Mayra Magnolia González García

Expediente 363/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
363/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
04/06/2021

Partes del expediente

  • Mayra Magnolia González García

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el auto por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos legales procedentes... Ahora bien, en razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de tres años... Sin que en el caso, alguna de las partes haya allegado al cuaderno principal, algún documento que por sus características amerite ser devuelto. Notifíquese.

  2. Principal

    Téngase por recibido el escrito signado por ****, mediante el cual da cumplimiento a lo requerido por este Juzgado en proveído de veintisiete de abril de dos mil veintiuno. Consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114 de la Ley de Amparo, al tenor del ocurso en cuestión, se tiene a la parte promovente dando cumplimiento en sus términos al requerimiento contenido en autos. Asimismo, amplía su demanda de amparo respecto al acto reclamado, consistente en la entrevista realizada el seis de abril de dos mil veintiuno, en su calidad de testigo dentro de la carpeta de investigación *****, a cargo de la Fiscal de Acusación de la Unidad I de Cadereyta de Montes, Querétaro; por tanto, se provee: En principio, resulta necesario destacar que la parte quejosa refiere que la autoridad responsable Fiscal de Acusación de la Unidad I, de Cadereyta de Montes, Querétaro, realizó actos prohibidos por el artículo 22 constitucional en su contra, toda vez que con motivo de su declaración como testigo, sufre actos de tormento. Se estima lo anterior, en atención a la naturaleza del acto reclamado, no configura ninguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, ni compromete gravemente la dignidad e integridad personal de las agraviadas, al grado de equipararse tal situación a un tormento, pues sin perjuicio de que los efectos del acto reclamado pueden ser materia del incidente de suspensión a petición de parte, y que eventualmente pudiera ser declarado inconstitucional por los motivos y fundamentos legales en que esté sustentado, en todo caso, la sentencia de amparo que así lo estime tendrá como efecto la restitución del derecho constitucional vulnerado Asimismo, de la narrativa de la demanda de amparo se advierte que los posibles actos prohibidos que refiere se ejecutaron en su contra, no se encuentran materializándose en este momento, máxime que es la directa quejosa la que presenta la demanda por derecho propio, además de que, dada la propia naturaleza de los actos que en esta sede constitucional reclama, no generan en sí mismo la materialización de dicho acto prohibido. Máxime que lo manifestado por la solicitante del amparo es insuficiente para determinar la procedencia o no de la suspensión de plano, prevista en el artículo 126 de la Ley de Amparo, sino que ello es una atribución exclusiva del Juez de Distrito, quien atendiendo a la naturaleza del acto y no a enfoques subjetivos de las partes, es el único facultado para decidir si se está o no en presencia de un acto que lo obligue a decretar la suspensión de oficio. Así pues, los actos de tormento que refiere se aplica en su persona, no los reclama como actos autónomos, sino que los hace consistir como derivados de la emisión del acto reclamado; por tanto, se consideran actos respecto de los cuales no existe una certeza clara y fundada de su realización, que resultan consecuencia inmediata y directa del acto que se reclama; pues se trata de meras afirmaciones subjetivas por parte del promovente En ese sentido, como ya se dijo, es innecesario conceder la suspensión de plano y de oficio por parte de este juzgado; pues tal determinación debe estar sustentada en datos objetivos que permitan a este juzgado obtener un mínimo grado de probabilidad de que los actos combatidos efectivamente trastoquen derechos que puedan homologarse a los contenidos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, lo que en el caso no antecede. DESECHAMIENTO RESPECTO DE LA ORDEN DE COMPARECENCIA Y ENTREVISTA A LA QUEJOSA EN SEIS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. Por todo lo anterior, es que este órgano de control constitucional considera que la ejecución de la orden de comparecencia con uso de la fuerza efectuada el día seis de abril del presente año, así como la entrevista realizada en la misma fecha que reclama la quejosa quedó consumada de modo irreparable, ya que, como refiere la misma quejosa en el escrito que se atiende, el seis de abril de dos mil veintiuno, se materializó la orden reclamada en sede constitucional mediante el escrito que se atiende. Luego, si la orden de comparecencia con uso de la fuerza que aquí defiende la quejosa, se ejecutó con todas sus consecuencias jurídicas, se colige que dicha circunstancia hace física y materialmente imposible volver las cosas al estado que tenían antes de la violación reclamada; por tanto, queda evidenciada la actualización de la causa de improcedencia en estudio. DESECHAMIENTO RESPECTO DE LA ORDEN DE INVESTIGACIÓN. En efecto, la orden de investigación en contra de la agraviada, no puede afectar a la parte indiciada mientras que en ella no se ordene que se le prive de la libertad, de sus posesiones o derechos, o sirva de base para una determinación que lesione su esfera jurídica, como lo sería, en su caso, la orden de aprehensión que se llegara a pronunciar por la autoridad jurisdiccional, pues es claro que la relación de hechos y la calificación de las pruebas que en su caso estimara el Fiscal correspondiente y/o Ministerio Público, al dictar la determinación de consignación, no constituye una resolución que afecte sus derechos, ya que está sujeta a la apreciación que de los hechos y de las pruebas realice la autoridad jurisdiccional. Las anteriores circunstancias ponen de manifiesto que en la especie, existe causa notoria de improcedencia de la demanda de que se trata, y en esas condiciones lo procedente es desechar la demanda de amparo por lo que hace el referido acto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113, en relación con el artículo 61, fracción XXIII, con relación con el 107, fracción III, inciso b), interpretado en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente a la parte promovente

