MAYRA RAMOS DOMIGUEZ y Otros.

Expediente 654/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 5 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
654/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
05/09/2019

Partes del expediente

  • MAYRA RAMOS DOMIGUEZ y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y la certificación secretarial que antecede, se advierte que no fue recurrido el auto de catorce de agosto de dos mil diecinueve, en la que se SOBRESEYÓ el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, se ordena archivar el presente expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno de este Juzgado Federal. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL. Toda vez que en el presente juicio se sobreseyó, el mismo es susceptible de DESTRUCCIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse archivado, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II del acuerdo citado en el párrafo que antecede.

  2. Principal

    Al no atender el aviso la parte quejosa, por este conducto se procede a notificar el proveído de catorce de agosto actual, que en lo conducente dice: Por recibido los oficios de cuenta suscritos por las autoridades responsables Subdirector Administrativo y el Director Médico, ambos del Hospital General de Zona 4 del Instituto Mexicano del Seguro Social, residentes en esta ciudad, en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 117 de la ley de amparo, téngasele por rendido el informe justificado que a dicha parte corresponde, adjuntando una diversa documental como soporte del informe que rinden. De conformidad con el artículo 119 de la ley de amparo se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza las pruebas documentales que acompañan las responsables a su informe. Ahora bien, de autos se advierte, que mediante escrito de demanda presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados Quinto, Sexto y Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en esta Ciudad de Celaya, el día veintidós de julio de dos mil diecinueve, y turnado a este Juzgado Federal al día siguiente, *** por su propio derecho y en ejercicio de la patria potestad de su hijo con iniciales ***, demandó el amparo y la protección de la Justicia de la Unión; mediante proveído de veinticuatro de julio del presente año se admitió a trámite la demanda de amparo, teniéndose como autoridades responsables al Subdirector Administrativo y el Director Médico, ambos del Hospital General de Zona 4 del Instituto Mexicano del Seguro Social, residentes en esta ciudad actos que hizo consistir en la omisión de dar respuesta a su solicitud presentada el diecisiete de abril de dos mil diecinueve. Lo cual consideró violatorio del artículo 8 de la Constitución Federal. Ahora bien, de las constancias que integran el Juicio de Amparo en que se actúa, y de las que acompañaron las responsables a su informe justificado, se advierte que mediante oficio 110807679000/534/2019 de fecha seis de agosto de dos mil diecinueve, se dio contestación al escrito presentado por la quejosa en fecha diecisiete de abril del presente año, el cual le fue notificado personalmente a la aquí quejosa. De lo anterior, se concluye que han cesado los efectos de la omisión al derecho de petición del que se duele la quejosa, puesto que la responsable Director del instituto, dio respuesta a la petición que formuló la quejosa en fecha diecisiete de abril del presente año a través del oficio 110807679000/534/2019 de fecha seis de agosto de dos mil diecinueve y que le fuera notificada a esta última. Por lo anterior, la suscrita Encargada del Despacho considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, que señala: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido en diversos criterios jurisprudenciales, que para actualizarse la causal de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto, prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, no basta que la autoridad responsable revoque el acto que se le reclama, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, lo que en el presente caso aconteció, al momento en que a través del oficio 110807679000/534/2019 de fecha seis de agosto de dos mil diecinueve, la responsable Director del instituto dio respuesta a la quejosa a su petición que formuló el diecisiete de abril de dos mil diecinueve, y el cual le fuera notificado personalmente a la impetrante de garantías; de modo tal que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado la Protección Federal, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica de la solicitante del