Mei Lay García Ham
Expediente 478/2017 tramitado ante el Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 26 actuaciones registradas, la última del 27 de enero de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 478/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 26
- Última actuación
- 27/01/2020
Partes del expediente
- Mei Lay García Ham
Actuaciones
Las 4 más recientes de 26.
- Principal
AGRÉGUESE EL OFICIO DE CUENTA, POR MEDIO DEL CUAL, EL JUZGADO OFICAINTE, SOLICITA COPIA DEL JUICIO DE AMPARO 478/2017, DEL ÍNDICE DE ESTE JUZGADO FEDERAL, EN ATENCIÓN A SU CONTENIDO, INFÓRMESE AL JUZGADO DE MÉRITO, QUE EL JUICIO DE AMPARO FUE PROMOVIDO POR MEI LAY GARCÍA HAM Y NO POR RAYMUNDO CARRASCO ACEVEDO. NOTIFÍQUESE.
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VISTA LA CERTIFICACIÓN QUE ANTECEDE Y EL ESTADO DE LOS AUTOS, SE DECLARA QUE HA CAUSADO EJECUTORIA LA SENTENCIA, ARCHÍVESE, ESTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. EL ORIGINAL DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN ES DEPURABLE. EL DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN ES DESTRUIBLE. FINALMENTE, DEVUÉLVASE A LA AUTORIDAD LAS DOCUMENTALES QUE INDICA. NOTIFÍQUESE
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Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 478/2017, promovido por Mei Lay García Ham, por propio derecho, contra actos del Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: Primero. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito recibido en la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México el dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, turnado al día siguiente a este Juzgado Federal, Mei Lay García Ham, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos y autoridades que a continuación se enuncian: "[.] III.- AUTORIDADES RESPONSABLES.- En calidad de ordenadoras: Presidente de la Comisión Bancaria y de Valores Director General de Atención a Autoridades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Director de la Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. En calidad de Ejecutoras: 1.-Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex [.] IV.- ACTO RECLAMADO.- De las ordenadoras: La emisión de las respectivas órdenes de aseguramiento y/o bloqueo y/o embargo y/o inmovilización y/o/ congelamiento de la cuenta bancaria número 7011430226, aperturada ante la Institución Financiera BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BANAMEX, de la cual el suscrito es titular. Ordenes que hasta la fecha se desconocen legal y formalmente, en virtud de que no han sido notificadas al suscrito. De las ejecutoras: La ejecución material de las órdenes emitidas por las autoridades responsables ordenadoras, para asegurar y/o bloquear y/o embargas y/o inmovilizar y/o congelar la cuenta bancaria número 7011430226, aperturada ante la Institución Financiera BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BANAMEX, de la cual el suscrito es su titular. [.]" Segundo. Derechos fundamentales violados. La quejosa señaló como derechos fundamentales violados, los contenidos en los artículos 1, 5, 14, 16, 20 y 22, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; indicó que no existe tercero interesado; bajo protesta de decir verdad manifestó los antecedentes del acto reclamado; ofreció pruebas; y, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. Tercero. Admisión y trámite. Previo requerimiento y desahogo de este, mediante proveído de veintinueve de marzo de dos mil diecisiete (fojas 61 y 62), este Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México admitió a trámite la demanda de amparo; requirió el informe justificado a las autoridades responsables; dio la intervención que legalmente compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano judicial; y, señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional. Cuarto. Ampliación de demanda, presentación, admisión y trámite. Mediante escritos presentados ante la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el ocho y veintiséis de mayo diecisiete, la quejosa presentó escritos de ampliación de demanda en la que solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y actos siguientes: "AUTORIDADES RESPONSABLES EN AMPLIACIÓN: Son ADMINISTRADORA DESCONCENTRADA DE RECAUDACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL "4", DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA IV. ACTO RECLAMADO Por lo que toca a la Autoridad aquí señalada como responsable, le reprocho los inconstitucionales oficios: a) 400-37-00-02-05-2015-6759 b) 400-75-00-03-05-2017-2617. [.]" Por autos de nueve y veintiséis de mayo de dos mil diecisiete (fojas 231 y 232 y 244 y 245) este órgano jurisdiccional, admitió a trámite las ampliaciones de demanda, solicitó a la autoridad responsable el informe justificado respectivo; dio la intervención que en derecho corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual dio inicio en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. El suscrito, Juez Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, y 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal; así como el contenido del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal número 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; dado que se reclama un acto dictado dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. Segundo. Fijación del acto reclamado. