Mayra Patricia Mariscal Cuevas
Expediente 2818/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 2818/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 23/12/2019
Partes del expediente
- Mayra Patricia Mariscal Cuevas
- Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación Y Arbitraje En el Estado de Nayarit, Con Sede En Mezcales, Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit
Actuaciones
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DIECIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficio y anexos recibidos en la Oficialía de Partes de este Juzgado Federal el veinticinco de noviembre de este año, la delegada de la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, informó el cumplimiento al fallo protector (fojas 117 a 119). En relación con lo anterior, por acuerdo de veintiséis de noviembre del año actual (foja 120), se dio vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que surtiera efectos la notificación respectiva manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna en dicho plazo, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos; sin que hubiera efectuado alguna manifestación. Luego, con fundamento en el precepto 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: Así pues, mediante resolución terminada de engrosar el doce de junio de dos mil diecinueve (fojas 27 a 44), se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclamó al Congreso del Estado de Nayarit, con domicilio en esta ciudad y otras autoridades, para los efectos siguientes: "En esa tesitura, se concede la protección de la Justicia de la Unión solicitada para los efectos de que: 1. Los artículos 11, 12, 13 y 24, fracción XIX de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, que prevén, respectivamente, los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, así como el refrendo alcoholes, sean desincorporados de la esfera jurídica del amparista, tanto en el presente como en el futuro. 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, en el ámbito de su competencia, devuelva a la parte quejosa la contribución erogada por la revalidación de permiso de venta de cerveza en restaurante (foja 7), exceptuando algún descuento o estímulo que respecto de tal pago que se haya hecho. Devolución que debe realizarse en función de la erogación realizada por el quejoso, acreditada mediante el recibo oficial pago expedido por la Recaudación de Rentas de Ahuacatlán, Nayarit, en favor del aquí quejoso. 3. De igual manera, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, devuelva al quejoso lo que pagó por impuestos contenidos en los artículos 11, 12 y 13 de la ley aquí combatida, derivados del pago por la revalidación de permiso de venta de cerveza en restaurante (foja 7). 4. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad a devolver por revalidación de permiso aludido, así como las cantidades pagadas por impuestos adicionales, deberán ser debidamente actualizadas, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos, a efecto de que la parte quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquélla cubrió al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que la contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto." Sentencia que quedó firma, en virtud de que por resolución de once de octubre de este año, el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, desechó el recurso de revisión interpuesto, por lo que en acuerdo de veinticuatro de octubre del presente año, se requirió a la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, para que en el término de diez días la acatara y remitiera las constancias que acreditaran dicho cumplimiento (fojas 105 y 106). Asimismo, el requerimiento precisado en el párrafo que antecede se hizo extensivo al Titular de la Secretaría en cita, en su carácter de superior jerárquico de la autoridad responsable indicada (fojas 105 vuelta). De lo transcrito se colige, que los actos que debían realizar los entes aludidos para cumplir con dicha sentencia, son los siguientes: A).- Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en los ordinales 11, 12, 13 y 24, fración XIX de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecinueve. B).- Devolverle al quejoso la cantidad erogada con motivo de la revalidación de permiso de venta de cerveza en restaurante, exceptuando algún descuento o estímulo que respecto de tal pago se hubiera hecho; y C).- Devolver al quejoso lo que pagó por impuestos contenidos en los numerales 11, 12 y 13, de la Ley reclamada; y su actualización. Luego, mediante oficio signado por la delegada de la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad y anexos, informó que entregó el veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve al solicitante del amparo el cheque número 0001584 valioso por la cantidad de $9,405.47 (nueve mil cuatrocientos cinco pesos 47/100 moneda nacional), lo cual acreditó con la copia del título nominativo de referencia y acuse de recibo del mismo, por suerte principal y concepto de actualización correspondiente (fojas 117 a 119). Ahora, atendiendo a los efectos de la sentencia protectora del amparo, los cuales han quedado precisados con anterioridad, se advierte que las autoridades responsables acataron los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, pues se desincorporaron de la esfera jurídica de la parte quejosa la porción normativa reclamada y se le devolvió la contribución principal erogada por ésta, así como lo relativo a la actualización fiscal correspondiente. Lo anterior es así, dado que la parte quejosa erogó a favor de la administración pública estatal, por los derechos e impuestos en comento, la cantidad de $9,313.04 (nueve mil trescientos trece pesos 04/100). Sin embargo, como se expuso, en la ejecutoria en análisis se determinó que la cantidad anterior debía devolverse con la actualización correspondiente, la que se encuentra contemplada en el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue expedido el nueve de abril de dos mil diecinueve (foja 7), y la responsable efectuó la devolución de la cantidades indicada a la parte quejosa el veintiuno de noviembre de este año, por la cantidad de $ 9,405.47 (nueve mil cuatrocientos cinco pesos 47/100 moneda nacional) (fojas 117 a 119). Así, el periodo de ajuste fiscal comprende del mes de abril a noviembre de dos mil diecinueve. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de marzo a octubre de dos mil diecinueve (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de marzo de este año fue de 103.476; y para el mes de octubre de este año de 104.503. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.0099. