Mayra Pérez Potrero

Expediente 43/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
43/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
30/01/2023

Partes del expediente

  • Mayra Pérez Potrero

Actuaciones

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, treinta de enero de dos mil veintitrés. Quejosa formula alegatos. Agréguese a los autos el escrito signado por la quejosa ********************, por medio del cual formula alegatos reiterando las pruebas que ofreció en su oportunidad; por tanto, con fundamento en el artículo 67 de la Ley de Amparo, se tiene por hechas las manifestaciones que a manera de alegatos formula, las que serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno, así como los medios probatorios que señala. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Sonia López Márquez Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.JFJM

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, diecinueve de enero de dos mil veintitrés. Se autoriza devolución de documentos. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por la quejosa ********************, por el cual solicita la devolución de las documentales que refiere. Al respecto, con apoyo en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se pone a su disposición los documentos que refiere en su ocurso de cuenta y se tiene como autorizados para recibirlos a las personas que menciona. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Miriam Atonal Sánchez Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.EDUARDO

  3. Principal

    En Apizaco, Tlaxcala, trece de enero de dos mil veintitrés. Radicación de demanda. Vista la demanda de amparo que promueve Mayra Pérez Potrero, por propio derecho, contra actos del Titular de la Notaria Número Cuatro de la Demarcación de Xicohtencatl y otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 43/2023-II Acto reclamado Ahora bien, Mayra Pérez Potrero, promueve demanda de amparo contra actos del Titular de la Notaria Número Cuatro de la Demarcación de Xicohtencatl y otras autoridades, los cuales consisten en: Desechamiento de plano. Ahora, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de derechos por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, contenida también en el artículo 25 de la Ley de Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. Desechamiento respecto a los actos reclamados a los Notarios Públicos responsables. Ahora bien en relación al acto reclamado que se atribuye al Titular de la Notaria Número Cuatro de la Demarcación de Xicohtencatl, Tlaxcala, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 1 último párrafo y 5o, fracción II, todos de la Ley de Amparo. Estas disposiciones legales son del tenor literal siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley.". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. De la lectura integral de los anteriores artículos y de una interpretación conforme, se colige que si bien la Ley de Amparo, prevé la procedencia del juicio de amparo contra actos no solamente de los poderes públicos, sino, en algunos casos, de particulares, sin embargo, la propia ley acota cuáles son esos casos. Así, se tiene que en el juicio de amparo, la autoridad responsable, es aquélla que con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, o bien, omite un acto que de realizarse, crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Lo anterior, se sostuvo en ejecutoria emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencia P. XXVII/972 , en la que determinó que autoridad para efectos del juicio de amparo, es la que con fundamento en una norma legal puede emitir actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y, que por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Luego, en términos del artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, en el juicio de amparo, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, es decir, cuando: a) Dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar un acto que cree, modifique o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, o bien, omitan un acto que de realizarse, crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, y b) Que sus funciones estén determinadas por una norma general. De igual forma, para concebir el concepto de autoridad responsable, debe atenderse a la clasificación de que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. Así, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de ese tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las de supra a subordinación, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establecen los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos se destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que, en el parámetro constitucional, el juicio de amparo. Ese tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la constitución establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad, sin necesidad de acudir a los tribunales. Finalmente, las relaciones de supraordinación, son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público, que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II de la Constitución General de la República. Por tanto, en cada caso se tiene que analizar si el acto que haya realizado una persona física o moral, particular o pública, modifique o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria para el quejoso, u omitan un acto que de realizarse, crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas y que dicho acto sea en funciones que estén determinadas por una norma general. Por tanto, se procede a examinar si en la especie, el Titular de la Notaria Número Cuatro de la Demarcación de Xicoténcatl, Tlaxcala, tiene la naturaleza de autoridad para efectos del presente juicio de amparo. Por principio de cuentas, es conveniente establecer que el Notario Público es el profesional del derecho que desempeña una función pública, investido por delegación del Estado a través del Titular del Poder Ejecutivo, pero no es remunerado por el erario, tiene capacidad de formalizar y dar fe para hacer constar hechos, actos y negocios jurídicos a los que se quiera o deba