Mayra Mónica Banda Martínez y Otros.

Expediente 242/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 11 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
242/2022
Año
2022
Actuaciones
11
Última actuación
03/10/2023

Partes del expediente

  • Mayra Mónica Banda Martínez y Otros.
  • Mayra Mónica Banda Martínez
  • Pedro Alberto Martínez Ramírez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    ... expídase a su costa la copia certificada que solicitan, una vez que las labores del Juzgado lo permitan y previa razón de recibo que se deje en autos para constancia. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Finalmente, hágase del conocimiento de las partes que a partir del siete de septiembre de dos mil veintitrés, la jueza Adriana Yolanda Vega Marroquín, fue adscrita al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas....

  2. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, ocho de junio de dos mil veintidós. Vistos los autos de este juicio de amparo, y tomando en consideración la certificación asentada en la razón de cuenta por el Secretario de este Juzgado, se advierte que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia dictada en este juicio, por tanto, con fundamento en el artículo 2° de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que dicha sentencia que sobreseyó en el presente juicio, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, archívese este asunto como totalmente concluido, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, previas las anotaciones de rigor en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otro lado, toda vez que este expediente se ubica en la hipótesis a que se refiere el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; además, se considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el artículo 15 del mencionado Acuerdo, por tanto, este expediente es susceptible de destrucción, y una vez que transcurran más de tres años posteriores a la notificación de este proveído, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula de este asunto. Por otra parte, toda vez que resultan innecesarias las constancias remitidas por la Jueza de Control de la Quinta Región Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, residente en esta ciudad, con su informe justificado, consistente en un legajo de pruebas, devuélvanse las mismas. Se destaca que en el presente juicio se formaron cuadernos de suspensión en donde se negó la suspensión definitiva; agréguese a este expediente principal el cuadernillo original relativo a dicha incidencia, y respecto del duplicado una vez que transcurran más de seis meses de su archivo, destrúyase, lo que tiene apoyo en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Por último, se hace constar que en el presente asunto no existen documentos originales importantes o de valor.Notifíquese. Así lo proveyó y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Cézar Omar Garza Montemayor, Secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    El Juez declara abierta la audiencia, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, haciendo constar el Secretario que ninguna de las partes ha comparecido a participar en este acto, no obstante su legal notificación según constancias que obran en autos. A continuación, el Secretario da lectura al escrito de demanda (fojas 2 a 6), así como a las demás constancias de autos, entre las que se encuentra el informe justificado de las autoridades responsables y hace constar que la autoridad responsable Policía Estatal Acreditable, con residencia en esta ciudad, fue omisa en rendir informe justificado, no obstante haber quedado debidamente notificada del oficio a través del cual se le solicitó, como se advierte de la constancia que obra en autos (foja 15). A lo que se provee: ténganse por relacionadas las constancias de autos y tómense en consideración al momento de resolver este juicio de amparo. Enseguida, el Juez declara abierto el período probatorio, en el que el Secretario da cuenta con la documental de la autoridad responsable Policía Investigadora adscrita a la Unidad de Atención Inmediata, con sede en esta ciudad, exhibida al rendir informe con justificación (foja 15, un CD y un legajo de pruebas). A lo que se acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida, admitida y desahogada la probanza de referencia, en atención a su propia y especial naturaleza. Sin más pruebas por relacionar, se declara cerrada dicha fase. No se formularon alegatos. Sin que exista promoción pendiente de acordar, el Juez dicta la siguiente S E N T E N C I A : VISTOS los autos que integran el juicio de amparo 242/2022-1; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintiuno de febrero de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con asiento en esta ciudad, turnado a este Juzgado Octavo de Distrito el veintidós de febrero siguiente, Mayra Mónica Banda Martínez, Félix Márquez María, Pedro Alberto Martínez Martínez, promovieron juicio de amparo contra actos del Juez de Control del H. Supremo Tribunal de Justicia en el Estado del Quinto Distrito Judicial, con sede en esta ciudad, y otras autoridades, por considerarlo violatorio de los derechos fundamentales a que se refieren los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Por auto de veintitrés de febrero de dos mil veintidós, se admitió la demanda con el número 242/2022-1, se pidió informe con justificación a las autoridades responsables, se dio a la Representante Social de la Federación adscrita la intervención que le corresponde, y se fijó fecha para la audiencia constitucional, la cual se desahogó en los términos que se anotan; y C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de derechos fundamentales, con fundamento en los artículos 94, 103, fracción I, y 107 de la Constitución Federal; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y Punto Cuarto, fracción XIX, párrafo cuarto, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la Jurisdicción Territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que el acto reclamado tendría ejecución material en la jurisdicción territorial asignada a este órgano de control constitucional. SEGUNDO. En principio, con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se fija de manera clara y precisa que en este asunto el acto reclamado se hizo consistir en una ilegal orden de desalojo. Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia P./J. 40/2000 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta (registro 192097), que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." TERCERO. Es cierto el acto reclamado, por así reconocerlo la Policía Investigadora adscrita a la Unidad de Atención Inmediata, con sede en esta ciudad, al rendir informe justificado (foja 11). Lo que se corrobora con las documentales que remitió la responsable, derivada del expediente de origen; la cual tiene carácter de prueba plena, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo (foja 12). Ahora bien, la Policía Estatal Acreditable, con residencia en esta ciudad, fue omisa en rendir informe justificado, no obstante estar legalmente notificada del oficio por el que se le solicitó el informe de mérito, según se observa de la constancia que obra en autos (foja 15). En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por cierto el acto que se les reclama. Cobra aplicación al caso, la jurisprudencia 2a./J. 7/94, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo 79, Julio de 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época (registro 206350) página 17, que textualmente establece: "INFORME JUSTIFICADO. SU FALTA SOLO HACE PRESUMIR CIERTO EL ACTO RECLAMADO Y NO LA TOTALIDAD DE LOS HECHOS SEÑALADOS EN LA DEMANDA.- En términos del artículo 149 párrafo tercero de la Ley de Amparo, la omisión de la autoridad responsable de rendir informe justificado sólo hace presumir la certeza del acto reclamado, pero no la de los actos o hechos diversos en que el quejoso basa su acción de amparo." No se analizará el fondo del asunto, pues se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;." Se estima esto, pues en la audiencia de restablecimiento celebrada el diecisiete de febrero del año en curso, dentro de la carpeta preliminar CE/007/2022, no produce una afectación a los intereses jurídicos o legítimos de la parte quejosa, en la medida de que no acreditó ser parte en el citado juicio de origen, pues no ofreció ninguna probanza para demostrar ese extremo. Cobra aplicación al caso, la jurisprudencia P./J. 23/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 206, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época (registro 2006144), que marca: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. CUANDO SE RECLAMAN VIOLACIONES PROCESALES Y EL QUEJOSO NO ACREDITA HABER SIDO PARTE EN EL JUICIO DE ORIGEN, SE DEBE DETERMINAR LA FALTA DE AQUÉL Y, POR ENDE, LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA RENDIDO SU INFORME JUSTIFICADO.- La impugnación de violaciones procesales en el juicio de amparo indirecto requiere que el quejoso haya sido parte en el juicio ordinario del cual deriva el acto reclamado, pues sólo por ello es que cuenta con el derecho público subjetivo para que deba desplegarse correctamente la función jurisdiccional de la autoridad que conoce de su reclamo o donde deduce su defensa, y es uno de los presupuestos a verificar para establecer la procedencia del juicio, ya que el interés jurídico es un presupuesto para su procedencia, con fundamento en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, debiendo ser este estudio, previo al análisis de fondo de la cuestión planteada. Por tanto, como la presunción de que es cierto el acto reclamado por haber sido omisa la autoridad responsable al no rendir informe justificado se refiere únicamente a la certeza de aquél, pero no a la de los actos o hechos diversos en que el quejoso basa su acción de amparo, se concluye que la falta de prueba que corrobore el dicho del quejoso de ser parte en el procedimiento del cual deriva el acto reclamado, lleva a determinar la falta de interés jurídico y, en consecuencia, la improcedencia del juicio de amparo." En ese sentido, si la parte quejosa no aportó medio probatorio que justifique la existencia de un derecho para reclamar el auto que alude, conlleva a determinar la no acreditación de sus intereses jurídicos o legítimos para enderezar la acción de amparo, no obstante que se haya tenido por cierta la existencia del acto reclamado, ya que una cosa es su emisión y otra jurídicamente diferente, que efectivamente cause una afectación a quien auténticamente la ley le reconoce tal prerrogativa. Es de aplicarse al respecto, la jurisprudencia 1a./J. 1/2002 sustentada por la Primera Sala del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 15, Tomo XV, Febrero de 2002, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época (registro 187777), de rubro y texto siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA.- La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto." Dadas las razones anotadas, al actualizarse en autos de manera plena el motivo de improcedencia previsto por el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, con fundamento en el ordinal 63, fracción V, del citado ordenamiento legal, debe SOBRESEERSE en el presente juicio de amparo. Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 1, fracción I, 73, 74, 75, 76 y demás relativos de la Ley de Amparo; se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 109/2022-1, promovido por Mayra Mónica Banda Martínez, Félix Márquez María, Pedro Alberto Martínez Martínez, respecto del acto reclamado, autoridad responsable y por los motivos anotados en los considerandos segundo y tercero de esta resolución.

  4. Principal

    ...téngase a la autoridad responsable rindiendo INFORME JUSTIFICADO y anexos que se acompañan, que se tomarán en consideración al resolver este juicio; hágase del conocimiento de las partes mediante notificación por lista, para que expongan lo que a su interés convenga, y con el anexo de cuenta fórmese un legajo de pruebas por separado, para facilitar su manejo y estudio. Por cuanto hace al disco óptico que se remite, se ordena glosarlo al expediente de manera que se pueda disponer del mismo para su estudio, y a fin de preservar su contenido...

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