Mayra Moctezuma Nava
Expediente 197/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 5 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 197/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 29/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Mayra Moctezuma Nava
- María elena Camacho Vargas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, de la que se aprecia que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido en queja el proveído de seis de junio de dos mil veintidós; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2 de la Ley de la MARIA DEL CIELO MATA RAMIREZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.d5.b5 12/10/22 12:42:45 2 Materia, se declara que dicho auto en el que se desechó la demanda de amparo del presente asunto, ha causado estado. Hágase la anotación respectiva en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y con apoyo en el diverso artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como totalmente concluido. Por otra parte, se declara que este asunto es DESTRUIBLE después de concluido el plazo de tres años contados a partir de la legal notificación del presente acuerdo, en términos de lo que prevén los artículos 12 y 14, en relación con el 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; lo anterior, en razón de que el presente asunto carece de relevancia documental de acuerdo a lo que señala el normativo 15 de dicho Acuerdo General. En cumplimiento al artículo 21, segundo párrafo del Acuerdo General antes citado, se instruye al Actuario Judicial correspondiente, notifique personalmente a las partes el presente acuerdo, para que de considerarlo necesario acudan a este órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperar los documentos que hubieren exhibido en el expediente, apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. En el entendido para el fedatario judicial que de no poder efectuar la notificación señalada, deberá realizarla a través de lista en los Estrados de este juzgado federal. ?????????? Con fundamento en el artículo 35 del mencionado Acuerdo General, háganse la indicación en la carátula de este expediente de que será destruible. Ahora bien, se instruye al actuario de la adscripción para que las notificaciones que deban practicarse de manera personal, se desahoguen en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para salvaguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Por otra parte, vista la razón levantada por la actuaria judicial adscrita a este órgano jurisdiccional, en la que hace constar que se constituyó en la oficialía de partes de los Juzgados de Primera Instancia del Distrito Judicial de los Bravo, con residencia en esta ciudad, a efecto de hacer entrega de los oficios 12769/2022 y 12897/2022, dirigidos al Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de los Bravo, con residencia en esta ciudad, sin mayor pronunciamiento toda vez que en data de veintidós de abril del año en curso se tuvo por inexiste dicha autoridad. Ahora bien, visto el estado procesal de los autos, de los que se advierte que en auto de veintidós de marzo de dos mil veintidós, se reservó acordar respecto a los oficios 4748/2022 y 4749/2022, dirigido al Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro de Reinserción Social en Chilpancingo de Los Bravo y Titular Jefe de Custodios de la Policía Estatal del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, hasta en tanto Obrara en autos la comunicación oficial enviada al Juez de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Acapulco, mediante la cual se ordenó notificar a la quejosa la radicación del expediente y se le requirió señalara domicilio en esta jurisdicción, circunstancia que ya aconteció Enseguida y toda vez que en el organigrama del Centro de Reinserción Social, con residencia en esta ciudad, no existe la primera de las referidas autoridades y la segunda no es correcta; ahora bien, en auto de diez de junio del año en curso se tuvo por desechada la demanda, por lo que glósese a los autos para que obren como constancias los oficios referidos a las autoridades responsables por lo acordado en párrafos que anteceden.