dar autenticidad y seguridad jurídica. Acerca de la naturaleza jurídica de las funciones del Notario Público, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que éste actúa por medio de una patente otorgada por el Estado y no puede ser considerado servidor público, en atención a que su cargo no es de elección popular ni se halla dentro de la administración pública estatal o municipal, además de que el notario no depende del gobierno o de una entidad paraestatal, ya que si bien actúa por delegación del Estado, no está dentro de su organización administrativa ni burocrática. En tales condiciones, si los Notarios Públicos carecen del carácter de servidores públicos y sólo son fedatarios por ello no tiene el carácter de autoridad. "NOTARIOS, NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDAD. Los notarios no tienen en carácter de autoridad para los efectos del amparo." En esa tesitura, los actos que se imputan al Titular de la Notaria Número Cuatro de la demarcación de Xicohtencatl, Tlaxcala, carecen de potestad de imperio, pues en ellos no se plasma algún tipo de decisión ajena a la voluntad de las partes aparentemente contratantes, ya que exclusivamente dan fe de los hechos o actos sometidos a su conocimiento y fe pública, y en todo caso la omisión que les reclaman de realizarse, no crearía, modificaría o extinguiría situaciones jurídicas. Sentado lo anterior, para definir el concepto de autoridad responsable, debe atenderse también a la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo, se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y, el ente señalado como autoridad, actúe en un plano superior. En otras palabras, para atribuir el carácter de "autoridad" para efectos del juicio de amparo, debe atenderse a las relaciones jurídicas entre el gobernado y la autoridad, es decir, que exista una relación de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el quejoso tenga el carácter de gobernado y el ente público señalado como autoridad responsable actúe en un plano superior, para lo cual, debe reunir como notas distintivas las siguientes: 1. La existencia de un ente de hecho o de derecho que establezca una relación de supra a subordinación con un particular; 2. Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; 3. Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular, y; 4. Que para emitir dichos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Una vez establecidas estas premisas, debe destacarse las actuaciones del Notario Público Número Cuatro de la Demarcación de Xicoténcatl, Tlaxcala, la cual se constriñó a dar fe del acto jurídico consistente en el contrato de compraventa que respecto del bien inmueble denominado "ESQUINATLA", ubicado en Avenida Puebla Sur, número diez, Municipio de San Pablo del Monte, Distrito Judicial de Xicoténcatl, Estado de Tlaxcala. No obstante, tal actividad notarial, en esos términos, no encuadra en una relación de supra a subordinación entre el Notario y el gobernado, ni tiene los efectos de crear, modificar o extinguir por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular, porque en términos de los artículos 2 y 3 de la Ley del Notariado para el Estado de Tlaxcala3 , su función es de orden público, toda vez que actúan por delegación del Estado, con el objeto de satisfacer necesidades de interés social como son la autenticidad, certeza y seguridad jurídica de los actos y hechos jurídicos; aunado a que son los propios particulares quienes acuden a solicitar la prestación de los servicios notariales y quienes pagan por éstos. Por tanto, al no ser autoridad para efectos del juicio de amparo el Notario Público Número Cuatro de la Demarcación de Xicoténcatl, Tlaxcala, los actos a ellos reclamados no pueden constituir materia de amparo En las condiciones apuntadas, se actualiza, la causal de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 1 y 5, de la Ley de Amparo, respecto a dicho acto reclamado. b) Desechamiento respecto de los actos reclamados al Director de Notarías y Registros Públicos del Estado Tlaxcala y Director de Catastro e impuesto predial del ayuntamiento de San Pablo del Monte Tlaxcala. Por otra parte, este órgano jurisdiccional considera que respecto al acto reclamado atribuido al Director de Notarías y Registros Públicos del Estado de Tlaxcala, consistente en la calificación e inscripción definitiva del instrumento notarial número cuatro mil cuatrocientos cuarenta y ocho, volumen 37, emitido por el Notario Público Número Cuatro de la Demarcación de Xicoténcatl, Tlaxcala, se actualiza causa manifiesta e indudable de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 77, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, mismos que establecen lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: l. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y [.]." De los numerales transcritos se advierte que la vía constitucional es improcedente cuando por las circunstancias que rodean al acto reclamado no puedan concretarse los efectos positivos de una eventual sentencia de amparo. Lo anterior sucede cuando existe un acto que puede sustentarse por sí mismo -independientemente de la subsistencia del que es materia de reclamo- y que por su naturaleza y autonomía impide que los efectos de un fallo protector puedan concretarse; es decir, cuando ese acto, por las consecuencias jurídicas que genera, constituye un obstáculo legal insalvable para que la autoridad pueda resarcir las violaciones atacadas mediante la devolución de las cosas al estado que guardaban antes de su actuación. Al respecto es aplicable la jurisprudencia que dice: Precisado o anterior, es dable señalar que los artículos del 1228 al 1231 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano del Estado de Tlaxcala, prevén lo siguiente: Artículo 1228.- Las inscripciones no se extinguen en cuanto a tercero, sino por cancelación, o por el registro de la transmisión del dominio, o derecho real inscrito a otra persona. Artículo 1229.