  3. Principal

    *CITATORIO* Siendo la primer hora hábil del día de la fecha. . . Se hace efectivo a la quejosa., el apercibimiento con el que se le conminó dentro del citatorio de 19/05/2020; por tanto se le notifica por medio de lista la resolución de siete de mayo de dos mil veintiuno, que en lo conducente dice: ".Téngase por recibido el escrito signado por ****, mediante el cual da cumplimiento a lo requerido por este Juzgado en proveído de veintisiete de abril de dos mil veintiuno. Consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114 de la Ley de Amparo, al tenor del ocurso en cuestión, se tiene a la parte promovente dando cumplimiento en sus términos al requerimiento contenido en autos. Asimismo, amplía su demanda de amparo respecto al acto reclamado, consistente en la entrevista realizada el seis de abril de dos mil veintiuno, en su calidad de testigo dentro de la carpeta de investigación *****, a cargo de la Fiscal de Acusación de la Unidad I de Cadereyta de Montes, Querétaro; por tanto, se provee: En principio, resulta necesario destacar que la parte quejosa refiere que la autoridad responsable Fiscal de Acusación de la Unidad I, de Cadereyta de Montes, Querétaro, realizó actos prohibidos por el artículo 22 constitucional en su contra, toda vez que con motivo de su declaración como testigo, sufre actos de tormento. Se estima lo anterior, en atención a la naturaleza del acto reclamado, no configura ninguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, ni compromete gravemente la dignidad e integridad personal de las agraviadas, al grado de equipararse tal situación a un tormento, pues sin perjuicio de que los efectos del acto reclamado pueden ser materia del incidente de suspensión a petición de parte, y que eventualmente pudiera ser declarado inconstitucional por los motivos y fundamentos legales en que esté sustentado, en todo caso, la sentencia de amparo que así lo estime tendrá como efecto la restitución del derecho constitucional vulnerado Asimismo, de la narrativa de la demanda de amparo se advierte que los posibles actos prohibidos que refiere se ejecutaron en su contra, no se encuentran materializándose en este momento, máxime que es la directa quejosa la que presenta la demanda por derecho propio, además de que, dada la propia naturaleza de los actos que en esta sede constitucional reclama, no generan en sí mismo la materialización de dicho acto prohibido. Máxime que lo manifestado por la solicitante del amparo es insuficiente para determinar la procedencia o no de la suspensión de plano, prevista en el artículo 126 de la Ley de Amparo, sino que ello es una atribución exclusiva del Juez de Distrito, quien atendiendo a la naturaleza del acto y no a enfoques subjetivos de las partes, es el único facultado para decidir si se está o no en presencia de un acto que lo obligue a decretar la suspensión de oficio. Así pues, los actos de tormento que refiere se aplica en su persona, no los reclama como actos autónomos, sino que los hace consistir como derivados de la emisión del acto reclamado; por tanto, se consideran actos respecto de los cuales no existe una certeza clara y fundada de su realización, que resultan consecuencia inmediata y directa del acto que se reclama; pues se trata de meras afirmaciones subjetivas por parte del promovente En ese sentido, como ya se dijo, es innecesario conceder la suspensión de plano y de oficio por parte de este juzgado; pues