Meily Sarai Hernandez Matamoros

Expediente 1041/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1041/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
25/09/2023

Partes del expediente

  • Meily Sarai Hernandez Matamoros

Actuaciones

  1. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés. CAUSA ESTADO Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de cinco días establecido en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del proveído por el cual se desechó la demanda de amparo. Por consiguiente, y toda vez que la parte interesada no hizo uso del aludido medio de impugnación, con fundamento en el artículo 288, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, se declara que dicho acuerdo causó estado para todos los efectos legales. ANOTACIONES Y ARCHIVO PEDRO CASTILLO CASTAÑON 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.24.42 10/07/24 14:20:59 2 Hágase la captura correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido, en virtud de que no existe actuación pendiente por realizar. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, relacionado con el capítulo 8, punto 8.1.2, Sub punto 1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se provee lo siguiente. JUICIO DE AMPARO DESTRUIBLE De conformidad con lo dispuesto en el artículo 211, inciso d) del Acuerdo General de referencia, y capitulo 8 Expedientes Destruibles, 8.1.2 Expedientes que deben destruirse una vez que cuenten con tres años de haberse acordado su archivo como asuntos concluidos, sub punto 42, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales 1 Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: [.] d) Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado; 2 8.1.2 Expedientes que deben destruirse una vez que cuenten con tres años de haberse acordado su archivo como asuntos concluidos. 4. Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado. Nota: Esta regla aplica a cualquier serie documental. PEDRO CASTILLO CASTAÑON 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.24.42 10/07/24 14:20:59 3 ??????????????? Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; el presente asunto, es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo, y no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa. Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 152 del citado Acuerdo General. Por lo tanto, con apoyo en el párrafo tercero del artículo 21 del citado instrumento normativo, consérvese este expediente por el término de tres años, y cumplido que sea dicho plazo, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el mismo, debiendo remitir el acta de baja documental condigna, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. DIGITALIZACIÓN Y FE DE COINCIDENCIA ENTRE EXPEDIENTES. En cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 254, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de las actuaciones, para posteriormente dar fe de que el expediente electrónico 3 Artículo 15. Expedientes de relevancia documental. Se consideran expedientes de relevancia documental y se conservarán en su integridad en original, con independencia del órgano jurisdiccional que lo genere o el tipo de expediente, los siguientes: I. Los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; II. Los relativos a delitos contra el derecho internacional; III. Delitos contra la humanidad; IV. Los que traten de delitos contra la administración de justicia; V. Los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; VI. Los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; VII. Los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; VIII. Los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; IX. Los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; X. Los que versen sobre materia agraria; y XI. Los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. 4 Artículo 24. Digitalización de expedientes generados con la FIREL. Los expedientes digitalizados o electrónicos de los juicios de amparo generados con la FIREL serán administrados por la Dirección General de Archivo y Documentación a través del SISE, una vez que hayan sido transferidos y destruidos los expedientes físicos en términos de lo dispuesto en este Acuerdo. Previo a la transferencia de su documentación, con independencia de la materia del expediente, el órgano jurisdiccional dará fe de que la versión electrónica coincida en su totalidad con la impresa. PEDRO CASTILLO CASTAÑON 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.24.42 10/07/24 14:20:59 4 coincide con el impreso; hecho lo cual, se procederá a la remisión física del expediente al archivo correspondiente. RESERVA DE INFORMACIÓN. Con fundamento en los artículos 3, 8, 9, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de Pedro Castillo Castañón, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por Meily Sarai Hernández Matamoros, en representación de Dennis Yoed Salgado Hernández, y los infantes de iniciales C.D.H.M. y D.O.S.M. y por el diverso impetrante Johonny Alfredo Matamoros Maradiaga, en representación del infante de iniciales J.E.M.H., contra los actos que reclama del Titular de la Oficina Representativa en Chiapas de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con sede en esta ciudad. Fórmese el cuaderno correspondiente y regístrese en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), bajo el número 1041/2023. DESECHAMIENTO POR EXTEMPORANEA El artículo 113 de la Ley de Amparo, textualmente establece: 10/07/24 14:20:59 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.24.42 PEDRO CASTILLO CASTAÑON 2 El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. El transcrito dispositivo legal autoriza a la suscrita a desechar de plano una demanda cuando exista una causa manifiesta e indudable de improcedencia. