Mayra Nayeli López Garcia

Expediente 674/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 5 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
674/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
02/08/2022

Partes del expediente

  • Mayra Nayeli López Garcia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Juicio de Amparo 674/2022-IV En esta fecha, la secretaria da cuenta al Juez, con la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos. Conste.Torreón, Coahuila de Zaragoza; a dos de agosto de dos mil veintidós. Ejecutoria. Vista la certificación de cuenta, se desprende que transcurrió el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en los presentes autos; por tanto, con fundamento en los numerales 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en los términos del precepto 2º de la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes; comuníquese lo anterior a las partes. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Depuración o destrucción. Este expediente es susceptible de destruible, conforme al artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Incidente. No solicitó. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Expediente electrónico. En el entendido que en términos del artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el secretario de la adscripción certificó que el expediente electrónico coincide en su integridad con el expediente físico. Archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.

  2. Principal

    En la ciudad de Torreón, Coahuila de Zaragoza, a las doce horas con diez minutos del veintitrés de junio de dos mil veintidós, hora y fecha fijadas para la audiencia constitucional en el presente juicio, el licenciado Yuri Alí Ronquillo Vélez, Juez Primero de Distrito en La Laguna, quien actúa en unión de la licenciada Dulce Lizbeth Gutiérrez Hernández, Secretaria con quien actúa y da fe, procedió a iniciarla, sin la asistencia de las partes. Acto seguido, la Secretaria da cuenta al Juez con las constancias obrantes en autos, entre las que se encuentran el ocurso inicial y el informe justificado rendido por la autoridad responsable, así como las constancias de notificación del agente del Ministerio Público del Federación adscrito. El Juez acuerda: Se tiene por hecha la relación de constancias que se trata. Se abre el periodo probatorio. Se da cuenta con las pruebas existentes en este juicio, consistentes en las pruebas documentales ofrecidas por la parte quejosa y autoridad responsable. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 123 de la Ley de Amparo, se tienen por recibidas y desahogadas las probanzas que se trata, las que se tomarán en cuenta en el momento procesal oportuno, con lo que concluye la etapa que nos ocupa. A continuación, se abre el periodo de alegatos. Se hace constar que ninguna de las partes formuló alegaciones en este asunto. El Juez acuerda: Ténganse por perdido el derecho de las partes sobre el particular. Con lo anterior se da por terminada la fase de mérito y, consecuentemente, la presente audiencia pública, motivo por el cual lo conducente ahora es dictar el fallo relativo. VISTOS; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el cuatro de mayo de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en La Laguna, con residencia en esta ciudad, Mayra Nayeli López García, solicitó el amparo protección de la justicia federal contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad y los actos que a continuación se trascriben: "IV.- ACTO RECLAMADO.- De la autoridad responsable se reclama la VIOLACIÓN DE MIS GARANTÍAS DE JUSTICIA PRONTA, COMPLETA E IMPARCIAL, DE AUDIENCIA, DE DEBIDO PROCESO, así mismo, se violan MIS DERECHOS HUMANOS Y MI DERECHO A UN JUICIO JUSTO, así como el contenido de los artículos 685, 735, 772, 782, 838, 880, fracción IV, 883 y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo". En la demanda de amparo la parte quejosa expresó los antecedentes del asunto, hizo valer los conceptos de violación relativos, y señalo que los derechos fundamentales que en su concepto se transgredieron son los contenidos en los artículos 1, 8, 13, 14, 16, 17 y 123, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. La demanda de amparo se turnó a este Juzgado Federal. Por acuerdo de diez de junio de dos mil veintidós, fue admitida la demanda de amparo y se ordenó la formación del expediente relativo, registrándose con el número 674/2022-IV-A, motivo por el cual se fijó hora y fecha para la audiencia constitucional; se solicitó el informe justificado correspondiente, y, se ordenó dar vista al Ministerio Público de la Federación adscrito; lo que quedó cumplimentado según se aprecia de las constancias de notificación que obran en autos. Seguido que fue el juicio por las fases procesales respectivas, tuvo verificativo la audiencia constitucional relativa, al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDOS PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en Torreón, Coahuila de Zaragoza, es legalmente competente para conocer de este juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 y 55, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los puntos primero, segundo y cuarto, todos fracción VIII, del Acuerdo General 3/2013, en relación con el diverso 1/2019, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pues, aunado a que el acto reclamado en este juicio incumbe a la vía indirecta, carece de ejecución por ser de carácter omisivo y, además, la demanda de amparo fue presentada en el lugar en donde este Juzgado de Distrito ejerce la jurisdicción referida. Al respecto, cabe citar la tesis de jurisprudencia 1a./J. 17/2014 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página quinientos de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo I, que dice así: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE NO REQUIERAN DE EJECUCIÓN MATERIAL. