Mayra Villegas Hernández

Expediente 914/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 4 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
914/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
04/02/2022

Partes del expediente

  • Mayra Villegas Hernández
  • MAYRA VILLEGAS HERNÁNDEZ y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Nezahualcóyotl, Estado de México, cuatro de febrero de dos mil veintidós. Recepción de oficio. Agréguese a sus autos el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con residencia en Nezahualcóyotl, por medio del cual, remite copias certificadas del presente juicio de amparo, y copia electrónica del testimonio de la ejecutoria dictada en el recurso de queja Q.C. 270/2021, en la que resolvió: "[.] UNICO. Se declara infundado el recurso de queja. [.]" Orden de archivo. Orden de depuración y/o destrucción. Relevancia documental. Información reservada. Devolución de documentos. Hágase del conocimiento que en el presente expediente no existe documento alguno ofrecido como prueba que devolver a las partes. Incidente de suspensión. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA Y POR OFICIO AL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN NEZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE MÉXICO. Así lo proveyó y firma el licenciado RODOLFO MEZA ESPARZA, Juez Noveno de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl ante Sonia Karen Jiménez Garrido, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio signado por el Actuario Judicial del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con residencia en esta Ciudad, a través del cual, confirma la recepción de las copias certificadas del juicio de amparo 914/2021-IV, de este índice, original y copia del escrito de expresión de agravios de la parte quejosa, asimismo, informa que se admitió el recurso de queja interpuesto contra del proveído de veintiocho de julio de dos mil veintiuno, mismo que se radicó con el número Q.C. 270/2021, circunstancia de la que se toma conocimiento. NOTIFÍQUESE Y POR OFICIO AL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN NEZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE MÉXICO.