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la Tesis 2ª. LXXI/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 448, Tomo XVI, Julio 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". En esencia, la citada tesis señala que se debe entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. La improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal de orden público, de estudio preferente y oficioso, en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión de fondo planteada, o sea, para decidir el fondo de la controversia constitucional. En la especie, por cuanto al acto reclamado consistente en la expedición de los citatorios de fecha veinticuatro de julio de dos mil veintitrés. 10/07/24 14:20:59 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.24.42 PEDRO CASTILLO CASTAÑON 3 ??????????????? Se actualiza la causal de improcedencia prevista en el ordinal 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, mismo que, en lo que interesa, dispone que el juicio de derechos humanos será improcedente contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el mismo dentro de los plazos previstos en la referida legislación. De conformidad con el precepto legal mencionado, el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueve el juicio de amparo dentro del término de quince días, es decir, en los plazos contenidos en los artículos 17 y 18 de la ley reglamentaria, que prevén: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto 10/07/24 14:20:59 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.24.42 PEDRO CASTILLO CASTAÑON 4 reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". Del último de los preceptos en cita, se desprende que el juicio de amparo debe instarse dentro del término de quince días, lapso que se contabilizará: a) A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que se reclame; b) A partir del día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución o acuerdo que reclama, o de sus actos de ejecución; o, c) A partir del día siguiente al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. Es oportuno destacar, que el legislador hizo especial énfasis en tres formas para computar el plazo de quince días dentro del cual ha de presentarse la demanda de amparo para tenerla por oportunamente interpuesta, todas ellas con características propias y excluyentes ente sí. La primera hipótesis apunta a la existencia de una actuación procesal efectuada por la autoridad responsable mediante la cual, en fecha precisa, hace saber al agraviado el acto reclamado, como característica adicional, las notificaciones practicadas se consideran legales, y en consecuencia, válidas para efectos del cómputo de los quince días para la promoción del juicio de amparo, mientras el quejoso no cuestione su nulidad o ilegalidad. La segunda regla para computar el plazo de quince días importa un acto de naturaleza variable por parte de la autoridad responsable -distinto a la notificación-, de una autoridad diversa, o incluso del propio quejoso, que conlleve a la certeza de que este último tuvo conocimiento en 10/07/24 14:20:59 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.24.42 PEDRO CASTILLO CASTAÑON 5 ??????????????? determinada fecha del acto reclamado, el cual debe producir la convicción de que el interesado se enteró en forma directa, plena y completa del acto combatido. Ahora, la tercera hipótesis, que es la aplicable al caso en concreto, consistente en que el plazo de quince días para la promoción del juicio se contará desde el día siguiente al en que se hubiera ostentado sabedor del acto reclamado o de su ejecución, lo cual implica una expresión exclusiva del quejoso, quien manifiesta que sabe del acto reclamado; conducta que puede considerarse como una confesión expresa por parte del afectado. De esta manera, de la demanda de amparo, específicamente del apartado de "V.