Mayra Vasquez Santiago
Expediente 815/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 815/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 06/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Mayra Vasquez Santiago
Actuaciones
- Principal
*& MESA 1 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de agosto de dos mil veintiuno. Causa estado determinación. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha concluido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del acuerdo dictado el veintiséis de julio de esta anualidad; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Publicación de datos personales. Por otro lado, como las partes en este juicio d amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales; no obstante, dése cumplimiento a lo establecido por los numerales 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, el siete de febrero de dos mil diecisiete. Archivo. Ahora, toda vez que en este expediente no existe asunto pendiente por diligenciar, por tanto, con fundamento en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte, se ordena el archivo de este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Destino Transcurridos más de tres años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su destrucción, de conformidad con el inciso a), del artículo 21, del referido Acuerdo General y, en su oportunidad, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Se hace constar que, como quedó asentado en la certificación de cuenta, en este expediente no existen documentos originales. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y la carátula. Notifíquese por lista electrónica.
- Principal
*& MESA 1 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de julio de dos mil veintiuno. Radicación y creación del expediente. Con la demanda de amparo recibida en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, que promovió promovió *****, por propio derecho y en representación de la menor C.A.H.V., contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno, con el número 815/2021. Expediente Electrónico. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se instruye al personal de este órgano jurisdiccional, para que integre este expediente de manera electrónica y física, conforme a los lineamientos establecidos en el acuerdo en mención, por lo cual, deberán digitalizar, integrar y supervisar la captura electrónica de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en el mismo. En el entendido que, no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 del acuerdo mencionado. Estudio de la demanda. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece la obligación de examinar, previo a la admisión de la demanda, si se actualiza una causa de improcedencia, en virtud de que tal figura es una institución procesal que impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado; por ende, su estudio es de oficio, preferente y de orden público en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. De los artículos transcritos se advierte que la demanda de amparo debe desecharse cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por medio de prueba alguno durante el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de la Octava Época, con número de registro 221353, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, dentro del tomo VIII, noviembre de 1991, la cual es visible a página 198, y establece lo que a continuación se transcribe: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Siempre que la causa de improcedencia no sea evidente en sí misma, debe el juzgador admitir y tramitar la demanda de garantías a efecto de dar oportunidad a las partes en el juicio de rendir los elementos de prueba que, por un lado, justifique el ejercicio de la acción y, por otro, que permitan al juez, en su momento procesal oportuno, pronunciar la resolución que en derecho corresponda, pues cuando el artículo 145 de la Ley de Amparo, establece que el juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la misma, la desechará de plano, se está refiriendo a que el motivo de improcedencia de la demanda de amparo, debe ser tan claro y tan evidente que no deje lugar a dudas, es decir, tan notorio e indiscutible que sin necesidad de ulterior comprobación, surja a la vista haciendo inejercitable la acción constitucional". Bajo ese contexto, se estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1, fracción I y 5, fracción II, primer párrafo, de la Ley de Amparo, que en su orden y en la parte que interesa establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgados para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.] El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente ley." "ARTÍCULO 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; y omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. [.]". De la interpretación sistemática de los numerales transcritos, armonizados con la fracción I del artículo 103 Constitucional, se colige que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Carta Magna, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. La acción