Mayra Ruth Juárez González
Expediente 1008/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de enero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1008/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 23/01/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Mayra Ruth Juárez González
Actuaciones
- Principal
El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, devuelve el juicio de amparo 1008/2016 del índice de este órgano jurisdiccional y adjunta copia certificada de la ejecutoria dictada en la queja penal 114/2016 de su índice, de la que se advierte que declaró infundado el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa contra el proveído en que se desechó la demanda de amparo. Acorde con lo anterior, acúsese recibo, hágase la anotación correspondiente en el libro de gobierno, agréguese el cuaderno de antecedentes que se formó con motivo del medio de impugnación de referencia y archívese este expediente como concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que este asunto es susceptible de destrucción, debido a que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó de plano la demanda de amparo, y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo.
- Principal
La parte quejosa interpone recurso de queja contra el proveído en el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 97, 98, 99, 100, 101 de la Ley de Amparo, y 37, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dese trámite al recurso de queja que interpone en contra del auto de desechamiento dictado en el presente asunto. Asimismo, ríndase el informe respectivo, en el sentido de que ES CIERTO EL ACTO IMPUGNADO. Por otra parte, fórmese cuaderno de antecedentes y envíese este expediente a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, debiendo acompañar el original del escrito de expresión de agravios y la copia correspondiente destinada al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Tribunal Colegiado que conozca del mencionado recurso. No es obstáculo que de la interpretación conjunta de los artículos 100 y 101 de la Ley de Amparo en vigor, se concluya que cuando el recurso de queja se interponga en forma impresa, la parte recurrente debe señalar las constancias que en copia certificada deben remitirse al órgano jurisdiccional que deba resolver del recurso, y que una vez notificadas las demás partes del medio de impugnación interpuesto, debe otorgárseles el término de tres días para que, igualmente, indiquen las constancias que, en copia certificada, consideren deben remitirse al Tribunal Colegiado correspondiente; sin embargo, atendiendo al auto que se combate por el recurso de queja, como lo es el desechamiento de la demanda, se considera que tal tramitación resulta innecesaria.
- Principal
Mayra Ruth Juárez González promueve juicio de amparo contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Huatusco, Veracruz y otras autoridades; por tanto, se ordena formar el expediente respectivo, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y registrarlo en el Libro de Gobierno con el número de juicio 1008/2016. PROPUESTA DEMOSTRATIVA El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito, ante todo, examinará la demanda de amparo y en caso que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano. Así, de la lectura integral al escrito de demanda, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con el artículo 17 de la Ley de Amparo, como se explica a continuación. HIPÓTESIS NORMATIVAS LEY DE AMPARO "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. El artículo transcrito prevé que el juicio de amparo es improcedente cuando se intenta contra actos consentidos tácitamente; esto es, aquéllos contra los que no se promueva la demanda de amparo dentro de los términos que al efecto establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, cuyo texto dice: Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". Del artículo enunciado, se observa que el término genérico para interponer la demanda de amparo es de quince días. Ahora bien, para el cómputo correspondiente, debe tomarse en cuenta lo establecido en el artículo 18 de la Ley de Amparo, el cual distingue tres momentos; esto es, el término genérico de quince días para la promoción de una demanda de amparo debe computarse a partir del día siguiente al en que: a) Haya surtido efectos, conforme con la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame. b) El quejoso haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución. c) El quejoso se hubiese ostentado sabedor de los mismos. HECHOS En el caso, los actos reclamados por la parte quejosa, consisten en: La orden de aprehensión dictada en la causa penal 66/2014 por el Juez Mixto de Primera Instancia, con sede en Huatusco, Veracruz, en cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada en el juicio de amparo 1594/2014 del índice de este órgano jurisdiccional. Cabe destacar que la parte quejosa señaló expresamente que el día diecinueve de septiembre del año en curso se le notificó el acto reclamado. Por otra parte, resulta un hecho notorio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, que se encuentra radicado el diverso juicio de amparo 1594/2014, del índice de este juzgado, en el que se advierte lo siguiente: 1. La parte quejosa es Mayra Ruth Juárez González. 