Mayra Magali Minguez Morales

Expediente 122/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
122/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
06/04/2021

Partes del expediente

  • Mayra Magali Minguez Morales
  • Todas las Partes

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los autos para que surta los efectos legales conducentes el escrito de cuenta, signado por ********************, promovente en el presente juicio, y en atención a su contenido como lo solicita devuélvanse las pruebas que anexo a su escrito de demanda, previa razón de entrega que se realice y firma de recibo de parte interesada que se recabe. En este orden de ideas, tomando en consideración la adopción de las medidas necesarias para preservar la salud e integridad de las personas justiciables y del personal de los órganos jurisdiccionales, con fundamento Acuerdo General 25/2020 que reforma su similar 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado del Virus Covid19, hágase del conocimiento de la parte quejosa que este órgano jurisdiccional tiene asignado el horario matutino de 7:45 a 13:45 y que a partir del tres de agosto del año en curso, está disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual las personas justiciables encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que aparecen las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos. Significándole que para la entrega de los documentos que indica en su escrito de cuenta, deberá generar la cita correspondiente a través del proceso automatizado que le otorgará, un Código QR, para el ingreso al órgano jurisdiccional, cumpliéndose previamente los requisitos para pasar los filtros sanitarios y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles. REQUERIMIENTO CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO TELEFÓNICO Tomando en consideración la adopción de las medidas necesarias para preservar la salud e integridad de las personas justiciables y del personal de los órganos jurisdiccionales implementadas en el 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, requiérase a las partes a fin de que se sirvan proporcionar un correo electrónico y número telefónico móvil donde se puedan localizar, a fin de que, de ser necesario, se establezca el contacto respectivo, ello de conformidad con los artículos 5, fracción I y 22, fracción II, del acuerdo en comento. EXHORTO A LAS PARTES PARA QUE TRAMITEN "JUICIO EN LÍNEA" Asimismo, de conformidad con el artículo 22, fracción I y 28, párrafo segundo, del Acuerdo general 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación.

  2. Principal

    .. Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que feneció el término de cinco días que concede el artículo el artículo 97, fracción I, inciso "a", en relación con el diverso 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de veintidós de febrero de dos mil veintiuno, por el cual se desechó la demanda de amparo. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicho auto para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y su captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo archívense las actuaciones como asunto concluido. ..

  3. Principal

    ...DESECHAMIENTO: Ahora bien, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo por advertirse de forma manifiesta e indudable una causa de improcedencia. El artículo 113 de la ley de la materia impone al juzgador de amparo la obligación de revisar, ante todo, el escrito de demanda y, en el caso de que encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, a desecharla de plano. De la demanda de protección de derechos fundamentales promovida por********************se desprende que reclama lo siguiente: "[.] la omisión de actuar con apego a la normatividad del debido proceso establecido en el Código de Organización del Poder Judicial del Estado de Veracruz [.] al no ser emplazada para ser oída en defensa a través del debido proceso [.] LOS ACTOS DE OMISIÓN DEL DEBIDO PROCESO E INAPLICABILIDAD DE LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA, al tenor siguiente: a) La privación ilegal de mis derechos de debido proceso, estabilidad y seguridad en las funciones del cargo público como Secretaria de Acuerdos con categoría de Secretario "D" adscrita al Juzgado Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz, al separarme las responsables de mi empleo sin existir causa justificada y sin haberse apegado al debido proceso [.] derecho de permanencia judicial adquirido al haber cumplido más de seis meses en el ejercicio y desempeño en el referido cargo público [.] b) De la autoridad responsable ejecutora C. Juez del Juzgado Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia familiar del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz, la contradictoria