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, diez de junio de dos mil veintidós. Visto el oficio 9512 signado por el Secretario del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto 93/2022 orden 169/2022 de nuestro índice; registrado con el diverso 157/2022 orden 173/2022 de su estadística. Comunicación que se envió a fin de requerir a la quejosa Mayra Moctezuma Nava, para que en el acto de notificación o en el término de tres días: a) Manifestara si ratificaba o no la demanda de amparo. b) Señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad. En tales condiciones, dese de baja la misma; y, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); de igual forma, glósese la comunicación oficial; y, acúsese recibo de estilo. Ahora, de la constancia de notificación de once de mayo de la presente anualidad, inserta en el exhorto de referencia, se advierte que la impetrante manifestó: "si ratifico la demanda y señalo domicilio ubicado en calle David Gustavo N° 21, Col. CNOP Seccion "B", de Chilpancingo Gro., asi MisMo Recibo constancias y Me doy Por enterada de estas" (Sic). Por otra parte, de autos se advierte que el cuatro de marzo de la presente anualidad, esta potestad aceptó la competencia remitida por el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Acapulco de Juárez y se avocó a su conocimiento. Sin embargo, este órgano de control constitucional se reservó su admisión hasta en tanto la quejosa ratificara su demanda; lo cual ya aconteció. Con fundamento en el numeral 112 de la Ley de Amparo, se provee: DESECHAMIENTO En términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito está obligado a examinar la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia debe desecharla de plano. Cabe precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al respecto, por no oponerse a la Ley de Amparo, resulta ilustrativa sobre el particular, la jurisprudencia I.1°.A J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito1, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes". En el caso, la quejosa Mayra Moctezuma Nava, por propio derecho, reclama la orden de traslado del Centro de Reinserción Social de esta ciudad al diverso Centro Federal de Readaptación Social Número Dieciséis, con sede en Morelos. La inconforme actualmente está recluida en el Centro Federal de Readaptación Social Número Dieciséis, con sede en Morelos, como indicó la persona que promovió en su nombre la demanda de amparo y por así advertirse de la constancia de notificación que en esta data se recibe. De lo cual se observa que la orden de traslado y su ejecución la quejosa desconoce si dicha orden pudiera provenir de autoridad judicial o administrativa; como lo puntualizó en su escrito inicial que se enteró por terceras personas de dicho traslado; empero, pese a no existir certeza de tal circunstancia, en ambos supuestos el juicio de amparo es improcedente contra las órdenes de traslado, pues antes de acudir en demanda de amparo debió agotar el medio ordinario de impugnación previsto en la ley penal aplicable, pues el incumplimiento tiene como consecuencia faltar al principio de definitividad que rige la procedencia del juicio. Ello, en virtud de que el juicio de amparo está concebido por el legislador, como un medio extraordinario de defensa, cuya finalidad es mantener el orden constitucional; de ahí que no pueda acudirse a esa instancia cuando ante las autoridades vinculadas con la reclamación del inconforme se otorgue un medio legal, a través del cual sea posible reparar el perjuicio alegado por la parte legitimada. Además, con la tramitación de la defensa propuesta que en su caso haga valer el gobernado, también se otorga al ente de gobierno responsable o a quien incurrió en la falta, la oportunidad de enmendar las violaciones en que pudiera haber incurrido. En el caso a estudio se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61, de la Ley de Amparo. Lo anterior, concatenado con los artículos 50, 51, 52, 117, fracción III y 132, fracción VII, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que a la letra dicen: "Artículo 50. Traslados voluntarios Los traslados voluntarios de las personas privadas de la libertad dentro del territorio nacional operarán cuando exista un acuerdo entre la entidad de origen y la entidad de destino o, en su caso, entre la entidad correspondiente y la Federación, de acuerdo con el párrafo tercero del artículo 18 de la Constitución. En estos casos no podrá negarse el traslado cuando se acrediten los supuestos establecidos en el párrafo octavo del artículo 18 de la Constitución. Cuando exista el interés de una persona sentenciada para ser trasladada a otro Centro Penitenciario, el Juez de Ejecución requerirá su consentimiento expreso en presencia de la persona que sea su defensora. No procederá el traslado a petición de parte tratándose de personas sentenciadas por delitos de delincuencia organizada. Los traslados voluntarios de las personas privadas de la libertad a otro país operarán cuando exista un tratado internacional en términos de lo dispuesto en el párrafo séptimo del artículo 18 de la Constitución". "Artículo 51. Traslados involuntarios El traslado involuntario de las personas privadas de la libertad procesadas o sentenciadas deberá ser autorizado previamente en audiencia pública por el Juez de Control