Mayte Benítez Hernández

Expediente 1356/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1356/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
13/12/2021

Partes del expediente

  • Mayte Benítez Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    Mexicali, Baja California, a trece de diciembre de dos mil veintiuno. Adquiere firmeza. Vista la certificación secretarial de cuenta, de la cual se advierte que transcurrió término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el auto de veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme para todos los efectos legales procedentes. Documentos Originales. No hay para su devolución. Constancias o actuaciones. No obran constancias originales. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que se trata de un asunto relativo a la orden de deportación, expulsión, proscripción o destierro, por lo que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; los relativos a delitos contra el derecho internacional; Delitos contra la humanidad; los que traten de delitos contra la administración de justicia; los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; asimismo, podrán ser considerados de relevancia documental aquellos expedientes que determine el titular del órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular.Notifíquese.

  2. Principal

    Mexicali, Baja California, a veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno. Estado de autos. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que a la fecha no se ha dado cumplimiento en forma total al fallo protector. Efectos del fallo protector: Ahora bien, cabe recordar que los efectos del fallo protector fueron los siguientes: "SÉPTIMO. Efectos de la concesión. En virtud de lo hasta aquí narrado, con sustento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, la protección constitucional otorgada es para los efectos siguientes: i) Para que una vez que cause ejecutoria esta sentencia, la Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, deberá proceder con prontitud a dictar y tomar todas las medidas necesarias para lograr el cumplimiento total del laudo condenatorio emitido en el juicio laboral burocrático 210/2013-II de su índice; lo que incluye que vigile que sean cumplidas sus propias determinaciones por las diversas autoridades requeridas para tal efecto, y que acredite que las medidas que tome para lograr el cumplimiento cabal del laudo que constituye cosa juzgada, sean acatadas en su totalidad, a fin de que resulten eficaces. Solo de esa forma se podrá restituir a la parte quejosa en pleno goce de los derechos humanos violados, como el artículo 77 de la Ley de Amparo ordena. En el entendido que, cualquier otra autoridad que esté relacionada al cumplimiento del laudo en cuestión, puede vincularse eventualmente, desde luego, en el ámbito de sus respectivas competencias, al cumplimiento de este fallo protector, en virtud que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 197, de la Ley de Amparo, todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento. Requerimiento para que se cumpla en forma total el fallo protector. Por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California el cumplimiento del fallo protector dictado en el presente juicio; lo que deberá cumplirse dentro del término de tres días, contado a partir de la notificación del presente proveído, para efecto de lo cual, deberán remitirse de inmediato las constancias con las que se acredite lo anterior. Se harán efectivos apercibimientos. En la inteligencia de que, de no cumplir con lo requerido, se harán efectivos cada uno de los apercibimientos decretados en autos, para el caso de que no se cumpla en sus términos con la ejecutoria de amparo. Notifíquese.

  3. Principal

    Mexicali, Baja California, a veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno. Oficio. Agréguense a los autos para que obren como legalmente corresponda, el oficio y anexo de cuenta remitidos por la Primer Secretaria de Acuerdos en funciones de Juez, Titular del Juzgado Primero del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, por medio de los cuales informa sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Vista. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, y en su caso, tercero interesada, con las constancias que remite la autoridad oficiante, por el término de tres días, para que manifiesten lo que a su interés convenga. Transcurrido dicho plazo, con desahogo de la vista o sin él, este juzgado federal dictará resolución fundada y motivada en que declarará si la sentencia está cumplida o no, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Notifíquese y personalmente. Así lo acordó y firma Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido de Roberto Aguirre Reyes, Secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Mexicali, Baja California, a veintidós de noviembre de dos mil veintiuno. Radicación. Vista la demanda que promueve (2) José Bernardo Cruz Trillanes, en nombre y representación de la directa quejosa (1) Mayte Benítez Hernández, a su decir, de nacionalidad Cubana, contra actos del Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Mexicali, y otra autoridad, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 15, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 115, 116, 117, 125 y 126 de la Ley de Amparo, se tiene por presentada dicha demanda en sus términos, fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno con el número 1356/2021. Suspensión de plano. Ahora, dado que en la demanda de amparo se reclamó lo siguiente: "IV. ACTOS U OMISIONES QUE SE RECLAMAN. De ambas autoridades responsables se reclama: a) La detención fuera de un procedimiento en el que se ordene de manera fundada y motivada la razón del arresto; b) La inminente orden de deportación, expulsión, proscripción o destierro y/o que emitian; c) La omisión de dar cumplimiento a los derechos que tienen como migrantes, en específico a las fracciones II, III, IV, V y IX, del artículo 109 de la Ley de Migración, entre los cuales se destaca, del cual destaca que a la fecha no han sido informados del motivo de su ingreso a la estación migratoria o del procedimiento migratorio; e) En caso de haber sido detenida en flagrancia, remitirla inmediatamente al Ministerio Público. f) La retención en la Estación Migratoria por más de 36 horas sin haber cometido ninguna acción delictiva." Por tanto, en cuanto a la suspensión de plano que solicita con fundamento en los artículos 15, 126 y 160, de la Ley de Amparo, se decreta la SUSPENSIÓN DE PLANO respecto los actos consistentes en la deportación, expulsión, proscripción o destierro; para efecto que tales actos no sean ejecutados y, en caso de que la parte quejosa actualmente esté detenida ante la autoridad sujeta a un procedimiento administrativo migratorio para poder definir la situación legal en el país, en acatamiento a lo anterior, la parte quejosa deberá quedar a disposición de este Juzgado de Distrito, únicamente por lo que se refiere a su libertad personal en el lugar en el que actualmente está -instalaciones de la Delegación Local del Instituto Nacional de Migración en Mexicali, Baja California- y, en tal sentido, la autoridad migratoria se encuentra obligada a obedecer esta orden bajo su más estricta responsabilidad. Por otro lado, en lo referente a su libertad personal, que aduce el promovente fue afectada con motivo de una "detención" fuera de procedimiento, y en virtud que en la demanda de amparo el gestor de amparo refiriere que la directa quejosa está detenida por autoridad administrativa, distinta del ministerio público, como lo es el Instituto Nacional de Migración, con motivo de la regularización de su legal estancia en el país; de conformidad con lo dispuesto por el artículo 160, en relación con el diverso 164, párrafo segundo, ambos de la Ley de Amparo, en armonía con las disposiciones atinentes de Ley de Migración que rige el actuar de las responsables, se concede la SUSPENSIÓN DE PLANO para el efecto de que, como se anticipó, la directa quejosa quede a disposición de este Juzgado de Distrito, y una vez que la autoridad responsable resuelva la situación migratoria de la quejosa en los plazos establecidos en la legislación de la materia, cese la "detención" y sea puesta en libertad, o bien, lo ponga a disposición de la autoridad correspondiente. Sirve de sustento a lo anterior, en lo conducente, la tesis emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, cuyo rubro, texto y datos de identificación son: "MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO EN LA SUSPENSIÓN. PARA SU OTORGAMIENTO Y EFECTIVIDAD, CUANDO SE CONCEDE CONTRA LA ORDEN DE LA AUTORIDAD MIGRATORIA QUE DECRETA EL ALOJAMIENTO DE UN MENOR EXTRANJERO PARA RESOLVER SU SITUACIÓN MIGRATORIA, DEBE ATENDERSE A LAS REGLAS ESTABLECIDAS EN LA LEY DE AMPARO Y ARMONIZARLAS CON LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y CON LA LEY DE MIGRACIÓN. De conformidad con el artículo 164, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, tratándose de actos en que la detención del quejoso la efectúe una autoridad administrativa distinta del Ministerio Público y que no tenga relación con la comisión de un delito, el efecto de la suspensión será que la persona sea puesta en libertad. Ahora bien, si el acto reclamado lo constituye la orden de la autoridad migratoria que decreta el alojamiento de un menor extranjero para resolver su situación migratoria, y en el juicio de amparo respectivo se concede la suspensión, el Juez de Distrito, con la finalidad de maximizar la protección de sus derechos humanos, puede adoptar medidas de aseguramiento en términos de la legislación internacional y nacional en materia de derechos humanos, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la calidad del quejoso por tratarse de persona menor de edad y migrante -grupos en situación de vulnerabilidad-; de ahí que con la finalidad de asegurar su comparecencia ante la autoridad migratoria para continuar con el procedimiento administrativo iniciado en su contra, no sólo debe atender a los requisitos de efectividad establecidos en la Ley de Amparo -artículo 168-, pues esas medidas deben armonizarse con lo que establecen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -artículo 1o.