2. En el expediente en comento se tuvo como acto reclamado la orden de aprehensión dictada el diecisiete de octubre de dos mil catorce, en la causa penal 66/2014-I del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia, con sede en Huatusco, Veracruz, en contra de la parte quejosa, como probable responsable del delito de robo cometido en agravio de la empresa Fertilizantes y Productos Agroquímicos, Sociedad Anónima de Capital Variable y, su ejecución. 3. En sentencia pronunciada el veintidós de abril de dos mil quince, se concedió el amparo a la parte quejosa, misma que al ser recurrida por la parte tercero interesada, fue confirmada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz; por lo que mediante proveído de diez de noviembre de dos mil quince, se requirió su cumplimiento. 4. Acorde con lo anterior, el veinte de noviembre de dos mil quince, el Juez responsable dejó insubsistente la orden de aprehensión librada el diecisiete de septiembre de dos mil catorce y nuevamente dictó orden de aprehensión (la cual constituye el acto reclamado en autos). 5. Mediante proveído de cuatro de diciembre de dos mil quince, se puso a vista de las partes la orden de aprehensión librada el veinte de noviembre de dos mil quince. 6. Cabe destacar que aquí quejosa desahogó la vista por escrito de once de diciembre de dos mil quince, en la cual hizo diversas manifestaciones en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. 7. El once de marzo del presente año, se tuvo por cumplida la sentencia de amparo, lo cual fue notificado a la quejosa el diecisiete de marzo del presente año. CONCLUSIÓN Por lo tanto, respetuosamente se concluye que si desde el once de diciembre de dos mil quince la parte quejosa se hizo sabedora de la orden de aprehensión reclamada, pero la demanda de amparo la presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con sede en esta ciudad hasta el veintinueve de septiembre del presente año, ésta resulta extemporánea. En consecuencia, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA, con fundamento en el artículo 113, en relación con el artículo 61, fracción XIV, en relación con los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo. Tienen aplicación al caso, las tesis siguientes: Época: Novena Época Registro: 166688 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXX, Agosto de 2009 Materia(s): Común Tesis: I.130.T.9 K Página: 1579 "DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. EQUIVALENCIA DE LAS EXPRESIONES "FECHA DE NOTIFICACIÓN" Y "OSTENTARSE SABEDOR" PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 21 Y 166, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE LA MATERIA PARA EFECTOS DEL CÓMPUTO DE SU PRESENTACIÓN. El artículo 21 de la Ley de Amparo prevé el término de quince días para presentar la demanda, entre otros supuestos, desde el día siguiente al en que el quejoso se hubiese ostentado sabedor del acto que le afecta. Por otra parte, el artículo 166, fracción V, del citado ordenamiento establece como requisito de la demanda de amparo directo que el agraviado indique la fecha de notificación o en la que haya tenido conocimiento del laudo, sentencia o resolución que ponga fin al juicio. Ahora bien, este tribunal considera que entre las expresiones "fecha de notificación" y "ostentarse sabedor" previstas en los aludidos preceptos no existe diferencia, toda vez que el conocimiento, en ambas, es la raíz, y dentro de los medios para obtenerlo se encuentra la notificación o la confesión; de tal manera que si el quejoso asienta en su demanda determinada fecha de notificación del acto reclamado, como cumplimiento del requisito previsto en la fracción señalada, ello equivale a ostentarse sabedor y es suficiente para computar el término para la presentación de la demanda." Época: Octava Época Registro: 226886 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo IV, Segunda Parte-1, Julio -Diciembre de 1989 Materia(s): Administrativa Página: 199 "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA, SI EL QUEJOSO SE OSTENTA SABEDOR DEL ACTO RECLAMADO EN DETERMINADA FECHA. De la interpretación del artículo 21 de la Ley de Amparo, se llega al convencimiento de que como el legislador establece diversas reglas para computar el término de los quince días dentro de los cuales ha de presentarse la demanda de garantías para tenerla como oportunamente recibida, el juzgador que previene de la demanda no debe invariablemente empezar a contar dicho término al día siguiente de cualquiera de los tres medios que se señalan para presumir que el afectado con un acto de autoridad se ha enterado de su existencia, tales como: la notificación, el conocimiento, o la confesión, sino que es necesario que haga distinciones en cada caso concreto. De otra suerte hubiera sido suficiente con que el legislador dispusiera que el término de quince días empezaría a contarse al día siguiente de aquel en