amparo, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito, no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sirven de apoyo a lo anterior, la tesis 2a. XLIX/98 y 2ª. XLVIII/98, sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomos VIII y VII, del meses de abril de 1988 y 1998, visibles, respectivamente, en las páginas 242 y 241, que son del siguiente tenor: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad. También resultan aplicables las tesis de Jurisprudencia 2a./J.9/98 y la aislada P. CL/97, de la Segunda Sala y del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en los Tomos VIII y VI, correspondientes, respectivamente, a los meses de Febrero de 1998 y Noviembre de 1997, consultables en las páginas 210 y 71, del siguiente contenido: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Por tanto, resulta incuestionable que al haber cesado en sus efectos el acto reclamado ( omisión de dar respuesta a la petición que formuló el diecisiete de abril de dos mil diecinueve), se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 Constitucionales. En dicha tesitura, lo procedente es SOBRESEER en el presente juicio de amparo, en apego a lo estatuido por el ordinal 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Además, no causa ningún agravio a la quejosa ni se le priva de defensa cuando se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia, siempre que derive de una causal notoria, manifiesta, e indudable de improcedencia del Juicio de Amparo, como lo es la que se estudia en el presente auto, de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido. Por consiguiente, cuando las causas de improcedencia son notorias e indudables, de modo que nada pueda impedir el sobreseimiento en el juicio, es posible hacerlo fuera de audiencia; además, tal proceder guarda consecuencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional. Corolario de lo anterior, resulta aplicable en lo conducente, la tesis de jurisprudencia en Materia Común, número I.7o.P. J/3, publicada en la página 1600, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, que reza: CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. CONSTITUYE CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, QUE DA LUGAR A SOBRESEER FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. No se priva de defensa a la quejosa cuando se sobresee fuera de la audiencia constitucional, si tal determinación se sustenta en una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica, cuando se reclama la orden de aprehensión y durante la sustanciación del juicio se dicta auto de formal prisión en contra de la impetrante de garantías, pues de la copia certificada de la última resolución se advierte en forma clara que su libertad se constriñe ahora por un acto diverso al reclamado, lo que imposibilita el examen constitucional del mandamiento de captura sin afectar la nueva situación derivada del auto de formal enjuiciamiento; de modo que las violaciones cometidas en el primero deben considerarse consumadas de modo irreparable. Consecuentemente, constituye un caso específico de causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, que hace posible sobreseer sin necesidad de esperar a que sea celebrada la audiencia constitucional, pues ningún objeto tiene continuar la tramitación del juicio y dar oportunidad a que se ofrezcan pruebas, si nada puede desvirtuar el resultado del fallo, el cual siempre será en el mismo sentido, por lo que únicamente se trastocaría el principio de celeridad procesal establecido en el artículo 17 constitucional. En la inteligencia de que las Tesis invocadas en el presente asuntos son aplicables de conformidad con el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, dado que su contenido no se opone en lo substancial a la nueva ley. En mérito de lo anterior, se deja sin efectos la fecha señalada por auto de seis de agosto de dos mil diecinueve, para la celebración de la audiencia constitucional, misma que se encontraba programada para las nueve horas con ocho minutos del veintinueve de agosto del presente año, por los razonamientos anteriores. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 217 y demás relativos de la nueva Ley de Amparo se resuelve: RESUELVE: ÚNICO. SE SOBRESEE en el presente Juicio de Amparo número 654/2019-VII.2 promovido por *** por su propio derecho y en ejercicio de la patria potestad de su hijo con iniciales ***, por el acto reclamado a las autoridades señaladas como responsables, como quedó precisado en párrafos precedentes y por las consideraciones relatadas con anterioridad.

