Mayté Domínguez López

Expediente 839/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 9 actuaciones registradas, la última del 22 de julio de 2015.

Datos del expediente

Expediente
839/2015
Año
2015
Actuaciones
9
Última actuación
22/07/2015

Partes del expediente

  • Mayté Domínguez López

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, veintidós de julio de dos mil quince. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación de cuenta asentada por la Secretaria adscrita a este Juzgado, en el sentido de que ha transcurrido el término de diez días que señala el artículo 86, de la Ley de Amparo en vigor, sin que haya sido recurrida la sentencia dictada el tres de julio del año en curso, por la que se decretó el sobreseimiento del presente juicio de garantías; en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Reglamentaria en consulta, se declara que dicho fallo HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes, y con fundamento en el ordinal 214 de la ley de Amparo, se ordena el archivo de este expediente como asunto concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Devuélvase a la Primera Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, el Toca de apelación civil 743/2014, el juicio civil ordinario reivindicatorio 76/2014 y dos cuadernos deducidos de dicho expediente y el juicio civil 88/1975 (constante de dos tomos) y un cuaderno deducido del mismo, que en su oportunidad remitió la Magistrada Presidenta de dicha Sala como justificación de sus actos. Ahora bien, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el presente expediente es susceptible de destrucción; por lo tanto, una vez que transcurra el término de tres años que establece el primer párrafo del referido punto vigésimo primero, deberán realizarse las gestiones necesarias para su destrucción. Por otra parte, agréguese el cuaderno original del incidente de suspensión, en virtud de que se negó la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa, a fin de que sea destruido junto con el expediente en que se actúa; lo anterior en cumplimiento a lo ordenado en la fracción III, del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; y el duplicado guárdese por separado para que atendiendo a lo dispuesto en la fracción III, del diverso punto vigésimo del citado acuerdo, una vez que transcurra el término de seis meses; se realicen las gestiones pertinentes para su destrucción. Finalmente, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del citado Acuerdo, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; de la misma manera, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR MEDIO DE LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargado del despacho por vacaciones del titular, conforme a lo establecido en el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria que autoriza y da fe. Rosy

