Mayra Rodríguez Pizano
Expediente 91/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 9 actuaciones registradas, la última del 8 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 91/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 08/04/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Mayra Rodríguez Pizano
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, ocho de abril de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio proveniente del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, por el cual devuelve los autos originales del juicio de amparo 91/2018-V y siete anexos, así como testimonio de la ejecutoria emitida en autos del recurso de revisión 453/2018, concluyendo en sus puntos resolutivos que son del tenor siguiente: ".PRIMERO.- Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO.- Se sobresee en el juicio de amparo indirecto 91/2018, promovido por Mayra Rodríguez Pizano, por propio derecho, contra la sentencia de cinco de abril de dos mil dieciocho, dictada por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, respecto de las autoridades que quedaron precisadas en el resultando primero, por los motivos expuestos en el considerando sexto de esta sentencia. TERCERO.- Se declara sin materia la revisión adhesiva, en términos del último considerando de este fallo." En mérito de lo anterior, remítase copia autorizada del presente proveído al Tribunal de Alzada, en vía de acuse de recibo, para los efectos legales a que haya lugar; glósense a los autos el cuaderno de antecedentes respectivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, así como los anexos II al VII, toda vez que se tratan de documentales relativas a diversos juicios de amparo promovidos por la quejosa, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General referido en el párrafo anterior. Por otra parte, toda vez que la Directora General del Centro Federal de Readaptación Social número 16 "CPS Femenil Morelos", remitió diversas constancias debiendo formarse el anexo I; en esas condiciones, devuélvase a la autoridad responsable el anexo de referencia, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y personalmente a la quejosa en el lugar en que se encuentra recluida. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del secretario Jadilson Alonso Navarro, quien autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veinticinco de abril de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido el oficio proveniente del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, acusa recibo e informa que admitió el recurso y quedó registrado con el número A.R.********************; el que se ordena agregar a los autos para que surta sus efectos legales procedentes. NOTIFÍQUESE...
- Principal
Cuernavaca, Morelos, once de abril de dos mil dieciocho. Agréguese para que obre como legalmente corresponda, la notificación que antecede de la cual se advierte que la parte quejosa Luz Mayra Rodríguez Pizano, interpone recurso de revisión en contra de la sentencia terminada de engrosar el cinco de abril de dos mil dieciocho; téngase a la parte quejosa haciendo valer el referido RECURSO DE REVISIÓN; en consecuencia, con fundamente en lo dispuesto por los artículos 84, 86, y 89 de la Ley de Amparo vigente, córrase traslado a las partes con copia de la documental en que conste la interposición del mencionado recurso. Una vez que el expediente se encuentre debidamente integrado, sin ulterior acuerdo, remítanse los autos originales al TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DECIMOCTAVO CIRCUITO, EN TURNO, con residencia en esta ciudad, para la substanciación del recurso referido, así como el original y copia de la constancia de notificación que contiene los agravios de la parte quejosa, como lo establece el artículo 89 de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2ª/J.116/2004, definida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Septiembre de 2004, Página: 306, de rubro: REVISIÓN EN AMPARO. EL PLAZO DE VEINTICUATRO HORAS ESTABLECIDO POR EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 89 DE LA LEY DE LA MATERIA, PARA QUE EL JUEZ DE DISTRITO REMITA EL EXPEDIENTE ORIGINAL A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE CORRESPONDA, JUNTO CON EL ESCRITO DE EXPRESIÓN DE AGRAVIOS Y LA COPIA PARA EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE AQUÉL ESTÉ DEBIDAMENTE INTEGRADO. Finalmente, en virtud de que este juzgado cuenta con el Expediente Electrónico que contiene las actuaciones que se encuentran en el presente juicio de amparo, se ordena formar el cuaderno de antecedentes únicamente con la copia del escrito de agravios. NOTIFÍQUESE, CORRIÉNDOLE TRASLADO A LAS PARTES CON COPIA SIMPLE DEL ESCRITO DE AGRAVIOS, CON EXCEPCIÓN DE LA RECURRENTE...