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA RELATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El tercer párrafo del citado precepto prevé que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo; texto que debe interpretarse literalmente, sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico, o algún otro, para desentrañar su sentido y alcance, pues de su procedimiento legislativo no se advierte dicha posibilidad. Lo anterior evita la existencia de conflictos competenciales y logra una mejor operatividad efectiva y eficiente de los derechos humanos de audiencia y acceso a la justicia pronta y expedita, contenidos en los artículos 14, párrafo segundo y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969. En el entendido de que al actualizarse dicha hipótesis no pueden dejar de considerarse aquellos aspectos competenciales relacionados con la materia del conflicto, esto es, el turno, el grado y la vía, así como la jurisdicción auxiliar, prevista en el artículo 159 de la Ley de Amparo." SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a la fijación de los actos reclamados en este juicio. Para tal efecto, el suscrito atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la parte impetrante y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que la parte quejosa exponga entorno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a través de esta vía. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación y rubros son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." (Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011. Tomo: II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Primera Sección. Tesis: 1347. Página: 1511). "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." (Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XIX, Abril de 2004. Tesis: P. VI/2004. Página: 255.) Así pues, el detenido examen de todas las constancias del juicio que nos ocupa, revela que los actos reclamados por la parte quejosa son los siguientes: i. La omisión de pronunciarse sobre las pruebas ofrecidas en la audiencia celebrada el treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad. ii. La omisión de acordar la promoción presentada ante la mencionada responsable el ocho de abril de dos mil veintidós. Luego, al no advertirse algún otro acto reclamado por la parte gestora del amparo, lo procedente es examinar la existencia del acto que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio y, en su caso, abordar el fondo del asunto. Sobre ese particular, es de citarse la tesis sustentada por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página noventa y cinco del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990, que es del rubro siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables, pues así expresamente lo manifestaron al rendir el informe justificado; lo cual, sin duda es una confesión expresa con valor probatorio pleno para tener acreditado el acto de que se trata, en términos de los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2º de la ley de la materia. Esta confesión, lejos de estar desvirtuada o contradicha en el juicio de amparo, se encuentra corroborada con las copias certificadas del juicio laboral 2701/2021-SAI, que fueron allegadas a este contradictorio federal por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, a las que por tener la calidad de documento público, se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia. A ese respecto, se cita la tesis de jurisprudencia doscientos veintiséis, sustentada por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, localizable en la página ciento cincuenta y tres del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, Tomo VI, Parte SCJN, cuyo rubro dice así: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." Por lo anterior, no hay duda que en este juicio de amparo quedó plenamente demostrada la existencia de los actos atacados por la parte gestora del amparo, desde luego, en los términos que se trata, por lo cual, lo conducente, ahora, es ocuparse de la procedencia de la vía constitucional. CUARTO. Improcedencia del juicio constitucional. Previo al estudio del fondo, se deben analizar las causales de improcedencia que hagan valer las partes o de oficio se adviertan, al ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, tal como lo establece el artículo 62 de la ley de la materia. En la especie, respecto al acto reclamado consistente en la omisión de pronunciarse sobre las pruebas ofrecidas en la audiencia celebrada el treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; (...)" La citada causa de improcedencia se ubica dentro de aquellas en las que la eventual protección de la Justicia Federal no podría materializarse, bajo la peculiaridad de que esa imposibilidad tiene como origen el que haya dejado de existir el objeto o materia del acto reclamado sobre los cuales éste tuvo eficacia y consecuentemente, ningún efecto práctico tendría esa restitución. Lo anterior es así, pues aún en el caso de que el peticionario llegare a obtener la protección constitucional, ésta no tendría efectos prácticos, puesto que no habría forma de restituir al quejoso sobre un derecho o cosa que ya no existe. En ese contexto, si se toma en consideración que las sentencias de amparo en las que se otorga la protección constitucional tienen efectos restitutorios, al dejar de existir el objeto o materia del acto reclamado, no cabe la posibilidad de cumplir con la finalidad del fallo protector, esto es, restituir a la parte quejosa en el goce pleno del derecho fundamental que le haya sido violado, al no haber posibilidad de concreción en la esfera jurídica del destinatario del acto reclamado. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia 2a./J. 181/2006 sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 189, Tomo XXIV, Diciembre de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA YA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE EL AMPARO QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza en el caso de que el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar huella alguna en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." En la especie, la quejosa reclama la omisión de pronunciarse sobre las pruebas ofrecidas en la audiencia celebrada el treinta y uno de marzo de dos mil veintidós. Sin embargo, el veintisiete de mayo de dos mil veintidós, la junta responsable emitió un proveído en el cual regularizó el procedimiento e hizo efectivos apercibimientos a la parte demandada, contenidos en diverso auto de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno; y de igual manera, señaló las diez horas con treinta minutos del veintisiete de junio de dos mil veintidós para el verificativo de la audiencia en su etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas. En ese orden de ideas, la responsable señaló nueva fecha para audiencia, en