- y la Ley de Migración - artículo 102-. (Época: Décima Época. Registro: 2016679. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 53, Abril de 2018, Tomo III. Materia(s): Común. Tesis: I.7o.P.7 K (10a.). Página: 2250.) Sin perjuicio que respecto los demás actos señalados, consistentes en la medida de alojamiento temporal o retención que también reclama el quejoso, y respecto los que también pide suspensión de plano, sean analizados en el incidente de suspensión que en su caso se aperture por cuerda separada, una vez que sea ratificada la demanda de amparo, ya que dichos actos no están dentro de los establecidos en el artículo 22 de la Carta Magna y 15 de la Ley de Amparo. En ese sentido, las autoridades responsables se encuentran obligadas a obedecer y hacer obedecer esta orden bajo su más estricta responsabilidad. Se requiere a las autoridades informen sobre la suspensión de plano. En virtud de lo anterior, se requiere a las autoridades señaladas como responsables, (1) Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Mexicali; y (2) Subdirección de la Estación Migratoria de Mexicali, ambas con sede en Mexicali, Baja California; para el efecto de que informe a este Juzgado de Distrito dentro del término improrrogable de VEINTICUATRO HORAS, sobre el cumplimiento dado a la suspensión decretada; asimismo, se previene a las autoridades de referencia que, de no cumplir con lo que aquí se ordena, podrán incurrir en la hipótesis que establece el artículo 262, fracciones III y V, de la Ley de Amparo, que dicen: "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: I. Al rendir informe previo o con justificación exprese un hecho falso o niegue la verdad; II. Sin motivo justificado revoque o deje sin efecto el acto que se le reclama con el propósito de que se sobresea en el amparo, sólo para insistir con posterioridad en la emisión del mismo; III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra; IV. En los casos de suspensión admita, por notoria mala fe o negligencia inexcusable, fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente; y V. Fuera de los casos señalados en las fracciones anteriores, se resista de cualquier modo a dar cumplimiento a los mandatos u órdenes dictadas en materia de amparo." Asimismo, requiéraseles a las autoridades señaladas como responsables para que al informe solicitado anexen copia certificada, íntegra y legible, de las constancias relativas al cumplimiento dado a esta medida cautelar, apercibidas que de incumplir con lo ordenado, se les sancionará conforme al delito previsto en el artículo 262, de la Ley de Amparo. Ratificación de demanda. De igual forma, se instruye al actuario adscrito para que se constituya en las instalaciones de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en Mexicali, Baja California, a efecto de que busque a la quejosa 1) Mayte Benítez Hernández, y la requiera para que en el acto de la notificación manifieste si ratifica o no la demanda de amparo indirecto que se promueve a su favor, así como si es o no su deseo autorizar a las personas indicadas en la demanda, para los efectos ahí precisados, para que la representen en este asunto, o bien dentro del término de TRES DÍAS por escrito, o lo haga a través de su legítimo representante; con el apercibimiento que, de no hacerlo, así se tendrá por no presentada la demanda de amparo y quedará sin efectos la medida decretada, por lo cual se reserva acordar lo relativo a su admisión, con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo; además, dicho actuario deberá hacer constar pormenorizadamente el estado que guarda la integridad física de la mencionada directa quejosa, y el estado de salud que a simple vista presenta, debiendo cuestionarla al respecto. En la inteligencia de que las autoridades responsables, deberán de proporcionarle las facilidades necesarias a efecto de que pueda llevar a cabo la diligencia que se ordena, a fin de lograr la localización de la quejosa, lo anterior, con fundamento en lo estatuido por el artículo 15, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Apercibimiento. Apercibidas tales autoridades, que de no hacerlo así, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 262 fracción V, de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, se dará de inmediato vista al agente del Ministerio