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.- En Zacatecas, Zacatecas, a las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL TRES DE JULIO DE DOS MIL QUINCE, día y hora señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 839/2015, presentes en audiencia pública el licenciado MANUEL AUGUSTO CASTRO LÓPEZ, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, asistido de la Secretaria de Juzgado licenciada María Soledad Torres Muguiro, con quien actúa y da fe, la declaró abierta sin contar con la asistencia de las partes, de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo vigente. Acto seguido, la Secretaria da lectura a las constancias que integran el presente juicio de garantías, sin que sea necesario hacer mención expresa de ellas, acorde a lo establecido en la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 185, Tomo IV, primera parte, julio a diciembre de 1989, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que refiere: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en ese acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas". En relación con lo anterior, el Juez acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias, por leídas las mismas; por rendido el informe justificado de la autoridad señalada como responsable Primera Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, en términos del numeral 117 de la Ley de Amparo. A continuación, en el período de pruebas, la Secretaria da cuenta con las documentales que la Sala responsable adjuntó a su informe como justificación del acto reclamado, consistentes en el toca de apelación civil 743/2014, juicio civil ordinario reivindicatorio 76/2014 y dos cuadernos deducidos de dicho expediente, así como el juicio civil 88/1975 en dos tomos y un cuaderno deducido de ese expediente. Al respecto, el Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119, de la Ley de Amparo vigente, se tienen por desahogadas de acuerdo a su propia y especial naturaleza las documentales antes señaladas. Se declara cerrado el período probatorio y se pasa al de alegatos; en el que se hace constar que ninguna de las partes los formuló. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, en términos del artículo citado con antelación de la ley de la materia, y se procede a emitir la siguiente resolución: V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 839/2015; y, R E S U L T A N D O 1º. Demanda de amparo. En escrito presentado el diecinueve de mayo de dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Salvador Domínguez Chairez en cuanto apoderado legal de Mayte Domínguez López, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridad, actos y por violación a las garantías individuales contenidas en los preceptos constitucionales, que enseguida se precisan: Autoridad Responsable Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad. Acto Reclamado La resolución de veintiocho de abril de dos mil quince, dictada dentro del toca civil 743/2015, a través de la cual se ordena reponer el procedimiento y anular las actuaciones hasta el auto que acusa rebeldía a los demandados dentro del juicio civil ordinario 76/2014 del índice del Juzgado de Primera Instancia de Valparaíso, Zacatecas. Preceptos constitucionales que se estiman violados. El quejoso señaló como garantías individuales vulneradas, las contempladas en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución General de la República. 2°. Trámite del juicio de amparo. La demanda de garantías de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, cuyo Titular dictó proveído el veintiocho de mayo del año en curso, en que ordenó su admisión y registro bajo expediente 839/2015; se pidió informe justificado a la autoridad responsable; se emplazó a los terceros interesados; se dio la intervención legal que le corresponde a la Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó en términos del acta que antecede y que forma parte integral de esta sentencia. C O N S I D E R A N D O I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107, de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 54/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por reclamarse actos que tienen ejecución en la demarcación territorial asignada a este órgano jurisdiccional. II. Precisión y existencia de los actos reclamados. II.1. Precisión. Previo a establecer la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Amparo. Para tal efecto se atenderá a los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en el sentido de analizar íntegramente la demanda con criterio amplio, no restrictivo para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, pero prescindiendo de las calificativas sobre inconstitucionalidad que realice, en términos de las jurisprudencias P./J.40/2000 y P.VI/2004. En ese sentido, de las constancias que integran el presente juicio de garantías se advierte que el quejoso reclama: La resolución de veintiocho de abril de dos mil quince, dictada dentro del toca civil 743/2015, a través de la cual se ordena reponer el procedimiento y anular las actuaciones hasta el auto que acusa rebeldía a los demandados dentro del juicio civil ordinario 76/2014 del índice del Juzgado de Primera Instancia de Valparaíso, Zacatecas. II. 2. Inexistencia, certeza o presunción de los actos reclamados. Una vez determinado cuál es el acto reclamado, por cuestión de técnica, a continuación se analizará la inexistencia o certeza del mismo, tal y como lo estableció una anterior integración de la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, en la tesis del rubro y texto siguientes: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad." II.2.1. Certeza: La Primera Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, al rendir su informe justificado reconoció la existencia del acto reclamado que se le atribuye. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, la certeza del acto reclamado, se corrobora con el toca de apelación civil número 743/2015 que remitió la Sala responsable en apoyo a su informe justificado; documentales que revisten plena eficacia probatoria, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2° de éste último ordenamiento legal, de las cuales se advierte la existencia del acto reclamado. En este sentido, es aplicable, la tesis del rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." III. Procedencia del juicio de amparo. Establecida la existencia de los actos reclamados, se impone analizar la procedencia del juicio de garantías, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo a lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable, la tesis cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Este Tribunal Federal de oficio advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la fracción V del numeral 107 de la Ley de Amparo, éste último precepto interpretado a contrario sensu, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . . . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: . . . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos, los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.". Cabe señalar que el concepto irreparable ha sido definido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la siguiente manera: Los actos procesales dentro del juicio solo tienen ejecución de imposible reparación, para efectos del artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo, cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por los derechos humanos del gobernado, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreparablemente la violación en el disfrute del derecho humano de que se trate. No pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y son reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable. Resulta aplicable al caso concreto, la jurisprudencia del rubro y texto siguiente: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.- El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV, previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio". Así, los derechos sustantivos protegidos por la Constitución que no pueden ser reparados mediante el dictado de la sentencia definitiva son aquellos que se refieren a los derechos personales o reales de los gobernados, que surten efectos independientemente de cualquier juicio o procedimiento. Por el contrario, los derechos de naturaleza adjetiva o procesal tienen como característica que surgen y se generan durante el trámite de un juicio o procedimiento, de tal forma que antes de este el gobernado no los tenía, y si dichos derechos fueran violados, la sentencia definitiva que se dictara en favor del gobernado agraviado podría tener como efecto su restitución, pues se repondría el procedimiento y se restablecería el derecho violado; en caso contrario, si la sentencia fuera contra el afectado y esas violaciones procesales trascendieran al resultado del fallo, el gobernado podría reclamarlas a través del juicio de amparo directo en términos de los artículos 107, fracción III, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 170, 171 y 172 de la Ley de Amparo. En la especie, la parte quejosa se duele en esta instancia constitucional de la sentencia de veintiocho de abril de dos mil quince, dictada dentro del toca de apelación civil número 743/2014, a través de la cual dejó insubsistente todo lo actuado dentro del juicio civil ordinario reivindicatorio 76/2014, con posterioridad al auto de dieciocho de marzo de dos mil catorce, que tuvo por acusada la rebeldía a los demandados Raúl y José Antonio de apellidos Castro Acosta, incluyendo la sentencia impugnada y ordenó la reposición del procedimiento a fin de que se llamara a juicio a los Colonos del Comité Emiliano Zapata. A fin de acreditar la causal de improcedencia en estudio, cabe señalar como antecedentes del acto reclamado los siguientes: a). La aquí quejosa MAYTE DOMÍNGUEZ LÓPEZ por conducto de su apoderado Salvador Domínguez Chairez, demandó en contra de Raúl y José Antonio de apellidos Castro Acosta, aquí terceros perjudicados, la reivindicación con sus frutos y accesorios del terreno consistente en 260.00 metros cuadrados, que se localiza en la manzana número 40 lote número 12 de la colonia Emiliano Zapata de Valparaíso, Zacatecas, cuya demanda le tocó conocer al Juzgado de Primera Instancia de Valparaíso, Zacatecas, quien la registró bajo el juicio civil ordinario reivindicatorio número 76/2014. b) Seguido que fue el juicio por sus etapas procesales, el veinte de octubre de dos mil catorce, se dictó la sentencia correspondiente, en la que entre otras cosas, se declaró improcedente la acción intentada por la actora aquí quejosa. c) Contra de dicha sentencia, la parte actora interpuso recurso de apelación, del cual tocó conocer a la Primera Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad y mediante resolución de veintiocho de abril de dos mil quince, decretó la reposición del procedimiento, dentro del juicio civil ordinario reivindicatorio número 76/2014, promovido por MAYTE DOMÍNGUEZ LÓPEZ por conducto de su apoderado Salvador Domínguez Chairez, en contra de Raúl y José Antonio de apellidos Castro Acosta; a efecto de que sean emplazados a juicio con la demanda los Colonos del Comité Emiliano Zapata; declarando insubsistente todo lo actuado con posterioridad al auto de dieciocho de marzo de dos mil catorce, que tuvo por acusada la rebeldía a los demandados Raúl y José Antonio de apellidos Castro Acosta. Resolución que constituye materia de reclamo en esta instancia constitucional. Sin embargo, dicho acto reclamado no se considera de imposible reparación, por trasgresión a un derecho sustantivo, pues el hecho de que el efecto del juicio de amparo directo que pudiere promoverse contra la sentencia definitiva, sea retrotraer todo el procedimiento para subsanar deficiencias de origen, no implica indefensión, ni violación a derechos sustantivos de la quejosa. Lo anterior debe entenderse así, porque la dilación del juicio no implica violación al principio de justicia pronta, tal como puede advertirse de la jurisprudencia 2a./J. 23/2008, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, febrero de 2008, página 593, de rubro: "NULIDAD DE ACTUACIONES. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO.". Además, no existe disposición alguna que pudiere fundamentar como razón jurídica la excepción en el caso que se analiza pues, en el nuevo marco constitucional, sólo existe la disposición de procedencia del juicio de amparo indirecto, al tratarse de actos dictados en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, única y exclusivamente cuando afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, de conformidad con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Además de que de la jurisprudencia 1a./J. 106/2004 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, enero de 2005, página 199, de rubro: "LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE DEJA INSUBSISTENTE LA SENTENCIA DE PRIMER GRADO Y ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO PARA INTEGRARLO, ES UN ACTO CONTRA EL QUE PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", se obtiene que la sentencia de segunda instancia que revoca la de primera y ordena reponer el procedimiento, sólo es impugnable en amparo indirecto si satisface el atributo de ser un acto de imposible reparación, y esto no ocurre sino cuando se colman las condiciones siguientes: a) Que el quejoso sea quien haya obtenido sentencia favorable a sus intereses en primera instancia y, por tanto, esté conforme con ella; y b) Que por virtud de la resolución de alzada quede insubsistente aquel fallo para llamar a un sujeto hasta ese momento ajeno a la litis, que eventualmente puede no ser un litisconsorte pasivo. Lo anterior se explica porque la reposición de un procedimiento jurisdiccional, por más que cause, en mayor o menor grado, una molestia en los litigantes que tendrán que volver a intervenir en defensa de sus intereses, por sí misma no justifica la procedencia del amparo indirecto contra la sentencia de segunda instancia que la ordena, sino que se necesita una situación concreta, capaz de cambiar el sentido de la sentencia que llegue a dictarse en relación con la revocada, como por ejemplo, la anulación del desahogo de pruebas que, para el repuesto juicio que se instaure, podría ser imposible que se desahogaran nuevamente, ya sea por el fallecimiento de testigos o por la destrucción de documentos, o debido a nuevos requerimientos, bajo apercibimientos graves como el de desechar la demanda, formulados al actor para que cumpla con ciertas conductas al momento de reponer el procedimiento. Por ende, es improcedente el juicio de garantías biinstancial promovido contra la sentencia del recurso de apelación que revoca la del juicio natural y ordena