MAYTE ARANDA HERMOSA y Otros.
Expediente 876/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 11 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 876/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 30/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Mayte Aranda Hermosa
- MAYTE ARANDA HERMOSA y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, treinta de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta, de la cual se advierte que ha transcurrido el plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo para interponer recurso de revisión contra la sentencia definitiva dictada en el juicio de amparo en que se actúa, ello sin que ninguna de las partes lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que la sentencia de amparo ha causado ejecutoria. Atento a lo anterior y debido a que en la ejecutoria de mérito se concedió la protección de la Justicia de la Unión, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a Alejandro Hernández Arjona, Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial en el Estado de Morelos, para que en el plazo de diez días, dé cumplimiento al fallo protector y remita, en copia certificada, las constancias con que lo acredite. Se apercibe a Alejandro Hernández Arjona, Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial en el Estado de Morelos que de incumplir con la ejecutoria de amparo en el plazo otorgado, ello sin causa justificada, con fundamento en el artículo 192, segundo párrafo, en relación con el 258 ambos de la Ley de Amparo, se les aplicará una medida de apremio consistente en multa de cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización. Lo que antecede, sin perjuicio de remitir el expediente al tribunal colegiado correspondiente, para seguir el trámite de inejecución que podrá culminar con la separación de su puesto y su consignación. Finalmente, agréguese a los autos el incidente de suspensión respectivo, para que obre como corresponda y háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente, así como las capturas inherentes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese. Así lo acordó y firma Benito Eliseo García Zamudio, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa asistido de Marcela Merari Múgica Silva, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, se notifica a la parte tercera interesada por medio de lista que se fija en los estrados la sentencia de tres de diciembre de dos mil diecinueve, que dice: S E N T E N C I A Este Juzgado Primero de Distrito del Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, Morelos, ha tenido vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo 876/2019; y R E S U L T A N D O 1. Presentación y datos de la demanda. Por escrito presentado el veintisiete de junio de dos mil diecinueve ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, Mayte Aranda Hermosa, por su propio derecho y en representación de su hija menor de edad, Sofía Beatriz Alemán Aranda, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra los actos y autoridades responsables siguientes: "AUTORIDADES ORDENADORAS Y EJECUTORAS: Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial en el Estado de Morelos, en su carácter de ORDENADORA y como EJECUTORA al C. Actuario adscrito al Juzgado Segundo Civil de Primero Instancia del Noveno Distrito Judicial en el Estado de Morelos. ACTOS RECLAMADOS: A.- De la autoridad señalada como responsable ordenadora reclamo la sentencia interlocutoria (que resuelve el recurso de revocación que interpuse mediante escrito registrado con el número 11819 en contra del auto de fecha veintiséis de octubre de dos mil dieciocho), interlocutoria dictada en fecha veintitrés (23) de mayo de dos mil diecinueve (2019) emitida en el Expediente Número 540/2018, Primera Secretaria, Juicio: Controversia del Orden Familiar, Actora: Mayte Aranda Hermosa, Demandado: Israel Arturo Alemán Pérez, radicada en el juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial en el Estado de Morelos. B.