orden emitida a la suscrita para efectuar dentro de mi horario la entrega-recepción de las funciones judiciales constitucionales [.] c) [.] la ejecución de la orden dada para suprimirme del cargo público constitucional y como consecuencia de ello, la privación de mis prestaciones inherentes al cargo, con todas sus consecuencias negativas de hecho y derecho correspondientes." Una vez precisado lo anterior, como se adelantó, debe desecharse la demanda de plano, al advertirse la actualización de una causa de improcedencia manifiesta e indudable, cuya observancia es de oficio, atenta a su naturaleza de orden público. La suscrita estima que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, atento que dichos actos no provienen de una autoridad para efectos del juicio de derechos fundamentales, sino que deriva de una relación eminentemente laboral (patrón-trabajador). Los preceptos legales citados, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De las disposiciones trascritas se advierte que la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada al hecho de que los actos o normas generales que en el mismo se reclamen provengan de autoridad, entendiéndose por tal, aquella que con independencia de su naturaleza formal, dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Asimismo, de su contenido se aprecia que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, en aquellos casos en que sus funciones estén determinadas por una norma general. En cuanto a este tema, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo el criterio de que quienes disponían de fuerza pública, en virtud de circunstancias legales o de hecho y que, por lo mismo, están en posibilidad material de obrar como individuos que ejercen actos públicos por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen, tenían el carácter de autoridad; lo que se interpretó con rigor en el sentido de que sólo tenían carácter de autoridad quienes dispusieran de fuerza pública, identificando la calidad de autoridad con la disposición de la fuerza pública... Dicho criterio se superó al sustentar con posterioridad el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la tesis P. XXVII/97, publicada en la página ciento dieciocho, tomo V, febrero de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO.", de la que en síntesis debe destacarse, según las consideraciones que en ella se contienen, que se estima una autoridad para efectos del amparo la que teniendo las características de órgano público que le dan las normas jurídicas, tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados sin requerir de la voluntad del afectado o aun en contra de ella. Por tanto, las características que distinguen a una autoridad, para los efectos del juicio de amparo, son las siguientes: 1. Que tenga características de órgano público. 2. Que las normas jurídicas le otorguen potestad para actuar. 3. Que emita o realice actos unilaterales que afecten la esfera jurídica de los gobernados. En otros términos, el calificativo de acto de autoridad involucra a un órgano del Estado constituido por una persona o por un cuerpo colegiado, quien ejecuta ciertos actos en ejercicio del poder de imperio, actos que modifican, crean o extinguen una situación de hecho o de derecho por medio de una decisión, con la ejecución de esa decisión, o bien por ambas, en un plano de supra a subordinación, o sea entre sujetos colocados en diferentes planos, los particulares por un lado y el Estado por el otro, investido con su imperio. Ahora bien, dicho criterio se emitió en interpretación de la Ley de Amparo de mil novecientos treinta y seis, vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, concretamente en torno al artículo 11 que establecía las notas distintivas de la autoridad; sin embargo, resulta útil e ilustrativo para detectar las notas distintivas de los actos de autoridad, así como los criterios que han orientado sus características, los cuales como se verá en seguida, fueron acogidos en gran medida, por el texto de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 constitucionales, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece. En efecto, en términos del artículo 5 de la Ley de Amparo, es autoridad responsable, la que independientemente de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Asimismo, prevé una modalidad consistente en que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de la propia fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Como se advierte, el concepto de autoridad responsable queda desvinculada de su naturaleza formal y atiende ahora, a la unilateralidad del acto susceptible de crear, modificar o extinguir en forma obligatoria, situaciones jurídicas y se señala que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Es decir, del proceso legislativo de la nueva Ley de Amparo se puso de manifiesto la necesidad de ampliar la procedencia del juicio en contra de actos provenientes de particulares a través de los cuales se afectara la esfera de derechos de los gobernados, sin que ello significara el abandono de los medios de defensa ordinarios y aunque se propuso que en la propia ley se especificaran los casos en que tales actos serían susceptibles de impugnación, se optó por dejar al Poder Judicial de la Federación la interpretación de esas hipótesis atendiendo a las particularidades de cada caso y a las notas del acto cuestionado. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisó que por autoridad responsable debe considerarse a las personas que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. Otro elemento para considerar, según lo estableció nuestro Máximo Tribunal, en diversas ejecutorias sobre el tema, es que el concepto de autoridad responsable debe concebirse, fundamentalmente, por exclusión de los actos de particulares. Esto, porque la naturaleza, antecedentes y evolución del juicio de amparo apuntan a sostener que éste sólo procede contra actos de autoridad, y contra de particulares en los casos especificados, por lo que es indispensable fijar las bases para distinguir un acto de autoridad, para lo cual se atiende a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destacan, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución Federal establece una serie de derechos fundamentales de los gobernados y garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano superior, por encima de los particulares; regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional. En esa tesitura, la procedencia del juicio de amparo está sujeta a la condición jurídica de que los actos reclamados provengan de una autoridad que tenga potestad para dictar, ordenar, ejecutar o tratar de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. De esta manera, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que, para los efectos del juicio de amparo, las notas que distinguen a una autoridad son las siguientes: a) La existencia de un órgano del Estado que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, en donde se dota al órgano del Estado una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. c) Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. d) Que para emitir esos actos no requiere acudir a los órganos judiciales, ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J.164/2011, que sustenta la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 1089, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 161133, que establece: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." En el caso concreto, se advierte que la ocursante señaló como actos reclamados, en esencia: - La falta de emplazamiento a algún procedimiento de separación; - La orden dada para suprimirla del cargo público de Secretaria de Acuerdos con categoría de Secretario "D" adscrita al Juzgado Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz; - Como consecuencia de ello, la privación de sus prestaciones inherentes al cargo; y - La orden de realizar la entrega-recepción de las funciones que tenía encomendadas. Como autoridades responsables señala a la Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Pleno del Consejo de la Judicatura Secretario de Acuerdos del Consejo de la Judicatura, Jefe del Departamento de Recursos Humanos, Directora General de Administración y Pagador, todos del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa; y Juez del Juzgado Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar de Veracruz, Veracruz. De los antecedentes de la demanda de amparo se obtiene que********************bajo protesta de decir verdad, manifestó que desde hace más de seis meses se venía desempeñando como Secretaria de Acuerdos con categoría de Secretario "D" adscrita al Juzgado Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz; asimismo que en fecha dos de febrero de dos mil veintiuno fue separada de su cargo. En las condiciones apuntadas, la terminación de la relación laboral de la promovente con el Poder Judicial del Estado, llevan a la conclusión de que el acto que se reclama sucedió dentro de una relación de coordinación, emanada de un vínculo laboral, lo cual deviene de una relación entre particulares respecto de los derechos laborales de los trabajadores, en la que ambos están en un mismo plano de igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas, de tal suerte que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Así, es claro que no se trata de una relación de supra a subordinación entre gobernante y gobernado, en la que el primero actúe en un plano superior a los segundos, toda vez que la Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo del Judicatura del Estado, no creó, modificó o extinguió por sí o ante sí alguna situación jurídica que haya afectado la esfera legal de la promovente, sin que para ello necesitara acudir ante los órganos judiciales o del consenso de la voluntad del afectado, que son las notas que distinguen a la autoridad para efectos del juicio de amparo. Ello es así, pues no se encuentra a discusión si fue correcta o incorrecta la causa por la cual se dio por concluida la relación laboral (cuestión que sería materia de fondo ante el órgano jurisdiccional competente), sino lo que aquí importa es que no se trata de un acto de autoridad, porque tiene naturaleza laboral, acorde con el marco jurídico que define la relación preexistente entre el servidor público y la dependencia patronal, es decir, constituye una determinación unilateral del Estado-patrón de considerar que podía dar por concluida la relación laboral, siendo una cuestión independiente y, de fondo, si su proceder fue correcto o no, si debió seguir algún procedimiento previo al trabajador para que fuera justificado. De modo que los posibles vicios que la ocursante pudiera atribuirles a los actos de cese, emitidos por la dependencia pública comentada, no cambian o transforman la naturaleza de la relación obrera de coordinación, ni la convierten en una de supra a subordinación, para dar lugar a un acto de autoridad. Por tanto, en esa actuación del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz se vincula con sus trabajadores como Estado-patrón y, bajo tal hipótesis puede dar por concluido el nexo laboral, al margen de si es o no legal la forma en que se haga (lo que será materia de la litis en la instancia laboral ordinaria que en su caso se instaure oportunamente), pero, ello no implica la procedencia del juicio de amparo, pues no se trata que todo conflicto obrero patronal burocrático sea dirimido vía juicio de amparo como medio ordinario de defensa, ya que éste es un mecanismo extraordinario de impugnación de índole constitucional, frente a actos de autoridad, según la legislación de amparo; amén de que en tales conflictos patronales la dependencia no decide en definitiva ni despliega una potestad pública administrativa, pues para emitir esos actos queda aún la decisión de los órganos jurisdiccionales ordinarios ante quien pueda controvertirse el proceder de la dependencia patronal, si siguió o no las medidas legales, empero, esta última cuestión son aspectos de fondo de la jurisdicción ordinaria y no propios de la justicia constitucional, vía amparo. Luego, si los comentados actos que se reclaman al Consejo de la Judicatura del Estado de Veracruz, conformado por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia y Consejeros correlativos, deriva de una relación de coordinación, es claro que para efectos del juicio de amparo no se le puede considerar como autoridad responsable...No pasa desapercibido para la suscrita que la quejosa sostiene la vulneración de sus derechos humanos, de sus hijos y de su progenitora, al dar por concluido el nexo laboral con las responsables, derivados de la pandemia provocada por el virus Sars Cov2 (COVID-19); sin embargo, tales manifestaciones resultan insuficientes para estimar que el acto reclamado, pudiera perder su carácter laboral y la separación del cargo de la quejosa se pueda convertir en un acto de autoridad, es decir, que actualice el cambio de la relación de coordinación a una de supra a subordinación, en razón de que no existe precepto legal o constitucional alguno que autorice dicha ficción legal, aunado a que, como se ha insistido, derivado de la naturaleza de los actos reclamados, los cuales, como se vio, no tienen el carácter de actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo, resulta un hecho incontrovertible que, aún y cuando se admitiera la demanda de amparo, no podría ser desvirtuado, al derivar los actos reclamados de una relación laboral entre la quejosa y el citado tribunal estatal, como patrón equiparado, cuyos conflictos entre ambas partes requiere la intervención de órganos ordinarios para resolver las controversias que se susciten entre éstos, lo que conlleva a establecer lo indudable y manifiesto de la causa de improcedencia analizada, ya que, se reitera, incluso si se admitiera la demanda, no sería posible llegar a una convicción diversa. Consecuentemente, al actualizarse una causa manifiesta e indudable de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, con fundamento en el ordinal 113 del citado ordenamiento legal se desecha de plano la demanda. Similares consideraciones sostuvo la suscrita en el diverso juicio de amparo 261/2018, que fue confirmado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia, con residencia en Xalapa, Veracruz, en la queja ********************.