la cual realizará pronunciamiento sobre la pruebas ofrecidas; por lo cual, no obstante existir la diversa audiencia de treinta y uno de marzo del presente año, ya no puede surtir efecto legal o material alguno, por las razones antes indicadas. En efecto, subsiste el acto reclamado, esto es, la omisión de pronunciarse sobre las pruebas ofrecidas en la audiencia celebrada el treinta y uno de marzo de dos mil veintidós; sin embargo, ello ya no puede producir algún efecto jurídico, al haber un nuevo pronunciamiento en el sentido de regularizar el procedimiento y señalar nueva fecha para la celebración en su etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas. Así, a pesar que han desaparecido las consecuencias de los actos reclamados, siguen subsistiendo los mismos, al señalar nueva fecha para la diligencia, en la cual se realizará pronunciamiento sobre las pruebas ofrecidas. Consecuentemente, al subsistir el acto reclamado, pero no poder surtir efecto legal alguno, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en este juicio de amparo. Ahora por lo que respecta al diverso acto reclamado que se hace consistir medularmente en la omisión de acordar la promoción presentada ante la mencionada responsable el ocho de abril de dos mil veintidós, se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, ya que cesaron los efectos del acto reclamado, al haber sido subsanadas las omisiones de las responsables después de la presentación de la demanda, al grado de haber obtenido una concesión de la protección de la justicia federal. El citado dispositivo dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" La causal de improcedencia relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, al estar íntimamente ligada con el numeral 77, fracción I, de la Ley de Amparo, debe satisfacer dos elementos, a saber: a) que el acto reclamado sea destruido en todas sus consecuencias de hecho y de derecho, al grado que compararse con una declaratoria de inconstitucionalidad o ilegalidad, derivado de una concesión de amparo, y, b) restituir a la parte quejosa, en su derecho fundamental vulnerado, al grado de dejar las cosas como si no se hubiera emitido el acto de molestia, ubicándola antes que aquello ocurriera; por lo cual, para actualizar dicha causal, el juzgador debe atender al análisis de la cuestión efectivamente planteada por la parte quejosa, en relación con las actuaciones realizadas por la autoridad responsable, posteriores a presentación de la demanda. De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la quejosa se inconforma sustancialmente de la omisión de brindarle la atención médica y tratamiento adecuado para sus padecimientos. Actuaciones de las responsables para generar la cesación de efectos. a). El Presidente de la Junta Local Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, el tres de junio de dos mil veintidós, emitió un acuerdo en el que se pronunció respecto a la promoción de la quejosa de fecha ocho de abril de dos mil veintidós. Valoración probatoria. Documentales anteriores que tienen valor probatorio pleno al haber sido emitidas por autoridad en ejercicio de sus funciones, de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, además que no fueron objetadas ni existe prueba en contrario. Motivos específicos de la cesación de efectos. Atendiendo lo anterior, al realizar un análisis comparativo entre las omisiones reclamadas por la quejosa y las actuaciones efectuadas por las responsables, se desprende: Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, fue acordado el escrito de la quejosa de fecha ocho de abril de dos mil veintidós. Conclusión. En ese contexto, se estiman satisfechos las exigencias contenidas en el artículo 77 de la Ley de Amparo, pues desaparecieron los efectos del acto reclamado, en virtud que las responsables después de la presentación de la demanda, subsanaron las omisiones reclamadas, esto es, se acordó la promoción de fecha ocho de abril de dos mil veintidós, al grado de compararse como si se le hubiese concedido a la parte quejosa la protección constitucional, de conformidad con el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO, ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." En esas condiciones, conforme a lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXI de la ley de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por el artículo 63, fracción V de la ley de la materia. Sin que pase inadvertido la falta de emplazamiento de la parte tercera interesada; sin embargo, en el presente asunto, se decretó el sobreseimiento en el presente juicio, lo cual, como es lógico, en forma alguna afecta los intereses de la parte tercera interesada; por tanto, resultó innecesario su llamamiento a juicio. Orienta lo expuesto, la tesis P. V/98, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VII, febrero de 1998, página 45, que señala lo siguiente: "TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91, fracción IV, parte final, de la Ley de Amparo, cuando aparezca que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley, debe ordenarse la reposición del procedimiento. Ahora bien, siendo el tercero perjudicado parte en el juicio constitucional, según lo establece el artículo 5o., fracción III, del ordenamiento legal en cita, tiene derecho a ser oído en el juicio de garantías con el fin de que su pretensión consistente, básicamente, en la subsistencia del acto reclamado, se satisfaga a través de la negativa del amparo o del sobreseimiento en el juicio, por lo que en aquellos casos en que el tribunal revisor advierta de manera notoria que la sentencia será favorable al tercero perjudicado que no fue legalmente emplazado, ya que puede dictarse en cualquiera de los sentidos antes mencionados, no debe ordenarse la reposición del procedimiento, pues ello no le produciría beneficio alguno sino, por el contrario, le causaría perjuicio, cuando menos durante el tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiendo pronunciarse, en tal hipótesis, la resolución que corresponda, fundándose esta interpretación en que el propósito del aludido artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, es que no existan irregularidades procesales que puedan lesionar a alguna de las partes, lo que no acontece en el supuesto especificado". Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en este juicio de amparo. Notifíquese.