- De la autoridad señalada como responsable ejecutora (Actuario Adscrito al Juzgado Civil de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial del Estado de Morelos), reclamo la notificación de la sentencia interlocutoria (que resuelve mi recurso de revocación registrado con el número 11819) dictada en fecha veintitrés (23) de mayo de dos mil diecinueve (2019)." Actos que estimó violatorios de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 8, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2. Admisión de la demanda y trámite del juicio. Mediante proveído de veintiocho de junio de dos mil diecinueve, este órgano jurisdiccional admitió a trámite la demanda de amparo, registrándola con el número de expediente 876/2019, solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación y fijo día y hora para la audiencia constitucional, la cual inició el doce de septiembre de dos mil diecinueve, al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 48, 49 y 55, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; por los numerales 33 fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, y el Acuerdo General 3/2013 y 32/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio nacional, fijándose la jurisdicción y competencia de los diversos Tribunales y Juzgados del Poder Judicial de la Federación, además de tratarse de un juicio de amparo en contra de autoridades jurisdiccionales que tienen su residencia dentro de la jurisdicción territorial de este Juzgado. II. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y de la lectura integral de la demanda de amparo y el contexto que forman los autos, se precisa que el acto reclamado por la quejosa en este juicio consiste en la interlocutoria de veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, dictada dentro de los autos del juicio de controversia del orden familiar, con número de expediente 540/2018, por el Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial en el Estado de Morelos, mediante el cual declaró improcedente el recurso de revocación que interpuso la aquí quejosa contra el auto de veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, donde, en lo que interesa y como medida de apremio, se le impuso una multa equivalente a diez veces el valor de la unidad de medida de actualización; así como su consecuente ejecución. También debe precisarse que se advierte que la impugnación que aquí se realiza solo la hace la quejosa por su propio derecho, dado que el fondo del asunto versa sobre lo correcto o incorrecto de la imposición de una multa a su persona porque la autoridad responsable consideró que incumplió con obligaciones procesales; y ello nada tiene que ver en relación con su hija menor de edad, de quien se ostentó como su representante en este juicio. III. Actos reclamados existentes. Se corrobora la existencia de los actos con su aceptación en el informe rendido por la autoridad responsable ordenadora -Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial en el Estado de Morelos-; y para acreditarlo, remitió copias certificadas del expediente de origen donde consta el acto reclamado, a lo cual se le confiere pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Por otra parte, también es cierto el acto de ejecución reclamado a la autoridad responsable denominada Actuario adscrito al Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial en el Estado de Morelos, pues en su informe justificado señaló adherirse a lo que manifestara la autoridad ordenadora -que lo aceptó-; aunado a que dado el carácter de ejecutora que se le atribuye se encuentra constreñido a cumplir con el mandato de la ordenadora. IV. Oportunidad de la demanda de amparo. El juicio se promovió oportunamente, pues la demanda de amparo se presentó el décimo cuarto día del plazo de quince con que se contaba para ello. V. Procedencia del juicio de amparo. Toda vez que las partes no hacen valer ninguna causa de improcedencia ni este juzgador advierte de oficio que se actualice alguna de ellas, como lo impone el artículo 62 de la Ley de Amparo, procede ocuparse del fondo del asunto. Ello es así, porque en términos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el acto reclamado constituye un acto dictado dentro de juicio, cuyos efectos son de imposible reparación, porque el acto que se impugna afecta autónomamente el patrimonio de la impetrante de amparo -derecho materialmente sustantivo-, en la medida en que la materia de estudio consiste en dilucidar si es correcto o no que se haya declarado improcedente -infundado- el recurso de revocación contra la imposición de una multa. Lo que justifica la procedencia del presente juicio de amparo. VI. Análisis de constitucionalidad de los actos reclamados. Los conceptos de violación que hace valer la parte quejosa son fundados, lo que amerita la concesión del amparo solicitado, para los efectos que se precisarán en el considerando siguiente. A efecto de contextualizar el asunto, debemos partir de que, en el juicio de origen, la aquí quejosa demandó al tercero interesado la guarda y custodia y pensión alimenticia respecto de su hija menor de edad, de lo que conoce la autoridad responsable bajo el número de expediente 540/2018. Y en lo que interesa, el ocho de octubre de dos mil dieciocho, se verificó audiencia para escuchar a la niña en la aludida controversia del orden familiar; y ahí