Mayra Nallely Martínez Ortiz

Expediente 768/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos. 9 actuaciones registradas, la última del 30 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
768/2020
Año
2020
Actuaciones
9
Última actuación
30/09/2021

Partes del expediente

  • Mayra Nallely Martínez Ortiz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    FALLO PROTECTOR CUMPLIDO

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos; catorce de julio de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente la certificación que antecede, se advierte que las partes no recurrieron la sentencia dictada por este juzgado en la que se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la justicia federal solicitado; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos sus efectos legales; háganse las anotaciones respectivas. Se levanta reserva se da vista a las partes. En otro aspecto, toda vez que mediante proveído de diecinueve de febrero del año en curso, este órgano jurisdiccional reservó proveer en relación al informe rendido por la autoridad responsable Subsecretario de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, hasta en tanto causara ejecutoria la sentencia emitida en el presente juicio de amparo, lo que ya aconteció, por tanto, se acuerda: En atención a su contenido, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con las manifestaciones de la responsable en cita y las documentales exhibidas en autos, relativas al cumplimiento del fallo protector, dése vista a las partes, por el plazo de tres días, contado a partir de la legal notificación de este proveído, para que si lo consideran pertinente, manifiesten lo que a su derecho corresponda, con el apercibimiento que transcurrido el mismo, sin que realicen manifestación alguna, este Juzgado de Distrito resolverá lo conducente tomando en consideración las constancias existentes en autos. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos; diecinueve de febrero de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que mediante Circular CAP/3/2020, se ordenó regresar al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, plazo que se fue prorrogando por varios periodos mediante las Circulares SECNO/1/2021, SECNO/4/2021, SECNO/6/2021 y SECNO/9/2021, hasta el quince de febrero de dos mil veintiuno; no obstante, conforme a la diversa Circular SECNO/10/2021, se estableció un periodo de transición para la reanudación de las actividades jurisdiccionales a partir del dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, en donde no corrieron plazos ni términos los días dieciséis y diecisiete. Atento a lo anterior, quedaron suspendidos los plazos procesales en los diferentes asuntos de este órgano jurisdiccional del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, y por lo mismo no fue factible continuar con la tramitación de este procedimiento. Reanudación del procedimiento. De esa forma, conforme a esta última Circular y bajo los lineamientos del Acuerdo General 21/2020, aprobado el veintiocho de julio de dos mil veinte, por el Consejo de la Judicatura Federal, se reanuda el procedimiento en el presente juicio de amparo. Consulta de autos mediante cita. Por otro lado, si es deseo del justiciable consultar los autos de manera física, podrá hacerlo siempre y cuando cumpla con las obligaciones previstas en el capítulo II del acuerdo 21/2020, entre ellas, la gestión de la cita y obtención de su código QR a través del Portal del Consejo de la Judicatura Federal, al igual que el tiempo máximo que permite su estadía en el recinto judicial; y, primordialmente, el acato de las medidas sanitarias, pues su incumplimiento generará la inmediata expulsión. Exhortación a las partes para llevar el trámite en línea. Por otra parte, conforme al artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, esto es continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se hizo el registro en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como que las notificaciones personales emitidas en el presente juicio y que así lo ameriten, se les efectúe electrónicamente, y presentar promociones por ese medio; conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del acuerdo general 12/2020. Se acuerda oficio. Ahora bien, visto lo de cuenta, se provee; agréguese a los autos el oficio del delegado de la autoridad responsable Subsecretario de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, mediante el cual remite diversas constancia con las que refiere dar cumplimiento al fallo amparador dictado en autos y solicita se declare cumplida misma. En mérito de lo anterior, por el momento no ha lugar a proveer de conformidad su petición, lo anterior, en virtud de que aún se encuentra transcurriendo el término que alude el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión, de ahí que si no ha transcurrido el término que la ley concede a la partes para que puedan inconformarse de la sentencia de amparo, es inconcuso que la misma no puede causar ejecutoria, hasta que el plazo legal haya sido superado. Notificación. Sin que resulte necesario notificar de manera personal este proveído, en razón de que no ha dejado de actuarse en el juicio durante más de seis meses, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 309, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. Notifíquese.