Público Federal, por resistirse a dar cumplimento al presente mandato judicial. Notificación personal. Hágasele todas las notificaciones al quejoso de manera personal en el lugar en el que se encuentra actualmente privada de su libertad, de conformidad con el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, entregándole para tal efecto copia del auto a notificar. Asistencia consular. De igual forma, con fundamento en el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, instrúyase al Actuario de la Adscripción, para que al momento de la ratificación de la demanda, le haga saber a la parte quejosa el derecho que tiene de comunicarse con la oficina o representación consular del país de origen (notificación consular), o bien, en el plazo de tres días, manifieste si desea solicitar la asistencia del Consulado de Cuba en México, dentro del presente juicio de amparo. Cobra aplicación la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido y datos de localización siguientes: "DERECHO FUNDAMENTAL DE LOS EXTRANJEROS A LA NOTIFICACIÓN, CONTACTO Y ASISTENCIA CONSULAR. FUNCIONES BÁSICAS QUE ESTE DERECHO IMPLICA. El derecho fundamental de los extranjeros a la notificación, contacto y asistencia consular, previsto en el artículo 36, primer párrafo, de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, puede asumir diversas formas, dependiendo de las circunstancias particulares de cada caso. No obstante, cada intervención implica, por lo menos, tres acciones básicas. La primera es de carácter humanitario. Los funcionarios consulares proporcionan a los detenidos el contacto con el mundo exterior, al comunicar la noticia a los familiares o a las personas de confianza del detenido. Asimismo, estos funcionarios se aseguran que a los detenidos se les cubran las necesidades básicas mientras se encuentran privados de su libertad. La segunda función es de protección. La presencia de los funcionarios consulares, por sí misma, coadyuva a disuadir a las autoridades locales de cometer actos en contra de los extranjeros que pueden ser contrarios a su dignidad humana o que pongan en peligro la suerte del proceso penal al que se verá sometido el extranjero. Por último, la tercera función es la relativa a una asistencia técnico-jurídica. En este sentido, la asistencia consular es vital para asegurar una defensa adecuada en situaciones que impliquen una privación de la libertad, en donde las violaciones a los derechos fundamentales de los extranjeros son comunes debido a la falta de conocimiento del sistema jurídico en el que se ven inmersos. Esto es así, ya que una persona extranjera que es detenida se enfrenta a una multitud de barreras lingüísticas, culturales y conceptuales que dificultan su habilidad para entender, de forma cabal y completa, los derechos que le asisten, así como la situación a la que se enfrenta. En definitiva, a través de la ayuda consular los extranjeros reducen la distancia que los separa de los nacionales en cuanto a la protección de un estándar mínimo de derechos fundamentales." (Época: Décima Época, Registro: 2003538, Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 1, Materia(s): Constitucional, Tesis: 1a. CLXX/2013 (10a.), Página: 529) Domicilio. Se tiene por señalado como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el indicado en la demanda de amparo. Autorizados en términos amplios. Se tienen como autorizados en términos del artículo 12 de Ley de Amparo a los profesionistas (2) José Bernardo Cruz Trillanes, y (3) Jesús Omar Marure Troncoso, toda vez que se encontraron registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. Autorizados en términos restringidos. Se tienen como autorizados únicamente para oír y recibir toda clase de notificaciones y documentos, a (4) Manuel Lázaro Benítez, (5) Juan José Ramos Pérez, (6) José Luis Cruz Floriano, (7) Samuel Capdevielle González, (8) Salvador Gómez Pérez, (9) Erick Marure Troncoso, (10) Felipe Reyes García, y (11) Mirna Peralta González, por así solicitarlo el promovente. Correo electrónico y teléfono. De igual forma, en términos del artículo 2, fracción XIX, del "Acuerdo General 13/2020, que regula las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19", téngase a la parte quejosa proporcionando una cuenta de correo electrónico personal (bernardo@cahen.com.mx) y número telefónico (554 188 80 41). Consulta electrónica. De conformidad con lo dispuesto en Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza el acceso al expediente electrónico del presente juicio a los nombre de usuario "ayudamigratoria" y "cruztrillanes". Notificaciones por vía electrónica. Asimismo, con fundamento en el artículo 29, del Acuerdo General en cuestión, proceda el Actuario de la adscripción a este Juzgado a realizar las notificaciones a la parte quejosa, vía electrónica, a los usuarios "ayudamigratoria" y "cruztrillanes".. Encargada