Mayra Velasco Serrano
Expediente 9/2023 tramitado ante el Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 9/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 20/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Mayra Velasco Serrano
- Gabriel Andres Campoli
Actuaciones
- Principal
se declara que los autos (diez y dieciséis de enero de dos mil veintitrés) en que se tuvo por no presentada la demanda han causado estado. Archívese este juicio como asunto totalmente concluido
- Principal
se tiene por no presentada la demanda y se dejan sin efectos las providencias dictadas, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparose decreta la separación del presente juicio; en el entendido de que este expediente
- Principal
téngase a los directos quejosos, manifestando que no ratifican la demanda de amparo promovida en su favor, por lo que, se hace efectivo el apercibimiento decretado en autos, de ahí que se tiene por no presentada la demanda y se dejan sin efectos las providencias dictadas, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. Ahora bien, se aprecia que el quejoso Leonel Pioquinto Pérez, no se pronunció respecto a ratificar o no la demanda de que se trata, hasta que hablara con su abogado; por lo tanto, resérvese de acordar lo conducente, hasta en tanto le transcurran los tres días que la ley le concede para tal efecto; en el entendido que de no hacer pronunciamiento alguno, se acordará lo procedente.
- Principal
Con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 15, 17, fracción IV, 33, fracción IV, 107, 109 y 112, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por presentada la demanda de amparo promovida por Gabriel Andrés Campoli, en propio derecho y en nombre de los directos quejosos Leonel Pioquinto Pérez, Rosalino Hernández Torres, Mayra Velasco Serrano, Martha Lorena Cabrera López, Sandra Vázquez Dorantes, María Isabel Treviño González, Sara Luz Herrera Cano, Grecia Nayeli Olvera López, Leticia Juárez Castillo, Venus Margarita Barragan Escandón, Naida Xilohua Mixcohua, Verónica Xilohua Mixcohua, Nabor Xilohua Mixcohua, Antonia Cortes Amador, Eréndira Román Chimeo, María Guadalupe Santiago Chávez, Brenda Gallarreta Viveros, Jakelin Guadalupe Pérez Villarreal, Danna Vanessa Susano Rivera, María Obdulia Rivero Aguilar y María Aguilar Lagunes, la cual se registró en el libro de registro de juicios de amparo bajo el expediente 9/2023-III. Integración de expediente electrónico. Así, con base en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias necesarias para la integración del expediente electrónico del Poder Judicial de la Federación; en el entendido de que aquellas constancias que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que, el expediente electrónico estará a disposición de las partes, una vez que cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Pronunciamiento de la suspensión de plano. Ahora bien, al tener en consideración que en la demanda de amparo se reclama un acto que puede considerarse violatorio a lo dispuesto por el artículo 22 constitucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 15, 20, 125 y 126 de la Ley de Amparo, se decreta de oficio y de plano la suspensión de los actos reclamados consistentes en: la incomunicación y tortura que se afirma es objeto el[la] quejoso[a] directo[a] Leonel Pioquinto Pérez, Rosalino Hernández Torres, Mayra Velasco Serrano, Martha Lorena Cabrera López, Sandra Vázquez Dorantes, María Isabel Treviño González, Sara Luz Herrera Cano, Grecia Nayeli Olvera López, Leticia Juárez Castillo, Venus Margarita Barragan Escandón, Naida Xilohua Mixcohua, Verónica Xilohua Mixcohua, Nabor Xilohua Mixcohua, Antonia Cortes Amador, Eréndira Román Chimeo, María Guadalupe Santiago Chávez, Brenda Gallarreta Viveros, Jakelin Guadalupe Pérez Villarreal, Danna Vanessa Susano Rivera, María Obdulia Rivero Aguilar y María Aguilar Lagunes. Análisis de la demanda, en relación con el acto reclamado consistente en la incomunicación. Respecto del acto reclamado consistente en la incomunicación de los nombrados quejosos, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, procede conceder la suspensión de plano. El numeral 126 de la Ley de Amparo dice: Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En este caso, la suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento. La suspensión también se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. En el caso, la incomunicación es de aquellos actos previstos en el aludido numeral 126 de la Ley de Amparo; de ahí que, es procedente conceder la suspensión de plano de dicho acto. Ahora por cuanto hace al diverso acto, consistente en la tortura, se comisiona a cualesquiera de los actuarios judiciales adscritos a este juzgado de Distrito, para que se constituya en el en Centro de Reinserción Social "la Toma", en Amatlán