- Principal
Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 91/2018-V, promovido por MAYRA RODRÍGUEZ PIZANO contra actos de la Directora General del Centro Federal de Readaptación Social Número 16 "CPS FEMENIL MORELOS" y otras autoridades; y RESULTANDO: PRIMERO. Trámite de la demanda. A través de escrito presentado el veintidós de enero de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, y turnado a este juzgado en la misma fecha, MAYRA RODRÍGUEZ PIZANO y otras personas, por derecho propio, promovieron demanda de amparo contra actos de las autoridades, Directora General, Encargada del Departamento de Servicios Médicos, Directora Técnica, Jefa del Departamento de Producción de Alimentos, y Directora de Seguridad, todas del Centro Federal de Readaptación Social Número 16 "CPS FEMENIL MORELOS" (fojas 2 y 3). Ésta se radicó ante este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con el número 91/2018-V, y a través de auto de veintidós de enero de dos mil dieciocho, se admitió la demanda. Por consiguiente se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; además, se notificó al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. SEGUNDO. Separación de juicios. En el mismo acuerdo de admisión, se decretó que los actos reclamados por cada quejosa se tramitaran y resolvieran en un juicio individual, razón por lo que se ordenó la separación de juicios, y en el presente juicio 91/2018-V, se analizarán únicamente los actos reclamados por MAYRA RODRÍGUEZ PIZANO. Finalmente, se señaló fecha y hora para la audiencia constitucional, que inició en los términos del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33 fracción IV, 35, 37, 114 y 116 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, 48 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia Entidad Federativa; en virtud de que los actos que se reclaman tienen ejecución en el lugar en que se tramita este juicio. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Como está señalado en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa el acto reclamado. En ese orden de ideas, se aprecia que los actos reclamados por la parte quejosa consisten en la omisión de proporcionarle atención médica en las materias de medicina general, odontología, ginecología, oftalmología, psiquiatría y para que se le suministre medicamento. Tales actos los atribuye a las autoridades, Directora General, Encargada del Departamento de Servicios Médicos, Directora Técnica, Jefa del Departamento de Producción de Alimentos, y Directora de Seguridad, todas del Centro Federal de Readaptación Social Número 16 "CPS FEMENIL MORELOS". TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Las autoridades responsables del Centro Federal de Readaptación Social número 16 "CPS Femenil Morelos", en Coatlán del Río, Morelos, al rendir su respectivo informe justificado negaron los actos que se les reclaman y que consisten en la omisión de atención médica en las materias medicina general, odontología, ginecología, oftalmología, psiquiatría y de suministro de medicamento. Sin que en el caso, la negativa de las autoridades responsables haya sido desvirtuada por la parte quejosa, pues éstas exhibieron fotocopias certificadas del expediente médico de la quejosa, MAYRA RODRIGUEZ PIZANO, del que se advierte que, incluso, se le ha proporcionado atención médica. Entonces, desde un punto de vista conceptual, no basta mencionar que existe una omisión o inactividad, pues para que se configure una omisión reclamable en amparo dado que es imprescindible que exista el deber de realizar una conducta y que alguien haya incumplido con esa obligación. Situación que en la especie no se surte, porque la peticionaria de amparo no demostró haber observado el procedimiento legalmente establecido en los artículos 107 a 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, elevando una petición administrativa a las autoridades responsables para recibir atención médica en las específicas materias que narra en la demanda ni para que se le proporcione los medicamentos que considere, y que éstas lo hayan negado o en su caso, omitido atender. A las documentales de mérito, se les otorga eficacia probatoria plena, en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2º. Por lo tanto, al no demostrarse la existencia de la petición administrativa realizada a la Directora del Centro de Reclusión, ni a las diversas autoridades, que hubiera sido omitida no puede considerarse que existiera un deber incumplido ni, por ende la omisión que se combate. Es aplicable la jurisprudencia de la décima Época, Registro: 2016418, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 16 de marzo de 2018, Materia(s): (Común), Tesis: 1a. XVII/2018 (10a.), del texto y rubro: "CONCEPTO DE OMISIÓN COMO ACTOS DE AUTORIDAD. Desde un punto de vista conceptual, la simple inactividad no equivale a una omisión. En el ámbito jurídico, para que se configure una