Mayra Santos Castellanos
Expediente 369/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 369/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 22/06/2023
Partes del expediente
- Mayra Santos Castellanos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
MESA I..."Ciudad del Carmen, Campeche, veintidós de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa, interpusiera recurso de revisión contra el auto de dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, transcurrió del veintinueve de mayo al nueve de junio del dos mil veintitrés, con exclusión de los días veintisiete y veintiocho de mayo, tres y cuatro de junio del año en curso, por ser inhábiles (sábados y domingos) en términos de artículo 19 de la Ley de Amparo, sin que dentro de dicho plazo interpusiera el aludido medio de impugnación. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que el auto de dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, que sobreseyó el presente juicio de amparo fuera de audiencia, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. Por otro lado, de la certificación secretarial de cuenta se desprende que en este juicio de amparo no obran documentos originales exhibidos por las partes, por tanto, remítase al archivo definitivo como asunto concluido. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que este juicio de amparo no es considerado de relevancia documental. Asimismo, transcurrido el plazo de tres años contados a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme a los artículos 20, fracción I y 3 del referido Acuerdo General. Realícense las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De igual forma, hágase constar la valoración documental en la carátula del expediente principal, mediante la leyenda "destruible", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 del citado Acuerdo General. Notifíquese por lista a las partes. Así lo acordó y firma José Elías Pacheco Martínez, juez Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, ante Aletza Vanessa Riofrio Martínez secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
MESA I "... Ciudad del Carmen, Campeche, veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese sin mayor pronunciamiento el oficio ***, de la Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, mediante el cual, remita diversas constancias de notificación correspondientes al acuerdo de veinte de abril de dos mil veintitrés, dictado en el expediente laboral ***. Lo anterior, en razón de que en dieciocho de mayo del año en curso, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio. Cúmplase. Así lo acordó y firma José Elías Pacheco Martínez, juez Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, ante Aletza Vanessa Riofrio Martínez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe
- Principal
MESA I "... Ciudad del Carmen, Campeche, dieciocho de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio ***, de la Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, mediante el cual, rinde su informe justificado en el sentido de que es cierto el acto reclamado por la parte quejosa. En consecuencia, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad responsable rindiendo su informe justificado y por exhibidas las constancias que adjunta a su oficio de cuenta. Ahora bien, el artículo 62 de la Ley de Amparo, establece que las causas de improcedencia deben analizarse de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Mientras que, el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, establece que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede, entre otros supuestos, cuando durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el artículo 61 de ese mismo ordenamiento. Por su parte, el precepto 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. A partir de lo anterior, se concluye que si de las constancias de autos se advierte que cesaron los efectos del acto reclamado, debe decretarse el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional. Estimar lo contrario, traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que iría contra el espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Bajo ese contexto, cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los amparos en revisión 3387/97, 393/98, 363/98, 2685/98 y 348/99, sostuvo que para que exista cesación de efectos del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario, además, que sus efectos queden destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiese otorgado el amparo, es decir, como si se hubiese restituido al quejoso en el pleno goce del derecho violado, de tal manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ejecutorias que dieron lugar a la jurisprudencia 2a./J. 59/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, junio de 1999, página 38, Novena Época, intitulada: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso que nos ocupa, Mayra Santos Castellanos, mediante escrito presentado el doce de abril de dos mil veintitrés, en la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito, promovió demanda de amparo contra actos de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en Carmen, Campeche, a quien le reclamó la negativa a dictar fechas prontas para la continuación del desahogo de pruebas dentro del expediente laboral ***, ya que en proveídos de veintitrés y veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, se acordó lo siguiente: I. Se señalaron las DIEZ HORAS DEL VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para el desahogo de la confesional a cargo de ***; II. Se programaron las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTICHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para el desahogo de la confesional para hechos propios a cargo de ***; III. Se fijaron las ONCE HORAS DEL SEIS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS para el desahogo de la confesional a cargo de ***; IV. Se señalaron las NUEVE HORAS DEL DOCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para