se requirió a la quejosa para que dentro del plazo de cinco días se presentara ante dicha autoridad responsable para solicitar el trámite de unos oficios a efecto de requerir al Departamento de Orientación Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos que designara peritos en materia de psicología y en materia de trabajo social; ello con el apercibimiento que de no hacerlo se le impondría una multa por el equivalente a diez veces el valor de la unidad de medida de actualización. Posteriormente, mediante auto de veintiséis de octubre de dos mil dieciocho la autoridad responsable hizo efectivo el apercibimiento decretado en auto de ocho de octubre de dos mil dieciocho e impuso a la quejosa una multa por el equivalente a diez veces el valor de la unidad de medida de actualización y ordenó girar oficio a la autoridad Hacendaria correspondiente para que iniciara el procedimiento económico coactivo respectivo; ello porque consideró que la quejosa había incumplido con la obligación procesal ya precisada, es decir, que no había solicitado dichos oficios en el plazo concedido. Inconforme, el trece de noviembre de dos mil dieciocho, la parte quejosa, por conducto de su abogado patrono, interpuso recurso de revocación contra dicho auto que le impone la multa y, mediante interlocutoria de veintitrés de mayo de dos mil diecinueve la autoridad responsable resolvió el citado recurso declarándolo improcedente, porque consideró que los agravios ahí planteados resultaban infundados y que de autos no se advertía que la quejosa hubiera cumplido con la obligación que se le impuso. Y contra esto último, aquí en el amparo, la quejosa aduce que la autoridad responsable actuó erróneamente porque no tomo en cuenta su escrito registrado con folio 10485 presentado el doce de octubre de dos mil dieciocho, lo que hizo para cumplir con lo ordenado por esa autoridad dentro del plazo concedido, pues ocurrió el día cuarto de cinco que se le concedió para tal efecto. Y por eso, el acto reclamado no tiene una adecuada fundamentación ni motivación, así como que tampoco es congruente con lo que obra en el expediente de origen, de donde se advierte que sí cumplió en tiempo con la obligación que se le impuso y, por ende, se viola en su perjuicio el contenido del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La peticionaria de amparo está en lo correcto, porque la autoridad sustentó su determinación de hacer efectivo el apercibimiento decretado en el auto de veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, en razón de un supuesto desacato de tramitar los oficios a efecto de que sean designados peritos en el juicio de origen dentro del plazo concedido; sin embargo, tal y como lo aduce la parte quejosa, el acto reclamado carece de respaldo constitucional porque de los autos que integran el expediente de origen se advierte claramente que sí cumplió en tiempo con la obligación impuesta por la autoridad responsable, es decir, no existió desacato a lo ordenado por esta última. En efecto, el artículo 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho de los gobernados a la legalidad y su eficacia reside en el hecho de que se protege todo el sistema de derecho objetivo desde la propia Carta Magna hasta la ley secundaria más minuciosa. Y sobre esa base, tal y como se hizo valer por la quejosa en el recurso de revocación -y aquí en el amparo-, la actuación de la autoridad responsable es incongruente con lo que obra en el expediente de origen, porque de esos autos se observan constancias que arrojan que después de que en la audiencia de ocho de octubre de dos mil dieciocho se le impusiera a la quejosa la obligación se tramitar los aludidos oficios, el doce de octubre de dos mil dieciocho, la quejosa presentó ante dicha autoridad el escrito registrado con número de folio 10485, en donde, con la finalidad de cumplir con lo ordenado por la autoridad responsable, solicitó esos oficios. Y que incluso, ante la ausencia de acuerdo que recayera a ese escrito, el veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, la quejosa nuevamente solicitó el trámite de los aludidos oficios. Con lo anterior es patente que la quejosa cumplió con la obligación que le impuso la autoridad responsable. Y ello lo hizo en tiempo, en tanto que para ello se le concedieron cinco días que transcurrieron del nueve al quince de octubre de dos mil dieciocho; de modo que si se advierte que la quejosa se presentó a cumplir con su obligación el doce de octubre es inconcuso que ello ocurrió en tiempo. Atento a lo anterior, al no haber fallado la autoridad responsable el recurso de revocación atendiendo a esas constancias que obran en los autos de origen, su