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", se advierte que la parte quejosa se ostentó sabedora del acto que reclama desde el veinticuatro de julio de dos mil veintitrés, toda vez que en esa fecha se presentaron de manera personal ante la autoridad responsable Titular de la Oficina Representativa en Chiapas de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con sede en esta ciudad, y verbalmente hicieron su solicitud de refugio, derivado de lo cual, les fue expedida las citas de esa misma fecha, con números 197168 y 197507. Circunstancia que le hizo comparecer ante este órgano jurisdiccional a reclamar la expedición de los citatorios de fecha veinticuatro de julio de dos mil veintitrés. Por tanto, es evidente la extemporaneidad de la interposición de la demanda que se provee respecto a los mencionados actos, al haberse hecho con posterioridad al plazo de quince días aludido con antelación. Lo anterior es así, pues el término de quince días de la parte quejosa comenzó a correr al día siguiente al en que 10/07/24 14:20:59 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.24.42 PEDRO CASTILLO CASTAÑON 6 los quejosos tuvieron conocimiento de los actos que reclaman (veinticuatro de julio de dos mil veintitrés), esto es, del veinticinco de julio culminando el quince de agosto de dos mil veintitrés. En relatadas condiciones, resulta extemporánea la interposición del presente juicio constitucional, pues fue hasta el cinco de septiembre de dos mil veintitrés, en que la parte quejosa presentó la demanda de amparo en cuestión, como se advierte de la boleta de recepción que obra en autos. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 232213, cuyo rubro es: DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías será de quince días que se computará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. Así pues, si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiestan "que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día", como esa confesión hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria; de ello se sigue que si el Juez de Distrito con base en dicha manifestación, realiza el cómputo del término de la presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal determinación es correcta, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del acto reclamado para efectuar el cómputo del término respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa 10/07/24 14:20:59 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.24.42 PEDRO CASTILLO CASTAÑON 7 ??????????????? respecto a la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado. Por otro lado, tenemos que de los diversos actos reclamados a las autoridades responsables, consistes en la dilación en la tramitación del procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado; la falta de expedición de la Constancia de Trámite respecto a la Solicitud del Reconocimiento de la Condición de Refugiados [CUR]; la omisión de inscribir al Registro Nacional de Población a los quejosos, y como consecuencia la falta de expedición de la Clave Única de Registro de Población para Extranjeros [CURP]; la omisión de permitir el acceso a servicios de salud en virtud de la omisión de entrega de la Constancia de Trámite respecto a la Solicitud del Reconocimiento de la Condición de Refugiados [CUR]; y la omisión de proveer respecto a la devolución de la quejosa de este país. Este órgano jurisdiccional estima que se actualiza el motivo de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 217, ambos de la Ley de Amparo, al derivarse los actos reclamados de otro consentido, como a continuación se verá. Para justificar lo anterior, se estima oportuno establecer el siguiente marco legal y jurisprudencial. Los artículos 61, fracción XXIII y 217, ambos de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. 10/07/24 14:20:59 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.24.42 PEDRO CASTILLO CASTAÑON 8 "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna." Conviene precisar que para que se concrete el motivo de improcedencia a que se refiere la fracción XXIII, del aludido precepto 61, es menester efectuar el complemento relativo con otras disposiciones, debiéndose acudir para ello únicamente a la propia Ley de Amparo o la Constitución Federal, de ahí que en la especie se haya apelado al contenido del normativo 217 en comento. Tal cometido encuentra respaldo en la tesis aislada 2a. LXXXVI/991 , que se lee: 1 De la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 363, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época; jurisprudencia que si bien es anterior a la Décima Época, así como las demás que se citen en esta sentencia anteriores a dicha época, son aplicables a la Ley de Amparo vigente, en tanto que no se opongan a la misma, conforme lo establece su transitorio sexto. 10/07/24 14:20:59 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.24.42 PEDRO CASTILLO CASTAÑON 9 ??????????????? "IMPROCEDENCIA. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Esta fracción debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia del juicio de garantías que en forma enunciativa prevé, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Carta Magna, lo que de suyo implica que las diecisiete primeras fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos en que dicho juicio puede estimarse improcedente, pues existen otras causas claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Federal y de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Por tanto, no es exacto que exista imprecisión en torno de las causas de improcedencia que se prevén en esa fracción." Así, de la interpretación de los preceptos recién transcritos, se obtiene que el juicio de amparo se tornará improcedente cuando así lo establezca la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para emitirla. En esa razón, la jurisprudencia que contiene dicho motivo de improcedencia es la identificada con el número 17 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación2 , que se lee: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. El amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos." La Suprema Corte de Justicia de la Nación, refiere como improcedente el juicio de amparo instado contra actos que son una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos; es decir, son acciones u omisiones de la autoridad que, por su propia naturaleza, fueron precedidos de otros que, en su momento, el propio 2 Publicada en la página número 12, del Apéndice de mil novecientos noventa y cinco, Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Parte Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época. 