Mayra Lizzete Mendoza Gutierrez
Expediente 1558/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1558/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 13/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Mayra Lizzete Mendoza Gutierrez
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que las partes no interpusieron recurso de revisión en contra de la sentencia constitucional dictada en el presente juicio de amparo, dentro del término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara firme la citada sentencia para todos los efectos legales procedentes. En consecuencia, previa las anotaciones pertinentes en el libro de registro correspondiente, en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, de conformidad con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia. Tómese nota que el presente asunto no es considerado de relevancia documental, razón por la que se determina que es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos del artículo 21, inciso a) del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; entonces, una vez que trascurran tres años contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, hágase lo conducente. Como lo establece el artículo 35 del citado Acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Notifíquese.
- Principal
Ciudad Victoria, Tamaulipas, a ocho de noviembre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, agréguese a estos autos la intervención ministerial firmado electrónicamente por el licenciado Rafael de Santillana Gómez, Fiscal Revisor Titular de la Agencia Adscrita a este Juzgado en Materia de Amparo; agréguese a los autos sin mayor pronunciamiento, en atención a que en fecha diecinueve de octubre del año en curso, se dictó la sentencia correspondiente dentro del presente juicio. Notifíquese. Así lo proveyó y firma electrónicamente el licenciado FERNANDO UREÑA MORENO, Juez Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, quien actúa con el licenciado Edgar Iván Cruz Lerma, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
SENTENCIA Vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto 1558/2021, promovido por Mayra Lizette Mendoza Gutiérrez; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado el seis de septiembre de dos mil veintiuno, ante el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, recibido en este órgano de control constitucional el veinte siguiente, compareció Mayra Lizette Mendoza Gutiérrez, demandando el Amparo y Protección de la Justicia Federal, en contra de la omisión de la Junta Especial Número Ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, por considerarla violatoria de los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en: "IV.- ACTO RECLAMADO: La omisión de remitir el expediente laboral al Tribunal colegiado competente, por parte de la Junta Especial Número Ocho." Sin embargo, al acto reclamado antes transcrito, para su estudio se precisará en los términos que se indicarán en el considerando segundo de esta resolución. SEGUNDO. Trámite. Por auto de veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, se admitió la demanda, la que se registró bajo el número 1558/2021, se pidió a la autoridad responsable su informe justificado; se dio vista al Fiscal de la Federación adscrito, y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas es competente para resolver el juicio de amparo, en términos de lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con lo previsto en el artículo cuarto, fracción XIX, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que se reclaman actos omisivos de autoridad, la cual se ubica en el territorio en el que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción, y tocó conocer del asunto a prevención. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En atención a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se realiza la fijación clara y precisa del acto reclamado. Así, considerada la demanda de amparo como un todo, se obtiene que a la autoridad responsable se le reclama: La omisión de remitir los autos del expediente laboral 27/E08/2021 al Tribunal Colegiado Competente. TERCERO. Certeza del acto reclamado. El Presidente de la Junta Especial Número Ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, residente en esta ciudad, omitió rendir el informe justificado solicitado, no obstante encontrarse notificado desde el veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, del oficio número 33570/2021, de veintiuno del mismo mes y año, a través del cual, se le requirió, según acuse de recibo que obra en este expediente, por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por presuntamente cierto el acto que se le reclama. Al respecto se cita la tesis de jurisprudencia 313, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 210, del tomo VI, Parte SCJN, Apéndice de 1995, Octava Época, cuyo rubro y texto es el siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. SU FALTA SOLO HACE PRESUMIR CIERTO EL ACTO RECLAMADO Y NO LA TOTALIDAD DE LOS HECHOS SEÑALADOS EN LA DEMANDA. En términos del artículo 149, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, la omisión de la autoridad responsable de rendir informe justificado sólo hace presumir la certeza del acto reclamado, pero no la de los actos o hechos diversos en que el quejoso basa su acción de amparo." CUARTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, se debe analizar si en el caso particular se actualiza alguna de las causas de improcedencia