Melani Paulette Hernandez Vidal
Expediente 503/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 503/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 09/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Melani Paulette Hernandez Vidal
Actuaciones
- Principal
MESA VI "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de queja contra el auto que tuvo por no presentada la demanda de amparo origen de este expediente; con fundamento en los numerales 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, se declara que causa estado dicho auto; hágase tal circunstancia del conocimiento de las partes para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 inciso d) del citado Acuerdo General, y atendiendo a que se tuvo por no presentada la demanda, este expediente es destruible, después de tres años. Se estima que el expediente carece de relevancia documental, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA VI "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos, específicamente la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días concedido en auto inicial a Melanni Paulette Hernández Vidal, sin que cumpliera con el requerimiento formulado por este Juzgado en proveído de nueve de mayo de dos mil veintidós; en consecuencia, con fundamento en el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo, origen del presente expediente. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que por oficios FGEO/VIS/1070/2021 y 449/2021, la Visitadora General de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca y el Visitador Regional adscrito a la Visitaduría General, ambos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, así como el oficio 001/2022, del Agente del Ministerio Público de la Mesa V adscrito a la Visitaduría General de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, informaron EN RELACION AL CUMPLIMIENTO DADO AL FALLO PROTECTOR, y al efecto, remitieron copia certificada del oficio 1068 de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno y acuerdo de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno. Así, mediante proveído de dieciocho de marzo de dos mil veintidós, se dio vista a la parte quejosa con las referidas constancias para que, en el término de tres días hábiles expresara lo que a su derecho conviniera, apercibida que de no hacer manifestación alguna, este órgano de control constitucional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obraran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable; proveído que se le notificó por lista de acuerdos el veintiocho de marzo del año en curso; desahogando dicha vista mediante escrito de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós (registro 3929). Ahora bien, conforme al texto de la sentencia ejecutoria, se advierte que la protección de la Justicia Federal se otorgó para el efecto siguiente: ".la concesión de amparo, entraña que las autoridades responsables dejen insubsistente todo lo actuado en el procedimiento administrativo de separación del cargo instruido al quejoso, radicado con el número 107(VIS.GRAL.)2018, obvio, incluso, el inicio del procedimiento, según el oficio FGEO/VIS/582/2018 de fecha veintinueve de junio de dos mil dieciocho y auto de fecha dos de julio de dos mil dieciocho, firmados el primero por el Visitador General y el Segundo por el Agente del Ministerio Público de la mesa cinco de quejas adscrito a la referida visitaduría, y, en su lugar, con libertad, dicte el acuerdo que corresponda, pero, fundando y motivando sus determinaciones, a fin de que el quejoso conozca con exactitud la razón de la competencia de las autoridades que lo sujetan al procedimiento administrativo de que se trata y esté en posibilidad de defenderse debidamente." Bajo ese contexto, PROCEDE DETERMINAR SI LA SENTENCIA FUE CUMPLIDA CONFORME A LOS LINEAMIENTOS señalados en la ejecutoria de amparo, haciendo el examen de las copias certificadas de las constancias remitidas por las referidas autoridades responsables, las cuales tiene valor probatorio pleno en términos de lo previsto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde con su artículo 2°. Ahora, de las referidas constancias que en cumplimiento del fallo concesorio del amparo, se advierte lo siguiente: 1.Mediante oficio 1068 de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, el Visitador Regional adscrito a la Visitaduría General hizo del conocimiento al Agente del Ministerio Público de la mesa V adscrito a la Visitaduría General, con sede en esta ciudad, que dejó sin efecto la instrucción contenida en el oficio FGEO/VIS/582/2018, de fecha veintinueve de junio de dos mil dieciocho, por medio del cual se ordenó el inicio del expediente de investigación 107/(VISGRAL)/1018, en contra del aquí quejoso ISAAC NORBERTO ALMARAZ SANTIBAÑEZ, radicado en la mesa de trámite que se encuentra a su cargo; y como consecuencia le ordena dejar sin efecto todas las diligencias que emanen de esa orden. 