10/07/24 14:20:59 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.24.42 PEDRO CASTILLO CASTAÑON 10 quejoso consintió, pues a pesar del evidente perjuicio que le ocasionaron, no los controvirtió por alguna vía. Asimismo, el Máximo Tribunal del País ha establecido cuáles son los supuestos que deben actualizarse para que se concrete ese motivo de improcedencia, a saber: a). La existencia de un acto anterior consentido y, b). La existencia de un acto posterior que sea consecuencia directa y necesaria de aquél. Lo anterior se deriva de la tesis aislada sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación3 , de contenido: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. SUPUESTOS PARA QUE OPERE ESA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. De acuerdo con la jurisprudencia número 19 contenida en la página 38 de la Octava Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, los supuestos para que opere la causal de improcedencia cuando el amparo se endereza contra actos derivados de otros consentidos son, la existencia de un acto anterior consentido y la existencia de un acto posterior que sea una consecuencia directa y necesaria de aquél." Por otra parte, cabe decir que los elementos que se requieren para considerar a un acto derivado de otro consentido son: a) Que sea una consecuencia de otro que la ley reputa como consentido; y b) Que no se ataque por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad depende de la del acto de que deriva. 3 Visible en la página 9, del Tomo 217-228, Primera Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación. 10/07/24 14:20:59 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.24.42 PEDRO CASTILLO CASTAÑON 11 ??????????????? Asimismo, debe señalarse que la causal de improcedencia en estudio participa de la regla general que ha sido definida jurisprudencialmente por la Suprema Corte de Justicia para todas las causas de inejercitabilidad del juicio de amparo consistente en que deben acreditarse plenamente. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación4 , que se lee: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. DEBE PROBARSE PLENAMENTE Y NO APOYARSE EN PRESUNCIONES. Las causales de improcedencia en el juicio constitucional deben estar plenamente demostradas y no inferirse a base de presunciones." Así, la parte quejosa reclama dilación en la tramitación del procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado; la falta de expedición de la Constancia de Trámite respecto a la Solicitud del Reconocimiento de la Condición de Refugiados [CUR]; la omisión de inscribir al Registro Nacional de Población a los quejosos, y como consecuencia la falta de expedición de la Clave Única de Registro de Población para Extranjeros [CURP]; la omisión de permitir el acceso a servicios de salud en virtud de la omisión de entrega de la Constancia de Trámite respecto a la Solicitud del Reconocimiento de la Condición de Refugiados [CUR]; y la omisión de proveer respecto a la devolución de la quejosa de este país, derivado de que les fue fijada como cita de formalización de solicitud el veintiséis y veintisiete de agosto de dos mil veinticuatro, pues es hasta esas datas que se materializará la continuación de su procedimiento administrativo. 4 Visible en la página 35, Volumen 84, Tercera Parte, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época. 10/07/24 14:20:59 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.24.42 PEDRO CASTILLO CASTAÑON 12 Así, la dilación procesal y omisiones de la que se duelen, consiste en la atención de su solicitud de la condición de refugiado fuera de los plazos establecidos por la normatividad, así como la expedición de la constancia de solicitud de refugiado y la correspondiente CURP, hasta que se continúe con su trámite, que son actos surgidos en consecuencia de los citatorios de con numero de ID de cita 197168 y 197507, en los que se estableció las fechas de veintiséis y veintisiete de agosto de dos mil veinticuatro, para la continuación de su trámite de solicitud de la condición de refugiados. Citatorios que, como se relató con anterioridad, la parte quejosa no combatió a través del medio ordinario de defensa existente y adecuado, o en su defecto, de manera extraordinaria, por medio del juicio de amparo indirecto; por ende, dicho acto deben estimarse consentido. En esas condiciones, si la ejecución enunciada sólo es una consecuencia directa de las datas fijadas en los citatorios con numero de ID de cita 197168 y 197507, que se hizo de