o de Ejecución, en su caso. Dicha resolución podrá ser impugnada a través del recurso de apelación. En audiencia ante el Juez de Ejecución se podrá solicitar el traslado. La Autoridad Penitenciaria podrá solicitar el traslado involuntario en casos de emergencia por cualquier medio. En el caso de las personas sujetas a prisión preventiva, el traslado podrá realizarse a petición del Ministerio Público ante el Juez de Control, en términos de lo establecido en el Código". "Artículo 52. Excepción al Traslado voluntario La Autoridad Penitenciaria, como caso de excepción a lo dispuesto en el artículo 50, podrá ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de la libertad, mediante resolución administrativa con el único requisito de notificar al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado, en los siguientes supuestos: I. En casos de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; II. En casos de riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad, y III. En caso de que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario. En todos los supuestos de excepción a los traslados sin autorización previa, el juez tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación para calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado. En contra de la resolución judicial se podrá interponer el recurso de apelación en los términos previstos en esta Ley. En caso que dentro del plazo establecido, la autoridad jurisdiccional no se pronuncie respecto de la legalidad del acto, la persona privada de la libertad podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa". "Artículo 117. Controversias sobre condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas. Los sujetos legitimados por esta Ley para interponer peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los siguientes aspectos: [.].. III. Los derechos de las personas privadas de la libertad en materia de traslados. Esta acción podrá ejercitarse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiese sido notificada previamente, y [.]..". "Artículo 132. Procedencia del recurso de apelación El recurso de apelación procederá en contra de las resoluciones que se pronuncien sobre: [.].. VII. Traslados [.].." Por su parte, la Ley Nacional de Ejecución Penal, contempla los siguientes tipos de traslados: a) voluntarios; b) involuntarios; y, c) urgentes. Los primeros, se actualizan cuando existe el interés de la persona recluida -con la asistencia de un defensor- de ser trasladado a un centro de reclusión diverso, siempre que exista un acuerdo entre la entidad de origen y la entidad de destino, o en su caso, entre la entidad correspondiente y la Federación; en ese sentido, la petición la resolverá la autoridad jurisdiccional, quien verificara que se cumplan con los requisitos legales y constitucionales para su autorización. Los traslados involuntarios, son instaurados previamente por la autoridad penitenciaria ante un juez de ejecución o de control, según sea el caso, con el fin de que en audiencia pública se decida sobre la legalidad del traslado. De igual forma, el traslado urgente o excepcional, se emite por medio de resolución administrativa, cuando se trate de los casos específicamente señalados en la ley, sin autorización judicial previa. Recientemente, nuestro Alto Tribunal, en el criterio que más adelante se invoca, ha establecido que respecto de la orden de traslado proceden dos medios de defensa legal con los que puede ser combatida; el recurso de apelación y la controversia judicial; cuya procedencia, depende del actuar del Juez de Control o de Ejecución, ya que una vez que esa autoridad ha sido notificada de la orden de traslado urgente o excepcional, cuenta con cuarenta y ocho horas para emitir la resolución en la que calificará la legalidad de la orden de traslado, y contra dicha resolución es procedente el recurso de apelación. En cambio, si la autoridad judicial es omisa en pronunciarse sobre la legalidad de la determinación administrativa que ordena el traslado dentro del término fijado, se actualizará la procedencia de la controversia judicial. Así, en los casos en que la persona privada de su libertad reclama una orden de traslado que no se materializó, ni se tenga certeza de la calificación que sobre su legalidad emite el Juez de Ejecución, en tanto que la presumible determinación administrativa se comunicó a la quejosa por la propia autoridad administrativa, incluso de forma verbal, lo procedente será que el afectado promueva una "controversia judicial", a fin de que sea el Juez de Control o de Ejecución, quien resuelva respecto de sus derechos implicados. Ello, porque conforme a lo dispuesto por el artículo 117, fracción III de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de su libertad, podrán accionar la controversia judicial respecto de cuestiones relacionadas con sus derechos en materia de traslados, que podrá ejercerse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiera sido notificada previamente. Aunado a lo anterior, el último párrafo, del citado artículo 117, prescribe que los traslados por razones urgentes, relacionados con la integridad física o la salud de la persona privada de la libertad, o bien, por cuestiones de seguridad del centro penitenciario, no requerirán autorización previa del Juez de Ejecución, sin perjuicio de que dicha