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual, es preciso efectuar un análisis conjunto de la demanda, por ser un todo considerado, en términos de la tesis P.VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIX, abril de 2004, Novena Época, página 255; cuyo rubro y texto, registro 181810, son del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese sentido, del análisis de la demanda de amparo, del escrito de desahogo y de ampliación, se advierte que la quejosa señaló como autoridades responsables y actos reclamados, los siguientes: 1. Administrador Desconcentrado de Recaudación de la Ciudad de México "4" del Servicio de Administración Tributaria, se reclama: a) Los oficios 400-37-00-02-05-2015-6759 y 400-75-00-03-05-2017-2617, de veintidós de mayo de dos mil quince y trece de febrero de dos mil diecisiete, con folios SIARA AGRALRSDF/2015/001070 y SIARA AGRADRDFED4/2017/000105, a través de los cuales se ordena la inmovilización de las cuentas bancarias de la quejosa. 2. Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; 3. Directora General de Atención a Autoridades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; 4. Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "A" de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; y 5. Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banamex; autoridades a quienes les reclamó: b) La ejecución de las órdenes de inmovilización. Tercero. Existencia de los actos reclamados. Conforme a lo previsto en el artículo 75, de la Ley de la materia, y la técnica que rige en el juicio de amparo, lo procedente ahora es determinar la certeza o inexistencia de los actos reclamados. Por su aplicación, es de citarse la Jurisprudencia XVII.2º. J/10, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo 76, abril de mil novecientos noventa y cuatro, página 68, registró 212775, de rubro "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." En ese orden de ideas, son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Administrador Desconcentrado de Recaudación de la Ciudad de México "4" del Servicio de Administración Tributaria, consistentes en la emisión de los oficios 400-37-00-02-05-2015-6759 y 400-75-00-03-05-2017-2617, de veintidós de mayo de dos mil quince y trece de febrero de dos mil diecisiete, con folios SIARA AGRALRSDF/2015/001070 y SIARA AGRADRDFED4/2017/000105, a través de los cuales se ordena la inmovilización de las cuentas bancarias de la quejosa, pues así lo manifestó dicha responsable al rendir el informe justificado (fojas 246 a 253 y 265 a 272). Es aplicable al caso, la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 231 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, registro 917812, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Certeza que se corrobora de la copia certificada de los oficios 400-37-00-02-05-2015-6759 y 400-75-00-03-05-2017-2617, de veintidós de mayo de dos mil quince y trece de febrero de dos mil diecisiete, remitidos por la autoridad responsable, de cuales se advierte que ordenó la ejecución de la orden de congelamiento, embargo, bloqueo o inmovilización a las cuenta bancaria que por esta vía defiende la quejosa, los cuales obran por separado en un legajo de pruebas, documentales que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, pues es un documento público expedido por funcionario en ejercicio de las funciones que le corresponden. De igual forma resulta aplicable la jurisprudencia 226, establecida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice 1995, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Parte SCJN, Quinta Época, página 153, registro 394182; que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Por otro lado, debe tenerse por cierto el acto reclamado al Presidente; Directora General de Atención a Autoridades (fojas 70 a 72), Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "A" (fojas 145 a 147), todos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banamex (fojas 105 a 110), consistente en la ejecución de las órdenes señaladas. Lo anterior, pues con independencia de lo que expresaron al rendir los informes justificados, la existencia de esos actos queda demostrada con las copias certificadas de éstos que obran en autos. Cuarto. Causales de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y de estudio preferente y, por ende, deben analizarse aun de oficio, sin importar que las partes las aleguen o no, conforme a lo dispuesto por el artículo 62, de la Ley de Amparo, y la jurisprudencia 814, publicada en la página 553, del Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En la especie, las autoridad responsable Administrador Desconcentrado de Recaudación de la Ciudad de México "4" del Servicio de Administración Tributaria, propone la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, pues aducen que, previo a esta instancia constitucional, la quejosa debió impugnar las órdenes