que por cualquier medio o circunstancia el quejoso hubiere tenido conocimiento del acto reclamado. En tal virtud, la misma diferencia específica entre los conceptos utilizados por el legislador en la enumeración de las tres formas por medio de las cuales el quejoso se puede enterar legalmente de un acto de autoridad, debe servir al juzgador para determinar la oportunidad en la presentación de la demanda de amparo. Desde luego, la notificación legal del acto reclamado, ha de prevalecer sobre el conocimiento del mismo cuando mediando aquélla el quejoso, que ha sido parte en el procedimiento del que emanó el acto reclamado, pretende hacerla a un lado por convenirle más a sus intereses expresar que ha tenido conocimiento del acto de autoridad en determinada fecha y no prueba que la notificación del mismo sea ilegal o no la controvierte en ninguna forma. Sólo a falta de notificación, el cómputo del término ha de iniciarse a partir de que el quejoso manifiesta haber tenido conocimiento del acto reclamado. Sin embargo, la tercera fórmula expresada por el legislador en el artículo 21 en comento dice: "Artículo 21. El término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días. Dicho término se contará desde el día siguiente ... al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos". Como entraña una confesión expresa por parte del afectado porque se supone que la fecha en que se ostenta sabedor del acto reclamado con respecto a la presentación de su demanda le perjudica, debe preponderar sobre la notificación y por ende, sobre el conocimiento del acto, puesto que el propio quejoso, al confesar expresamente cuándo se hizo sabedor de la existencia del acto reclamado, hace a un lado dicha notificación. En efecto, resulta lógico que la confesión expresa de la fecha en que el quejoso se enteró de la existencia del acto reclamado, prepondere sobre cualquiera de las otras dos fórmulas empleadas por el legislador en el artículo 21 de la Ley de Amparo, ya que se traduce en una prueba plena de ese hecho, según lo dispone el artículo 199 el propio Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria que establece: "Artículo 199. La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse, II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia, y III. Que sea de hecho propio, o en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio". Así las cosas, basta con que el quejoso, tratándose de una persona con capacidad jurídica o su representante legal o convencional, con pleno conocimiento de lo que expresa, se ostente sabedor del acto reclamado en determinada fecha, sin que medie coacción o violencia de tal hecho y que éste le perjudique, para que el juzgador al proveer sobre la admisión de su demanda, se encuentre obligado a computar el término para determinar la oportunidad de su presentación a partir de la fecha en que se hizo sabedor del acto reclamado, sin tomar en cuenta la notificación que en su caso medie de tal acto, toda vez que la confesión expresa del quejoso o de su representante legal, la dejaron sin efectos" (lo destacado es propio). Sin que pase desapercibido el hecho de que la parte quejosa refiera que tuvo conocimiento del acto reclamado hasta el diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis, pues en el caso se considera que se ostentó sabedora del mismo desde el once de diciembre de dos mil quince (como se advierte del juicio de amparo 1594/2014, del índice de este juzgado). DOMICILIO Y AUTORIZADOS Como lo señala la parte quejosa, con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, efectúensele las notificaciones por lista de acuerdos, puesto que la forma de notificar por estrados, de conformidad con lo que dispone el artículo 29 de la ley de la materia, es a través de una lista que se coloca en las oficinas de este juzgado en un lugar visible al público. Por otra parte, se tiene como autorizado en términos del artículo 12, de la Ley de Amparo, a Luis Arturo Parra Santoyo, por tener su cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro único de cédulas profesionales de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación; y, en términos de la última parte del citado artículo, a Edgar Antonio Herrera Rodríguez, en razón de que no cumple con el registro de cédula en mención. LEY DE TRANSPARENCIA. Se comunica a la parte quejosa que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 110, fracción V, 113, fracción I, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; tiene derecho a oponerse para que se publiquen o se den a conocer sus datos personales, en aquellos casos en que la resolución que se publique o la constancia o prueba que se solicite, contenga información reservada que ponga en peligro su vida, seguridad o salud, o bien, sea confidencial, por así establecerse en un tratado internacional o ley nacional; en la inteligencia que de no realizar manifestación alguna antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconforme con la divulgación de sus datos personales. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.
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