2. En acuerdo de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, en su cumplimiento, el Agente del Ministerio Público, acordó lo siguiente: "se deja sin efecto el oficio FGEO/VIS/582/2018 de fecha veintinueve de junio de dos mil dieciocho, firmado por el Visitador General, así como, el auto de fecha dos de julio de dos mil dieciocho, firmado por el Agente del Ministerio Público de la mesa cinco de quejas adscrito a este Órgano de control de la General del Estado, y todas las actuaciones realizadas con posterioridad". Y, siendo que se dejó libertad jurisdiccional, para que, en su caso, se emitiera otro acto, con la condición de que estuviera fundado y motivado, lo que así realizó el Agente del Ministerio Público de la mesa V adscrito a la Visitaduría, según se aprecia del auto de veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, en que, inclusive cita los fundamentos de su competencia y los motivos para iniciar procedimiento contra el ahora quejoso, ello conduce al establecimiento de que tales actuaciones se apegan al efecto del fallo concesorio. Con lo anterior, se advierte que se atendió al núcleo esencial que propició la concesión del amparo en este asunto por parte de las responsables. En tales circunstancias, con apoyo en lo previsto en los artículos 196, párrafo tercero y 214, de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria dictada en el presente asunto, puesto que, como ya quedó asentado, las autoridades responsables atendieron en sus términos los efectos del fallo protector. Sin que sea obstáculo para lo anterior, las manifestaciones del peticionario en el sentido de que no debe tenerse por cumplida la ejecutoria, porque el acto no está fundado ni motivado, porque se alteraron para iniciar nuevo procedimiento diversas constancias, porque aún no se le ha notificado ese auto, del que tuvo conocimiento en el juicio de amparo de que se trata, porque se trata ahora con el nuevo acto de perfeccionar errores en que incurrió, porque al fundar su competencia dejan de lado lo estipulado en el artículo 84 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, porque no es la visitaduría General la que le inicia el procedimiento, sino un Agente del Ministerio Público y otras, pues en el caso, como ya se apuntó, la resolución fue emitida en los términos del artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo, en cumplimiento de la concesión del amparo, y, ya que ésta se dictó con libertad jurisdiccional, pues en la resolución de amparo se señaló que la responsable, en su caso, dictara otra, pero de manera fundada y motivada, lo que así acontece, no es propio analizar en estos autos esa nueva decisión, sino en una instancia diferente. SE invoca en apoyo, por su contenido, la tesis de jurisprudencia del Tercer Tribunal Colegiado en materias penal y del trabajo del Séptimo Circuito, consultable en la página 986, del Tomo XXXIV, Agosto de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: INCONFORMIDAD EN "AMPARO JUDICIAL" (DIRECTO O INDIRECTO). ES INFUNDADA POR EL SOLO HECHO DE QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEJE INSUBSISTENTE EL ACTO RECLAMADO Y DICTE OTRO EN SU LUGAR, RESULTANDO INNECESARIO EXAMINAR SI QUEDARON SATISFECHOS TODOS LOS LINEAMIENTOS PRECISADOS EN LA SENTENCIA CONCESORIA. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó la tesis P. XLV/2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, septiembre de 2010, página 25, de rubro: "INCONFORMIDAD EN AMPARO DIRECTO. ES INFUNDADA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEJA INSUBSISTENTE EL ACTO RECLAMADO Y DICTA OTRO, SIN QUE SEA NECESARIO EXAMINAR SI CUMPLIÓ O NO CON LA TOTALIDAD DE LOS LINEAMIENTOS PRECISADOS EN LA SENTENCIA DE AMPARO.", criterio que, aunque se refiere al amparo directo, también es aplicable al indirecto cuando la protección constitucional se haya concedido contra una resolución jurisdiccional, pues los principios de ejecución de las sentencias respectivas son los mismos. Por tanto, conforme al principio restitutorio previsto en el artículo 80 de la Ley de Amparo, en el acatamiento de la ejecutoria dictada en el juicio, también llamado "amparo judicial" (directo o indirecto), el cumplimiento del fallo que otorgó el amparo para efectos contra una resolución o por irregularidades procesales o formales, o bien, cuando habiéndose estudiado el fondo del asunto se hayan definido todas las cuestiones debatidas, consiste en dejar sin efectos la resolución jurisdiccional reclamada y emitir otra atendiendo a la sentencia protectora, por lo que basta con que se dicte una nueva resolución o, en su caso, se ordene la reposición del procedimiento y se realicen los actos procesales ordenados en la ejecutoria, para que no pueda sostenerse que se incurrió en inejecución de sentencia, pues el acto reclamado dejó de existir jurídicamente y fue sustituido por uno distinto, toda vez que la inejecución de sentencia consistiría exclusivamente en la negativa de la autoridad jurisdiccional a dejar sin efecto el acto reclamado y abstenerse de emitir uno nuevo, u omitir regularizar el procedimiento en los términos en que se le ordenaron. De esta forma, si la nueva resolución no atiende con exactitud a lo ordenado en la sentencia de amparo, podrá implicar un cumplimiento indebido por exceso o defecto e, inclusive, la repetición del acto reclamado en el supuesto de que fuera idéntica a la que fue materia de la ejecutoria de amparo, pero no la inejecución del fallo protector de garantías, sin menoscabo de que, en el caso de un amparo para efectos, las consideraciones emitidas en la nueva resolución con libertad de jurisdicción podrían dar lugar a otro amparo en el que éstas se impugnen. De ahí que resulte infundada la inconformidad cuando la autoridad responsable deja insubsistente el acto reclamado y dicta otro en su lugar, sin que sea necesario examinar si cumplió o no con todos los lineamientos establecidos en la sentencia de amparo. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el presente asunto como concluido. En términos de lo dispuesto en el artículo 18 fracción I inciso B del Acuerdo General en cita; y atendiendo a que en el presente asunto se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, este expediente es depurable después de tres años. Se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15, del acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma electrónicamente, RODOLFO SÁNCHEZ ZEPEDA, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante Ramiro García Simón, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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