reclamadas, a través del juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Al respecto, es oportuno traer al contexto el artículo y fracción invocados, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. [.] El precepto transcrito, es la expresión normativa del principio de definitividad que impera en el juicio de amparo. Este principio establece la improcedencia del juicio cuando contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin exigir, la ley que regula dicho medio de impugnación, mayores requisitos para la suspensión que los previstos en la Ley de Amparo. Tal principio encuentra justificación en el hecho de que, al tratarse el amparo de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a promoverlo, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los ejerza y, sólo en el caso de no obtener resolución favorable, se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Si al pasar por alto estas consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes afectadas por actos administrativos no tuvieran la carga de plantear las defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades de la administración pública. Una vez que se ha señalado la razón jurídica de la existencia del principio de definitividad, cabe destacar que además de los anteriores extremos, la norma constitucional también alude a título de excepción, que no será necesario agotar algún recurso, juicio o medio de defensa legal cuando la ley que los establezca exija mayores requisitos para otorgar la suspensión del acto que los que la Ley de Amparo requiere como condición para decretar la suspensión de los actos reclamados. De lo anterior se desprende que para que cobre actualidad la causa de improcedencia en estudio, se requiere la satisfacción de los siguientes requisitos: a) Que el acto reclamado emane de una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; b) Que el acto impugnado sea revisable de oficio, o bien, a instancia de parte proceda en su contra algún medio de defensa por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o anulado; c) Que el recurso que proceda no se encuentre previsto en un reglamento. d) Que conforme a las leyes que rigen el acto o el medio de impugnación relativo proceda la suspensión, con los mismos alcances, sin que establezca un mayor plazo para el otorgamiento de la suspensión provisional, y sin que pida mayores requisitos que los que para tal fin establece la Ley de Amparo, con independencia de que el acto en sí mismo considerado sea susceptible de paralización; e) Que el acto reclamado no carezca de fundamentación; y f) Que no se aleguen, en exclusiva, violaciones directas a la Constitución. Ahora bien, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 361/2014, en sesión del veintiocho de enero de dos mil quince, determinó que, cuando se impugnen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo que impliquen una ejecución que genere efectos irreparables, por regla general, previo a instar la acción constitucional, el quejoso tiene la obligación de agotar el medio de defensa que, en su caso, prevea la ley, a fin de generar la modificación, revocación o nulidad. Adujo que el cumplimiento del principio de definitividad en el juicio de amparo indirecto es un mandato constitucional de observancia obligatoria que exige aplicar las excepciones contenidas en la ley de manera estricta. Además, precisó que, por regla general, el hecho de que el acto reclamado en el amparo indirecto sea de imposible reparación, no constituye por ese sólo hecho, una excepción a las exigencias de procedencia del juicio de amparo. Por lo cual, determinó que el órgano jurisdiccional está obligado a verificar que la parte promovente haya agotado del medio ordinario de defensa que sea procedente para lograr la modificación, revocación o nulidad del acto. Así, señaló que si la regla de la definitividad exige legítimamente que se agoten los recursos ordinarios antes de acudir a la jurisdicción constitucional, será necesario que dichos medios cumplan con determinados requisitos que tienen que ver con la existencia, idoneidad, efectividad y oportunidad de los recursos. Por lo anterior, sobre el tema que nos ocupa, el máximo tribunal del país precisó que el artículo 116, del Código Fiscal de la Federación establece que, contra los actos administrativos dictados en materia fiscal federal se podrá interponer el recurso de revocación; mientras que el artículo 117, de la misma norma establece la regla general de procedencia del recurso de revocación. En dicho artículo se establecen diversos supuestos que pueden dividirse en dos grupos: a) En el primero, se encuentran las resoluciones definitivas dictadas por autoridades fiscales federales que pueden impugnarse a través del citado medio de defensa; b) En el segundo, corresponde a otros actos que, sin ser definitivos, sean trascendentales, como aquellos que exijan el pago de créditos fiscales cuando se alegue que éstos se han extinguido o, que su monto real es inferior al exigido y que el cobro en exceso sea imputable a la autoridad ejecutora o se refiera a recargos, gastos de ejecución; así como los que se dicten en el procedimiento