previstas por la legislación de la materia, en virtud de ser una cuestión de orden público de conformidad con el contenido del artículo 62 de la Ley de Amparo en vigor. En ese sentido, resulta innecesario analizar y transcribir los conceptos de violación esgrimidos por el impetrante de amparo en su escrito inicial de demanda, pues en el presente juicio de control constitucional se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en virtud de que la parte quejosa no demostró su interés jurídico para acudir a la presente instancia. El numeral en comento establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]" La hipótesis legal transcrita encuentra su origen en lo establecido por la fracción I del artículo 107 constitucional, de conformidad con la cual el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad de los actos de las autoridades que se sigue siempre a instancia de parte agraviada, principio que reglamenta el artículo 5° de la Ley de Amparo. Dicho numeral dispone, en lo conducente, que el juicio puede promoverse por quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la ley de la materia y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Para que un gobernado se encuentre legitimado para solicitar el amparo de la justicia federal, cuando aduzca ser titular de un derecho subjetivo (interés jurídico, no legítimo), es presupuesto indispensable que cuente con un derecho que haya sido infringido por actos de la autoridad. De tal afirmación se desprende que son dos los supuestos que generan el interés jurídico, siendo el primero la existencia y titularidad de un derecho legalmente tutelado y, el segundo, el resentimiento de un agravio, perjuicio, menoscabo u ofensa a ese derecho, proveniente de un acto de autoridad. Esto es, el interés jurídico para impugnar mediante el juicio de amparo un acto de autoridad resulta del perjuicio que ocasione en uno o varios derechos legalmente reconocidos, lo que faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal es lo que constituye el interés jurídico que la Ley de Amparo toma en consideración para la procedencia del juicio de garantías. Apoya lo expuesto la tesis I.1o.A.18 K, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, Marzo de 2007, página 1695 del rubro y texto siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. SUPUESTOS QUE LO GENERAN. Son dos los supuestos que generan el interés jurídico: el primero de ellos es la existencia y titularidad de un derecho legalmente tutelado y, el segundo, el resentimiento de un agravio, perjuicio, menoscabo u ofensa a ese derecho proveniente de un acto de autoridad." Como ha quedado precisado, la parte quejosa Mayra Lizette Mendoza Gutiérrez, reclama de la Junta Especial Número Ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, la omisión de remitir los autos del expediente laboral 27/E08/2021 al Tribunal Colegiado Competente. Por otra parte, se destaca que en el presente asunto se presumió cierto el acto reclamado a la Junta Especial Número Ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, residente en esta ciudad, ante la omisión de rendir su informe justificado. En dicho supuesto -presunción de certeza del acto reclamado por omisión de informe- la parte quejosa debe acreditar ser parte en el procedimiento del que deriva el acto reclamado y ante su omisión de ofrecer pruebas para justificar tal supuesto se determina la falta de interés jurídico. En efecto, el interés jurídico es un presupuesto para la procedencia del juicio de amparo, cuyo análisis es previo al fondo de la cuestión planteada. En el caso en particular, se establece que la impugnación de violaciones procesales en el juicio de amparo indirecto requiere que la parte quejosa haya sido parte en el juicio ordinario del cual deriva el acto reclamado; ello se explica, pues sólo en ese supuesto es que cuenta con el derecho público subjetivo para que deba desplegarse correctamente la función jurisdiccional de la autoridad que conoce de su reclamo o donde deduce su defensa y es uno de los presupuestos a verificar para establecer la procedencia del juicio. Por tanto, como la presunción de que es cierto el acto reclamado ante la omisión de rendir informe justificado se refiere únicamente a la certeza de aquél, pero no a la de los actos o hechos diversos en que el justiciable basa su acción de amparo, se establece que la falta de prueba que corrobore el dicho de la parte quejosa de ser parte en el procedimiento del cual derivan los actos reclamados, lleva a determinar la falta de interés jurídico y, en consecuencia, la improcedencia del juicio de amparo. Apoya a lo expuesto la jurisprudencia P.J. 23/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto que sigue: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. CUANDO SE RECLAMAN VIOLACIONES PROCESALES Y EL QUEJOSO NO ACREDITA HABER SIDO PARTE EN EL JUICIO DE ORIGEN, SE DEBE DETERMINAR LA FALTA DE AQUÉL Y, POR ENDE, LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA RENDIDO SU INFORME JUSTIFICADO. La impugnación de violaciones procesales en el juicio de amparo indirecto requiere que el quejoso haya sido parte en el juicio ordinario del cual deriva el acto reclamado, pues sólo por ello es que cuenta con el derecho público subjetivo para que deba desplegarse correctamente la función jurisdiccional de la autoridad que conoce de su reclamo o donde deduce su defensa, y es uno de los presupuestos a verificar para establecer la procedencia del juicio, ya que el interés jurídico