Medardo Serna González

Expediente 837/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
837/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
23/02/2021

Partes del expediente

  • Medardo Serna González
  • Oriel Gómez Mendoza

Actuaciones

  1. Principal

    Juzgado asume conocimiento Agréguese a los autos el oficio signado electrónicamente por el actuario del Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal, con residencia en la Ciudad de México; en atención a su contenido, téngasele informando que ese órgano jurisdiccional aceptó la competencia para continuar conociendo de la demanda promovida por Medardo Serna González, Oriel Gómez Mendoza y Jorge Alarcón Ibarra. Lo anterior se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Archivo Ahora, toda vez que el presente asunto se encuentra totalmente concluido, SE ORDENA SU ARCHIVO definitivo y en virtud de que carece de relevancia documental e histórica, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I, del punto vigésimo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expediente Generados en los Juzgados de Distrito, se toma nota que es susceptible de DESTRUCCIÓN, ya que se trata de un asunto que sin decidir en lo principal se tuvo por concluido en este órgano federal; en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. Anotaciones Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, en términos del punto décimo primero del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula los datos precisados con antelación. Digitalización de proveído Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico; asimismo, procédase a realizar una impresión de este proveído para agregarse al expediente físico.

  2. Principal

    Demanda y radicación. Con la demanda de amparo promovida por Medardo Serna González, Oriel Gómez Mendoza y Jorge Alarcón Ibarra, solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos que atribuye al: Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con residencia en el Reclusorio Norte, con carácter de Juez de Control. Fórmese expediente y regístrese con el número VII837/2020, tanto en el libro de gobierno de juicios de amparo, como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Consideraciones previas Atento a lo anterior, debe destacarse el contenido del artículo 112 de la Ley de Amparo, mismo que establece: Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. Toda vez que el numeral 112 de la Ley de Amparo impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo a fin de determinar si, en el caso, resulta procedente desecharla, prevenirla o admitirla. De ahí que conviene destacar lo siguiente. Incompetencia En principio, es necesario establecer que la competencia es un presupuesto procesal básico para ejercer jurisdicción que, por su trascendencia, implica una cuestión de orden público. Por tanto, es de estudio previo el pronunciamiento sobre la admisión o no de la demanda de amparo. En el caso, este órgano jurisdiccional estima carecer de competencia legal, por razón de territorio, para conocer de la demanda en cuestión, atento a los siguientes razonamientos: El artículo 37 de la Ley de Amparo, prevé: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De la anterior trascripción, se desprende que existen tres reglas fundamentales para fijar la competencia de los juicios de amparo: 1. Será competente el juez de distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2. Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, 3. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Dadas las características y naturaleza de los actos reclamados en este sumario constitucional, se actualiza la hipótesis prevista en el número uno, pues de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama: El acuerdo de diez de noviembre de dos mil veinte, emitido por Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con residencia en el Reclusorio Norte, con carácter de Juez de Control, dentro de la causa penal número 178/2020 del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Norte, por medio del cual cita a los quejosos para que acudan a las trece horas del del quince de diciembre de dos mil veinte, a la audiencia inicial de manera presencial. Así, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y sus anexos, se aprecia que dicha citación es a fin de lograr su presencia en la sala dos del Centro de Justicia Penal Federal, con sede en el Reclusorio Norte, en Ciudad de México, a fin que tenga verificativo la audiencia inicial de formulación de imputación a que se refieren los artículos 307, y 310, del Código Nacional de Procedimientos Penales, virtud de instruírseles la causa penal número 178/2020, ante el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México. Circunstancia que se robustece, pues de las constancias