  4. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS Y VÍA ELECTRÓNICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 22/02/2021, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN II, INCISO B...DESECHAMIENTO: Ahora bien, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo por advertirse de forma manifiesta e indudable una causa de improcedencia. El artículo 113 de la ley de la materia impone al juzgador de amparo la obligación de revisar, ante todo, el escrito de demanda y, en el caso de que encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, a desecharla de plano. De la demanda de protección de derechos fundamentales promovida por********************se desprende que reclama lo siguiente: "[.] la omisión de actuar con apego a la normatividad del debido proceso establecido en el Código de Organización del Poder Judicial del Estado de Veracruz [.] al no ser emplazada para ser oída en defensa a través del debido proceso [.] LOS ACTOS DE OMISIÓN DEL DEBIDO PROCESO E INAPLICABILIDAD DE LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA, al tenor siguiente: a) La privación ilegal de mis derechos de debido proceso, estabilidad y seguridad en las funciones del cargo público como Secretaria de Acuerdos con categoría de Secretario "D" adscrita al Juzgado Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz, al separarme las responsables de mi empleo sin existir causa justificada y sin haberse apegado al debido proceso [.] derecho de permanencia judicial adquirido al haber cumplido más de seis meses en el ejercicio y desempeño en el referido cargo público [.] b) De la autoridad responsable ejecutora C. Juez del Juzgado Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia familiar del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz, la contradictoria orden emitida a la suscrita para efectuar dentro de mi horario la entrega-recepción de las funciones judiciales constitucionales [.] c) [.] la ejecución de la orden dada para suprimirme del cargo público constitucional y como consecuencia de ello, la privación de mis prestaciones inherentes al cargo, con todas sus consecuencias negativas de hecho y derecho correspondientes." Una vez precisado lo anterior, como se adelantó, debe desecharse la demanda de plano, al advertirse la actualización de una causa de improcedencia manifiesta e indudable, cuya observancia es de oficio, atenta a su naturaleza de orden público. La suscrita estima que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, atento que dichos actos no provienen de una autoridad para efectos del juicio de derechos fundamentales, sino que deriva de una relación eminentemente laboral (patrón-trabajador). Los preceptos legales citados, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De las disposiciones trascritas se advierte que la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada al hecho de que los actos o normas generales que en el mismo se reclamen provengan de autoridad, entendiéndose por tal, aquella que con independencia de su naturaleza formal, dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Asimismo, de su contenido se aprecia que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, en aquellos casos en que sus funciones estén determinadas por una norma general. En cuanto a este tema, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo el criterio de que quienes disponían de fuerza pública, en virtud de circunstancias legales o de hecho y que, por lo mismo, están en posibilidad material de obrar como individuos que ejercen actos públicos por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen, tenían el carácter de autoridad; lo que se interpretó con rigor en el sentido de que sólo tenían carácter de autoridad quienes dispusieran de fuerza pública, identificando la calidad de autoridad con la disposición de la fuerza pública... Dicho criterio se superó al sustentar con posterioridad el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la tesis P. XXVII/97, publicada en la página ciento dieciocho, tomo V, febrero de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO.", de la que en síntesis debe destacarse, según las consideraciones que en ella se contienen, que se estima una autoridad para efectos del amparo la que teniendo las características de órgano público que le dan las normas jurídicas, tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados sin requerir de la voluntad del afectado o aun en contra de ella. Por tanto, las características que distinguen a una autoridad, para los efectos del juicio de amparo, son las siguientes: 1. Que tenga características de órgano público. 2. Que las normas jurídicas le otorguen potestad para actuar. 