es un presupuesto para su procedencia, con fundamento en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, debiendo ser este estudio, previo al análisis de fondo de la cuestión planteada. Por tanto, como la presunción de que es cierto el acto reclamado por haber sido omisa la autoridad responsable al no rendir informe justificado se refiere únicamente a la certeza de aquél, pero no a la de los actos o hechos diversos en que el quejoso basa su acción de amparo, se concluye que la falta de prueba que corrobore el dicho del quejoso de ser parte en el procedimiento del cual deriva el acto reclamado, lleva a determinar la falta de interés jurídico y, en consecuencia, la improcedencia del juicio de amparo." De ahí que si la parte quejosa no allegó prueba alguna que pudiera acreditar que es parte en el juicio de origen y con ello su interés jurídico, cuya carga procesal le corresponde y, por tanto, no demostró que el acto reclamado le afectara en su esfera jurídica, es claro que no se está en presencia de un derecho susceptible de ser protegido. No es obstáculo para arribar a tal determinación el hecho de que la autoridad responsable haya sido omisa en rendir su informe justificado y por ello se estableciera la presunción de certeza del acto reclamado, pues prevalece la carga procesal consistente en que el promovente del juicio de amparo debe demostrar su interés jurídico, es decir, debió acreditar con documento idóneo que formula su solicitud a la autoridad, de la cual no se libera por la presunción aludida, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto. Cobra aplicación a lo anterior la Jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Febrero de 2002, página 15, del tenor literal siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto." Asimismo la Jurisprudencia de la Segunda Sala del Máximo Tribunal Constitucional, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 84, Diciembre de 1994, página 20, del texto y rubro siguiente: "INTERES JURIDICO EN EL AMPARO. OBLIGACION DE PROBARLO AUNQUE OPERE PRESUNCION DE CERTEZA DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO POR FALTA DE INFORME. La presunción de existencia del acto reclamado por falta de informe justificado de las autoridades responsables, prevista por el artículo 149 de la Ley de Amparo, no exime al quejoso de la obligación que tiene de acreditar que el acto que reclama afecta su interés jurídico, ya que de no hacerlo el juicio de garantías resulta improcedente y debe sobreseerse en términos de la fracción V del artículo 73, y fracción III del artículo 74 de la Ley de Amparo." Finalmente, tampoco es óbice a lo anterior el hecho de que la parte quejosa en su escrito de demanda haya manifestado bajo protesta de decir verdad ser parte actora en el controvertido laboral, toda vez que esa circunstancia (interés jurídico), como se precisó en párrafos precedentes, debió ser acreditada por la parte quejosa con medio de prueba idóneo y al no hacerlo así es que el juicio de amparo resulta improcedente. Resulta aplicable en lo conducente la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, volumen X, Tercera Parte, página 12, del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, VALOR DE LA PROTESTA DE DECIR VERDAD EN LA. No porque la recurrente formulara en su demanda de amparo la protesta de conducirse con verdad, debieron de tenerse por ciertos los hechos que expresa en la misma, porque según el artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente al juicio de garantías de acuerdo con el artículo 2o. de la Ley de Amparo, estaba obligada a probar los hechos constitutivos de su acción, entre los cuales se encuentra el de acreditar su interés jurídico en el negocio. Además de que la protesta de producirse con verdad, sólo tiene por efecto el de quedar el quejoso sujeto a lo establecido en el artículo 211, fracción I, de la expresada Ley de Amparo." Los criterios que se citan son aplicables aun cuando se hayan conformado a la luz de la Ley de Amparo abrogada, porque en términos del artículo Sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, no se advierte se opongan a ésta. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 61, 62, 63, 73, 74, 75, 77 y 217 de la Ley de Amparo, se
- Principal
Vista la certificación de la que se desprende que las partes no interpusieron recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, dentro del término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, comuníquese lo anterior a las partes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno...con fundamento en los artículos 192, 193 y 195 de la vigente Ley de Amparo, requiérase al Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, con residencia en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, cumpla con la sentencia ejecutoria; lo anterior, bajo el apercibimiento de que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá a su titular una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización vigente, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 258, en relación con el diverso arábigo 238 de la ley invocada, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sin que haya lugar a proceder en términos del artículo 192, párrafo tercero, en relación con el diverso 194, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que los organismos jurisdiccionales son plenamente autónomos en el ámbito jurídico y no tienen superiores...Notifíquese.
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