que acompañaron la presente demanda, entre otras las copias de los proveídos de veintidós y diez de noviembre, ambos del año en curso, pronunciados por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en función de Juez Administrador del Centro dé Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Norte, se advierte la existencia de la causa penal seguida contra los quejosos, precisamente ante la anotada autoridad, así como de la citación efectuada a la parte quejosa a fin de que comparezca ante la responsable al desahogo de la audiencia inicial de formulación de imputación. Por lo que los actos combatidos presuntamente se pretenden ejecutar en la Ciudad de México; de ahí que el juez competente es aquel que tiene jurisdicción en donde se instruye la causa penal de donde deriva la citación que se reclama, además que ésta, materialmente tendrá lugar en la referida ciudad (pues ahí es lugar en donde se les cita para que comparezcan) y será en ella donde se prosiga el trámite correspondiente a dicha cita, además de que un Juez de control de la anotada ciudad fue quien ordenó el desahogo de la audiencia inicial con la presencia de los ahora quejosos, virtud de ello ordenó su citación; es decir, que el acto que aquí se reclama tiene ejecución material, pero no será en esta ciudad (Morelia) ni entidad federativa (Michoacán). Ahora, el Acuerdo General 3/2013 y 28/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número de límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, y al número a la Jurisdicción Territorial y Especialización por Materia de los Juzgados de Distrito, establece la competencia de los Juzgados de Distrito del Primer Circuito, correspondiente a la Ciudad de México, específicamente el apartado correspondiente a los órganos jurisdiccionales en dicha ciudad, lugar en el que se pretende ejecutar el acto reclamado, ello atendiendo a que en dicha localidad se encuentra el órgano jurisdiccional que ordenó la citación de los quejosos y ante quien se instruye la causa de donde deriva ésta, tal como se aprecia de la transcripción siguiente: Acuerdo 3/2013: I.PRIMER CIRCUITO Los juzgados de Distrito con residencia en la Ciudad de México ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por el territorio de aquélla, con excepción de los Juzgados de Distrito Especializados en Ejecución de Penas, que ejercerán jurisdicción territorial en toda la República Mexicana. ACUERDO 28/2016: ÚNICO. Se reforman los numerales 3 a 26 del QUINTO BIS; se adicionan los numerales 27 a 31 del mismo, así como el QUINTO TER, y se deroga el segundo párrafo del QUINTO BIS, todos del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, para quedar como sigue 8. El Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con residencia en el reclusorio Norte se integrará por tres jueces de Distrito; y un Tribunal de Alzada. QUINTO TER. Los órganos jurisdiccionales de los centros de justicia penal federal serán competentes en todo el territorio de la entidad federativa de su residencia, con excepción de lo siguiente: I. Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Durango: cuya competencia comprenderá el Estado de Durango, salvo los municipios de General Simón Bolívar, Gómez Palacio, Lerdo, Mapimí, Nazas, San Juan de Guadalupe, San Luis del Cordero, San Pedro del Gallo y Tlahualilo; II. Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Coahuila de Zaragoza: cuya jurisdicción territorial comprenderá dicha entidad federativa y los municipios de Durango señalados en la fracción anterior; III. Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Veracruz, con residencia en Coatzacoalcos: cuya jurisdicción territorial comprenderá los municipios de Acayucan, Agua Dulce, Coatzacoalcos, Cosoleacaque, Chinameca, Hidalgotitlán, Ixhuatlán del Sureste, Jáltipan, Jesús Carranza, Las Choapas, Mecayapan, Minatitlán, Moloacán, Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, Oluta, Oteapan, Pajapan, San Juan Evangelista, Sayula de Alemán, Soconusco, Soteapan, Tatahuicapan de Juárez, Texistepec, Uxpanapa y Zaragoza de dicho Estado; y IV. Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Veracruz, con residencia en la ciudad de Xalapa; cuya jurisdicción territorial comprenderá dicha entidad federativa y los municipios que integran la misma con excepción de los señalados en la fracción anterior. Luego, es incuestionable que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer del presente asunto, pues conforme a las reglas previstas por el artículo 37 de la ley invocada, es competente para conocer del juicio de amparo el juez de distrito en cuya jurisdicción deba ejecutarse, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; en esa virtud, atendiendo a que el acto impugnado tiene ejecución material en Ciudad de México, sitio donde: Radica el