omisión es imprescindible que exista el deber de realizar una conducta y que alguien haya incumplido con esa obligación. En este sentido, las autoridades no sólo pueden afectar a los ciudadanos a partir de la realización de actos positivos, sino también a través de actos negativos u omisiones. Luego, de acuerdo a lo explicado en los párrafos que anteceden, se concluye que no quedó acredita la omisión que se combate al no demostrarse la existencia de peticiones expresas para la atención médica en las materias señaladas por la quejosa, siendo que a ella le corresponde acreditar esa circunstancia, de acuerdo al nuevo paradigma de la ejecución penal judicializada y la existencia de un procedimiento para obtener atención médica y demás requerimientos para la vida digna dentro de los centros de reclusión, a través de las peticiones administrativas que realice al Director del Centro respectivo y, en su caso, al Juez de Ejecución. En la parte conducente y por analogía, es aplicable la tesis de la Décima Época, Registro: 2003971, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXII, Julio de 2013, Tomo 2, Materia(s): Común, Tesis: XXI.2o.P.A.11 A (10a.), Página: 1386, "DERECHO DE PETICIÓN. SI EL ACTO RECLAMADO EN EL AMPARO LO CONSTITUYE LA NEGATIVA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE A RECIBIR EL ESCRITO RELATIVO, CORRESPONDE AL QUEJOSO ACREDITAR QUE SE CONSTITUYÓ ANTE ÉSTA. Los elementos del denominado derecho de petición son: 1) Debe formularse de manera pacífica y respetuosa; 2) Ser dirigida a una autoridad y recabarse la constancia de que fue entregada, y 3) El peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. En ese sentido, si el acto reclamado en el amparo lo constituye la negativa de la autoridad responsable a recibir el escrito que contiene la petición relativa, corresponde al quejoso acreditar que se constituyó ante ésta, en virtud de que para la existencia de la conducta negativa se requiere, necesaria y previamente, la solicitud del particular.". No pasa inadvertida la jurisprudencia de la Décima Época, Registro: 2014072, Instancia: Plenos de Circuito, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 41, Abril de 2017, Tomo II, Materia(s): Común, Tesis: PC.VII.P. J/3 P (10a.), Página: 1096, que a continuación se trascribe: "ATENCIÓN MÉDICA EN LOS CENTROS FEDERALES DE READAPTACIÓN SOCIAL. NO DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO DE AMPARO POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO, CUANDO EL INTERNO RECLAMA LA FALTA U OMISIÓN DE PROPORCIONARLE ATENCIÓN MÉDICA Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE NIEGA EL ACTO Y EXHIBE CONSTANCIAS PARA DEMOSTRAR QUE SÍ LA HA PROPORCIONADO, PORQUE EL ESTUDIO SOBRE SU EXISTENCIA IMPLICA UNA DECISIÓN DE FONDO. El Estado es responsable, en su condición de garante, de la observancia del derecho a la integridad personal de todo individuo que se halla bajo su custodia; así, en términos del numeral 29 del Manual de Tratamiento de los Internos en Centros Federales de Readaptación Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de noviembre de 2006, el área de Servicios Médicos es la responsable de velar por la salud física y mental de los internos, así como de integrar su diagnóstico médico desde el ingreso al Centro Federal, con el fin de establecer el tratamiento médico a seguir y aplicarlo. En ese tenor, cuando el acto reclamado por un interno en el juicio de amparo consiste en la negativa u omisión de proporcionarle atención médica y la autoridad responsable, al rendir su informe justificado, niega el acto y exhibe diversas constancias para acreditar que sí ha proporcionado al recluso el servicio médico, no procede sobreseer en el juicio de conformidad con en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo por inexistencia del acto reclamado, sino determinar, mediante un estudio de fondo si se ha respetado o no el derecho humano a la salud, al ser éste, precisamente, el acto reclamado, partiendo de la base de que el quejoso, al estar privado de su libertad, se encuentra bajo un estricto control del Estado y, por ende, en condición de vulnerabilidad; estimar lo contrario implicaría dejarlo en estado de indefensión, al no poder decidirse sobre el tema planteado, a saber, si se le ha prestado el servicio y en qué condiciones. Esto es, sobreseer con base en la causa referida, aunque sea realizando un estudio periférico o superficial de las constancias para establecer si se le ha prestado o no la atención médica (para determinar la existencia o no del acto), atañe necesariamente al fondo de la cuestión planteada, pues implica tomar en cuenta los padecimientos reportados y la atención médica proporcionada.". Sin embargo, a criterio de quien resuelve, la jurisprudencia de mérito, versa sobre el reclamo de la omisión total de atención médica por las responsables, al no velar por la salud física y mental de los internos, al