reponer el procedimiento para llamar a juicio a diversos litisconsortes pasivos, si el quejoso obtuvo resolución desfavorable en primera instancia, lo que en el presente caso aconteció, tal como quedó reseñado con anterioridad. Encuentra apoyo a lo anterior, la tesis del rubro y texto siguientes: "REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA SENTENCIA DEL RECURSO DE APELACIÓN QUE REVOCA LA DEL JUICIO NATURAL Y ORDENA AQUELLA ACTUACIÓN PARA LLAMAR A JUICIO A DIVERSOS LITISCONSORTES PASIVOS, SI EL QUEJOSO OBTUVO RESOLUCIÓN DESFAVORABLE EN PRIMERA INSTANCIA (INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 106/2004). De la jurisprudencia 1a./J. 106/2004 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, enero de 2005, página 199, de rubro: "LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE DEJA INSUBSISTENTE LA SENTENCIA DE PRIMER GRADO Y ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO PARA INTEGRARLO, ES UN ACTO CONTRA EL QUE PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", se obtiene que la sentencia de segunda instancia que revoca la de primera y ordena reponer el procedimiento, sólo es impugnable en amparo indirecto si satisface el atributo de ser un acto de imposible reparación, y esto no ocurre sino cuando se colman las condiciones siguientes: a) que el quejoso sea quien haya obtenido sentencia favorable a sus intereses en primera instancia y, por tanto, esté conforme con ella; y b) que por virtud de la resolución de alzada quede insubsistente aquel fallo para llamar a un sujeto hasta ese momento ajeno a la litis, que eventualmente puede no ser un litisconsorte pasivo. Lo anterior se explica porque la reposición de un procedimiento jurisdiccional, por más que cause, en mayor o menor grado, una molestia en los litigantes que tendrán que volver a intervenir en defensa de sus intereses, por sí misma no justifica la procedencia del amparo indirecto contra la sentencia de segunda instancia que la ordena, sino que se necesita una situación concreta, capaz de cambiar el sentido de la sentencia que llegue a dictarse en relación con la revocada, como por ejemplo, la anulación del desahogo de pruebas que, para el nuevo juicio que se instaure, podría ser imposible que se desahogaran nuevamente, ya sea por el fallecimiento de testigos o por la destrucción de documentos, o debido a nuevos requerimientos, bajo apercibimientos graves como el de desechar la demanda, formulados al actor para que cumpla con ciertas conductas al momento de reponer el procedimiento. Por ende, es improcedente el juicio de garantías biinstancial promovido contra la sentencia del recurso de apelación que revoca la del juicio natural y ordena reponer el procedimiento para llamar a juicio a diversos litisconsortes pasivos, si el quejoso obtuvo resolución desfavorable en primera instancia y, por ende, es inaplicable la indicada jurisprudencia, aun cuando se argumente retardo en la impartición de justicia, atento a la tesis 2a./J. 23/2008 de la Segunda Sala del Alto Tribunal, visible en la página 593 del Tomo XXVII, febrero de 2008, del indicado medio de difusión y Época, de rubro: "NULIDAD DE ACTUACIONES. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO." Así como la tesis que dice: "RECONVENCIÓN. LA RESOLUCIÓN QUE DESESTIMA LLAMAR A JUICIO A DIVERSOS CODEMANDADOS NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.La resolución que desestima llamar a juicio en reconvención a diversos codemandados no podría considerarse de imposible reparación por trasgresión a un derecho sustantivo, pues el hecho de que el efecto del juicio de amparo directo que pudiere promoverse contra la sentencia definitiva, sea retrotraer todo el procedimiento para subsanar deficiencias de origen, no implica indefensión, ni violación a derechos sustantivos de la quejosa. Lo anterior debe entenderse así, porque la dilación del juicio no implica violación al principio de justicia pronta, tal como puede advertirse de la jurisprudencia 2a./J. 23/2008, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, febrero de 2008, página 593, de rubro: "NULIDAD DE ACTUACIONES. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO.". Además, no existe disposición alguna que pudiere fundamentar como razón jurídica la excepción en el caso que se analiza pues, en el nuevo marco constitucional, sólo existe la disposición de procedencia del juicio de amparo indirecto, al tratarse de actos dictados en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, única y exclusivamente cuando afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, de conformidad con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo". Corolario de lo anterior, si lo reclamado en el presente juicio de amparo no constituye un acto de imposible reparación, ya que implica la infracción de derechos adjetivos que únicamente producen efectos intraprocesales, los cuales pueden ser reparados si se obtiene una sentencia favorable, es inconcuso que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, en términos del artículo 107, fracción V de la ley de la materia, en sentido contrario. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "VIOLACIONES PROCESALES, RAZÓN DE SER DE LA IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO EN CASO DE. Al establecer los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo, que reglamentan la disposición contenida en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la posibilidad de hacer valer las violaciones a las leyes del procedimiento judicial, administrativo o del trabajo, a través del amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva, se pretende evitar una cadena interminable de juicios de garantías, esto es, que el fin que se persigue es impedir que en el trámite del juicio las partes acudan tantas veces como violaciones se cometan a demandar el amparo por la vía indirecta, lo que entorpecería el curso natural de los juicios; lo anterior no significa de manera alguna transgredir la garantía de impartición de justicia pronta y expedita, consagrada en el artículo 17 constitucional, habida cuenta que frente al interés de los particulares se encuentra el interés público de que los juicios de amparo no proliferen de manera desmedida, haciendo nugatoria, precisamente, la citada garantía, debido a la demora en la solución de los conflictos". Por tanto, al actualizarse la causal de improcedencia en estudio, se sobresee en el juicio de amparo, con fundamento en el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Al haberse sobreseído en el juicio, no se aborda el estudio de los conceptos de violación, conforme a la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página cuarenta y nueve, volumen veinticuatro, tercera parte, Séptima Época, cuyo rubro y texto, son: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74, 76, y 124 de la Ley de Amparo, se RESUELVE ÚNICO. SE SOBRESEE el presente juicio de amparo promovido por Salvador Domínguez Chairez en cuanto apoderado legal de MAYTE DOMÍNGUEZ LÓPEZ, contra el acto reclamado a la Primera Sala civil y de lo Familiar del Tribunal superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia. NOTIFIQUESE MEDIANTE OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo resolvió y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistido de la Secretaria que autoriza licenciada María Soledad Torres Muguiro.- Doy fe. mtm