Juzgado que ordenó la citación de los quejosos. Se instruye la causa en contra de los quejosos. Tendrá lugar la comparecencia de los quejosos virtud de la citación que se les hace. Lugar donde ejercen jurisdicción los Juzgados de Distrito en Ciudad de México, por virtud del Acuerdo General 3/2013 y 28/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número de límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, y al número a la Jurisdicción Territorial y Especialización por Materia de los Juzgados de Distrito. Orienta lo anterior, la tesis1 de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO DE LA JURISDICCIÓN EN DONDE HAYAN DE EJECUTARSE LOS ACTOS RECLAMADOS. Si la autoridad responsable radica en un lugar situado bajo la jurisdicción de un Juez de Distrito; pero los actos reclamados deben ejecutarse en demarcación diferente, que está sujeta a jurisdicción de otro Juez de Distrito, este último es el competente para conocer del amparo indirecto, de acuerdo con el texto reformado del artículo 36 de la Ley de Amparo, en vigor desde el dieciséis de marzo de mil novecientos ochenta y cuatro, que dispone: Cuando conforme a las prescripciones de esta ley sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, y que suprimió la parte del último párrafo en que se daba competencia al Juez de la residencia de la autoridad ordenadora siempre que (su acto) se reclame antes de que haya comenzado a ejecutarse Además de la tesis2 visible en la página 12, también de la citada Tercera Sala, que indica: COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO DE LA JURISDICCIÓN EN DONDE HAYAN DE EJECUTARSE LOS ACTOS RECLAMADOS. Si la autoridad responsable radica en un lugar situado bajo la jurisdicción de un Juez de Distrito; pero los actos reclamados deben ejecutarse en demarcación diferente, que está sujeta a jurisdicción de otro Juez de Distrito, este último es el competente para conocer del amparo indirecto, de acuerdo con el texto reformado del artículo 36 de la Ley de Amparo, en vigor desde el dieciséis de marzo de mil novecientos ochenta y cuatro, que dispone: Cuando conforme a las prescripciones de esta ley sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, y que suprimió la parte del último párrafo en que se daba competencia al Juez de la residencia de la autoridad ordenadora siempre que (su acto) se reclame antes de que haya comenzado a ejecutarse. Y, finalmente, la tesis aislada número I.1, A. 44 A3 , emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, del tenor siguiente: COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora". En las relatadas condiciones, este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, considera carecer de competencia para conocer de la demanda en cuestión No impide arribar a lo anterior, las manifestaciones hechas por los quejosos en torno a que corresponde conocer de la presente demanda de amparo, a un juzgado de distrito con sede en esta ciudad, virtud que aquí radican aquellos y en esta ciudad se les notificó el acto reclamado. Ello, en atención a que su domicilio y notificación a que aluden, no son unas de las reglas o requisitos a que alude el artículo 37 de la Ley de Amparo a fin de fijar la competencia del tribunal que corresponde conocer del juicio de amparo que nos ocupa; por lo contrario, como ya se dijo, ésta radica en los juzgados con jurisdicción donde tendrá ejecución material el acto que se reclama, al caso en la Ciudad de México, virtud que en dicha ciudad radica el juzgado que conoce del proceso seguido contra los quejosos, donde emana el acto reclamado y en dicha ciudad tendrá lugar la comparecencia de éstos a fin de llevar a cabo la audiencia inicial. Suspensión de plano Sin que sea necesario proveer sobre la suspensión de plano en el presente asunto, toda vez que de acuerdo a lo expuesto en la demanda de amparo y las constancias que la acompañan, no existe razón por la cual deba de considerarse que la presente demanda deba proveerse de manera urgente, al no ubicarse en las hipótesis contenidas en los artículos 15, y 17, fracción IV, de la Ley de Amparo, en relación con el 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Consulta en línea del expediente y presentación de promociones en la misma vía. Se exhorta a la parte quejosa, autoridad responsable y Ministerio Público interviniente en este asunto, a que las consultas y promociones en este juicio se realicen vía electrónica en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, en el cual podrán actuar a través de la firma electrónica avanzada certificada por el Consejo de la Judicatura Federal (FIREL), o por el Servicio de Administración Tributaria (e.Sat o e.Firma), que es la que se utiliza para rendir la declaración anual de impuestos y otros servicios en materia de obligaciones tributarias. En