de los Reyes, Veracruz, y deberá asentar en la razón que al efecto levante: La fecha y la hora en que se constituyó en el lugar donde esté detenido el directo quejoso. El nombre del servidor o funcionario público que lo atendió. Que solicitó la comparecencia inmediata del quejoso. De ser el caso, la razón que dio la autoridad para retrasar la comparecencia del amparista y la hora en que estuvo ante su presencia al directo quejoso. Notificarle este proveído y requerirle para que en el acto de la diligencia o dentro del término de tres días, manifieste por sí o por su representante si ratifica o no la demanda promovida a su nombre, apercibido que, de no ratificar la demanda, se tendrá por no presentada y quedarán sin efectos las providencias que se hubieran dictado, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. De conformidad con el "Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en asuntos que involucren hechos constitutivos de tortura y malos tratos" el actuario deberá preguntar al quejoso si fue incomunicado, objeto de tortura o malos tratos y, en caso afirmativo, deberá describir las lesiones que advierta e informar de inmediato a esta juzgadora. Así como cualquier otro dato que, sin estar comprendido en los antes listados, igualmente resulte de especial importancia para el cumplimiento de la medida dictada. En caso de que se encuentre(n) presente(s) el (los) abogado (s) particulares del directo quejoso en las instalaciones donde se localice a éste, deberá asegurarse y asentar que la autoridad le(s) permitió asistirlo en ese momento. Por tanto, se concede la suspensión de plano a Leonel Pioquinto Pérez, Rosalino Hernández Torres, Mayra Velasco Serrano, Martha Lorena Cabrera López, Sandra Vázquez Dorantes, María Isabel Treviño González, Sara Luz Herrera Cano, Grecia Nayeli Olvera López, Leticia Juárez Castillo, Venus Margarita Barragan Escandón, Naida Xilohua Mixcohua, Verónica Xilohua Mixcohua, Nabor Xilohua Mixcohua, Antonia Cortes Amador, Eréndira Román Chimeo, María Guadalupe Santiago Chávez, Brenda Gallarreta Viveros, Jakelin Guadalupe Pérez Villarreal, Danna Vanessa Susano Rivera, María Obdulia Rivero Aguilar y María Aguilar Lagunes, para el efecto de que CESE INMEDIATAMENTE cualquier acto de incomunicación y tortura de que puedan ser objeto, para lo cual deberá permitirse la comunicación que necesiten con sus abogados, así como otorgarles el acceso a estos al lugar donde se encuentren detenidos, dentro de los horarios y las medidas que tenga impuestos para ello. Se exime de otorgar garantía. La medida cautelar de que se trata surte sus efectos desde luego y sin necesidad de otorgar garantía, pues de ejecutarse los actos reclamados causarían a la parte quejosa un gravamen de imposible reparación, pues se consumarían irreparablemente los efectos del acto reclamado mientras se cumplieran tales requisitos, contrariando así los fines de la suspensión. Requerimiento de informe. Las autoridades responsables deberán informar de inmediato el cumplimiento que den a este mandato, con la consiguiente responsabilidad en caso de ser omisas, debiendo anexar copias certificadas de las constancias que acrediten la flagrancia o la urgencia de la detención, bajo apercibimiento que de no dar cumplimiento a la anterior determinación, se le dará vista al Ministerio Público de la Federación, por la posible comisión del delito previsto en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo. Para tal efecto, se hace del conocimiento de la[s] autoridad[es] que el informe que se le[s] requiere debe[n] preferentemente enviarlo al correo electrónico 16jdo7cto@correo.cjf.gob.mx (medio magnético); previa confirmación que se realice por este juzgado en el número telefónico (271) 4-05-22-21; sin que lo anterior, en caso de que deban de acompañar constancias para justificar sus actos, la[s] autoridad[es] las remitirán por la mensajería rápida que estimen conveniente a la dirección calle Trece, número 1309, entre Avenida Uno y Tres, colonia Centro, Córdoba, Veracruz, código postal 94500; lo anterior, con fundamento en el artículo 117, primer párrafo, de la ley de la materia, en relación con el numeral 17 constitucional, que obliga a una justicia pronta. Solo en el supuesto de que no tenga[n] la posibilidad o los medios para enviarlos así, lo puede hacer en la forma tradicional (por escrito). En el entendido de que la remisión del citado informe deberá hacerla por cualquiera de las vías que estime conveniente, sin que deba hacerlo por todas. Ahora bien, toda vez que Gabriel Andrés Campoli, promueve en propio derecho, diverso acto reclamado a los contemplados en el artículo 22 de la Constitución, resérvese de proveer la admisión o desechamiento de este, hasta en tanto de cuente con la diligencia ordenada en el presente auto. Notificaciones electrónicas. Asimismo, con fundamento en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se autoriza que las notificaciones de carácter personal se hagan vía electrónica, en el entendido de que la[s] parte[s] que así lo solicita[n] quedaran sujetas a las reglas que establecen los artículos 24, 30, fracción II y 31, fracciones I, II y III, de la Ley de Amparo; esto es, cuando la parte notificada no consulta el sistema indicado dentro del plazo máximo de dos días hábiles posteriores al envío de la actuación a notificar, la notificación debe entenderse hecha en el primer instante del día hábil siguiente al vencimiento de ese plazo de dos días (momento en el cual igualmente surte sus efectos). Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia 2a./J. 71/2019 (10a.), que dice: NOTIFICACIONES REALIZADAS POR VÍA ELECTRÓNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL QUEJOSO O EL TERCERO INTERESADO NO INGRESA AL SISTEMA ELECTRÓNICO DENTRO DEL PLAZO MÁXIMO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE EL ÓRGANO DE AMPARO ENVIÓ LA DETERMINACIÓN CORRESPONDIENTE, SE ENTIENDEN HECHAS Y SURTEN SUS EFECTOS EN EL PRIMER INSTANTE DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE AL VENCIMIENTO DE ESE PLAZO. En diversas ejecutorias, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido criterios en los cuales se ha sostenido que en el juicio de amparo los plazos inician a las cero horas del día respectivo y los términos para presentar promociones comprenden las veinticuatro horas naturales del último día, así mismo que cuando la ley que rige al acto no prevé el momento en el cual surten efectos las notificaciones, será en el mismo momento de su realización. Por su parte, la Ley de Amparo establece la posibilidad del quejoso o del tercero interesado que quisiera ser notificado por medios electrónicos, expresarlo así ante el órgano de amparo, quien queda obligado a enviar los acuerdos, resoluciones o sentencias a notificar de manera personal para que, por ese medio, el interesado pueda ser comunicado. A su vez, el solicitante adquiere el deber de ingresar en forma diaria (y hasta por el plazo máximo de dos días hábiles) al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación para consultar las notificaciones correspondientes, con lo cual se genera la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de ese ordenamiento. A partir de lo anterior, de la interpretación armónica, sistemática y funcional de los artículos 24, 30, fracción II y 31, fracciones I, II y III, de la Ley de Amparo, se concluye que cuando el quejoso o el tercero interesado no consulta el sistema indicado dentro del plazo máximo de dos días hábiles posteriores al envío de la actuación a notificar, la notificación debe entenderse hecha en el primer instante del día hábil siguiente al vencimiento de ese plazo de dos días (momento en el cual igualmente surte sus efectos), pues de esa manera se respeta en forma integral el plazo otorgado por el legislador; ello en el entendido de que al vencimiento de ese plazo, el actuario debe levantar la razón a que se refiere la fracción II del artículo 31 de la ley de la materia a efecto de hacer constar el momento en que se realizó la respectiva notificación electrónica. Intervención de autorizados. Asimismo se tiene[n] y como autorizado[s] en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, al [los] licenciado[s] Roberto Pablo Mercado Zamora, Rafael Mota Ramírez y Gabriel Andrés Campoli; en virtud de contar con cédula debidamente registrada en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública. Correo electrónico y número telefónico. Téngase a la parte quejosa proporcionando cuenta correo electrónico y número telefónico para entablar comunicación no procesal. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con apoyo en el artículo 21 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, para el caso de que en el presente sumario deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera que intervenga en él, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar tales diligencias. Se autoriza uso de cámaras fotográficas, grabadoras o lectores ópticos y copias. Con fundamento en la circular 12/2009 del Consejo de la Judicatura Federal, se faculta a las partes y a sus autorizados para que, previa solicitud a la Secretaria encargada de este expediente, se impongan de sus actuaciones mediante el uso de cámaras fotográficas, grabadoras o lectores ópticos, debiendo recabarse constancia de cada consulta realizada en esos términos. Con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza la expedición de copias en el presente expediente, previa solicitud verbal que para el efecto se haga a la Secretaria encargada del trámite quién legalmente se encuentre facultado para ello. Información pública.
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