constitucional se origina en favor de los particulares, por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Carta Federal del país, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, de ahí que si los actos que se reclaman no tienen las características propias de los actos de autoridad, aunque se dicten por órganos del Estado, la acción constitucional no se genera, y por lo mismo, el juicio de amparo es en absoluto improcedente para combatirlos. En relación con lo anterior, el concepto de autoridad responsable converge en establecer que es aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, al emitir la tesis XXVII/97, determinó que autoridad para los efectos del amparo, es aquella que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí, o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. De modo que, es autoridad la que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, abandonando el criterio tradicional de disponibilidad de la fuerza pública como distintivo del concepto de autoridad. Ahora bien, la Ley de Amparo vigente modificó el concepto de autoridad responsable que se tenía en la anterior legislación, previendo que los particulares pueden tener esa calidad, siempre que concurra lo siguiente: 1. Que dichos particulares realicen actos equivalentes a los de autoridad. 2. Que afecten derechos en los términos de esa fracción [derechos fundamentales]. 3. Que sus funciones estén determinadas por una norma general. De ello se desprende que las características del acto de autoridad no fueron modificadas por el precepto 5 de la actual ley de la materia, sino que se introdujo una concepción distinta de los sujetos que pueden fungir como autoridad responsable para los efectos del juicio. Así se tiene que, bajo la misma naturaleza de los actos de autoridad, algunos equivalentes pueden ser realizados por particulares, es decir, éstos deben crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Además, tales actos equivalentes deben vulnerar derechos fundamentales contemplados en la norma constitucional y las funciones que autorizan la emisión de los precitados actos equiparables, deben encontrarse contemplados en una norma general. Ilustra a lo anterior, la tesis 2a./J. 164/2011 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto, son: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Ahora, la parte quejosa, promovió ***, por propio derecho y en representación de la menor C.A.H.V. en su demanda de aparo reclama: ".Del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, del Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, de la Secretaria de Educación Pública del Gobierno Federal y de la Secretada General de Gobierno del Estado de Oaxaca, reclamo: La violación a la dignidad humana y derecho a la alimentación de mi menor hija, derivado de que dichas autoridades están siendo omisas para adoptar los mecanismos y acciones para garantizar que el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca pague al suscrito los salarios con motivo de los servicios que presto para dicho instituto como trabajadora con clave presupuestal y clave cobro ****.. Esto, porque con sus omisiones dichas autoridades están generando una inestabilidad económica al suscrito y con ello están evitando que pueda cumplir con mis obligaciones para suministrar a mi menor hija todo lo indispensable para su sustento. La puesta en peligro de la vida de mi menor hijo, derivado de que dichas autoridades están siendo omisas para adoptar los mecanismos y acciones para garantizar que el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca pague al suscrito los salarios con motivo de los servicios que presto para dicho instituto como trabajador con clave presupuestal y clave cobro ****. Esto, porque con sus omisiones dichas autoridades están generando una inestabilidad económica al suscrito y con ello están evitando que pueda cumplir con mis obligaciones para suministrar a mi menor hija todo lo indispensable para su sustento. Del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, reclamo: La violación a mi derecho a la dignidad humana, en la medida en que no se está garantizando al suscrito un nivel de vida adecuado, derivado de la falta de mecanismos y acciones para garantizar el pago de mis salarios con motivo de los servicios que presto para el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca como trabajador con clave de cobro ***. La falta de mecanismos y acciones para garantizar al suscrito el derecho al mínimo vital, en la que queda abarcada la protección a la alimentación a la que se refiere la parte dogmática del Texto Constitucional, y a la que específicamente alude el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La discriminación de que estoy siendo objeto, derivado de que no se está garantizando al suscrito un nivel de vida adecuado, derivado de la falta de mecanismos y acciones para garantizar el pago de mis salarios con motivo de los servicios que presto para el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca como trabajador con clave de cobro ****. La violación a la dignidad humana y derecho a la alimentación