caso de no contar con ninguna de ellas, podrán tramitarla en la página www.firel.pjf.gob.mx, siguiendo los pasos que ahí se describen. Una vez obtenida cualquiera de las firmas electrónicas avanzadas, las personas (quejoso, autoridades responsables y Ministerio Público) tendrán acceso al portal de servicios en línea en donde podrán realizar un registro como "usuario", asignándole la nomenclatura que sea de su agrado, y una contraseña personalísima vinculada a la firma electrónica, con dicho usuario podrán ser habilitados por el órgano jurisdiccional para que tengan acceso al expediente electrónico correspondiente en el cual podrán: a. Consultar constancias. b. Presentar demandas, escritos, recursos, ampliación de demanda, cumplir con prevenciones y requerimientos, formular alegatos, acceder a los que formule su contraparte. c. Notificarse. d. Descargar las constancias que constituyen el expediente digital, la que tendrán el valor de copias certificadas por estar firmadas electrónicamente por los servidores públicos integrantes los órganos jurisdiccionales. Al respecto, el artículo 16 del Acuerdo General 12/2020 El registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. Consulta física del expediente y presentación de promociones en la misma vía. Para el caso que las partes no les sea posible acceder a las tecnologías precisadas en el punto inmediato anterior, y requieran consultar físicamente el expediente o presentar promociones físicamente, se les informa lo siguiente. Consulta física del expediente. Toda vez que para garantizar la continuidad de las medidas para evitar la concentración de personas y la propagación de virus Covid-19, subsiste la situación de emergencia sanitaria, si cualquiera de las partes considera necesario consultar físicamente el expediente, a efecto de estar en posibilidad de formular los alegatos correspondientes u ofrecer prueba, con base en el artículo 6 del acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá generar una cita en el portal de internet de servicios informáticos en línea del Poder Judicial de la Federación, dentro del micrositio Agenda OJ, en el entendido de que el acceso al órgano jurisdiccional y, consecuentemente al expediente respectivo, conforme a los artículos 3, 4, 6 y 7 del citado acuerdo general, se encuentra sujeto a las limitaciones siguientes: El acceso al órgano jurisdiccional y, por consecuencia al expediente, sólo verificará en la fecha y hora de la cita. b. Estará limitado a dos personas por cita, una de las cuales deberá ser quien agendó la cita. c. Si requiere de atención especial por padecer de alguna discapacidad, deberá informarlo al momento de agendar la cita, indicando con toda precisión qué tipo de discapacidad posee, a efecto de se realicen los ajustes necesarios para su comparecencia. d. Deberá someterse a los controles sanitarios establecidos en el inmueble del Poder Judicial de la Federación, en el entendido que de no cumplir con lineamientos establecidos para tal efecto, no se permitirá el acceso. Deberá respetar las medidas de "sana distancia" conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento. Para presentar físicamente promociones. Dado que la reanudación de los plazos y términos procesales implica la de las actividades administrativas de los órganos jurisdiccionales, los escritos, promociones u oficios dirigidos a este expediente podrán presentarse en la oficialía de partes común (OPC), las cuales quedarán instaladas en los edificios sedes de los órganos jurisdiccionales a partir del día tres de agosto de dos mil veinte, y funcionará en dos turnos; a saber: (i) turno matutino prestará servicios de las nueve a las catorce horas, exclusivamente para órganos que laboren por las mañanas, y la del turno vespertino lo hará de las quince a las diecinueve, sólo para los órganos que laboren por las tardes4 . Para tal efecto, indíquese a las partes que este órgano fue designado para desempeñar labores en el turno vespertino. Procedimiento ante las oficialías de partes comunes (OPC) Con base en la circular SECNO/14/2020 de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en la medida de lo posible, se seguirá de acuerdo a la mecánica esencial que se detalla: (i) Toda persona justiciable debe portar cubrebocas de forma obligatoria. (ii) La persona justiciable debe ser dirigida al espacio de presentación de documentación correspondiente, dependiendo de si se pretende depositar en el buzón o presentar ante la OPC. (iii) Una vez en el espacio correspondiente a la OPC, deberá hacer fila, siempre respetando los espacios personales de sana distancia señalizados previamente (iv) En caso de advertirse que están agotados los espacios personales, alguna o alguno de los funcionarios designados para proporcionar información o canalizar el flujo de personas