determinación pueda ser recurrida, y en su caso, confirmada o revocada, a través de los medios legales de defensa antes referidos. En ese orden de ideas, queda de manifiesto que contra la orden de traslado es procedente la controversia judicial, prevista en los artículos 52, último párrafo y 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, o la apelación en términos del artículo 132, fracción VII, de la aludida legislación, según la clase de traslado de que se trate; lo que conduce a concluir que la orden de traslado no constituye una violación directa a la Constitución Federal, al no afectar la libertad personal fuera de procedimiento judicial, pues se erige dentro de procedimiento, y al respecto, existe un medio ordinario de defensa con el cual puede ser combatida. En consecuencia, procede DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo promovida por interpósita persona a nombre de la quejosa Mayra Moctezuma Nava, por propio derecho, contra la orden de traslado que reclama del Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial Los Bravo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el ordinal 61, fracción XX de la Ley de Amparo. La anterior determinación tiene sustento en las resoluciones pronunciadas en los recursos de queja 36/2020 y 46/2020, emitidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión virtual celebrada el trece de enero de dos mil veintiuno. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis: 1a. XXI/2021 (10a.), sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, Registro digital: 2023063, que a la letra refiere: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO SIN INTERVENCIÓN JUDICIAL PREVIA. AL CONTAR CON UNA REGULACIÓN ESPECÍFICA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, CONSTITUYE UN ACTO DICTADO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO, AL QUE LE ES APLICABLE EL PLAZO GENÉRICO DE QUINCE DÍAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO [ABANDONO DE LAS JURISPRUDENCIAS 1a./J. 83/2015 (10a.) Y 1a./J. 58/2016 (10a.)]. Hechos: Una persona privada de la libertad en un centro penitenciario, promovió juicio de amparo indirecto con el argumento de que la autoridad administrativa le había notificado verbalmente una orden para trasladarlo del centro en que se encontraba interna a uno diverso. La demanda se desechó de plano al considerar que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, porque la parte quejosa no agotó el medio de defensa regulado en la Ley Nacional de Ejecución Penal, antes de promover el juicio constitucional. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera que la orden de traslado de un centro penitenciario a otro sin autorización judicial previa, cuenta con una regulación específica y un medio de defensa en la Ley Nacional de Ejecución Penal, por tanto, constituye un acto dictado dentro del procedimiento, al que le es aplicable el plazo genérico de quince días para la presentación de la demanda de amparo indirecto y las reglas de la suspensión del acto reclamado a petición de parte. Justificación: El artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece que la autoridad administrativa podrá ordenar y ejecutar el traslado urgente o excepcional, sin autorización judicial previa, cuando se trate de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad; y, cuando se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario, a condición de que la autoridad penitenciaria notifique a la autoridad jurisdiccional, dentro de las veinticuatro horas posteriores al traslado, para que en un plazo de cuarenta y ocho horas, resuelva sobre la legalidad de la medida; luego, establece que si el Juez de Control o Ejecución califica la legalidad del traslado en el plazo fijado, contra esa determinación será procedente el recurso de apelación establecido en el artículo 132, fracción VII, de la ley mencionada; mientras que si es omiso, podrá intentar la controversia judicial regulada en los artículos 117, fracción III y último párrafo, 122, 123 y 124, de la misma ley, a fin de que una autoridad jurisdiccional resuelva sobre la legalidad del traslado y corrobore que no existe afectación injustificada a alguno de los derechos fundamentales de la persona privada de la libertad en el centro de reclusión, con posibilidad de suspender los efectos del traslado de manera inmediata, de oficio o a petición de parte. Así, la persona privada de la libertad ya no queda sin defensa, dado que dispone de un recurso que procede con posterioridad a la ejecución del traslado, al margen de que la autoridad administrativa haya notificado a la autoridad jurisdiccional y de que ésta resuelva o no respecto a la legalidad del acto. Sobre esa base, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, abandona los criterios establecidos en las jurisprudencias 1a./J. 83/2015 (10a.) y 1a./J. 58/2016 (10a.), porque derivaron de una concepción existente antes de la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal, cuando no se contaba con una legislación especial que regulara la emisión de la orden de traslado, ni se preveía algún recurso para su impugnación, por lo que únicamente se tenía como parámetro verificar que la orden de traslado fuera calificada por una autoridad jurisdiccional de manera previa a su ejecución, y por ello, cuando el traslado se ejecutaba