de mi menor hijo, derivado de que dichas autoridades están siendo omisas en pagar al suscrito los salarios con motivo de los servicios que presto para dicho instituto como trabajador con clave presupuestal y clave cobro 0****. Esto, porque dicha autoridad está generando una inestabilidad económica al suscrito y con ello están evitando que pueda cumplir con mis obligaciones para suministrar a mi menor hijo todo lo indispensable para su sustento. Manifestando, bajo protesta de decir verdad, como antecedentes de esos actos reclamados, los siguientes: ". Bajo protesta de decir verdad manifiesto a Usted que los hechos y abstenciones que me constan y que constituyen los antecedentes del acto reclamado son los siguientes: Tal como lo acredito con la impresión del acta de nacimiento con números de folio ****, soy madre del menor de nombre C.A.H.V., quien actualmente cuenta con la edad de 4 años. Actualmente soy trabajador del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca bajo la clave presupuestas y clave de cobro número 0****. Es el caso que el citado Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca ha dejado de pagarme mis salarios que corresponden como trabajadora desde la segunda quincena de junio, primera y segunda quincena de julio, primera quincena de agosto todas del año dos mil veintiuno, así como el pago de una nomina extraordinaria del primero de enero al 15 de agosto del ario en curso. Según se desprende del portal SUAP Sistema Único de Autenticación y Perfiles SCSSO.FONE.SEP.GOB.MR, mi salario que se me deben pagar de manera quincenal, ya han sido liberados por parte de la Secretaría de Educación Pública, quien es la autoridad encargada de suministrar dicho recurso al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca; pues ya se encuentran disponibles los correspondientes comprobantes de pago, en el portal electrónico antes citado, sin embargo, de manera ilegal ésta última autoridad es quien está reteniendo dichos pagos sin justificación alguna. Manifiesto que a pesar de que el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca ha retenido de manera injustificada mis salarios, sigo siendo trabajadora de dicho organismo público, pues no se me ha rescindido mi relación laboral y tampoco he renunciado, y es mi único ingreso que tengo para subsistir y cumplir con mis obligaciones alimentarias hacia mi menor hijo. Derivado de que el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca ha dejado de pagarme de manera injustificada mis salarios como trabajadoar, actualmente no estoy percibiendo ningún ingreso y carezco de los recursos para solventar las necesidades básicas de mi menor hijo, pues los pocos recursos que he podido ahorrar se me están terminando. De donde se advierte que, este juicio resulta improcedente en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo. Lo anterior acontece, porque de la lectura integral efectuada a la demanda presentada, se advierte que, la ahora quejosa, hace derivar esos actos que reclama, con motivo de la falta de pago o la retención que de su salario como trabajadora del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, le está efectuando dicha institución; sin embargo, este juicio de amparo resulta improcedente para combatir esas reclamaciones, porque las mismas son materia de una acción laboral, cuyo conocimiento corresponde a las autoridades del trabajo y no del juicio de amparo. Desechamiento que, debe hacerse extensivo a los actos reclamados a las diversas autoridades que se señalan, pues como se dijo, la peticionaria del amparo reclama actos de naturaleza laboral, que deben ser analizados por la instancia correspondiente; además, no reclamó de esas autoridades algún acto por vicios propios, pues se reitera esos actos se los atribuye como una consecuencia de la falta de pago de su salario con motivo de la relación laboral que sostiene con el Instituto multicitado; de ahí que se actualice la causal invocada. En tales condiciones, si el acto reclamado no tiene las características de un acto de autoridad, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1 y 5, fracción III, de la Ley de Amparo, por ello, con fundamento en el artículo 113 de la ley de amparo, procede desechar de plano la demanda presentada, por motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Apoya lo anterior, la jurisprudencia III.4o.T. J/3 (10a.), registro digital: 2011298, Décima Época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 28, Marzo de 2016, Tomo II, página 1639, con rubro y texto siguientes: "-AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER EL ENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO QUE ES OMISO EN EL PAGO DEL SALARIO O QUE INCUMPLE PRESTACIONES DE ÍNDOLE LABORAL, AL ACTUAR COMO PATRÓN EN UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN. Se considera "autoridad" a las personas que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. En este sentido, debe señalarse que el Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. En efecto, la teoría general del derecho hace una clasificación de las relaciones jurídicas en: de