administrativo de ejecución, cuando se argumente que éste no se ha ajustado a la ley. Concluyó el tribunal constitucional que, del contenido de los artículos 121, 127 y 175, del Código Fiscal de la Federación, la inmovilización de cuentas bancarias es un acto susceptible de ser impugnado a través del recurso de revocación. Por consiguiente, afirmó que ante la determinación de la autoridad administrativa de inmovilización de las cuentas bancarias, el gobernado afectado tiene al alcance el recurso de revocación o bien, acudir directamente al juicio contencioso administrativo; esto, en atención a que el recurso mencionado es de naturaleza optativa, en términos del artículo 120, del Código Fiscal de la Federación. Adujo que en ambos casos, esto es, en el recurso de revocación y en el juicio contencioso administrativo, existe la posibilidad de suspender el acto, pues en las dos vías rige lo dispuesto en el artículo 28, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el cual no prevé mayores requisitos para conceder la suspensión que la Ley de Amparo vigente. Finalmente, concluyó que el afectado con la inmovilización de cuentas bancarias puede encontrar reparabilidad de tal acto, interponiendo el recurso de revocación en el que podrá solicitar la suspensión de tal acto o bien a través del juicio contencioso administrativo. Dichas consideraciones dieron origen a la jurisprudencia 2a./J. 18/2015 (10a.), publicada en la página 1377, del libro 16, marzo de dos mil quince, tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "INMOVILIZACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS. CONTRA EL ACTO QUE LA DECRETA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De los artículos 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en su texto reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2010, 116, 117, 120, 121 y 127 del Código Fiscal de la Federación, deriva que el acto que decreta la inmovilización de cuentas bancarias puede impugnarse en forma optativa a través del recurso de revocación, o bien, del juicio contencioso administrativo y que, en ambos casos, puede solicitarse la suspensión de tal acto, sin mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo. En esta línea, una vez dictada la sentencia en el procedimiento contencioso administrativo, puede promoverse el juicio de amparo en la vía uniinstancial." En este contexto, es fundada la causa de improcedencia propuesta. Lo anterior, pues en el caso, la quejosa reclama la emisión y ejecución de los oficios 400-37-00-02-05-2015-6759 y 400-75-00-03-05-2017-2617, de veintidós de mayo de dos mil quince y trece de febrero de dos mil diecisiete, con folios SIARA AGRALRSDF/2015/001070 y SIARA AGRADRDFED4/2017/000105, a través de los cuales se ordena la inmovilización de las cuentas bancarias de la quejosa, como opción de pago, derivado del procedimiento administrativo de ejecución de diversos créditos fiscales, actos que, conforme a la jurisprudencia apuntada, pueden ser combatidos a través de los medios de defensa ordinarios; esto es, a través del recurso de revocación o del juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, donde puede solicitarse la suspensión de los actos impugnados sin exigir mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo. Sobre este punto, en necesario precisar que si bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió con base en el texto del artículo 28, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, vigente a partir del diez de diciembre de dos mil diez, el cual fue objeto de reforma mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de junio de dos mil dieciséis; ello, no es obstáculo para la determinación adoptada, dado que el texto vigente del precepto citado tampoco prevé mayores requisitos para la procedencia de la suspensión, como enseguida se analiza. El artículo 28, fracción III, inciso a), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en el texto vigente, prevé que la solicitud de la suspensión puede ser formulada en la demanda o en diverso escrito, en cualquier momento mientras no se dicte sentencia firme; por otra parte, el artículo 130, de la Ley de Amparo, dispone que la parte quejosa podrá solicitar la medida suspensiva en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria. La explicación anterior demuestra que ambas disposiciones permiten al interesado solicitar la medida cautelar sin límite temporal procesal, más que el dictado de una sentencia firme; en consecuencia, este requisito en el juicio contencioso administrativo no es mayor que en el amparo. Por lo que hace a la autoridad que resuelve la suspensión, se advierte que el referido artículo 28, fracción III, inciso b), en estudio, prevé que la suspensión se tramitará por cuerda separada y que su conocimiento corresponde al magistrado instructor de la sala, quien resolverá dentro de las veinticuatro horas siguientes a la presentación de la solicitud; requiriendo un informe relativo a la suspensión definitiva en el plazo de cuarenta y ocho horas y resolverá lo correspondiente a ésta dentro de los cinco días siguientes; en tanto que en el juicio de amparo, el órgano jurisdiccional