sin cumplir esa previsión, válidamente se le consideraba como un acto emitido fuera del procedimiento, respecto del que debía concederse la suspensión de oficio y de plano. Sin embargo, ante la nueva regulación legal que opera en materia de traslados penitenciarios, tal concepción ha sido superada y deviene inaplicable, aun cuando la orden de traslado impugnada se ejecute sin control judicial previo, por lo que si el inconforme finalmente decide acudir a la instancia de amparo, tendrá que agotar los referidos medios de defensa, así como sujetarse al plazo y reglas de la suspensión que operan respecto de los actos que se emiten dentro de un procedimiento". Sin que la determinación adoptada, implique denegación de justicia; dadas las causas de improcedencia establecidas en la ley reglamentaria del juicio de amparo, corresponden a lo que en la doctrina se conoce como presupuestos procesales, motivos que una vez advertidos en el juicio de amparo, de oficio o a instancia de parte, impiden al órgano jurisdiccional emitir un pronunciamiento de fondo, sin prejuzgar sobre el contenido de la pretensión planteada en la demanda, es decir, sin resolver en definitiva sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. SUSPENSIÓN DE PLANO Por otra parte, dado que esta potestad el cuatro de marzo de dos mil veintidós ratificó la suspensión de plano y de oficio concedida en proveído de veintidós de febrero pasado, por el Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Acapulco -declinante-, a María Elena Camacho Vargas, por su propio derecho y en representación de Mayra Moctezuma Nava; por lo cual, en virtud de la anterior determinación, SE DEJA SIN EFECTO LA REFERIDA SUSPENSIÓN DE PLANO CONCEDIDA. Hágase lo anterior del conocimiento de las autoridades responsables la presente determinación para los efectos legales condignos. DOMICILIO Y AUTORIZADOS En esa tesitura, vista la manifestación vertida por la quejosa en la constancia de notificación inserta en la comunicación que se devuelve en esta data, se tiene a la misma, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, el ubicado en ".calle David Gustavo N° 21, Col. CNOP Seccion "B", de Chilpancingo Gro.". Sin soslayar, que en auto de cuatro de marzo de dos mil veintidós se tuvo como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Amado Cortes Guevara y Gabino Bautista Mendiola, al contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito; y únicamente para oír y recibir notificaciones a Francisco Alvador Barrientos Victorino y Carlos Alberto Muñoz Santos. Finalmente, se instruye al actuario judicial adscrito que de existir imposibilidad para entregar cualquiera de los oficios que deriven del presente acuerdo, por encontrarse suspendidas las labores, levante razón correspondiente y una vez reanudadas sin previo acuerdo, realice la entrega de dichas comunicaciones. Notifíquese personalmente a la quejosa.
- Principal
Agréguense a los autos los oficios signados por el Subsecretario del Sistema Penitenciario del Centro de Reinserción Social, Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, dependientes de la Secretaría de Seguridad Pública, con residencia en esta ciudad, con fundamento en los artículos 125 y 126, en relación con el 15 de la Ley de Amparo, téngase rendidos sus respectivos informes respecto de la suspensión de plano decretada; por tanto, con sus contenidos y anexos, dese vista a la parte quejosa por el termino de tres días, para que manifieste lo que a su derecho convenga. Por otra parte, agréguese a los autos el oficio signado electrónicamente por la Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Acapulco, mediante el remite diligenciado el exhorto 125/2022 con número de orden 215/2021, del su índice, el cual envió en cumplimiento al proveído de veintidós de febrero del presente año, a efecto notificar a la directa quejosa Mayra Moctezuma Nava, por lo que téngase por recibido dicho exhorto y por notificada de dicho auto. Ahora bien, de las constancias remitidas por el Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Acapulco, Guerrero, se aprecia que la directa quejosa Mayra Moctezuma Nava, no refirió si ratifica la demanda interpuesta a su favor por María Elena Camacho Vargas. Por tanto, con fundamento en el artículo 27 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con el diverso 2 de la citada ley, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en Turno en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca con los insertos y constancias necesarias, para que en auxilio de las labores de este Juzgado Federal, ordene a quien corresponda se constituya en el Centro Federal de Readaptación Social Femenil número 16 "CPS Morelos", con sede en Coatlán del Rio y requiera a Mayra Moctezuma Nava, para que en el acto de la notificación de este proveído o dentro del plazo de tres días manifieste si ratifica o no la demanda de amparo en cuestión. Hecho lo anterior se proveerá lo que conforme a derecho proceda respecto de su admisión; apercibido que de no ratificarla dentro del plazo concedido, se tendrá por no presentada la demanda, en términos de lo establecido por el artículo 15 de la Ley de Amparo, y se dejarán sin efecto las providencias que se hubieren dictado; asimismo, la requiera para que en el acto de la diligencia señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, o