coordinación, supra-subordinación y supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares, y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o reguladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra-subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracteriza por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado. En este contexto, si el Estado contrata a una persona para que desempeñe cualquier labor dentro de una entidad pública, la actuación del titular del órgano de que se trate, frente a la persona contratada, no será una actuación investida de imperio, sino una verdadera relación laboral surgida en un plano de igualdad (coordinación) entre el Estado como contratante y la persona que va a desempeñar un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido o por el hecho de figurar en la lista de raya de los trabajadores. Luego, si en el caso el quejoso reclama de una dependencia de la administración pública o de un organismo descentralizado el incumplimiento de ciertas prestaciones derivadas de su relación laboral (falta de pago o descuentos a su salario), es inconcuso que dicho acto no tiene la naturaleza de acto de autoridad para efectos del amparo, pues las autoridades responsables (patrones) señaladas por el quejoso no tienen ese carácter, pues actúan como patrones en una relación de coordinación y no en un plano de supra-subordinación como autoridades investidas de imperio. Ni siquiera el acto reclamado (omisión o descuento del salario) es un acto que pueda considerarse para la procedencia del amparo, porque el salario está íntimamente vinculado con la relación obrero-patronal y con las condiciones fundamentales de la relación de trabajo entre el quejoso y la patronal, susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral correspondiente y no a través del amparo." Así como, en vía de orientación, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, la tesis aislada con registro digital: 378353, visible en el Semanario Judicial de la Federación. Tomo LXIII, página 53, Cuarta Sala, de rubro y texto siguiente: JUNTAS DE CONCILIACION Y ARBITRAJE, COMPETENCIA DE LAS. Una Junta de Conciliación y Arbitraje es competente para conocer de las acciones deducidas ante ella, si tales acciones provienen de violaciones contractuales en materia de trabajo, como son el pago de la indemnización constitucional de tres meses de salario, por injusto despido del trabajador, o por el de salarios retenidos, siendo por tanto inexacto que en ese caso se trate de una reivindicación, si así se desprende de los términos en que fue ejercitada la acción del trabajador No es obstáculo para desechar la presente demanda de amparo, el hecho de que la quejosa promueva en representación de un menor, pues los actos reclamados a favor de ésta, son consecuencia de los impugnados por ****, por propio derecho. Sin que el hecho de que el acto reclamado tenga como consecuencia, la falta de proporcionar alimentos al menor, dado que no es el acto destacado en esta controversia constitucional, ya que es la consecuencia de los salarios retenidos a la quejosa; así también, atendiendo a que promueve en representación de su menor hijo, hipótesis en la cual, atendiendo a la suplencia de la queja instituida en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, debe considerarse lo más favorable al interés del menor; sin embargo, dicha suplencia no puede llegar al extremo de eximir a la parte quejosa de no cumplir con el principio de definitividad, pues el mismo es de observancia obligatoria sea cual fuere la materia. Ilustra lo anterior, la tesis del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, registro digital: 176326, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIII, Enero de 2006, página 2358, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA, ES DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA, AUN CUANDO EL ACTO RECLAMADO EMANE DE UN JUICIO DE NATURALEZA FAMILIAR. No obstante que el acto reclamado en el juicio de amparo, emane de una contienda de naturaleza familiar, en que, atendiendo a la suplencia de la queja instituida en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, debe considerarse lo más favorable a los intereses de la parte quejosa, también es verdad que no puede llegarse al extremo de eximir a ésta de sujetarse a las reglas y términos que prevé el ordenamiento legal en cita para combatir el señalado acto de autoridad. Esto es, si la parte impetrante no promueve el juicio de garantías dentro de los quince días que para tal efecto establece el artículo 21 de la propia ley, sino que lo hace de manera extemporánea, en tales circunstancias, no es posible alegar que deberá estarse a lo más favorable a los intereses de la quejosa con relación al cómputo de los términos establecidos, toda vez que los previstos en la ley de referencia son de observancia obligatoria, sea cual fuere la materia." Debe decirse que la actualización de la causal de improcedencia en estudio, no implica negar acceso a la justicia, ya que en este asunto se interpretó de manera estricta, sin que esto implique vulnerar