  4. Principal

    Vistos los autos para pronunciar sentencia en el juicio de amparo número 768/2020 y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito el veintidós de septiembre de dos mil veinte, y remitido por razón de turno a este órgano jurisdiccional al siguiente día, **********, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclama al Subsecretario de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca, según lo precisó en el escrito aclaratorio de demanda. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. En proveído de siete de octubre de dos mil veinte y previo ocurso aclaratorio se admitió a trámite la demanda de amparo, la cual fue registrada con el número 768/2020, se dio al agente del Ministerio Público de la Federación de esta adscripción, la intervención legal que le compete; se solicitó a la autoridad señalada como responsable su informe justificado y señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103 y 107 constitucionales, 35 y 107 de la Ley de Amparo, 48 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que el acto reclamado es atribuido a una autoridad que tiene su residencia oficial dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados, es menester precisar cuáles son aquéllos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo; para tales efectos, se analiza en su integridad la demanda de garantías y constancias obrantes en autos. Así, conforme a las reglas de interpretación de la demanda de amparo, se tiene que en esencia, la parte quejosa reclama: La omisión del Subsecretario de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca de dar contestación a la petición en la que solicitó a la autoridad responsable, se proporcione documento donde se informe sobre las aportaciones realizadas al Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Estado de Morelos, como empleada del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y se haga constar el inicio y conclusión de su afiliación. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Por razón de método, en toda sentencia de amparo, primero debe analizarse y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que se adviertan en forma oficiosa por el juzgador, y por último, de ser procedente el juicio, entrar a analizar el fondo del asunto. Lo anterior es así, entre otras razones, porque de no existir los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, sería legalmente imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o de fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos, el juicio sea procedente. En ese sentido, se tiene que es cierto el acto reclamado al Subsecretario de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca, no obstante que al rendir su informe justificado lo negó, pues de sus propias manifestaciones se deduce su certeza, ya que refirió que mediante oficio de dieciocho de septiembre de dos mil veinte, proporcionó la información solicitada por la quejosa, allegando incluso copia del escrito que le presentó la quejosa el veintitrés de julio pasado, afirmando que por ello ".no se materializó la omisión a su derecho de petición que pretende hacer valer.", lo que por sí, demuestra la existencia de la petición que refiere la promovente, mientras que en lo relativo a la contestación y su consecuentemente notificación, serán materia de lo que se analice en esta sentencia, ya que la quejosa se duele específicamente de que no se ha cumplido con el derecho humano que consagra el artículo 8º de la Constitucional Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es no contestar su petición y darle a conocer la respuesta correspondiente. CUARTO. Causales de improcedencia. Una vez que ha sido estudiada la existencia de los actos reclamados, previo al estudio de fondo, se procede al análisis de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público cuyo estudio es oficioso y preferente, según lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo en vigor. En el caso, la autoridad responsable argumenta que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, ya que han cesado los efectos del acto reclamado, pues afirma ya contestó la petición de la quejosa el dieciocho de septiembre de dos mil veinte, otorgando la constancia que solicitó. Hipótesis de improcedencia que se desestima y no se aborda su estudio, pues para ello, resultaría indispensable analizar lo relativo a si se ha satisfecho el derecho de petición cuya violación se alega, lo que implicaría atender al fondo del asunto, resultando improcedente, tal como se ilustra en la jurisprudencia P./J. 135/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 5, Tomo XV, Enero de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 187973, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse." SEXTO.- Estudio de los conceptos de violación. Ahora bien, toda vez que en el caso particular este órgano jurisdiccional federal no advierte de oficio que se actualice aluna causa de improcedencia prevista en el numeral 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es que se examine la materia de fondo de este juicio lo cual se hará a la luz de los conceptos de violación que esgrime la parte quejosa en el escrito de demanda, los que no habrá necesidad de transcribir, pues no hay en la Ley de Amparo, precepto legal alguno que así lo ordene. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia VI.2o. J/129, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 599, del Tomo VII, Abril de 1998, Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto establecen: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma." Ahora bien, en el escrito de demanda de garantías, la quejosa en esencia aduce que se vulnera la garantía consagrada en el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que la autoridad responsable ha omitido dar contestación a la petición que le presentó y notificarle tal contestación. Motivo de inconformidad que a juicio quien esto resuelve es substancialmente fundada y suficiente para conceder el amparo y protección, en términos de las consideraciones que se vierten a continuación. Para explicar lo anterior, es menester transcribir el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que dispone: "Artículo 8o. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. "A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." El precepto reproducido consagra el derecho de petición, entendido como la facultad que tiene todo gobernado de ocurrir ante cualquiera autoridad, formulando de manera pacífica y respetuosa una solicitud o instancia escritas; y, la correlativa obligación del Estado y sus autoridades de dictar un acuerdo también por escrito que sea congruente con dicha solicitud y hacerlo conocer en breve término al peticionario, lo que no implica necesariamente que deba resolver de conformidad con los términos de la instancia. Ahora bien, el derecho constitucional referido se deduce que el derecho de petición contiene los elementos siguientes: a).- Que el gobernado formule su petición por escrito, de manera pacífica y respetuosa; y b).- Que a la petición formulada le caiga un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, el cual debe ser notificado al peticionario en breve término. En el caso, de las constancias remitidas por la autoridad responsable al rendir su informe justificado, a las cuales se le concede pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se deduce que en atención a la petición que fue presentada por la peticionaria de amparo el veintitrés de julio de dos mil veinte, la responsable emitió oficio de dieciocho de septiembre de la misma anualidad, a través de cual proporciona la información exigida; sin embargo, ello únicamente constituye una de las exigencias que establece el ordinal 8º Constitucional, por lo que no obstante que dicha contestación fue emitida desde aquella fecha, no conlleva a considerar inexistente el acto que se combate ni la constitucionalidad del mismo, ello ante la falta de notificación de esa determinación. Lo anterior es así, pues en el caso también debe tomarse en consideración que para cumplirse la garantía constitucional invocada, resulta indispensable que la respuesta sea notificada al peticionario, aspecto que desde luego cobra relevante importancia en razón de que precisamente la omisión o indebida notificación de la contestación correspondiente, implica la falta de conocimiento de la forma y términos en los que la autoridad contestó la petición formulada. Lo que en el caso acontece, pues aún cuando la referida autoridad responsable allegó copia del oficio de dieciocho de septiembre de dos mil veinte, a través del cual aduce da respuesta a la petición de la quejosa, no demuestra que tal contestación la haya hecho del conocimiento de aquella; consecuentemente deviene inconstitucional su proceder, pues queda en evidencia que no ha notificado la contestación dada, lo que resulta violatorio de la garantía consagrada en el artículo 8º de la Constitución General de la República. Orienta la anterior determinación, el criterio emitido por Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 1330, tomo XX, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, relativa al mes de diciembre de 2004, que a la letra dice: "DERECHO DE PETICIÓN. AL EXAMINAR EL CUMPLIMIENTO A ESTA GARANTÍA, ES INDISPENSABLE ANALIZAR LA LEGALIDAD DE LA NOTIFICACIÓN DE LA RESPUESTA EMITIDA. Del artículo 8o. de la Constitución Federal y de los criterios jurisprudenciales que lo han interpretado, se desprende que en torno al derecho de petición deben actualizarse las siguientes premisas: la existencia de una petición de un particular ante una autoridad, formulada por escrito, de manera pacífica y respetuosa; y las correlativas obligaciones de la autoridad de emitir acuerdo en breve término, en el que dé contestación de manera congruente a la petición formulada y de notificar al gobernado en el domicilio señalado para tal efecto, la resolución correspondiente. Sobre esas premisas, es dable concluir que la notificación del acuerdo que recaiga a la solicitud formulada es uno de los elementos constitutivos del derecho público subjetivo en comento; lo que precisa en el juicio de amparo la necesidad de analizar la legalidad de la notificación que se realice para hacer del conocimiento del gobernado la respuesta de la solicitud, bastando para ello la simple argumentación en la demanda de garantías de que no se dictó tal determinación o que no se dio a conocer al solicitante. Se expone tal