del SISE. Lo anterior, hágase del conocimiento de la persona encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE", por conducto del Actuario Judicial adscrito, para los efectos legales a que haya lugar; en el entendido de que es responsabilidad de la parte promovente que los nombres de usuario con los que se registraron sus autorizados en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, estén plasmados en forma clara y precisa, esto es, tal y como debe escribirse, pues de lo contrario, la encargada del aludido sistema no podrá autorizar el acceso respectivo. Exhortación a todas las partes a continuar juicio en línea. Con fundamento en el artículo 22, y 28, segundo párrafo, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, si bien el presente juicio fue promovido en línea, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", y propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente; ello, con la finalidad de mejorar la comunicación con las partes. Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para llevar a cabo las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo. Digitalización. De conformidad con el artículo 3°, párrafo octavo, de la ley de la materia, procédase a la digitalización de las promociones, resoluciones y documentos judiciales, para los efectos legales conducentes. Medios electrónicos. En términos de la circular 12/09 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para que se impongan de los autos de este juicio, desde luego, bajo el cuidado y vigilancia del personal judicial respectivo, haciéndose saber al interesado que la posibilidad de fotografiar o utilizar cualquier medio electrónico, no puede trastocar el buen funcionamiento del tribunal al grado que el uso de esa prerrogativa se convierta en instrumento de abuso, por lo que debe ajustarse a la disponibilidad de un tiempo prudente para no obstaculizar las cargas de trabajo o distraer innecesariamente a un funcionario público en las labores que esencialmente debe prestar en su servicio. Asimismo, para mayor eficacia en la notificación de las comunicaciones oficiales, se autoriza para efectos de enviarlas y recibirlas, el uso de los medios electrónicos, sin perjuicio de hacerlo por la vía ordinaria. Transparencia y acceso a la información. De conformidad con los artículos 3°, 6°, 8°, 68, 98, 110, 112, 113 y 117, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 23, 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes no sólo que deben hacerse públicas las resoluciones que causen estado, sino también que pueden solicitar la supresión de sus nombres en las listas publicadas en medios electrónicos, y que para permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requiere el consentimiento del titular de la información relativa, salvo las hipótesis legales reguladas por la ley de la materia. Finalmente, hágaseles ver que con independencia de que las partes manifiesten o no su oposición a la publicación de sus datos, la versión pública de la sentencia que se emita en el presente asunto, se suprimirán los datos confidenciales que puedan contener de conformidad con el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y con lo dispuesto en el acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de veintisiete de noviembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Se instruye a los actuarios judiciales adscritos. Por último, conforme al artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, a efecto de que lleven cabo en tiempo y forma las notificaciones respectivas e integren de inmediato y debidamente el expediente electrónico del presente juicio de amparo; en el entendido que se les instruye para que las notificaciones personales que en su caso sean ordenadas, las realicen con estricta observancia a lo dispuesto por la normatividad aplicable en relación a la protección de la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. En virtud de lo antes citado, por cuestiones de seguridad e higiene, con la intención de salvaguardar tanto la integridad física y salud del personal de este juzgado como de las partes que intervienen en el presente juicio, además de cortar probables cadenas de contagio del virus SARS-CoV2 que ocasiona la enfermedad denominada COVID 19, se solicita de los actuarios adscritos a este juzgado que para la práctica de notificaciones personales, en el acta de notificación respectiva, asienten que leyeron y entregaron copia de los acuerdos relativos, además deberán abstenerse de recabar las firmas relativas, lo que también deberán anotar en el acta, con la finalidad de respetar los protocolos sanitarios de sana distancia, en términos de los artículos 2 y 23 fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales Ante la Contingencia por el Virus Covid-19. Notifíquese y personalmente.

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