Meinardo De los Santos Pérez

Expediente 53/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 6 actuaciones registradas, la última del 18 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
53/2020
Año
2020
Actuaciones
6
Última actuación
18/03/2021

Partes del expediente

  • Meinardo De los Santos Pérez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, dieciocho de marzo de dos mil veintiuno. Vista certificación secretarial y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que las partes no se inconformaron dentro del término legal de quince días, contra el acuerdo de quince de diciembre de dos mil veinte, en el que se tuvo por cumplida la sentencia ejecutoriada dictada en este juicio, en consecuencia, con fundamento en los artículos 196, 201, fracción I, y 202 de la Ley de Amparo, se tiene por consentido el citado proveído. Archivo del expediente. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en el artículo 18, inciso B, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de conformidad a lo establecido en los ordinales 22, 23 y 24, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Se destaca que en este expediente no se concedió suspensión de plano de los actos reclamados, ni existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro (con excepción de la demanda). Destino. Además, al tratarse de un asunto en el que se concedió el amparo, de conformidad a lo previsto en el artículo 18, inciso b), este expediente es depurable. En tal virtud, con fundamento en el citado artículo 18 de dicho Acuerdo General, una vez transcurridos tres años, a partir de la fecha en que se emite este auto, procédase a su depuración, por lo que una vez cumplido ese plazo, previo acuerdo de desincorporación de las constancias a que alude el citado numeral, deberá solicitarse la trasferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Archivo del incidente de suspensión. Se destaca que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión y no se tramitó incidente de suspensión provisional. Ley de Transparencia. Finalmente, hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese

  2. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, doce de febrero de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos de los que se aprecia que derivado del fenómeno de salud pública por el virus COVID-19, y en términos de la circular CAP 3 2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte, que comunicó que con el fin de salvaguardar la salud de las y los justiciables, y de las y los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal determinó adoptar medidas especiales a partir del veintiuno siguiente y hasta el once de enero de dos mil veintiuno; en consecuencia, en cumplimiento a lo ordenado en la SECNO/1/2021, de ocho de enero de esta anualidad, emitida por la referida Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal que aprobó el punto de acuerdo relativo a la "Propuesta de medidas en los órganos jurisdiccionales de la República mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de los contagios por la emergencia Covid-19, se adoptan las medidas previstas en el artículo 2, fracciones III, IV, V y VIII, y 20 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la aludida contingencia; por consiguiente, la reanudación de plazos en el presente juicio operará a partir del día siguiente de que surta efectos la notificación de este proveído, por lo tanto, se procede a hacer del conocimiento de las partes el contenido íntegro del presente acuerdo. FEDATARIOS DE LA ADSCRIPCIÓN Ahora bien, se hace mención a los fedatarios de la adscripción que las notificaciones dirigidas a las partes y que tengan que realizar de manera personal en los domicilios señalados para tal efecto, deberán hacerlas en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar su integridad y salud, así como la de aquéllos, en términos de lo previsto en la fracción XIV del artículo 2 del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con la fracción I del numeral 22, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Finalmente, toda vez que el quince de diciembre de dos mil veinte, se tuvo por cumplida la ejecutoria en el juicio de amparo el cual fue legalmente notificado al quejoso, agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y tercera interesada dieciséis de diciembre de dos mil veinte, surtiendo efectos el dieciocho siguiente y computándose el término de quince días que prevé el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de inconformidad contra dicha determinación, transcurrió un día, el cual se vio interrumpido por la suspensión de labores en los órgano jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal a partir del veintiuno subsecuente, por lo que le resta catorce día, término que empezará a transcurrir a partir del día siguiente en que surta efectos esta notificación. Notifíquese personalmente y por oficio a la autoridad responsable.

