Medardo Antonio Alvarez Decelis
Expediente 2222/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 21 actuaciones registradas, la última del 4 de mayo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 2222/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 04/05/2017
Partes del expediente
- Medardo Antonio Alvarez Decelis
- Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado
- Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
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Tuxtla Gutiérrez, cuatro de mayo de dos mil diecisiete. Visto el estado de autos y la certificación secretarial que antecede, con fundamento en los artículos 86, de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la citada Ley, se acuerda: Como ninguna de las partes recurrió dentro del término legal el auto que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, se declara que ha causado estado para los efectos legales procedentes. Atento al dispositivo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el presente como asunto concluido. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del diverso punto Vigésimo Primero, ambos del Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se reitera, se trata de un asunto que se sobreseyó fuera de audiencia; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo disponen los puntos Décimo fracción I, Décimo Primero segundo párrafo, y Décimo tercero todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto del Capítulo Quinto del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial. Notifíquese.
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SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA, LA RESOLUCIÓN DE CUATRO DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, QUE EN LO MEDULAR SEÑALA: ...Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; cuatro de abril de dos mil diecisiete. Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el oficio suscrito por la Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas y Secretario Auxiliar de Amparos, con residencia en esta ciudad, por el que remite copia certificada de diversas constancias relativas al expediente****, de su índice, promovido por****. Documental a la que se le concede valor probatorio pleno, en términos de lo que establecen los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2. Ahora, del escrito inicial de demanda se advierte que la parte quejosa señaló como actos reclamados: 1. La omisión de realizar el requerimiento de pago y embargo en el expediente****, para que la parte patronal dé cumplimiento al laudo, formulado mediante escrito de seis de septiembre de dos mil dieciséis y recibido por la autoridad responsable el nueve siguiente. 2. La contestación a la petición formulada a través del líbelo de seis de septiembre de dos mil dieciséis, presentado ante la propia autoridad responsable el nueve de septiembre de la misma anualidad; es decir, el proveído de veintiséis de octubre de dos mil dieciséis, dictado por la autoridad responsable (fojas 69-70). En ese contexto, se toma en cuenta el contenido de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.) El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional, respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos de dicho acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención, no es sólo la paralización del acto de autoridad, además es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De lo expuesto se desprende que, para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de cuatro extremos, a saber: a) Un acto de autoridad que se estime lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; c) Una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de garantías; y, d) Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Por otro lado, resulta indispensable acudir al contenido del artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los diversos 103 y 107 de la Constitución General de la República, que a la letra señala: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: . II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Del precepto transcrito se obtiene que los efectos que genera la concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión, tratándose de actos de carácter omisivo, es obligar a la autoridad responsable a respetar la prerrogativa de que se trate y exigir de la misma su cumplimiento. Esto es, tratándose de actos omisivos de autoridades responsables, se entiende que han dejado de surtir sus efectos una vez que la autoridad lleva a cabo el acto que destruye la violación al derecho reconocido por la Constitución General. En la especie, la quejosa se duele de la omisión por parte de la autoridad responsable 1. Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, de realizar el requerimiento de pago y embargo en el expediente****. En el oficio de cuenta, la autoridad responsable remitió copia certificada del proveído de treinta de marzo de dos mil diecisiete, dictado en el expediente laboral *****, donde dicta auto de ejecución con efectos de mandamiento para que se requiera a la parte demandada, Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas y/o quien resulte responsable o propietario de la fuente de trabajo y haga pago al actor*****, de la cantidad de $****, cantidad actualizada hasta la fecha de ese proveído, que incluye la actualización de los salarios caídos, vacaciones, prima vacacional y aguinaldo, medias horas, salarios devengados y no pagados, horas extraordinarias a salario doble y triple que salvo error u omisión aritmética le corresponde el actor, que comprende lo condenado en la parte considerativa del laudo dictado el veintiocho de mayo de dos mil quince, en el juicio de origen. Lo expuesto permite evidenciar que en el presente asunto han cesado los efectos de la omisión atribuida a la autoridad responsable, al haberse demostrado que durante el juicio de amparo emitió el auto de ejecución con efectos de mandamiento; es decir, en fecha posterior a la presentación de la demanda, la Junta responsable subsanó la dilación procesal que se le reclamaba. Es así, porque la parte quejosa reclamó la omisión de la autoridad de pronunciarse respecto al auto de ejecución de laudo, lo que en el caso se subsana con el proveído dictado por la autoridad. De ese modo, se concluye que lo actuado por la autoridad responsable extingue la omisión original en que se encontraba y que motivó la promoción del juicio de amparo en que se actúa. En ese sentido, deviene inconcuso que los efectos del acto reclamado consistente en la omisión por parte de la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, de dictar auto de ejecución con efectos de mandamiento en el juicio laboral****, ha cesado en sus efectos, quedado insubsistente en forma total e incondicional el citado acto tildado de inconstitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí ninguna huella. Cabe señalar, que queda a cargo de la parte quejosa dar el impulso respectivo al procedimiento de ejecución forzosa de laudo, por lo que podrá acudir ante la responsable para que, en compañía del actuario adscrito a la junta, se constituyan al domicilio de la condenada y se ejecute el proveído de treinta de marzo de dos mil diecisiete. Luego, al haberse acreditado que cesaron los efectos del acto que por esta vía se reclamó, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que por su aplicación relacionada con la fracción V del numeral 63 del mismo ordenamiento, obliga a SOBRESEER EN EL PRESENTE JUICIO FUERA DE AUDIENCIA. Por las razones asentadas en líneas precedentes, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las doce horas con treinta minutos del veinticinco de abril de dos mil diecisiete. Notifíquese personalmente. ..