3. Que emita o realice actos unilaterales que afecten la esfera jurídica de los gobernados. En otros términos, el calificativo de acto de autoridad involucra a un órgano del Estado constituido por una persona o por un cuerpo colegiado, quien ejecuta ciertos actos en ejercicio del poder de imperio, actos que modifican, crean o extinguen una situación de hecho o de derecho por medio de una decisión, con la ejecución de esa decisión, o bien por ambas, en un plano de supra a subordinación, o sea entre sujetos colocados en diferentes planos, los particulares por un lado y el Estado por el otro, investido con su imperio. Ahora bien, dicho criterio se emitió en interpretación de la Ley de Amparo de mil novecientos treinta y seis, vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, concretamente en torno al artículo 11 que establecía las notas distintivas de la autoridad; sin embargo, resulta útil e ilustrativo para detectar las notas distintivas de los actos de autoridad, así como los criterios que han orientado sus características, los cuales como se verá en seguida, fueron acogidos en gran medida, por el texto de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 constitucionales, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece. En efecto, en términos del artículo 5 de la Ley de Amparo, es autoridad responsable, la que independientemente de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Asimismo, prevé una modalidad consistente en que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de la propia fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Como se advierte, el concepto de autoridad responsable queda desvinculada de su naturaleza formal y atiende ahora, a la unilateralidad del acto susceptible de crear, modificar o extinguir en forma obligatoria, situaciones jurídicas y se señala que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Es decir, del proceso legislativo de la nueva Ley de Amparo se puso de manifiesto la necesidad de ampliar la procedencia del juicio en contra de actos provenientes de particulares a través de los cuales se afectara la esfera de derechos de los gobernados, sin que ello significara el abandono de los medios de defensa ordinarios y aunque se propuso que en la propia ley se especificaran los casos en que tales actos serían susceptibles de impugnación, se optó por dejar al Poder Judicial de la Federación la interpretación de esas hipótesis atendiendo a las particularidades de cada caso y a las notas del acto cuestionado. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisó que por autoridad responsable debe considerarse a las personas que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. Otro elemento para considerar, según lo estableció nuestro Máximo Tribunal, en diversas ejecutorias sobre el tema, es que el concepto de autoridad responsable debe concebirse, fundamentalmente, por exclusión de los actos de particulares. Esto, porque la naturaleza, antecedentes y evolución del juicio de amparo apuntan a sostener que éste sólo procede contra actos de autoridad, y contra de particulares en los casos especificados, por lo que es indispensable fijar las bases para distinguir un acto de autoridad, para lo cual se atiende a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destacan, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución Federal establece una serie de derechos fundamentales de los gobernados y garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano superior, por encima de los particulares; regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional. En esa tesitura, la procedencia del juicio de amparo está sujeta a la condición jurídica de que los actos reclamados provengan de una autoridad que tenga potestad para dictar, ordenar, ejecutar o tratar de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. De esta manera, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que, para los efectos del juicio de amparo, las notas que distinguen a una autoridad son las siguientes: a) La existencia de un órgano del Estado que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, en donde se dota al órgano del Estado una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. c) Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. d) Que para emitir esos actos no requiere acudir a los órganos judiciales, ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J.164/2011, que sustenta la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 1089, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 161133, que establece: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." En el caso concreto, se advierte que la ocursante señaló como actos reclamados, en esencia: - La falta de emplazamiento a algún procedimiento de separación; - La orden dada para suprimirla del cargo público de Secretaria de Acuerdos con categoría de Secretario "D" adscrita al Juzgado Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz; - Como consecuencia de ello, la privación de sus prestaciones inherentes al cargo; y - La orden de realizar la entrega-recepción de las funciones que tenía encomendadas. Como autoridades responsables señala a la Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Pleno del Consejo de la Judicatura Secretario de Acuerdos del Consejo de la Judicatura, Jefe del Departamento de Recursos Humanos, Directora General de Administración y Pagador, todos del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa; y Juez del Juzgado Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar de Veracruz, Veracruz. De los antecedentes de la demanda de amparo se obtiene que********************bajo protesta de decir verdad, manifestó que desde hace más de seis meses se venía desempeñando como Secretaria de Acuerdos con categoría de Secretario "D" adscrita al Juzgado Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz; asimismo que en fecha dos de febrero de dos mil veintiuno fue separada de su cargo. En las condiciones apuntadas, la terminación de la relación laboral de la promovente con el Poder Judicial del Estado, llevan a la conclusión de que el acto que se reclama sucedió dentro de