abstenerse de integrar su diagnóstico médico desde el ingreso al Centro Federal, con el fin de establecer el tratamiento médico a seguir y aplicarlo; tal como ahí se establece; pero en el caso particular, no es tal acto el que se combate, máxime que se demostró que sí existe el aludido diagnóstico médico inicial de la quejosa. Entonces, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el juicio con fundamento en el artículo 63, fracción IV, párrafo primero, de la Ley de Amparo. CUARTO. Ahora bien, no obstante que, por las razones que ya se apuntaron en el considerando anterior, se estima que no se demostró la omisión de atención médica para las específicas materias que la quejosa refirió en la demanda, y que acuerdo al nuevo paradigma de la ejecución penal judicializada y la existencia de un procedimiento para obtener atención médica y demás requerimientos para la vida digna dentro de los centros de reclusión, a través de las peticiones administrativas que realice al Director del Centro respectivo y, en su caso, al Juez de Ejecución. Sin embargo, no pasa inadvertido para quien resuelve, que del expediente médico de la quejosa se observa que el dos de noviembre de dos mil diecisiete se diagnosticó a la quejosa MAYRA RODRÍGUEZ PIZANO, masa en cuello posterior y que se ordenó que se le realizara una interconsulta para cirugía, y el facultativo estableció también que se solicitaba ecosonograma de cuello posterior y seguimiento por médico asignado al Centro; entendiéndose que se refiere al en que se encuentra recluida la quejosa (visible en el anexo I). También se observa en el referido expediente clínico, que se le brindaron posteriores consultas médicas como la del uno de enero de dos mil dieciocho (foja 19 anexo I), en la que se diagnosticó, entre otros padecimientos, "PB LIPOMA EN CUELLO POSTERIOR E-E"; y también la de veintitrés de enero de dos mil dieciocho (foja 18 del anexo I), en la que nuevamente el diagnóstico reflejó la existencia de "MASA TUMORAL CERVICAL A DATERMINAR"; sin que del expediente clínico se observe que se hubiera realizado dicho estudio, emitido un diagnóstico ni en su caso, realizado la cirugía respectiva. En ese sentido, el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consagra que toda persona tiene derecho a la salud, que debe entenderse como una garantía fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos y no sólo como el derecho a estar sano y que entraña libertades y derechos, entre las primeras, la relativa a controlar la salud y el cuerpo, con inclusión de la libertad sexual y genésica, y el derecho a no padecer injerencias, torturas, tratamientos o experimentos médicos no consensuales; y entre los derechos, el relativo a un sistema de protección de la salud que brinde a las personas oportunidades iguales para disfrutar del más alto nivel posible de salud; además, la realización progresiva del derecho a la salud a lo largo de un determinado periodo no priva de contenido significativo a las obligaciones de los Estados, sino que les impone el deber concreto y constante de avanzar lo más expedita y eficazmente posible hacia su plena realización. Tratándose de una interna en un establecimiento penitenciario, tal derecho fundamental a la salud, también se goza pues su protección no se merma, sino que el Estado tiene la obligación de procurarla, en el entendido que la Ley Nacional de Ejecución Penal establece expresamente el procedimiento para lograr su respeto. En esas condiciones, atento al principio consagrado en el artículo 2 de la Constitución, respecto a la obligación de todas las autoridades de velar por los derechos humanos, en el caso, a la salud, debe hacerse notar a la Directora General y a la Encargada del Departamento de Servicios Médicos, ambas del Centro Federal de Readaptación Social Número 16 "CPS FEMENIL MORELOS, que en el ámbito de sus facultades y recursos, deberán realizar lo que esté a su alcance para la realización de los estudios ordenados y determinar la procedencia de una cirugía a la quejosa. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por MAYRA RODRIGUEZ PIZANO, respecto de los actos y las autoridades precisadas en el resultando segundo de esta sentencia. SEGUNDO. Se hace notar a la Directora General y a la Encargada del Departamento de Servicios Médicos, ambas del Centro Federal de Readaptación Social Número 16 "CPS FEMENIL MORELOS, que en el ámbito de sus facultades y recursos, deberán proveer lo conducente para la realización de los estudios ordenados y determinar la procedencia de la cirugía respecto al padecimiento tumoral de la quejosa, de acuerdo a las razones apuntadas en el último considerando. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, hoy cinco de abril de dos mil dieciocho, que lo permitieron las labores de este juzgado, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, que da fe.
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