aserto, porque precisamente la omisión o indebida notificación de la contestación correspondiente, implica la falta de conocimiento de la forma y términos en los que la autoridad contestó la petición formulada, en el entendido de que aun cuando se haya dictado la resolución respectiva, si ésta no fue notificada debidamente provoca, en principio, la creencia de la omisión de su dictado y, por ende, la falta de cumplimiento cabal del derecho de petición. En ese orden de ideas, basta que el quejoso alegue que no tiene conocimiento de la respuesta emitida para que el juzgador de amparo tenga la obligación de examinar si la contestación se emitió y fue notificada al peticionario; proceder este último que le impone, a su vez, el deber de examinar no solamente la existencia de la constancia de una notificación, sino también, si la notificación reúne las formalidades legales, esto es, los elementos jurídicos mínimos que determinan su existencia y el cumplimiento de su cometido, que es, sin lugar a dudas, hacer del pleno conocimiento del solicitante la determinación dictada respecto de su petición; de lo que se sigue que el juzgador de amparo está obligado a examinar que la relativa notificación haya satisfecho su cometido, sin que este examen implique que esté supliendo la deficiencia de la queja. De igual forma, es orientador por analogía y en lo conducente, el criterio emitido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, consultable en la página 671, tomo VI, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de Septiembre de 1997, que a la letra dice: "DERECHO DE PETICIÓN. OMISIÓN INDEBIDA DE LA NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO RESPECTIVO AL PETICIONARIO. En el caso de que la autoridad responsable dicte el proveído que estime pertinente a la petición que le dirigió la quejosa, y trate de notificarlo por correo, si la pieza postal fue devuelta con una anotación en el sentido de que en el domicilio se desconoce al destinatario, y tal situación subsiste hasta el amparo, ello contiene inmerso el reconocimiento de que, por el motivo indicado, la notificación del proveído no se llevó a cabo, lo que obliga a considerar violado el derecho de petición, que contiene la obligación de notificar el acuerdo que recaiga a la solicitud que formulen los particulares; en consecuencia, a fin de dar cabal cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8o. constitucional, la autoridad debió, tras recibir la pieza postal devuelta, tomar las medidas legales pertinentes a su alcance, para que la peticionaria quedara notificada en alguna forma legal, de esa resolución." En ese orden de ideas, queda en evidencia que la referida autoridad responsable, viola en perjuicio de la quejosa el derecho consagrada en el citado precepto constitucional, pues no obstante que ha emitido la contestación correspondiente a la petición en comento, no ha dado a conocer la misma, esto es, no ha realizado la notificación correspondiente. Sirve de apoyo, la tesis número XX. 94 K, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página XX 426, tomo IV, Noviembre de 1996 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, cuyo rubro y texto son: "DERECHO DE PETICION. DEBE ACREDITARSE FEHACIENTEMENTE QUE LA RESPONSABLE NOTIFICO EL ACUERDO AL QUEJOSO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 8o. CONSTITUCIONAL. El artículo 8o. constitucional contiene dos requisitos formales que toda autoridad debe observar con el objeto de cumplir íntegramente con el imperativo constitucional en comento, que son: a) dictar el acuerdo correspondiente y b) que se comunique en breve término ese proveído al interesado conforme a las disposiciones legales que rigen el acto; por tanto, aun cuando llegare a estimarse que la autoridad recurrente cumplió con el primero de los requisitos formales, al turnar el escrito de petición suscrito por el agraviado a la autoridad correspondiente, por tratarse de un asunto de su exclusiva competencia, si no acredita en forma fehaciente que se dio a conocer en breve término el contenido del proveído en cuestión al quejoso, por medio de notificación personal o a través del acuse de recibo del Servicio Postal Mexicano que contenga la firma autógrafa del peticionario de garantías, es evidente que no se dio cabal cumplimiento al segundo requisito formal contenido en la garantía tutelada por el artículo 8o. de la Carta Magna. Con base en lo anterior, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, para el efecto de que la autoridad responsable, una vez que reciba el oficio comunicándole que ha causado ejecutoria esta resolución, dentro del plazo de tres días a que alude el artículo 192 de la Ley de Amparo, notifique a la quejosa la contestación recaído a la petición que se le presentó. En mérito de lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 61, 63, 117, 124, 192 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO.- La Justicia de la Unión ampara y protege a ***********, respecto del acto reclamado a la autoridad precisada en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el último punto considerativo de este fallo y para los efectos precisados en la parte final del mismo. Notifíquese.

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