una relación de coordinación, emanada de un vínculo laboral, lo cual deviene de una relación entre particulares respecto de los derechos laborales de los trabajadores, en la que ambos están en un mismo plano de igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas, de tal suerte que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Así, es claro que no se trata de una relación de supra a subordinación entre gobernante y gobernado, en la que el primero actúe en un plano superior a los segundos, toda vez que la Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo del Judicatura del Estado, no creó, modificó o extinguió por sí o ante sí alguna situación jurídica que haya afectado la esfera legal de la promovente, sin que para ello necesitara acudir ante los órganos judiciales o del consenso de la voluntad del afectado, que son las notas que distinguen a la autoridad para efectos del juicio de amparo. Ello es así, pues no se encuentra a discusión si fue correcta o incorrecta la causa por la cual se dio por concluida la relación laboral (cuestión que sería materia de fondo ante el órgano jurisdiccional competente), sino lo que aquí importa es que no se trata de un acto de autoridad, porque tiene naturaleza laboral, acorde con el marco jurídico que define la relación preexistente entre el servidor público y la dependencia patronal, es decir, constituye una determinación unilateral del Estado-patrón de considerar que podía dar por concluida la relación laboral, siendo una cuestión independiente y, de fondo, si su proceder fue correcto o no, si debió seguir algún procedimiento previo al trabajador para que fuera justificado. De modo que los posibles vicios que la ocursante pudiera atribuirles a los actos de cese, emitidos por la dependencia pública comentada, no cambian o transforman la naturaleza de la relación obrera de coordinación, ni la convierten en una de supra a subordinación, para dar lugar a un acto de autoridad. Por tanto, en esa actuación del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz se vincula con sus trabajadores como Estado-patrón y, bajo tal hipótesis puede dar por concluido el nexo laboral, al margen de si es o no legal la forma en que se haga (lo que será materia de la litis en la instancia laboral ordinaria que en su caso se instaure oportunamente), pero, ello no implica la procedencia del juicio de amparo, pues no se trata que todo conflicto obrero patronal burocrático sea dirimido vía juicio de amparo como medio ordinario de defensa, ya que éste es un mecanismo extraordinario de impugnación de índole constitucional, frente a actos de autoridad, según la legislación de amparo; amén de que en tales conflictos patronales la dependencia no decide en definitiva ni despliega una potestad pública administrativa, pues para emitir esos actos queda aún la decisión de los órganos jurisdiccionales ordinarios ante quien pueda controvertirse el proceder de la dependencia patronal, si siguió o no las medidas legales, empero, esta última cuestión son aspectos de fondo de la jurisdicción ordinaria y no propios de la justicia constitucional, vía amparo. Luego, si los comentados actos que se reclaman al Consejo de la Judicatura del Estado de Veracruz, conformado por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia y Consejeros correlativos, deriva de una relación de coordinación, es claro que para efectos del juicio de amparo no se le puede considerar como autoridad responsable...No pasa desapercibido para la suscrita que la quejosa sostiene la vulneración de sus derechos humanos, de sus hijos y de su progenitora, al dar por concluido el nexo laboral con las responsables, derivados de la pandemia provocada por el virus Sars Cov2 (COVID-19); sin embargo, tales manifestaciones resultan insuficientes para estimar que el acto reclamado, pudiera perder su carácter laboral y la separación del cargo de la quejosa se pueda convertir en un acto de autoridad, es decir, que actualice el cambio de la relación de coordinación a una de supra a subordinación, en razón de que no existe precepto legal o constitucional alguno que autorice dicha ficción legal, aunado a que, como se ha insistido, derivado de la naturaleza de los actos reclamados, los cuales, como se vio, no tienen el carácter de actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo, resulta un hecho incontrovertible que, aún y cuando se admitiera la demanda de amparo, no podría ser desvirtuado, al derivar los actos reclamados de una relación laboral entre la quejosa y el citado tribunal estatal, como patrón equiparado, cuyos conflictos entre ambas partes requiere la intervención de órganos ordinarios para resolver las controversias que se susciten entre éstos, lo que conlleva a establecer lo indudable y manifiesto de la causa de improcedencia analizada, ya que, se reitera, incluso si se admitiera la demanda, no sería posible llegar a una convicción diversa. Consecuentemente, al actualizarse una causa manifiesta e indudable de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, con fundamento en el ordinal 113 del citado ordenamiento legal se desecha de plano la demanda. Similares consideraciones sostuvo la suscrita en el diverso juicio de amparo 261/2018, que fue confirmado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia, con residencia en Xalapa, Veracruz, en la queja ********************...

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