competente para resolverla es aquél que conoce del expediente principal, atento a lo señalado en los artículos 125 y 138, de la Ley de Amparo, en el sentido de que la suspensión del acto reclamado se decretará de oficio o a petición de parte en los casos de la competencia de los jueces de distrito y éste resolverá dentro de los cinco días siguientes en la audiencia incidental sobre la concesión o la negativa de la suspensión o lo que fuere conducente. Consecuentemente, en este rubro, el requisito previsto en el juicio de nulidad no es mayor al señalado en la Ley de Amparo, puesto que la autoridad que conoce del juicio es la que resuelve la suspensión. La medida suspensiva, de acuerdo por el citado artículo 28, puede ser solicitada por el actor o su representante legal; en cambio, el artículo 128, fracción I, de la Ley de Amparo, dispone expresamente que la suspensión se decretará siempre que se solicite por la parte quejosa (agraviado). Lo anterior refleja que en ambos ordenamientos, para que se otorgue la suspensión, basta que el interesado la solicite, de manera que el requisito es idéntico. Tanto el artículo 28, fracción I, inciso a), en estudio, como el diverso 128, fracción II, de la Ley de Amparo, exigen como requisito de procedencia para el otorgamiento de suspensión, que su concesión no cause perjuicio al interés social ni contravenga disposiciones de orden público; por consiguiente, el requisito en este rubro es idéntico en ambas figuras cautelares. El artículo 28, fracción I, inciso b), en comento, señala que sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al solicitante con la ejecución del acto impugnado, lo que implica que el actor en el juicio de nulidad debe acreditar la existencia de un derecho susceptible de ser tutelado con el otorgamiento de la medida suspensiva. Por su parte, el artículo 139, de la Ley de Amparo, expresamente dispone que la suspensión será concedida siempre que la ejecución del acto reclamado produzca daños y perjuicios de difícil reparación, lo que se traduce en la demostración del derecho legalmente tutelado a favor de la quejosa. Como se advierte, los requisitos en este rubro son similares. En ambos ordenamientos se prevé la autoridad competente puede modificar o revocar el auto en que haya concedido o negado la suspensión, siempre que ocurra un hecho superveniente. En este tópico, el requisito es idéntico. Ambos ordenamientos medularmente señalan que si el otorgamiento de la medida cautelar causa daños a tercero, se concederá condicionada a una garantía ofrecida por el demandante para reparar el daño e indemnizar el perjuicio que con ella se cause, en caso que no se obtenga resolución favorable. Ahora bien, en lo referente al plazo en este supuesto, el citado artículo 28, no prevé la vigencia de la suspensión en los casos en que haya tercero, lo que significa que sus efectos surten desde su emisión; en cambio, la Ley de Amparo establece un lapso de cinco días para ese efecto, conforme al artículo 136 de esa ley, plazo que vencido, sin que se exhiba la garantía, retira la eficacia de los efectos de la medida suspensiva. En consecuencia, el requisito de la suspensión en el juicio de nulidad relativo al tercero no es mayor que en el juicio de amparo. El aludido artículo 28, fracción II, inciso a), dispone que en las demandas de nulidad que involucren contribuciones, aprovechamientos y créditos fiscales, se concederá la suspensión, condicionada a que se garantice su importe ante la autoridad ejecutora, por cualquiera de los medios permitidos en las leyes fiscales, previendo, además, la reducción de la garantía en caso de que el monto de los créditos exceda la capacidad económica del solicitante y cuando se trate de persona distinta al sujeto obligado directa o solidariamente al pago del crédito. Por su parte, el artículo 135, de la Ley de Amparo establece que si el amparo se insta contra el cobro de contribuciones y aprovechamientos, podrá concederse discrecionalmente la suspensión, si el quejoso ha constituido o constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. Como se aprecia en ambos casos, para que surta la suspensión respecto del cobro de créditos fiscales, el interesado debe garantizar el interés fiscal por cualquiera de los medios permitidos por la las leyes aplicables. En ese sentido, en el artículo 28, fracción III, inciso c), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo se prevé que el magistrado instructor deberá conceder o negar la referida medida cautelar de manera provisional, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la presentación de la solicitud relativa, plazo que es coincidente con el señalado en el artículo 112, de la Ley de Amparo, de ahí que el ordenamiento que rige el acto reclamado no prevé un plazo mayor para el otorgamiento de la suspensión provisional y, en tal virtud, dicho requisito tampoco es mayor. Por tanto, se concluye que la suspensión en el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, no exige mayores requisitos de los que prevé la suspensión en el juicio de amparo indirecto. Al respecto, cabe destacar que en la especie no se actualiza alguno de los otros casos de excepción al principio de definitividad a que se refiere el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, conforme enseguida se precisa: 1. Cuando el acto carezca de fundamentación. Al respecto, de la copia certificada de los oficios reclamados se aprecia que estos contienen diversos fundamentos y motivos que, sin prejuzgar sobre su legalidad, permiten que este órgano jurisdiccional concluya que no carecen de fundamentación, lo que únicamente haría procedente la excepción de que se trata. 2. Cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución. De un análisis de los conceptos de violación que esgrime la quejosa, se advierte que se duele de violaciones que obligarían a este órgano de control de la constitucionalidad a examinar aspectos de legalidad que pueden ser materia de análisis en sede ordinaria, por lo que esta circunstancia no puede tomarse como excepción al principio de definitividad. 3. Cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. No se actualiza esta excepción, dado que, como se vio, los medios ordinarios de defensa procedentes en contra de los actos reclamados se encuentran previstos en el Código Fiscal de la Federación y en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. 4. Cuando se impugnan leyes con motivo del primer acto de aplicación. Dicha excepción al principio de definitividad obedece a que el agraviado solamente podrá atacar la inconstitucionalidad de la norma ante el juez de Distrito, ya que las autoridades judiciales o administrativas encargadas de resolver los juicios o recursos ordinarios no son las idóneas para ocuparse de ellas por tratarse de cuestiones cuya solución atañe en forma privativa al Poder Judicial de la Federación; en el caso, la parte quejosa no reclamó ley alguna. 5. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan. Sobre este punto, cabe destacar que si bien la quejosa acudió a la presente instancia constitucional aduciendo que desconocía la causa por la cual se aseguró la cuenta bancaria que por esta vía defiende; lo cierto es que, de las constancias remitidas por el Administrador Desconcentrado de Recaudación de la Ciudad de México "4" del Servicio de Administración Tributaria, se advierte que mediante escrito presentado el siete de mayo de dos mil siete en la oficialía de partes de la autoridad responsable, la promovente interpuso recurso de revocación en contra de la resolución 324-SAT-VI-06993 de veintidós de febrero de dos mil siete, por la cual se determinaron los créditos fiscales H-2171896 al H-2171899, la cual fue confirmada mediante resolución de quince de abril de dos mil nueve. En esas condiciones, se emitieron diversos mandamientos de ejecución, actas de requerimiento de pago y embargo por falta de garantía del interés fiscal, sin que se pudiera notificar a la quejosa por no ser localizada en el domicilio declarado como fiscal. Por lo anterior, se emitieron los oficios 400-37-00-02-05-2015-6759 y 400-75-00-03-05-2017-2617, de veintidós de mayo de dos mil quince y trece de febrero de dos mil diecisiete, a través de los cuales solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores la inmovilización de las cuentas bancarias de la quejosa. Por lo anterior, y a efecto de no dejar en estado de indefensión a la quejosa, este órgano jurisdiccional en proveído de veintinueve de mayo de dos mil diecisiete (foja 254), le dio vista personalmente con las constancias remitidas (foja 264); no obstante, la accionante fue omisa en pronunciarse al respecto. Por tanto, es dable concluir, por una parte, que los actos que dieron origen al reclamado, al no haber sido señalados de manera expresa como reclamados, cobraron validez jurídica y, por tanto, se desvirtúa el carácter de tercero con el que se ostentaba la quejosa, y, por la otra, que los actos previos a la orden de aseguramiento y su ejecución fueron reclamados mediante recurso de revocación, según se advierte del legajo de pruebas. Así pues, como se vio y en atención a que no se actualizó alguna excepción al principio de definitividad, se concluye que debió promoverse el juicio contencioso administrativo antes de acudir a la instancia constitucional. Consecuentemente, en acatamiento al principio de definitividad que rige al juicio de amparo, procede sobreseer en el juicio, en términos de lo dispuesto por la fracción V, del diverso numeral 63, de la propia ley. Similar criterio adoptaron los Tribunales Colegiados Primero, Quinto, Octavo y Noveno, todos en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver, respectivamente, los amparos en revisión números 441/2015, 169/2016, 431/2015 y 289/2015. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 61, 62, 63, 65, 74, 75, 76, 79 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Mei Lay García Ham, por propio derecho, respecto a los actos y autoridades precisados en el segundo considerando de esta sentencia, por las razones y fundamentos expuestos en el último de ellos. Notifíquese y personalmente a la quejosa.
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SENTENCIA. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.***
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