les entregará comprobantes o contraseñas a las personas que acudan hasta el término del turno, con el objeto de puedan retirarse y regresar posteriormente para ser atendidas y que se reciban sus promociones, justificando su recepción fuera del horario establecido para el turno. (v) Una vez atendida, la persona justiciable debe retirarse de inmediato; en el entendido de que las citas para consulta de expedientes en los órganos jurisdiccionales tienen un trámite autónomo y automatizado. Comuníquese a las partes que fuera del horario establecido para la atención de las OPC, en caso de asuntos en los que se venza un término podrán presentar los escritos y oficios de los expedientes en trámite ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán con residencia en Morelia, o el buzón judicial. Disposiciones finales en relación a la observancia de las medidas imperantes en la asistencia a las instalaciones de los tribunales federales. Para el caso de que las partes decidan continuar tramitando físicamente este expediente y en consecuencia tengan la necesidad de acudir al edificio sede de este órgano, se les hace del conocimiento que, conforme a los lineamientos trazados en el acuerdos general 21 del Consejo de la Judicatura Federal y circular SECNO/14/2020 citadas con antelación, deben acatar los lineamientos trazados en dicho cuerpo normativo, pues de lo contrario les será negado el acceso a los recintos destinados para brindarles la atención debida con la consecuente preclusión del derecho procesal correspondiente, ya que los plazos y términos no serán suspendidos de manera particular. También se les comunica que: 1. El incumplimiento de las medidas sanitarias generará, en principio, una llamada de atención, mientras que la reincidencia o subsistencia del incumplimiento acarrearán la orden de expulsión inmediata del recinto. 2. El ingreso al edificio y al órgano jurisdiccional sólo se permitirá en la hora y fecha establecida en la cita, no se permitirá en hora y fecha diversa, en caso de incomparecencia deberá agendar otra cita. Señalamiento de domicilio y autorizados. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, así como autorizando para tal efecto a Joseph Iván López Serrano, José Jesús Santoyo Sánchez y Evelyn Rocío Cuin Juárez; así como autorizando en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Ataúlfo Chávez Coria, Erik Francisco Valencia Mendoza, Inri Daniel Estrada Favian y Rafael Sánchez Guerre, dado que si cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados De igual forma, se tiene a la parte quejosa señalando los correos electrónicos: medardo.serna@gmail.com ata_chavez@hotmail.com eriksink@hotmail.com inri_daniel50@hotmail.com jorge.alarcon@hotmail.com tmgyb@hotmail.com Para oír y recibir notificaciones; ahora, en lo que respecta a las direcciones de correo electrónico, se ordena su habilitación para la recepción de notificaciones, sin que obste a lo anterior que el artículo 26 de la Ley de Amparo, fracción IV, disponga que el único medio para recibir notificaciones electrónicas es el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, (SISE) haciendo uso del Certificado de Firma Electrónica. No obstante, debe decirse que la circular SECNO/12/2020, que interpreta el Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de Distrito estableció la necesidad de encontrar soluciones creativas dentro del marco de la ley aplicable para sostener los nuevos retos que supone el trabajo a distancia, en el contexto de la pandemia derivada del virus COVID-19. Incluso, de conformidad con los artículos 28 y 34 del Acuerdo General Plenario 21/2020, la actuación a través de medios electrónicos constituye un eje rector en la tramitación de los expedientes, como medida preventiva de la propagación del virus SARS-CoV2 (COVID-19); por tanto, resulta factible ordenar la habilitación del correo electrónico aludido, en el entendido de que el fedatario público adscrito deberá confirmar la recepción vía telefónica a través de los números (443)2272345, (443)3181564, (443)1962590, (443)1409378, (443)2735090 y (443)1731579. Habilitación de usuario Ahora, con fundamento en el numeral 3, párrafo sexto, de la ley en la materia, hágase la habilitación del usuario Rafael_Sanchez_Guerra, para que consulten el expediente electrónico de este juicio de amparo dentro del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. ? Habilitación de días y horas. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental establecido en el artículo 17 constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los Actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Anotaciones. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3 y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

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