derechos humanos de acceso a la justicia reconocidos en ordenamientos internacionales; pues no debe perderse de vista que el juicio constitucional es un medio extraordinario de defensa, por lo que la parte quejosa debe cumplir con los requisitos de su procedencia, lo cual de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente el derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, se podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que no configura una denegación de justicia; ello, conforme a la tesis 2a. CLVII/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, enero de 2010, página 324, registro 165538, de rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSALES QUE LA PREVÉN DEBEN INTERPRETARSE DE MANERA ESTRICTA, A FIN DE EVITAR OBSTACULIZAR INJUSTIFICADAMENTE EL ACCESO DE LOS INDIVIDUOS A DICHO MEDIO DE DEFENSA". Domicilio y autorizados Se tiene como sus autorizados legales, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Darinel Blas García, Artemio Hernández Hernández y José Manuel Rosales López por encontrarse registradas su cédula profesional en el "SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROFESIONALES DEL DERECHO, ANTE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADO DE DISTRITO" y únicamente se tiene por autorizado en términos de la segunda parte del artículo 12 de la ley de la materia, esto es, para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a los restantes, por así solicitarlo expresamente. Ahora, por lo que hace a su petición de que se autorice el acceso al expediente electrónico de este juicio de amparo al usuario "JURISTAFX" dentro de los Servicios de Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; por ello, con fundamento con el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se autoriza el acceso a este expediente electrónico, con el nombre de usuario antes mencionado, a fin de que pueda realizar la consulta correspondiente. Asimismo, en términos de los artículos 26, fracción IV, 30 fracción II, y 31, fracción III, de la Ley de Amparo, y del capítulo Sexto "De las notificaciones" del Acuerdo General mencionado, se autoriza se realicen las notificaciones personales de forma electrónica, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, por así haber solicitado expresamente la parte quejosa que este juicio se tramite en línea. En consecuencia, se instruye al oficial judicial A, para que proceda a realizar los trámites respectivos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a fin de dar cumplimiento a lo señalado en el párrafo inmediato anterior. Habilitación de días y horas. En otro aspecto, a fin que puedan practicarse todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, se faculta a los actuarios judiciales para que una vez agotadas sin éxito las visitas correspondientes a un domicilio señalado por las partes para oír y recibir notificaciones en días y horas hábiles, realicen las diligencias conducentes en días y horas inhábiles en términos del numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2º; lo cual encuentra sustento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este juicio. Autorización de medios electrónicos y gratuidad de los servicios. Por otra parte, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para obtener fotografía de las actuaciones en este asunto; lo anterior de acuerdo a la circular 12/2009, de fecha dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, debiendo dejar constancia. Sin que ello comprometa a este Juzgado respecto de la posterior reproducción o edición que hagan las partes, quienes estarán obligadas a utilizar esos medios con la debida lealtad procesal, en virtud del contenido de datos personales. Ilustra a lo anterior, la tesis con el rubro siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Asimismo, se hace de su conocimiento que los servicios que presta este Juzgado son gratuitos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional; y que, la expedición de copias simples o certificadas se hará previa solicitud y autorización previa solicitud y autorización por acuerdo, que se hará atendiendo a las circunstancias que imperen en el momento de la petición. Protección de datos personales. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6°, segundo párrafo, fracción II, y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de la parte quejosa que se considerara información confidencial sus datos personales, los cuales los hacen identificados o identificables, por lo que si desea que sean divulgados, se requiere su consentimiento. Notifíquese a la parte quejosa vía electrónica. Así lo proveyó y firman de manera electrónica, el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, licenciado David Alejandro Arango Cruz, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995, autorizada por oficio CCJ/ST/2194/2020 de cinco de julio de dos mil veintiuno, emitido por la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, así como la licenciada Martha Lourdes Lescas Caballero, secretaria de juzgado que autoriza y da fe.
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