el desahogo de la confesional para hechos propios a cargo de *** y; V. Se programaron las DIEZ HORAS DEL DOCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para el desahogo de la confesional a cargo de ***. VI. Se fijaron las ONCE HORAS DEL DOCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para el desahogo de la confesional para hechos propios a cargo de ***. Ahora bien, la autoridad responsable Presidenta de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en Carmen, Campeche, en su informe justificado manifestó que era cierto el acto reclamado por el quejoso, ya que si bien, en proveídos de veintitrés y veinticuatro de marzo del año en curso, señaló las horas y fechas señaladas en el párrafo que antecede para el desahogo de las pruebas confesionales, sin embargo, en proveído de veinte de abril de dos mil veintitrés, regularizó el procedimiento laboral *** y se dejaron sin efectos las horas y fechas señaladas para el desahogo de dichas confesionales, asimismo, se fijaron nuevas horas y fechas para su desahogo, a saber: I. NUEVE HORAS DEL VEINTISÉIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para el desahogo de la confesional a cargo de ***. II. DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para el desahogo de la confesional para hechos propios a cargo de ***. III. ONCE HORAS DEL VEINTINUEVE DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para el desahogo de la confesional a cargo de ***. IV. DOCE HORAS DEL VEINTINUEVE DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para el desahogo de la confesional para hechos propios a cargo de ***. V. DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL TREINTA DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para el desahogo de la confesional a cargo de ***. VI. TRECE HORAS DEL TREINTA DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para el desahogo de la confesional para hechos propios a cargo de ***. Para corroborar su dicho, la autoridad responsable anexó copia certificada del acuerdo de veinte de abril de dos mil veintitrés, a la que se le confiere valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que tiene la naturaleza de documento público en razón de que fue expedida por servidor público en ejercicio de sus funciones, cuenta con signos exteriores que les da esa calidad, como son el nombre, cargo y firma del servidor público que las expidió, así como el sello de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en Carmen, Campeche. Bajo ese contexto, al haber dejado sin efectos los proveídos de veintitrés y veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés y regularizado el procedimiento laboral ***, dictando nuevas horas y fechas para el desahogo de las pruebas confesionales a cargo de ***, *** y ***, mediante proveído de veinte de abril del año en curso, resulta evidente que han cesado los efectos de los actos reclamados, pues desapareció el motivo que concreta y específicamente originó la solicitud del amparo y protección de la justicia federal, porque las cosas volvieron a constituirse en una situación idéntica a la que imperaba antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto reclamado no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, ya que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por las razones expuestas, por haber sobrevenido causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 63, fracción V, de ese mismo ordenamiento legal, se decreta el SOBRESEIMIENTO fuera de audiencia en este juicio de amparo. Derivado de lo anterior, se deja sin efectos la celebración de la constitucional, programada para las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTICINCO DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese personalmente al quejoso y a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y por oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma José Elías Pacheco Martínez, juez Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, ante Aletza Vanessa Riofrio Martínez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
EN CUMPLIMIENTO AL AVISO DE VEINTIDÓS DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA POR MEDIO DE LISTA, EL PROVEÍDO DE DIECIOCHO DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: MESA I "... Ciudad del Carmen, Campeche, dieciocho de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio ***, de la Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, mediante el cual, rinde su informe justificado en el sentido de que es cierto el acto reclamado por la parte quejosa. En consecuencia, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad responsable rindiendo su informe justificado y por exhibidas las constancias que adjunta a su oficio de cuenta. Ahora bien, el artículo 62 de la Ley de Amparo, establece que las causas de improcedencia deben analizarse de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Mientras que, el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, establece que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede, entre otros supuestos, cuando durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el artículo 61 de ese mismo ordenamiento. Por su parte, el precepto 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. A partir de lo anterior, se concluye que si de las constancias de autos se advierte que cesaron los efectos del acto reclamado, debe decretarse el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional. Estimar lo contrario, traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que iría contra el espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Bajo ese contexto, cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los amparos en revisión 3387/97, 393/98, 363/98, 2685/98 y 348/99, sostuvo que para que exista cesación de efectos del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario, además, que sus efectos queden destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiese otorgado el amparo, es decir, como si se hubiese restituido al quejoso en el pleno