga a bien de realizar alguna notificación personal, deberá tomar las medidas necesarias y suficientes para evitar el contacto físico, siguiendo el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por coronavirus (COVID-19), para Notificadores y Defensores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones, emitido por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, de la Secretaría Ejecutiva de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, y empleando el equipo de protección proporcionado para ello. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que éstos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). En consecuencia se niega la devolución de los documentos que en su caso exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la reproducción de las constancias que obren en el presente expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto. Es ilustrativa la tesis I.3o.C.725 C del Tercer Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia Civil, página 2847, registro 167640, de rubro: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los arábigos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Además, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Asimismo, de conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx., respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 28 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", esto es, privilegiando el uso de medios electrónicos y en su caso, los que se encuentran a su disposición a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese.
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