- Principal
CON ESTA FECHA SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL CONTENIDO DEL ACUERDO DE CUATRO DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO QUE EN SU PARTE MEDULAR DICE: "Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; cuatro de abril de dos mil diecisiete. Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el oficio suscrito por la Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas y Secretario Auxiliar de Amparos, con residencia en esta ciudad, por el que remite copia certificada de diversas constancias relativas al expediente****, de su índice, promovido por****. Documental a la que se le concede valor probatorio pleno, en términos de lo que establecen los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2. Ahora, del escrito inicial de demanda se advierte que la parte quejosa señaló como actos reclamados: 1. La omisión de realizar el requerimiento de pago y embargo en el expediente****, para que la parte patronal dé cumplimiento al laudo, formulado mediante escrito de seis de septiembre de dos mil dieciséis y recibido por la autoridad responsable el nueve siguiente. 2. La contestación a la petición formulada a través del líbelo de seis de septiembre de dos mil dieciséis, presentado ante la propia autoridad responsable el nueve de septiembre de la misma anualidad; es decir, el proveído de veintiséis de octubre de dos mil dieciséis, dictado por la autoridad responsable (fojas 69-70). En ese contexto, se toma en cuenta el contenido de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.) El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional, respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos de dicho acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención, no es sólo la paralización del acto de autoridad, además es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De lo expuesto se desprende que, para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de cuatro extremos, a saber: a) Un acto de autoridad que se estime lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; c) Una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de garantías; y, d) Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Por otro lado, resulta indispensable acudir al contenido del artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los diversos 103 y 107 de la Constitución General de la República, que a la letra señala: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: . II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Del precepto transcrito se obtiene que los efectos que genera la concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión, tratándose de actos de carácter omisivo, es obligar a la autoridad responsable a respetar la prerrogativa de que se trate y exigir de la misma su cumplimiento. Esto es, tratándose de actos omisivos de autoridades responsables, se entiende que han dejado de surtir sus efectos una vez que la autoridad lleva a cabo el acto que destruye la violación al derecho reconocido por la Constitución General. En la especie, la quejosa se duele de la omisión por parte de la autoridad responsable 1. Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, de realizar el requerimiento de pago y embargo en el expediente****. En el oficio de cuenta, la autoridad responsable remitió copia certificada del proveído de treinta de marzo de dos mil diecisiete, dictado en el expediente laboral *****, donde dicta auto de ejecución con efectos de mandamiento para que se requiera a la parte demandada, Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas y/o quien resulte responsable o propietario de la fuente de trabajo y haga pago al actor*****, de la cantidad de $****, cantidad actualizada hasta la fecha de ese proveído, que incluye la actualización de los salarios caídos, vacaciones, prima vacacional y aguinaldo, medias horas, salarios devengados y no pagados, horas extraordinarias a salario doble y triple que salvo error u omisión aritmética le corresponde el actor, que comprende lo condenado en la parte considerativa del laudo dictado el veintiocho de mayo de dos mil quince, en el juicio de origen. Lo expuesto permite evidenciar que en el presente asunto han cesado los efectos de la omisión atribuida a la autoridad responsable, al haberse demostrado que durante el juicio de amparo emitió el auto de ejecución con efectos de mandamiento; es decir, en fecha posterior a la presentación de la demanda, la Junta responsable subsanó la dilación procesal que se le reclamaba. Es así, porque la parte quejosa reclamó la omisión de la autoridad de pronunciarse respecto al auto de ejecución de laudo, lo que en el caso se subsana con el proveído dictado por la autoridad. De ese modo, se concluye que lo actuado por la autoridad responsable extingue la omisión original en que se encontraba y que motivó la promoción del juicio de amparo en que se actúa. En ese sentido, deviene inconcuso que los efectos del acto reclamado consistente en la omisión por parte de la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, de dictar auto de ejecución con efectos de mandamiento en el juicio laboral****, ha cesado en sus efectos, quedado insubsistente en forma total e incondicional el citado acto tildado de inconstitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí ninguna huella. Cabe señalar, que queda a cargo de la parte quejosa dar el impulso respectivo al procedimiento de ejecución forzosa de laudo, por lo que podrá acudir ante la responsable para que, en compañía del actuario adscrito a la junta, se constituyan al domicilio de la condenada y se ejecute el proveído de treinta de marzo de dos mil diecisiete. Luego, al haberse acreditado que cesaron los efectos del acto que por esta vía se reclamó, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que por su aplicación relacionada con la fracción V del numeral 63 del mismo ordenamiento, obliga a SOBRESEER EN EL PRESENTE JUICIO FUERA DE AUDIENCIA. Por las razones asentadas en líneas precedentes, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las doce horas con treinta minutos del veinticinco de abril de dos mil diecisiete. Notifíquese personalmente".
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Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintinueve de marzo de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede, tomando en consideración que no ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 117, párrafo segundo de la Ley de Amparo vigente, durante el cual debe hacerse del conocimiento de las partes el contenido del informe justificado respecto de la ampliación del acto reclamado agregado en autos; se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose como nueva fecha para su celebración las DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTICINCO DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE. Notifíquese.
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