Mayra Patricia Fajardo Ruilova

Expediente 78/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 8 actuaciones registradas, la última del 12 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
78/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
12/05/2022

Partes del expediente

  • Mayra Patricia Fajardo Ruilova
  • Encargado de la Estancia Provicional Juárez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, doce de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y toda vez que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en este juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, se declara que dicha sentencia que sobreseyó en el juicio de Amparo, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. En virtud de lo expuesto, para todos los efectos legales procedentes, háganse las anotaciones en el libro correspondiente y archívese este expediente como asunto totalmente concluido, cumplido el plazo de conservación de tres años, dentro de los noventa días siguientes, previo acuerdo de desincorporación se deberá depurar este expediente y posteriormente remitirse a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, el expediente principal, no encuadra en los supuestos de relevancia documental y no obran documentos originales; por lo que, atendiendo que se concedió la suspensión de plano, se ordena previo acuerdo de desincorporación la depuración del presente asunto, dentro de los plazos establecidos en el artículo 18, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Conforme a lo ordenado en el numeral treinta y cinco, primer párrafo, del acuerdo aludido, se ordena hacer en la carátula del presente expediente, la anotación de la fecha de archivo, como también que es depurable, en virtud de que se decretó la suspensión de plano. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante la licenciada Iria Cárdenas Lozano, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, once de mayo de dos mil veintidós. Vista la comunicación oficial 2302/2022, del índice de este juzgado, dirigido a la autoridad Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en Chihuahua, Capital, y toda vez que del sobre se advierte que la misma fue devuelta a este Juzgado en virtud de que según una leyenda que a la letra cita "Desconocido"; por lo que, remítase a su destinatario a través de interconexión. Cúmplase. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante la licenciada Iria Cárdenas Lozano, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Vistos para resolver, los autos que integran el juicio de amparo 78/2022-II, promovido por Ana Karen Maldonado Vera, en favor de Mayra Patricia Fajardo Ruilova, contra actos Encargado de la Estancia Provisional Juárez en esta ciudad y otras autoridades. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esta ciudad, el nueve de febrero de dos mil veintidós, turnado a este Juzgado en la misma fecha Ana Karen Maldonado Vera, en favor de Mayra Patricia Fajardo Ruilova, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos del Encargado de la Estancia Provisional y Sub Representante Local adscrito a la Oficina de Representación Local del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad; Representante Local del Instituto Nacional de Migración y Encargado de la Estancia Provisional Chihuahua, ambos con sede en la ciudad de Chihuahua, a quienes reclamó: "1.- De las autoridades señaladas como responsables, se les reclama a nombre de la queja la ilegal e inconstitucional TENERLA COMO ASEGURADA, PRIVADA DE LA LIBERTAD Y RESTRINGIRLE SU LIBERTAD TRANSITO POR EL PAIS, según lo establece el artículo primero constitucional, al ingresar a México, toda persona debe de gozar de todos los derechos humanos reconocidos por la Constitución Mexicana, la cual está a la par con los Tratados Internacionales de los refugiados. 2.- Se reclama la violación a la Ley de Refugiados, por parte de las autoridades señaladas como responsables, al TENER A LA HOY ASEGURADA QUEJOSA, ESTRESADA ANTE SU INMINENTE TRASLADO A DIVERSA ESTACION MIGRATORIA, POR LO QUE ESTAN EJERCIENDO VIOLENCIA PSICOLOGICA EN CONTRA DE ASEGURADA, y ante todas estas acciones de las autoridades responsables, está el omitir iniciar el proceso de regulación migratoria, solo está el hecho de la preparación de su eminente traslado y no dicen a qué estación migratoria, lo que se puede decir que es su eminente deportación; lo que conlleva a que la asegurada no tenga la seguridad de donde se encontraba . 3.- Reclamo la violación a la ley de Migración, por parte de las autoridades señaladas como responsables, se recama la omisión de regulación migatoria negándole el derecho de hablar con su asesor jurídicop, aspí como negarle visa por razones humanitarias, con el fin de regularizar su estancia en territorio mexicano, y ante la omisión de la autoridad, ante la solicitud de la asegurada de iniciar el trámite para obtener su visa por razones humanitarias, pues está huyendo de su país al negarse a pertenecer al crimen organizado y narcotráfico. .". SEGUNDO. Derechos constitucionales que la parte quejosa estima vulnerados. La parte quejosa señala como derechos constitucionales vulnerados, los previstos en los artículos 1°, 11, 14, 16, 22 y 33 la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y norma de índole legal. TERCERO. Tramitación de la demanda. Mediante proveído de diez de febrero de dos mil veintidós, se aceptó la competencia declinada por el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua, para conocer del presente asunto; se continuó con el trámite; se registró bajo el expediente 78/2022-II; se solicitó informe justificado a las autoridades responsables; se dio vista a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia; por lo que, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme lo establecen los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 36 de la Ley de Amparo y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el primero, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; y, el segundo, inherente a la creación, funcionamiento y jurisdicción de este juzgado, en atención a que los actos reclamados pueden tener ejecución en esta demarcación, lugar en el que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Conforme a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al estudio y análisis del juicio, a fin de hacer la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Es aplicable al tema el criterio sustentado en la jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Así como el criterio sustentado en la tesis P. VI/2004 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Así, del análisis hecho al escrito inicial de demanda, conceptos de violación y constancias del presente juicio, es permisible determinar que los actos reclamados se hacen consistir en: Tenerla asegurada, privada de la libertad sin libertad de tránsito por le país, negarle el derecho de petición para registrarse como refugiada, negarle el trámite de la visa humanitaria y la orden de deportación. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Las autoridades responsables, Representante Local del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chihuahua, con sede en la ciudad de Chihuahua, al rendir su respectivo informe justificado negó categóricamente los actos que se le atribuyen, sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna a fin de demostrar lo contrario a lo informado por las autoridades responsables. En esa virtud, toda vez que la parte quejosa no aportó prueba alguna que desvirtuara esa negativa, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo. Apoya lo anterior la Jurisprudencia VI, 2°. J/20, visible en la página 627, Tomo IV, Segunda Parte-2, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." CUARTO. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable, Sub Representante Local del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, al rendir su informe con justificación, informó que dio cumplimiento a lo ordenado y la parte quejosa quedó en libertad de tránsito. Además, dicha afirmación se encuentra robustecida con las copias certificadas por la última de las responsables que indicadas en el párrafo que antecede, anexó a su informe de ley, a las cuales se les confiere valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. QUINTO. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se examinará la procedencia del juicio que nos ocupa, porque constituye un aspecto jurídico que, por ser de orden público, es de análisis oficioso y preferente a cualquier otro, lo aleguen o no las partes. Al efecto, cabe invocarse la tesis de jurisprudencia ciento cincuenta y ocho, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." A juicio del suscrito, en el caso la presente vía resulta improcedente ante la actualización, oficiosa, de la causal de sobreseimiento establecida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, porque cesaron los efectos de los actos reclamados en este juicio, tal precepto legal dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;.". La lectura de ese numeral obliga a estimar improcedente el juicio de amparo cuando cesan los efectos del acto reclamado en la vía constitucional. En relación con tal causal de improcedencia, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que para su actualización no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado en el juicio de amparo, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, o sea, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, en virtud de que la razón que justifica esa improcedencia no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad reclamado, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del gobernado, que amerite ser borrada por el otorgamiento del amparo. Tal criterio jurídico está contenido en la tesis de jurisprudencia ciento noventa y ocho, visible en la página doscientos dieciséis del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.". Con lo anterior se puede advertir que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el propio acto, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca, o también cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la quejosa en el goce del derecho fundamental vulnerado. En tal tesitura, la cesación de los efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo pronunció deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de su propia insubsistencia. Lo anterior es lógico y jurídicamente razonable sobre todo si se toma en cuenta que tal causal de improcedencia, se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del propio juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciéndose las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, y cuando sea de carácter negativo, como en el caso, el de obligar a la autoridad a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que exija. Por tanto, la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, o sea, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. En la especie, importa recordar que la parte inconforme reclamó, a través de la presente vía, la privación de la libertad por virtud del alojamiento en una estación migratoria de que fueron objeto, así como la falta de instauración de un procedimiento migratorio para visa humanitaria. El Sub representante legal del Instituto Nacional de Migración informó que el veinticuatro de enero de dos mil veintidós, salió en libertad de la estación migratoria, dejando sin efectos las medidas de presentación y alojamiento en la Estación Migratoria. Asimismo, remitió las actas de notificación de la quejosa de la resolución de veinticuatro de enero de presente año, en la cual se salvaguardó su derecho a libre tránsito y su derecho a la salud, quedando en libertad y continuando con el trámite migratorio. Con esto no queda duda que con el actuar de la autoridad responsable se destruyeron los actos reclamados en forma total e incondicional, desde luego, junto con sus efectos. De ahí, que es inconcuso que cesaron los efectos de los actos reclamados en este juicio, porque con esa actuación se destruyeron de manera total e incondicional, como si se hubiera otorgado la protección constitucional, esto es, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del propio particular, o habiéndola irrumpido la cesación no dejó algún rastro, con lo cual, sin duda, se opera la causal de improcedencia que nos ocupa. Sobre ese particular, cabe invocar la tesis de jurisprudencia trescientos noventa y cinco, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página cuatrocientos diecisiete del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte-SCJN Segunda Sección, que dice así: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo.". Por su aplicación, son de citarse las tesis sustentadas por el Pleno y la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación, rubro y texto son los que siguen: "SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL. El sobreseimiento en un juicio de amparo, por alguna de las causas que la ley señala, impide a la autoridad judicial federal entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada, por estar cumplida una condición de improcedencia del amparo, cuestión que debe ser examinada previamente a las violaciones constitucionales atribuidas al acto reclamado, aun en el supuesto de que efectivamente hayan sido cometidas las violaciones de garantías que se señalan." "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto y fundado; se, R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio 78/2021-II, promovido por Ana Karen Maldonado Vera, en favor de Mayra Patricia Fajardo Ruilova, en términos del considerando tercero y último de esta sentencia. Notifíquese por lista a las partes y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante la licenciada Iria Cárdenas Lozano, Secretaria del Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, treinta y uno de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda el oficio signado electrónicamente por el Secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Chihuahua, Capital. Ahora toda vez que mediante auto de diez de febrero del presente año, se tuvo por recibido los autos originales del juicio de amparo 113/2022, del índice del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Chihuahua, y se aceptó la competencia planteada, quedando registrado como juicio de amparo 78/2022-II, por tanto, se acusa el recibo correspondiente. Cúmplase. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante la licenciada Iria Cárdenas Lozano, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

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