goce del derecho violado, de tal manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ejecutorias que dieron lugar a la jurisprudencia 2a./J. 59/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, junio de 1999, página 38, Novena Época, intitulada: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso que nos ocupa, Mayra Santos Castellanos, mediante escrito presentado el doce de abril de dos mil veintitrés, en la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito, promovió demanda de amparo contra actos de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en Carmen, Campeche, a quien le reclamó la negativa a dictar fechas prontas para la continuación del desahogo de pruebas dentro del expediente laboral ***, ya que en proveídos de veintitrés y veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, se acordó lo siguiente: I. Se señalaron las DIEZ HORAS DEL VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para el desahogo de la confesional a cargo de ***; II. Se programaron las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTICHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para el desahogo de la confesional para hechos propios a cargo de ***; III. Se fijaron las ONCE HORAS DEL SEIS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS para el desahogo de la confesional a cargo de ***; IV. Se señalaron las NUEVE HORAS DEL DOCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para el desahogo de la confesional para hechos propios a cargo de *** y; V. Se programaron las DIEZ HORAS DEL DOCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para el desahogo de la confesional a cargo de ***. VI. Se fijaron las ONCE HORAS DEL DOCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para el desahogo de la confesional para hechos propios a cargo de ***. Ahora bien, la autoridad responsable Presidenta de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en Carmen, Campeche, en su informe justificado manifestó que era cierto el acto reclamado por el quejoso, ya que si bien, en proveídos de veintitrés y veinticuatro de marzo del año en curso, señaló las horas y fechas señaladas en el párrafo que antecede para el desahogo de las pruebas confesionales, sin embargo, en proveído de veinte de abril de dos mil veintitrés, regularizó el procedimiento laboral *** y se dejaron sin efectos las horas y fechas señaladas para el desahogo de dichas confesionales, asimismo, se fijaron nuevas horas y fechas para su desahogo, a saber: I. NUEVE HORAS DEL VEINTISÉIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para el desahogo de la confesional a cargo de ***. II. DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para el desahogo de la confesional para hechos propios a cargo de ***. III. ONCE HORAS DEL VEINTINUEVE DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para el desahogo de la confesional a cargo de ***. IV. DOCE HORAS DEL VEINTINUEVE DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para el desahogo de la confesional para hechos propios a cargo de ***. V. DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL TREINTA DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para el desahogo de la confesional a cargo de ***. VI. TRECE HORAS DEL TREINTA DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para el desahogo de la confesional para hechos propios a cargo de ***. Para corroborar su dicho, la autoridad responsable anexó copia certificada del acuerdo de veinte de abril de dos mil veintitrés, a la que se le confiere valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que tiene la naturaleza de documento público en razón de que fue expedida por servidor público en ejercicio de sus funciones, cuenta con signos exteriores que les da esa calidad, como son el nombre, cargo y firma del servidor público que las expidió, así como el sello de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en Carmen, Campeche. Bajo ese contexto, al haber dejado sin efectos los proveídos de veintitrés y veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés y regularizado el procedimiento laboral ***, dictando nuevas horas y fechas para el desahogo de las pruebas confesionales a cargo de ***, *** y ***, mediante proveído de veinte de abril del año en curso, resulta evidente que han cesado los efectos de los actos reclamados, pues desapareció el motivo que concreta y específicamente originó la solicitud del amparo y protección de la justicia federal, porque las cosas volvieron a constituirse en una situación idéntica a la que imperaba antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto reclamado no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, ya que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por las razones expuestas, por haber sobrevenido causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 63, fracción V, de ese mismo ordenamiento legal, se decreta el SOBRESEIMIENTO fuera de audiencia en este juicio de amparo. Derivado de lo anterior, se deja sin efectos la celebración de la constitucional, programada para las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTICINCO DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese personalmente al quejoso y a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y por oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma José Elías Pacheco Martínez, juez Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, ante Aletza Vanessa Riofrio Martínez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.
Quedan 1 actuación en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen · 2,040 expedientes
- Mauricio Rueda Peregrino406/2023
- Mauro Alfonso Yépez1152/2022
- Maximo Gonzalez Fernandez399/2022
- Mayra Alejandra Verdejo Menchi127/2022
- Mayra Gervacio Montero351/2023
- Mayra Santos Castellanos688/2023
- Mayra Santos Castellanos1142/2022
- Mayra Santos Castellanos1055/2023
- Mayte Talina Vazquez Sala137/2023
- Mayte Talina Vazquez Salas661/2023
- Mayte Talina Vazquez Salas1012/2023
- Mayte Talina Vazquez Salas643/2023