tal determinación debe estar sustentada en datos objetivos que permitan a este juzgado obtener un mínimo grado de probabilidad de que los actos combatidos efectivamente trastoquen derechos que puedan homologarse a los contenidos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, lo que en el caso no antecede. DESECHAMIENTO RESPECTO DE LA ORDEN DE COMPARECENCIA Y ENTREVISTA A LA QUEJOSA EN SEIS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. Por todo lo anterior, es que este órgano de control constitucional considera que la ejecución de la orden de comparecencia con uso de la fuerza efectuada el día seis de abril del presente año, así como la entrevista realizada en la misma fecha que reclama la quejosa quedó consumada de modo irreparable, ya que, como refiere la misma quejosa en el escrito que se atiende, el seis de abril de dos mil veintiuno, se materializó la orden reclamada en sede constitucional mediante el escrito que se atiende. Luego, si la orden de comparecencia con uso de la fuerza que aquí defiende la quejosa, se ejecutó con todas sus consecuencias jurídicas, se colige que dicha circunstancia hace física y materialmente imposible volver las cosas al estado que tenían antes de la violación reclamada; por tanto, queda evidenciada la actualización de la causa de improcedencia en estudio. DESECHAMIENTO RESPECTO DE LA ORDEN DE INVESTIGACIÓN. En efecto, la orden de investigación en contra de la agraviada, no puede afectar a la parte indiciada mientras que en ella no se ordene que se le prive de la libertad, de sus posesiones o derechos, o sirva de base para una determinación que lesione su esfera jurídica, como lo sería, en su caso, la orden de aprehensión que se llegara a pronunciar por la autoridad jurisdiccional, pues es claro que la relación de hechos y la calificación de las pruebas que en su caso estimara el Fiscal correspondiente y/o Ministerio Público, al dictar la determinación de consignación, no constituye una resolución que afecte sus derechos, ya que está sujeta a la apreciación que de los hechos y de las pruebas realice la autoridad jurisdiccional. Las anteriores circunstancias ponen de manifiesto que en la especie, existe causa notoria de improcedencia de la demanda de que se trata, y en esas condiciones lo procedente es desechar la demanda de amparo por lo que hace el referido acto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113, en relación con el artículo 61, fracción XXIII, con relación con el 107, fracción III, inciso b), interpretado en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente a la parte promovente .";lo anterior ante su omisión de comparecer a notificarse previo citatorio que se le dejó.

  4. Principal

    Se desechar la demanda de amparo. Asimismo, no pasa desapercibido para este juzgador, el hecho de que la promovente en el escrito de demanda, hace referencia a actos prohibidos por el artículo 15 de la Ley de Amparo.Sin embargo, de la narrativa de la demanda de amparo se advierte que los posibles actos prohibidos que pueden ejecutarse en su contra, no se encuentran materializándose en este momento, máxime que es la directa quejosa la que presenta la demanda por derecho propio, además de que, dada la propia naturaleza de los actos que en esta sede constitucional reclama, no generan en sí mismo la materialización de dicho acto prohibido. Notifíquese personalmente.

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