  3. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza, a quince de junio de dos mil veintidós. Oficio. Visto lo de cuenta, se recibe el oficio signado por la autoridad responsable, mediante el cual remite copia certificada de constancias que obran en el juicio laboral de origen, agréguense a los autos para que obren como legalmente corresponda. Pruebas. De conformidad con el numeral 119 de la Ley de Amparo, las documentales referidas en el párrafo que precede se tienen por admitidas y desahogadas a razón de su propia y especial naturaleza, con las que se ordena dar cuenta nuevamente al momento de la celebración de la audiencia constitucional. Vista. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para los efectos legales a que haya lugar. Al respecto resulta aplicable la tesis: XXI.2º.16K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO. SE CONSTITUYE CON LAS CONSTANCIAS QUE LO APOYEN. Aun cuando la autoridad responsable rinda el informe justificado con la debida anticipación de al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia constitucional, si no acompañó al mismo la totalidad de las constancias debidamente legibles que lo apoyen y hubo necesidad de requerirlas con fundamento en el artículo 78, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se entiende que se integró debidamente dicho informe en el momento en que el Juez de Distrito recibió las constancias que le fueron enviadas por la autoridad responsable, en virtud de ser parte integrante del mismo, por lo que el término a que alude el artículo 149 de la Ley de Amparo empezará a contar desde el momento en que se dio vista a las partes con las referidas constancias." Notifíquese.

  4. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza, a seis de junio de dos mil veintidós. Informe. Visto lo de cuenta, se reciben los informes justificados remitidos por las autoridades responsables, y agréguense a los autos para que obren como legalmente corresponda. Vista. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tienen por rendidos los informes que se trata, con los cuales, se da vista a las partes para los efectos legales a que haya lugar, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional relativa. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos del juicio en que se actúa, se advierte que no ha transcurrido el término de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan de los informes justificados de las autoridades responsables. Diferimiento. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional que habría de celebrarse el día de hoy y se señalan las doce horas con diez minutos del veintitrés de junio de dos mil veintidós, para su celebración. Al respecto, cabe citar la tesis de jurisprudencia setecientos cincuenta y siete, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochocientos treinta y ocho del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto, que es del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO." Notifíquese.

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