bien, lo haga dentro del plazo de tres días siguientes a en que le surta efectos legales la notificación de mérito; apercibido que de no hacerlo así en el lapso indicado, las subsecuentes notificaciones aun las de carácter personal se le harán por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano de control constitucional. Hecho lo anterior, solicítese a la autoridad a la que se gira el exhorto de mérito que, una vez que haya dado cumplimiento a lo solicitado, devuelva a este Juzgado Federal las constancias que así lo acrediten, o en su defecto, informe las causas que se lo impidan. Por otro lado, glósese a los autos el oficio firmado electrónicamente por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Acapulco; mediante el cual acusa recibo del exhorto 60/2022 con número de orden 109/2022, y a su vez informa que procedió a dar cumplimiento a lo solicitado. Por otra parte, glósese a los autos el oficio firmado electrónicamente por el Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, por medio del cual solicita se le informe respecto a la competencia plateada, sin mayor providencia dado que en esta misma data se tuvo por recibido la diversa misiva remitida por la secretaria de dicho juzgado informando que tuvo por recibido el acuse donde se hace del conocimiento que este juzgado acepta la competencia planteada. Finalmente, vista la razón levantada por la actuaria judicial adscrita a este órgano jurisdiccional, en la que hace constar que se constituyó en las instalaciones de la Unidad de Asuntos Judiciales de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, a efecto de hacer entrega del oficio 17950/2021, dirigido al Director General de la Policía Investigadora Ministerial, con residencia en esta ciudad, y al entrevistarse con el licenciado Julio César Arriaga Pérez, Agente del Ministerio Público adscrito a dicha dependencia, le refirió que no le podía recibir dichas misivas en virtud de que en el organigrama de dicha dependencia no existe la referida autoridad. Conviene hacer la aclaración a la parte quejosa que respecto a la autoridad responsable denominada Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de los Bravo, con residencia en esta ciudad, de inicio debe tenerse como inexistente, en virtud de que sesión ordinaria de veintinueve de enero de dos mil diecinueve el Pleno del del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, aprobó la supresión de dicho juzgado, a partir del uno de marzo de dicha anualidad, por tanto, este juzgado federal decreta inexistente el juzgado tercero en mención, y por ende, no ha lugar a requerirle el informe correspondiente.
- Principal
Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguense a los autos los oficios signados por el Subsecretario del Sistema Penitenciario de la Secretaría de Seguridad Pública, con residencia en esta ciudad y Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, del Secretario de Seguridad Pública del Estado, mediante los cuales informan que no han sido notificados de la suspensión de plano concedida a la quejosa Mayra Moctezuma Nava, por el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, con residencia en Acapulco. En tales condiciones, se ordena remitir copia autorizada de la demanda de amparo y del oficio 3775/2022 del índice del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, con sede en Acapulco, mediante el cual se otorgó la suspensión de plano, para que acaten la misma en los términos ahí precisados. Por otra parte, visto el oficio signado por el Director del Centro Regional de Reinserción Social, con residencia en esta ciudad, por medio del cual informa que dio cumplimiento en tiempo y forma al mandato judicial por parte del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, de lo que se toma conocimiento. En otro orden de ideas, vista las razones levantadas por la actuaria judicial adscrita a este órgano jurisdiccional, en las que hace constar que se constituyó en las instalaciones del Centro de Reinserción Social, con residencia en esta ciudad, a efecto de hacer entrega de los oficios 4748/2022 y 4749/2022, dirigido al Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro de Reinserción Social en Chilpancingo de Los Bravo y Titular Jefe de Custodios de la Policía Estatal del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, y al entrevistarse con el oficial de partes de dicha dependencia, le refirió que no le podía recibir dichas misivas en virtud de que en el organigrama de dicha dependencia no existe la primera de las referidas autoridades y la segunda no es correcta. En tales condiciones, se reserva hacer pronunciamiento alguno hasta en tanto obre en autos la comunicación oficial enviada al Juez de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Acapulco, mediante la cual se ordenó notificar a la quejosa la radicación del expediente y se le requirió señalara domicilio en esta jurisdicción.
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- Mayra Jessica González Bahena193/2019
- Mayra Jessica González Bahena638/2015
- Mayra Lizbeth Rodríguez Reyes564/2015
- Mayra Mariano Pastor862/2019
- Mayra Nely Hurtado Sánchez615/2023
- Mayra Yasmin Borjas Rodríguez258/2015
- Mayre Grissel Flores Salinas402/2016
- Mayte Lozano Arellano1237/2022
- Mayte Lozano Arellano137/2015
- Mayte Lozano Arellano858/2018