su conocimiento desde el veinticuatro de julio de dos mil veintitrés, sin que hubiera instando la vía constitucional, es inconcuso que deben tenerse como derivados de otro consentido, lo que configura el motivo de improcedencia que se analiza. Por todo lo anterior, procede desechar la demanda de trato en términos del artículo 61, fracción XIV y XXIII, 113, en relación con el diverso 17,18, 61 y 217, todos de la Ley de Amparo. De ahí, que lo aquí determinado de ningún modo transgrede los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugnan el principio pro homine, previsto en el artículo 1° de la 10/07/24 14:20:59 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.24.42 PEDRO CASTILLO CASTAÑON 13 ??????????????? misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia, puesto que las garantías contenidas en dichos numerales, no implican que las partes se encuentren exentas de cumplir con las formalidades y cargas jurídico procesales que les correspondan en cada caso, según la legislación aplicable. Sustenta lo anterior, lo dispuesto en la jurisprudencia 1ª./J. 10/2014 (10ª), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente."5 DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES 5 Décima Época, registro: 2005717, Primera Sala, Jurisprudencia 1ª./J. 10/2014, Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I, página 487, materia(s): Constitucional. 10/07/24 14:20:59 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.24.42 PEDRO CASTILLO CASTAÑON 14 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles [aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia], se tiene a los promoventes señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en su demanda de amparo. Asimismo, se tienen por autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Moisés Aguilar Godinez y Heriberto Ramírez Carrasco, por no contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Se tiene como medio de contacto no procesal el correo electrónico y número telefónico que indica en su escrito de cuenta. RESERVA DE INFORMACIÓN De conformidad con los artículos 3º, 8º, 9, 67º, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y con el artículo 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el referido medio de difusión oficial el seis de febrero de dos mil catorce, en vigor al día siguiente, así como el artículo 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley antes mencionada, cabe señalar a las partes el derecho que les asiste para oponerse a hacerse públicas las sentencias, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, en la inteligencia de 10/07/24 14:20:59 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.24.42 PEDRO CASTILLO CASTAÑON 15 ??????????????? que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos. SE EXHORTA A JUICIO EN LÍNEA Se exhorta a las partes para que continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea". Para lo cual, es menester que observen lo siguiente: ? Las personas interesadas en acceder a los servicios que se presentan en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, forzosamente deberán contar con firma electrónica, que comprende a la certificada por el Poder Judicial de la Federación, conocida como FIREL, y a la "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o FIEL). ? Para registrarse en el citado portal los usuarios deberán indicar su nombre, correo electrónico, registro federal de contribuyentes y clave única de registro de población, crear un nombre de usuario, una contraseña y vincular al registro su firma electrónica, el registro de cada usuario en el sistema ese carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. ? La consulta del expediente electrónico depende de que la propia parte formule una petición en ese sentido. ? En términos de lo dispuesto en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, para la solicitud de notificación electrónica se deberá realizar la manifestación expresa para que se les practiquen notificaciones de esa naturaleza, en virtud de que la sola presentación de promociones o recursos en forma electrónica, no implica gestión ni autorización alguna para recibirlas de esta forma, según se desprende del artículo 15, inciso a), del Acuerdo General Conjunto 1/2013 y 10/07/24 14:20:59 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.24.42 PEDRO CASTILLO CASTAÑON 16 el diverso artículo 79 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 en alusión. Ello permitirá presentar promociones y recursos en forma electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, disponible en http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea. Adicionalmente, se hace del conocimiento de las partes que, de conformidad con el Comunicado 28/2020, del quince de julio del dos mil veinte, publicado en la página oficial del Consejo de la Judicatura Federal, se encuentra disponible la aplicación -APP- para teléfonos móviles que utilicen los sistemas operativos iOS y Android, de modo que, a través de este medio también podrán tramitar la Firma Electrónica Certificada (FIREL) con su credencial para votar vigente expedida por el Instituto Nacional Electoral.

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