- Las inscripciones pueden cancelarse por consentimiento de las partes o por decisión judicial. Tratándose de derechos reales distintos de la propiedad, la cancelación podrá hacerse por renuncia unilateral que haga el titular del derecho, que conste en documento auténtico, siempre y cuando no reporte ese derecho ningún gravamen a favor de otro, caso en el cual será menester la conformidad de éste, expresada en forma indubitable. Articulo 1230.- La cancelación de las inscripciones podrá ser total o parcial. Articulo 1231.-Podrá pedirse y deberá ordenarse, en su caso, la cancelación total: I.- Cuando se extinga por completo el inmueble objeto de la inscripción; II.- Cuando se extinga también por completo el derecho inscrito; III.- Cuando se declare la nulidad del título en cuya virtud se haya hecho la inscripción; IV.- Cuando se remate judicial o administrativamente el inmueble que reporte el gravamen. V.- Cuando tratándose de un embargo hayan transcurrido tres años desde la fecha de la inscripción." La transcripción que antecede revela que las inscripciones y anotaciones efectuadas en la Dirección de Notarías y Registros Públicos del Estado de Tlaxcala, pueden cancelarse total o parcialmente por consentimiento de las partes o por orden judicial; incluso pueden ser canceladas a petición de parte sin dichos requisitos, cuando el derecho inscrito o anotado quede extinguido por disposición de la ley o por causas que resulten del título en cuya virtud se practicó la inscripción o anotación, debido hecho que no requiera la intervención de la voluntad. Además destaca que puede pedirse y deberá ordenarse, en su caso, la cancelación total, ente otros casos, cuando se declare la nulidad del título en cuya virtud se haya hecho la inscripción o anotación. De este modo, es posible establecer que si bien los actos que se tildan de inconstitucionales pudieran derivar de una actuación indebidamente realizada; lo cierto es que ello no puede declararse en un juicio constitucional, debido a que no podrían concretarse los efectos de un eventual fallo protector, pues las inscripciones y anotaciones que se hayan realizado no podrían quedar insubsistentes mientras que subsista el acto que las originó. Máxime que no es posible anular autónomamente las anotaciones registrales, si lo que causa afectación al quejoso es la celebración e inscripción de actos traslativos de dominio en relación a los bienes inmuebles que defiende. Así, la cancelación de la anotación registral controvertida, sólo puede derivar de una decisión judicial dictada en un juicio contradictorio, en el que se otorgue derecho de audiencia a las personas que hayan sido beneficiadas con esas anotaciones o, en su caso, aquéllas que intervinieron el acto que le dio origen. Esto es relevante para el caso concreto porque dada la forma en que se plantea esta demanda, se requiere el examen de pruebas sobre la buena o mala fe de aquel que formalizaron contratos traslativos de dominio, cuestiones que no pueden dirimirse en el juicio constitucional. Correlativo a ello, es importante señalar que el juicio de amparo no tiene como objeto resolver conflictos entre particulares; así que la existencia de una controversia suscitada entre dos personas, como sucede en el caso, la autoridad constitucional no puede sustituirse a la función jurisdiccional ordinaria para resolver el conflicto. Sobre todo porque los planteamientos de la lectura íntegra de la demanda de amparo conlleva a establecer que el quejoso no propone realmente una controversia contra la autoridad registral, sino más bien, trata de que en esta instancia extraordinaria se resuelva un conflicto entre particulares; lo que no es técnicamente factible. En tales condiciones, como quedo de manifiesto, respecto a dicho acto reclamado se causa manifiesta e indudable de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 77, fracción I, ambos de la Ley de Amparo Por tanto, con apoyo en el precepto 113 de la Ley de Amparo y consideraciones precisadas en los incisos a) y b) citadas con antelación, SE DESECHA DE PLANO por notoriamente improcedente la demanda de derechos fundamentales Domicilio para oír y recibir notificaciones. Por otro lado, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que señala para tales efectos, con el apercibimiento que de resultar inexacto, la notificación del presente proveído y subsecuentes, incluso las personales, le surtirán efectos mediante lista de acuerdos que se fije en los estrados de este juzgado. Autorizados. Por otra parte, se tiene como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Nestor Galindo Blas y Luis Acametitla Pérez, por contar con registro único en el sistema computarizado de profesionales del derecho ante los órganos jurisdiccionales. Habilitación de días y horas inhábiles. En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. Autorización para firmar oficios. Por otra parte, se autoriza a cualquier Secretario adscrito a este Juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. De las notificaciones a las autoridades responsable. Resulta aplicable la jurisprudencia 2ª. /J.176/2012 (10ª), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo II, página 1253, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO FORMA DE REALIZARLAS". Supresión de datos. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en su artículo 21. Exhortación a las partes para el uso del portal de servicios en línea. No obstante lo anterior, tomando en consideración que la pandemia originada por el virus COVID-19 subsiste, se exhorta a las partes, para que, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 ya invocado, con el fin de reguardar la salud e integridad de todos, de ser posible, hagan uso del Portal de Servicios en Línea, en su caso, propongan formas especiales y expeditas de contacto, tales como correo electrónico y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido en su caso, deberá registrarse y de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. En el entendido que, tal como lo señala el artículo 3 del Acuerdo invocado, a partir de la presente data, estará disponible en el Portal de Servicios en Línea, un micrositio sobre "servicios jurisdiccionales" dentro del cual las partes encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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