  3. Principal

    Vista la cuenta que antecede, agréguese a los autos el escrito de cuenta, remitido vía electrónica por el autorizado en términos amplios de la parte quejosa, por medio del cual interpone recurso de queja contra el auto de veintiocho de julio de dos mil veintiuno, mediante el cual, se desechó la demanda de amparo. Ahora, al ser el mencionado proveído contra el cual se interpone recurso de queja, no es necesario poner a la vista de las partes, por el término de tres días, el expediente en que se actúa para que señalen las constancias que en copia certificada serán remitidas al tribunal revisor. Atento a lo anterior; se tienen como constancias que integrarán las copias certificadas, las siguientes: Papeleta de ingreso. Escrito inicial de demanda. Proveído de veintiocho de julio de dos mil veintiuno, por el cual se desechó la demanda de amparo promovida por Edgar Alberto Urbina Romero y Mayra Villegas Hernández. Notificación a la parte quejosa, realizada por medio de lista el cinco de julio de dos mil veintiuno. Asimismo, en términos del artículo 101 de la Ley de Amparo, SE RINDE INFORME SOBRE LA MATERIA DE LA QUEJA, en el sentido de que es cierto el acto impugnado, toda vez que este Juzgado de Distrito dictó el proveído de veintiocho de julio de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de amparo 914/2021-IV, promovida por Edgar Alberto Urbina Romero y Mayra Villegas Hernández,, contra actos del Juzgado Primero Mercantil del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl, Estado de México, al encontrarse actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, este último, aplicado en sentido contrario a su interpretación, ambos de la Ley de Amparo. Conforme con lo anterior, envíense al TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN NEZAHUALCÓYOTL, EN TURNO, las constancias reseñadas, con el informe que se rinde en el presente auto, atendiendo al procedimiento previsto en el artículo 101 del ordenamiento legal invocado, solicitando de la manera más atenta comunique la recepción de las constancias que se envían. A su vez, se le hace del conocimiento que al haberse desechado la demanda de amparo no ha lugar a suspender el procedimiento en el presente asunto, con fundamento en el artículo 102 de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    CITATORIO PRINCIPAL. POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCIÓN DE VEINTIOCHO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO LA CUAL DICE: Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Edgar Alberto Urbina Romero y Mayra Villegas Hernández, por propio derecho, contra actos del Juzgado Primero Mercantil del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl, Estado de México, por considerarlos violatorios de los derechos humanos consagrados en los artículos constitucionales que refiere. Fórmese expediente, regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, bajo el número 914/2021-IV. Del escrito de cuenta, se desprende que la parte quejosa señaló como acto reclamado: La Audiencia Preliminar dictada en el Juicio Oral Mercantil, con número de expediente 03/2021, del índice del Juzgado Primero Mercantil del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl, Estado de México, celebrada el trece de julio de dos mil veintiuno, y el acta mínima dictada el quince del mes y año en curso. Del examen de la demanda de amparo, se advierte que el presente juicio constitucional es improcedente, como se verá a continuación. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Este precepto autoriza a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura íntegra de la demanda y del documento que adjuntó a éste último; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de la causa de improcedencia se operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto en el que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sirve de 1apoyo a lo anterior, la tesis siguiente: "Octava Época Registro: 221353 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo VIII, Noviembre de 1991 Materia(s): Común Tesis: Página: 198 DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Siempre que la causa de improcedencia no sea evidente en sí misma, debe el juzgador admitir y tramitar la demanda de garantías a efecto de dar oportunidad a las partes en el juicio de rendir los elementos de prueba que, por un lado, justifique el ejercicio de la acción y, por otro, que permitan al juez, en su momento procesal oportuno, pronunciar la resolución que en derecho corresponda, pues cuando el artículo 145 de la Ley de Amparo, establece que el juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la misma, la desechará de plano, se está refiriendo a que el motivo de improcedencia de la demanda de amparo, debe ser tan claro y tan evidente que no deje lugar a dudas, es decir, tan notorio e indiscutible que sin necesidad de ulterior comprobación, surja a la vista haciendo inejercitable la acción constitucional." En el caso, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, este último, aplicado en sentido contrario a su interpretación, ambos de la Ley de Amparo. En efecto, dichos preceptos legales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" Conforme a los preceptos citados, el amparo indirecto sólo procede contra actos dictados dentro de juicio, cuando tengan ejecución de imposible reparación, entendiéndose por tales, aquéllos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales, siendo improcedente. Para ser calificados como irreparables, dichos actos necesitan actualizar dos condiciones: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos que afecten materialmente derechos, lo que equivale a situarlos en aquellos supuestos en los que el acto, impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, inclusive, antes del dictado de algún fallo definitivo, y la segunda, en el sentido de que estos derechos afectados materialmente, revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, cuya afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos-, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual, sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Bajo ese contexto, el juicio de amparo indirecto sólo procede contra actos dentro de juicio que produzcan una afectación material a derechos sustantivos, esto es, que sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. En la especie, la parte quejosa reclama la Audiencia Preliminar dictada en el Juicio Oral Mercantil, con número de expediente 03/2021, del índice del Juzgado Primero Mercantil del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl, Estado de México, celebrada el trece de julio de dos mil veintiuno, y el acta mínima dictada el quince siguiente. De ese acto, no se aprecia alguna afectación de imposible reparación a la parte peticionaria, pues no se advierte que se le afecte materialmente un derecho sustantivo, ni que se le impida el ejercicio de alguna prerrogativa, pues solo produce efectos de carácter intraprocesal, dentro del juicio oral mercantil al cual está sujeto. Resulta aplicable por analogía, la jurisprudencia 37/2014, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación1 que establece: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la Publicada en la página 39, del Tomo I, del Libro 7, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de junio de dos mil catorce, Décima Época. expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." También sirve de apoyo la Tesis Jurisprudencial 3a. 20/90 publicada en la página 236, Tomo V Primera Parte, Época 