  3. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, veintitrés de junio de dos mil quince. Téngase por recibido el oficio de cuenta que remite el Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Valparaíso, Zacatecas, por el que devuelve debidamente diligenciado el Despacho con número de orden 495/2015 y de origen 260/2015, que le fue enviado a efecto de que emplazara al presente juicio de amparo a los terceros interesados Raúl y José Antonio, ambos de apellidos Castro Acosta y a la asociación "Colonos del Comité Emiliano Zapata", a través de Antonio Ferrer Jaime; lo anterior, en términos de las actas asentadas con motivo de las diligencias de diez de junio del año en curso. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y acúsese el recibo de estilo. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LAS PARTES. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza y da fe. *Rosy

  4. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, a ocho de junio de dos mil quince Téngase por recibido el escrito de cuenta signado por el licenciado José Manuel Santillán Campos en su carácter de autorizado por Rosa Margarita Báez Pérez como autoridad responsable; como lo solicita, con fundamento en el artículo 278, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del artículo 2° del ordenamiento legal invocado en segundo término, expídasele a su costa copia certificada de las constancias que indica, previa identificación y toma de razón que por su recibo se asiente en autos. Ahora bien, considerando que por ejecutoria dictada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad, la cual constituye un hecho notorio para este Juez de Distrito, se determina que, en relación con lo anterior, no procede apercibir al promovente en los términos que establecen los numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, en vista de que podría traducirse en obstáculo al acceso a la Justicia. Y con independencia de lo anterior, conviene acotar que a fin de agilizar y dar una mejor atención al público, este Tribunal Federal ha adoptado la mecánica de la superioridad de entregar a las partes que lo soliciten un formato en el que pueden gestionar copias simples y reproducción a través de medios electrónicos de las actuaciones que conforman los expedientes que en esta instancia se integran. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LAS PARTES. Lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con Secretario que autoriza, licenciado Jorge Martín Zamora González.- DOY FE.

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