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho e impuesto en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizado a la fecha de su pago, esto es la cantidad de $9,405.23 (nueve mil cuatrocientos cinco pesos 23/100 moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $92.19 (noventa y dos pesos 19/100 moneda nacional). Así de las constancias que obran en autos se advierte que las responsables acataron los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, toda vez que, la Recaudación de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, devolvió a la parte quejosa la cantidad de $9,405.47 (nueve mil cuatrocientos cinco pesos 47/100 moneda nacional) por concepto de la devolución de los derechos e impuestos materia del presente juicio y su actualización. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido al solicitante del amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de la materia vigente; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. No pasa inadvertido que el monto que la responsable debía devolver a la parte quejosa era de 9,405.23 (nueve mil cuatrocientos cinco pesos 23/100 moneda nacional); sin embargo, éste reintegró la diversa de $9,405.47 (nueve mil cuatrocientos cinco pesos 47/100 moneda nacional), es decir, faltó devolverle la cantidad de $0.24 (veinticuatro centavos), pero dicho faltante no tiene relevancia económica para considerar que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, pues dada la magnitud de la diferencia a nada práctico conduciría reintegrarla a la parte quejosa, en razón de que los gastos administrativos que realizaría tanto la autoridad responsable a fin de devolverla, así como los que efectué la parte quejosa, a fin de obtener dicho monto, serían mayores al beneficio de obtener el numerario referido. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del arábigo 196 de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En ese tenor, en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en su punto Vigésimo Primero, fracción I, del Capítulo Quinto, prevé que en los Juzgados de Distrito son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuentan con cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el dicho acuerdo; en ese sentido, se establece que el juicio en que se actúa, se ubica en la hipótesis prevista en el Capítulo Quinto, Apartado Vigésimo Primero, fracción IV, en virtud de que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, no existen documentos originales exhibidos por las partes y no se tramitó incidente de suspensión, aunado a que carece de relevancia documental, acorde a lo establecido en el ordinal 11 del citado Acuerdo; por lo tanto, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno que corresponda, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia dictada, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así, lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DIEZ DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el oficio número 1106/2019, de veintinueve de noviembre de la presente anualidad, signado por el Juez Octavo de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, a través del cual adjunta los autos originales del juicio de amparo indirecto número 2565/2018 (auxiliar 729/2019) y anexos, en el que se encuentra glosada la sentencia pronunciada en esa fecha, y de la que se advierte que, por una parte se sobreseyó en el presente juicio y por otra se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. Agréguese el cuaderno de antecedentes respectivo, a partir de su envío. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes personalmente y remítase copia simple de la indicada resolución a las autoridades responsables, para los efectos legales conducentes. En la inteligencia de que será este órgano jurisdiccional quien continuará con el trámite del presente asunto hasta su archivo definitivo. Notifíquese y personalmente.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Vista la certificación que antecede, se desprende que no se interpuso medio de impugnación en contra de la sentencia de treinta y uno de octubre del año en curso (fojas 50 a 57), dentro del plazo que prevé el ordinal 86 de la legislación de la materia; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los dispositivos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al ordenamiento legal citado en primer término, se declara que la referida resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. En ese sentido, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 192 de la Ley de Amparo, requiérase únicamente al Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de DIEZ DÍAS, siguientes al en que reciba el oficio correspondiente, dé cumplimiento al fallo protector concedido. Luego, con sustento en el precepto 192, párrafo tercero de la ley en cita, así como con el diverso ordinal 31, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, requiérase al Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, en su carácter de superior jerárquico, para que ordene al ente responsable, a dar cumplimiento con la ejecutoria de amparo. Apercibidas que de no hacerlo con causa justificada, se les impondrá una multa equivalente a cien valores diarios de la unidad de medida y actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, apartado b, párrafos sexto y séptimo constitucional, en relación con el segundo y tercer transitorio del decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo), de conformidad con el dispositivo 258 de la Ley de Amparo. Además, se les hace del conocimiento a las citadas autoridades que en el supuesto de que la ejecutoria de amparo no quede cumplida en el plazo fijado, este juzgado federal hará el pronunciamiento respectivo e impondrá las multas que procedan; asimismo, remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en turno, con sede en esta ciudad; en la inteligencia, de que si por algún motivo los titulares respectivos dejaran el cargo que desempeñan, seguirán teniendo responsabilidad, conforme lo prevé el arábigo 193 de la legislación en comento. Por otro lado, se tiene por recibido el escrito de cuenta signado por la quejosa Angélica Soto Pérez a través del cual señala nuevo autorizado para oír y recibir notificaciones en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene como autorizado en términos amplios a Francisco López Hidalgo, toda vez que tiene su cédula profesional debidamente registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los tribunales de Circuito y Juzgado de Distrito. Notifíquese.
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