  3. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, quince de diciembre de dos mil veinte. Visto el estado que guardan los autos y de la certificación secretarial que antecede, que por acuerdo de veintisiete de noviembre del año en curso, se ordenó dar vista a la parte quejosa para que dentro del plazo legal de tres días manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento de la ejecutoria de amparo por parte del Magistrado Presidente de la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, sin que hubiera hecho manifestación alguna; en consecuencia, se procede a resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables. *** Para ello, se tiene en cuenta que por sentencia de treinta de septiembre de dos mil veinte, se concedió al quejoso MEINARDO DE LOS SANTOS PÉREZ el amparo y protección de la justicia de la unión para el efecto de que: "1. Deje insubsistente la resolución reclamada de once de diciembre de dos mil diecinueve, dictada en el toca de apelación JOTP/01/2019; 2. Dicte otra en su lugar, en la cual ordene reponer el procedimiento de primera instancia al momento de la comunicación de la imputación correspondiente a la causa penal 335/2015, con el fin de que la juez de Control deje insubsistente todo lo actuado en la audiencia de comunicación de imputación de catorce de noviembre de dos mil dieciocho, así como la diversa de ampliación llevada a cabo el diecinueve siguiente, dentro de la aludida causa penal; señale hora y fecha para la audiencia de comunicación de imputación, en la que deberá cerciorarse de que quien asista al quejoso sea licenciado en derecho, de conformidad con los lineamientos establecidos en la presente ejecutoria, de lo cual deberá quedar constancia en la audiencia correspondiente. Sobre dicho tópico, se precisa que la juez natural cuenta con plenitud de jurisdicción para efectuar todas las diligencias que resulten necesarias para allegarse de la información con la cual se acredite que quien asiste al quejoso en su defensa sea licenciado en derecho. En el supuesto de que la persona que asista al imputado no acredite ser licenciado en derecho, se deberá informar esa circunstancia al imputado para que ejerza el derecho a que él sea quien designe a su defensor y, en caso de que no quiera o no pueda optar por uno particular, se le proporcione la asistencia legal a través de un defensor público de la adscripción que sí cumpla con los requisitos que han sido delineados. Una vez desarrollada la audiencia, con plenitud de jurisdicción resuelva lo correspondiente a su situación jurídica, quedando bajo la estricta responsabilidad de la juez de origen la determinación que adopte, pues este órgano federal de control constitucional no se ha pronunciado en cuanto al fondo del asunto. Resta agregar que la reposición ordenada no implica que se permita al Ministerio Público modificar en perjuicio los hechos y datos de prueba que sirvieron de base a la imputación primigenia, ello en observancia a los principios "non reformatio in peius" y de igualdad de las partes." Sentencia que al causar ejecutoria se requirió a la autoridad responsable Magistrado Presidente de la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, para el efecto de que dieran cumplimiento con el fallo protector. Por tal razón, el Magistrado Presidente de la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, mediante oficio 695, remitió copia certificada de la resolución de diez de noviembre del año en curso, dictada en el toca penal JOTP/01/2019. Ahora, de las copias certificadas de las constancias de que se trata, con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2, se advierte que la autoridad responsable, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, resolvió en los siguientes términos: ". 1. Deje insubsistente la resolución reclamada de once de diciembre de dos mil diecinueve, dictada en el toca de apelación JOTP/01/2019; 2. Dicte otra en su lugar, en la cual ordene reponer el procedimiento de primera instancia al momento de la comunicación de la imputación correspondiente a la causa penal 335/2015, con el fin de que la juez de Control deje insubsistente todo lo actuado en la audiencia de comunicación de imputación de catorce de noviembre de dos mil dieciocho, así como la diversa de ampliación llevada a cabo el diecinueve siguiente, dentro de la aludida causa penal; señale hora y fecha para la audiencia de comunicación de imputación, en la que deberá cerciorarse de que quien asista al quejoso sea licenciado en derecho, de conformidad con los lineamientos establecidos en la presente ejecutoria, de lo cual deberá quedar constancia en la audiencia correspondiente. Sobre dicho tópico, se precisa que la juez natural cuenta con plenitud de jurisdicción para efectuar todas las diligencias que resulten necesarias para allegarse de la información con la cual se acredite que quien asiste al quejoso en su defensa sea licenciado en derecho. En el supuesto de que la persona que asista al imputado no acredite ser licenciado en derecho, se deberá informar esa circunstancia al imputado para que ejerza el derecho a que él sea quien designe a su defensor y, en caso de que no quiera o no pueda optar por uno particular, se le proporcione la asistencia legal a través de un defensor público de la adscripción que sí cumpla con los requisitos que han sido delineados. Una vez desarrollada la audiencia, con plenitud de jurisdicción resuelva lo correspondiente a su situación jurídica, quedando bajo la estricta responsabilidad de la juez de origen la determinación que adopte, pues este órgano federal de control constitucional no se ha pronunciado en cuanto al fondo del asunto. Resta agregar que la reposición ordenada no implica que se permita al Ministerio Público modificar en perjuicio los hechos y datos de prueba que sirvieron de base a la imputación primigenia, ello en observancia a los principios "non reformatio in peius" y de igualdad de las partes." De lo anteriormente expuesto, se advierte que dicha autoridad responsable cumplió en sus términos con la concesión del amparo, por lo que, con fundamento en el artículo 196 de la ley de la materia, se tiene por cumplida la ejecutoria de mérito. Lo anterior hágase del conocimiento de las partes y de las autoridades responsables para los efectos legales consiguientes. Notifíquese.

  4. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veintisiete de noviembre de dos mil veinte. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Magistrado Presidente de la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, por el que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remite copia certificada de la resolución de diez de noviembre del año en curso, dictada en el toca penal JOTP/01/2019; en consecuencia, con fundamento en los artículos 196 de la Ley de Amparo y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la ley de la materia, con lo anterior, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, contado a partir de su legal notificación, manifieste lo que a sus intereses convenga, en relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo. En la inteligencia que de no hacer manifestación alguna dentro del término legal concedido para tal efecto, se resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de mérito con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la aludida responsable. Se invoca en apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página doscientos cuarenta y tres, Tomo XI, correspondiente al mes de marzo de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son como sigue: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98. DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia". Notifíquese.

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