actuación deviene incongruente y, por ende, carece de respaldo constitucional, lo cual debe ser reparado mediante esta sentencia de protección constitucional, cuyos efectos se precisarán enseguida. Concesión de protección que se hace extensiva a los actos de ejecución reclamados, por no impugnarse por vicios propios. VII. Efectos de la sentencia. Con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa para el efecto de que la autoridad responsable: a) Deje insubsistente la interlocutoria reclamada; y b) Siguiendo los lineamientos de esta sentencia, dicte otra en la que declare fundado el recurso de revocación, porque de autos se advierte que la quejosa cumplió dentro del plazo concedido con la obligación que se le impuso en audiencia de ocho de octubre de dos mil dieciocho y, en consecuencia, debe dejar insubsistente la multa que por ese motivo le impuso. Por lo expuesto y con fundamento, además, en los artículos 73 a 77 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se concede el amparo y protección de la justicia federal a Mayte Aranda Hermosa, en contra de la interlocutoria emitida por la autoridad responsable el veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, por las razones expuestas en el penúltimo considerando y para los efectos precisados en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente; y procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así lo resuelve y firma Benito Eliseo García Zamudio, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, tres de diciembre de dos mil diecinueve, por así permitirlo las labores del Juzgado, ante Ramón Jurado Guerrero, Secretario que autoriza y da fe. acordó y firma Benito Eliseo García Zamudio, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Rosa María Luna Mercado, secretaria que autoriza y da fe.
- Incidental
Cuernavaca, Morelos, seis de septiembre de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos y advirtiéndose de la certificación de cuenta, que a la fecha ha transcurrido el plazo concedido a la parte quejosa, a fin de que garantizara el interés fiscal ante la autoridad exactora o en todo caso acreditara que ya lo hizo por la cantidad de la multa impuesta, requisito que le fue exigido mediante interlocutoria de diecinueve de julio de dos mil diecinueve, sin que a la fecha haya dado cumplimiento con lo ordenado. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en dicha resolución y se ordena girar oficio a las autoridades responsables a efecto de notificarles el presente proveído, haciéndoles saber que quedan expeditas sus facultades para ejecutar el acto reclamado, por lo que se encuentran en total aptitud de practicar o realizar lo que en derecho proceda. En el entendido de que si la parte quejosa acredita haber garantizado el interés fiscal ante la autoridad exactora, volverá a gozar de los efectos de la medida suspensional, lo que se hará del conocimiento de las autoridades en caso de acontecer, ya que lo cierto es que ese derecho no lo pierde una vez transcurrido el plazo previsto por el artículo 136 de la Ley de Amparo, sino que la medida sólo deja de surtir efectos y lo recobrará siempre que el acto reclamado no se haya ejecutado, cuando se cubra ese requisito de efectividad exigido. Sirve para ilustrar sobre lo anterior, la tesis I.15o.A.31 K, del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro: "SUSPENSIÓN. EL DERECHO DE EXHIBIR LA GARANTÍA EXIGIDA PARA QUE SURTA SUS EFECTOS NO SE PIERDE POR EL SOLO TRANSCURSO DEL PLAZO DE CINCO DÍAS FIJADO EN EL ARTÍCULO 139 DE LA LEY DE AMPARO". Notifíquese. Así lo acordó y firma Benito Eliseo García Zamudio, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Rosa María Luna Mercado, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiocho de agosto de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que por acuerdo de veinte de agosto del año en curso, se dio vista a las partes con el informe justificado que remitieron el Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial en el Estado de Morelos y Actuario adscrito, por lo que entre la fecha de notificación de ese oficio a las partes y el día de hoy -señalado para la audiencia constitucional-, no media un plazo de al menos ocho días. En consecuencia, con fundamento en el artículo 117, segundo y cuarto párrafo de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional para las DIEZ HORAS CON CUARENTA Y SEIS MINUTOS DEL DOCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Notifíquese. Así lo acordó y firma Benito Eliseo García Zamudio, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Rosa María Luna Mercado, secretaria que autoriza y da fe.
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