Mayra Patricia Estrada Miranda

Expediente 947/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
947/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
29/09/2021

Partes del expediente

  • Mayra Patricia Estrada Miranda

Actuaciones

  1. Principal

    Auto. Mexicali, Baja California, veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos y el contenido de la certificación que antecede, se advierte que a la fecha la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de siete de septiembre de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por Mayra Patricia Estrada Miranda; en consecuencia, se declara que queda firme dicho auto, con fundamento en la fracción II, del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 97, fracción I, inciso a), del mismo ordenamiento legal. Atento a lo anterior, previa revisión por la Secretaria de que estén hechas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), archívese este asunto como totalmente concluido. En ese sentido, y con fundamento en los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, hágase constar que el cuaderno del juicio de amparo es susceptible de destrucción, al ubicarse en el supuesto previsto en el numeral 21, fracción d), del referido acuerdo; asimismo, no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos contemplados en el artículo 15 del citado acuerdo.

  2. Principal

    se notifica por lista a la parte quejosa el auto de siete de septiembre del año en curso: Demanda Vista la demanda de amparo promovida por el quejoso, contra actos de Maribel Audelo R. y otra; regístrese en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el número 947/2021-3. Desechamiento Ahora bien, es oportuno señalar que la demanda de amparo debe ser analizada en su integridad a efecto de determinar con exactitud la pretensión de la parte quejosa y así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido. En ese orden, la lectura de la demanda constitucional permite colegir que en el caso se reclama de Maribel Audelo R. y Claudia Félix, la decisión de dar por terminado el contrato de arrendamiento celebrado el quince de diciembre de dos mil veinte, entre la hoy quejosa y José Rendón Verduzco, y como consecuencia de ello, la notificación de desocupacion del inmueble arrendado. Al efecto indica que Maribel Audelo R. es la persona que le cobra la renta y quien elaboró el contrato, y que Claudia Félix, es quien dio la orden de que procediera a desocupar la casa en renta. Así, es necesario destacar que de los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo, se advierte que la demanda debe desecharse cuando se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, debe establecerse que lo "manifiesto" se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patenta y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo "indudable" resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del Juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Ahora, conforme a lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la demanda de amparo, que motiva su desechamiento de plano, en razón a que en la especie se surte la causa de improcedencia prevista en el nuneral 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1°, fracción I, 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley" "Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: "I. Por normas generales, actos y omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección 'por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". "Artículo 5. Son parte en el juicio de amparo. [.] "II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. "Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general". De la interpretación sistemática de los numerales trascritos, se obtiene que el juicio de amparo procede contra actos de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. De igual forma, conforme al contenido de los artículos en mención, el juicio de amparo también procede contra actos de particulares cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten al gobernado y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 408/2017, precisó que los elementos a tomar en cuenta para considerar que el particular se equipara a una autoridad para efectos del juicio son:  Que el particular dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar un acto que cree, modifique o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria.  Que omita actos que de realizarse crearían, modificarían o extinguirían dichas situaciones jurídicas.  Que esas funciones que los particulares realizan estén determinadas por una norma general. De lo anterior, se obtiene que no basta que la parte quejosa atribuya al particular sen~alado como autoridad responsable, la emisio´n de actos en forma unilateral y obligatoria, por estimar que podri´an afectar sus derechos, al tener el alcance de crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas; pues para poder determinar que aque´l reviste esa calidad en el juicio de amparo indirecto, el precepto citado exige, además, que las funciones del particular este´n determinadas por una norma general, en sentido material y formal. Bajo ese marco, el acto atribuido a Maribel Audelo R. y Claudia Felix, no conlleva que éstas últimas se constituyan en un particular que realiza actos de autoridad para efectos del juicio constitucional. Se afirma así, pues el origen es una relación contractual (arrendamiento de casa habitación), lo que pone en evidencia que las partes contratantes celebran ese pacto de voluntades en una relación de coordinación y no de supra a subordinación, esto es, en la que los sujetos actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, pues se rigen por lo acordado en el contrato de arrendamiento que al respecto firman. Por ende, cuando se reclama la violacion a derechos fundamentales que produzcan en perjuicio de un particular, lo pactado en un contrato celebrado en un plano de igualdad, no se está ante un acto de autoridad para el juicio de amparo, pues actúa como ente particular y sus facultades derivan de la voluntad de sus contratantes, por lo que sus funciones no esta´n determinadas en una norma general. Así, es indudable que en el presente caso, Maribel Audelo R. y Claudia Felix no ejercen un poder público frente a la arrendadataria aquí quejosa, porque el origen de la relacion es un acuerdo de voluntades, derivado de un contrato civil y no el cumplimiento de un mandato establecido en ley; es decir, la determinacion de dar por concluído un contrato y requerir desocupación del inmueble arrendado de modo alguno corresponde a funciones que le este´n determinadas a dichas particulares señaladas como responsables, en una norma general que les confiera las atribuciones para actuar como una autoridad del Estado. Por tanto, acorde a las razones que se han expuesto, lo que procede en el caso a estudio es desechar la demanda de amparo, al configurarse la causal de improcedencia invocada, de conformidad con lo dispuesto con la fracción XXIII del nuneral 61, en relación con los artículos 1°, fracción I, 5°, fracción II, de la Ley de Amparo. Domicilio procesal y autorizados Se tiene a la parte quejosa designando como domicilio para efectos de oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de demanda. Asimismo, se tiene como autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones a Mario Sánchez Loza, en virtud de no haberse encontrado registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito.

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