  3. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, se advierte que las autoridades responsables Subdirección Administrativa y Director Médico, ambos del Hospital General de Zona "4" del Instituto Mexicano del Seguro Social, residentes en esta ciudad, no han rendido su informe justificado; en esa medida, no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, por lo que, se difiere y se fijan las NUEVE HORAS CON OCHO MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE, para su verificativo.

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo, promovida por ***, madre del menor con iniciales G.C.R; mediante la cual solicita el amparo y la protección de la Justicia de la Unión contra actos de la Subdirección Administrativa y el Director Médico, ambos del Hospital General de Zona 4 del Instituto Mexicano del Seguro Social, residentes en esta ciudad. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 654/2019-VII.2, anótese su ingreso en el Libro de Control de este Juzgado, así como procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracción IV constitucional, 48 y 52 fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 20, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción II, 108, 110, 112 y 115 de la Ley de Amparo, SE ADMITE la demanda. Pídase su informe justificado a la autoridades responsables, quienes deberán rendirlo dentro del término de QUINCE DÍAS, contados a partir del momento al que en que surta efectos la legal notificación del presente proveído; sin embargo, deberán de tomar en consideración el artículo 25 1. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que a la letra dice: Artículo 25. Protección Judicial 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. Por lo que si el asunto que nos ocupa no tiene mayor complejidad, se sugiere rendir su informe justificado con inmediatez, para privilegiar el juicio de amparo como el recurso sencillo y rápido, a que tiene derecho toda persona. Aunado a lo anterior, las autoridades responsables en su informe de ley deberán advertir en el caso específico el estatus del trámite cuya demora injustificada reclama la parte quejosa, precisando ante qué Subdirección o Área a su mando se encuentra, incluso indicando sobre que funcionario recae tal encargo. Esto último, con el objeto de dictar una sentencia de amparo adecuada a la hipótesis en específico y en caso de que sea concedida la protección constitucional solicitada, se vincule a quien de manera inmediata, bien por encomienda directa o subordinación, pudiera tener injerencia en el cumplimiento de la misma. Apercibidas que de ser omisas en rendir éste, se les impondrá una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 238 de la misma ley, conforme al decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Se señalan las NUEVE HORAS CON CUATRO MINUTOS DEL SEIS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE, para llevar a cabo la AUDIENCIA CONSTITUCIONAL en este juicio de amparo; ello en virtud de que las labores del juzgado así lo permiten y para favorecer la pronta impartición de justicia, a que alude el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con apoyo en el quinto párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables, para que en caso de ser cierto el acto que se les atribuye, en el mismo lapso de tiempo concedido en el párrafo que antecede, remitan a este Juzgado Federal, copia certificada LEGIBLE de la totalidad de las constancias de las que deriva el acto reclamado; o bien, manifiesten el impedimento legal que tiene para ello. Se requiere a las partes que en términos de lo dispuesto por la fracción V, del artículo 63 y 64 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, informen de inmediato a este órgano de control constitucional, si durante el trámite del presente juicio de amparo, se llegare a presentar alguna causa notoria que diera lugar a decretar el sobreseimiento en el mismo, en especial si por cualquier circunstancia se da un cambio de situación jurídica, acorde con lo establecido por la fracción XVII, del numeral 61, del mismo ordenamiento legal; bajo el apercibimiento que de no cumplir con la anterior obligación, se les impondrá a una multa de treinta a trescientos Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 251 de la ley de la materia, conforme al decreto aludido en líneas precedentes. No ha lugar a formar por duplicado y separado el incidente de suspensión, toda vez que su apertura no fue solicitada, en términos del artículo 128 de la Ley de Amparo. Dese a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que legalmente le corresponda. Téngase a la parte quejosa exhibiendo como prueba de su parte la documental que acompaña a su escrito de demanda, la cual se tiene por ofrecida, admitida y desahogada en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer nueva relación de ellas con posterioridad, en términos del artículo 119 de la Ley de la Ley de Amparo. Sin que haya lugar a requerir a la parte quejosa de conformidad con lo dispuesto por el artículo 108 fracción II, de la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, a fin de que proporcione el nombre y domicilio del tercero interesado; ello en razón de que bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no existe, aunado a que el acto reclamado en el presente asunto se trata de un derecho de petición; es decir, un derecho constitucional violado al quejoso directamente, sin que haya contraparte respecto del acto reclamado, lo anterior, para favorecer la pronta impartición de justicia. Por otra parte, se hace del conocimiento de las partes que en términos de la Circular 12/2009, signada por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quedan a la vista los presentes autos, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita, en el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Previa autorización verbal por parte del secretario encargado del presente expediente. Es aplicable a lo anterior la tesis del rubro: REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Ahora bien, dado que resulta un hecho notorio para este órgano de control constitucional, que generalmente las autoridades responsables acusan recibo de diversas determinaciones emitidas por este juzgado federal, lo que incrementa la carga de trabajo y la voluminosidad de los expedientes, obstaculizando el manejo físico y estudio de los mismos, y dado que el artículo 28 de la Ley de Amparo, dispone que las notificaciones que se practiquen a las autoridades responsables y a las diversas que tengan el carácter de terceras interesadas, se les harán por medio de oficio, el cual será entregado por los medios correspondientes, o bien a través del funcionario adscrito designado para ello, quien recabará recibo de los mismos, el cual se agregará a los autos y hará las veces de acuse. Luego, a fin de evitar el exceso que se menciona, se hace del conocimiento de las autoridades responsables, que resulta innecesario que informen cada vez que reciba comunicación proveniente de este Tribunal Federal, salvo aquéllos casos en los que de manera expresa les sea solicitado acuse de recibo. Se hace del conocimiento de las partes en este asunto, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y primero y segundo, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, son públicos para su difusión; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y, de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para recibir notificaciones el ubicado en calle Emeteria Valencia, número 210 norte, segundo piso, interior 208, en la zona centro de esta ciudad. Asimismo, se tiene como autorizados de su parte a ***, en TÉRMINOS AMPLIOS del artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que tiene su cédula profesional inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito. Ahora bien, en observancia al principio de la pronta y expedita impartición de justicia, a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, tercer párrafo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario practique cualquier diligencia en el juicio de amparo en que se actúa, así como para que en el supuesto de no lograr la notificación personal de algún proveído, ante la presencia de causas que impidan dicha notificación, la practique mediante la publicación en la lista de acuerdos, con apoyo en la jurisprudencia 20/2008, aprobada por la Primera Sala de la Suprema corte de Justicia de la Nación, en sesión de veinte de febrero de dos mil ocho, de rubro: NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. DEBEN REALIZARSE POR LISTA CUANDO NO PUEDAN PRACTICARSE PERSONALMENTE POR NO ENCONTRARSE ALGUIEN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Con apoyo en los artículos 6, apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, 20 y 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se hace constar que en la publicación de la sentencia que se dicte en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales de personas físicas identificadas o identificables, por no existir consentimiento de los particulares titulares de la información.

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