8A del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "PRUEBAS. SU ADMISIÓN. COMO REGLA GENERAL, CONSTITUYE VIOLACIÓN PROCESAL RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO". Las fracciones III, VI y XI, del artículo 159 de la Ley de Amparo guardan estrecha relación entre si, ya que en la primera se establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerar n violadas las leyes del procedimiento y que afectan las defensas del quejoso, cuando no se le reciban pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley; sin su conocimiento, las pruebas ofrecidas por las otras partes, con excepción de las que fueren instrumentos públicos, y en la tercera, o sea en la fracción XI del mismo numeral, también se establece que son violaciones de esa índole los casos análogos a los de las fracciones que preceden, a juicio de la Suprema Corte de Justicia o de los Tribunales Colegiados de Circuito, según corresponda. Ahora bien, debe estimarse como análogo el previsto por las fracciones III y VII, la admisión de las pruebas ofrecidas por la parte contraria del quejoso, tomando en consideración que igual perjuicio recibe el agraviado cuando son rechazadas ilegalmente las pruebas que ofrece, como cuando a su contraparte se le reciben las que propone sin conocimiento del quejoso, en forma contraria a lo establecido por la ley. En consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, la violación de que se trata, solo es reclamable mediante el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva que se dicte en el juicio respectivo. Sin embargo, esta regla general sufre una excepción: cuando esa admisión y su consecuente desahogo puedan tener una ejecución de imposible reparación, ya que se viola una garantía individual que no podrá repararse, aunque la sentencia llegue a ser favorable al efecto, lo que sucede de acuerdo con la tesis jurisprudencial número 16 publicada en la página 81 del informe de Labores del Presidente de este Alto Tribunal, correspondiente al año de mil novecientos ochenta y nueve, con el rubro de "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. Además de lo anterior queda claro con el criterio establecido en la Jurisprudencia número 3/90, Tercera Sala, en la que se considera que la admisión de la prueba pericial contable en los libros del quejoso, ofrecidas por la contraparte, es una violación reclamable en amparo directo, por darse esa hipótesis. (Gaceta No. 25 página 52)." Del anterior criterio, se aprecia claramente que el amparo contra actos dictados dentro de un procedimiento, únicamente, procede cuando esos actos son de imposible reparación; y en la especie el auto combatido, no se trata de uno de aquellos actos que afecten materialmente derechos sustantivos, sino que únicamente afecta derechos adjetivos o procesales, que sólo tienen consecuencias de carácter intraprocesal, esto es, sólo inciden en el seguimiento del procedimiento. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia analizada, se desecha de plano la demanda de amparo, ante lo notorio y manifiesto de su improcedencia. Sirve de apoyo la jurisprudencia visible en la página mil seiscientos treinta y uno, del tomo XX, septiembre de dos mil cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Téngase como domicilio para recibir notificaciones el que indica en su demanda, por encontrarse dentro de la residencia de este juzgado y por así solicitarlo expresamente. De conformidad con el numeral 21 de la Ley de Amparo, en caso de ser necesario, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de la diligencia que se encomienda. Asimismo el actuario judicial debe tomar en cuenta todas las medidas que se encuentran señaladas en los protocolos para proteger su integridad y, en caso de encontrarse en una situación de riesgo, deberá suspender la diligencia y asentar por que no la llevó a cabo, esto, para estar en condiciones de proveer lo conducente. Autorizados. Téngase como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Andrés Quevedo Hernández, Miriam Lobera Camarena y Salvador Gutiérrez Hernández, por contar con registro de cédula ante el Sistema de Registro de Profesionales del Derecho (REGPROF), mientras que a las diversas personas se les tiene por autorizados de conformidad con lo dispuesto en el diverso numeral 24 de la citada ley, es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones. autorización electrónica. En atención a que solicita el acceso al expediente electrónico, y al efecto remite el usuario correspondiente, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo en relación con el 18 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se autoriza el acceso al presente expediente electrónico. En la inteligencia que el acceso respectivo estará condicionado a que la firma en relación con la cual se otorgue la autorización respectiva se encuentre vigente al momento de pretender ingresar al expediente de que se trate; asimismo, la presente autorización para acceder a expediente electrónico, al usuario quevedolegales, surtirá efectos una vez que el presente proveído se integre a este expediente, y se tenga la certeza del registro correspondiente. En consecuencia, se comisiona al encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a que realice las gestiones necesarias a efecto de que el usuario ****, pueda consultar el presente juicio de amparo vía electrónica. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, para no retardar el procedimiento, en caso necesario se habilitan desde ahora días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones de carácter personal que se ordenen en este expediente. En obvio de mayores dilaciones procesales y a efecto de agilizar el procedimiento constitucional, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la ley de la materia, se ordena la expedición a las partes hasta en un tanto, de copias simples o certificadas de cualquier documento o actuación que obre en autos, con excepción de las constancias que tengan el carácter de reservada o confidencial, sin que sea necesario que medie promoción por escrito, previa petición verbal al secretario y toma de razón que por su recibo obre en autos para constancia legal, por conducto de las personas que cuenten con facultades para ello, pues solo a éstas les serán entregadas. Se informa a las partes que desde este momento se autoriza la reproducción electrónica del presente asunto a través de los medios electrónicos, es decir, cámaras fotográficas, scanner portátiles, celulares o similares, previa petición verbal de la parte interesada al Secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, debiendo asentar la razón respectiva en el expediente. Cabe destacar que no está autorizada la reproducción de aquellas constancias que por disposición legal contengan información reservada o confidencial. En el entendido de que es responsabilidad de las partes el uso que den a la información obtenida a través de los dispositivos referidos. Es aplicable, en lo conducente, la Tesis I. 3. C. 725 C, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, marzo de dos mil nueve, página dos mil ochocientos cuarenta y siete, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN, AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA.". En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos; con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos; asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De conformidad con el artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada.

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