MAYRA LIZETH PÉREZ GARCÍA y Otros.

Expediente 2228/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 7 actuaciones registradas, la última del 2 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2228/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
02/02/2023

Partes del expediente

  • Mayra Lizeth Pérez García
  • MAYRA LIZETH PÉREZ GARCÍA y Otros.
  • BERNABÉ RODRÍGUEZ FLORES, ABOGADO DE MAYRA LIZETH PÉREZ GARCÍA y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dos de febrero de dos mil veintitrés. Causa estado auto de sobreseimiento fuera de audiencia. Visto el estado procesal de los presentes autos, así como la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa no recurrió el auto de doce de enero de dos mil veintitrés, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA QUEDADO FIRME. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Destrucción. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que determinó sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del artículo 21 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; (...)" Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Por otra parte, tomando en consideración que en el incidente de suspensión se negó la medida cautelar provisional y se dejó sin efectos la audiencia para proveer sobre la definitiva; por lo que se ubica en la hipótesis prevista en artículo 21, inciso c), del mismo Acuerdo General; razón por la cual, el cuaderno incidental original es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el citado plazo de tres años que prevé el numeral en cita. En diverso aspecto, como lo dispone el diverso numeral 20, fracción II, inciso a) de dicho Acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión podrá ser destruido una vez que transcurra el plazo de seis meses. Háganse las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes; asimismo, insértese este acuerdo en el cuaderno original y en el duplicado del incidente de suspensión, para constancia. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, el auto que determinó sobreseer fuera de audiencia en el juicio de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Finalmente, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos. Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, doce de enero de dos mil veintitrés. Informe justificado. Sobreseimiento fuera de audiencia. Agréguese a los autos el oficio y anexo remitido por el Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido su informe justificado. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene por presentada la prueba documental que anexa la autoridad responsable a su oficio de cuenta. Ahora bien, debe tenerse presente que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de la materia, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. En el caso, este órgano jurisdiccional advierte de oficio, que respecto del acto reclamado atribuido al Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla, consistente en la omisión de acordar el escrito presentado el cinco de septiembre de dos mil veintidós, dentro del juicio ordinario civil ********************, se actualiza la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; Del precepto legal transcrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos sean destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie al quejoso; es decir, se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo caso en el que el juicio de amparo carecería de litis sobre la cual hacer un pronunciamiento de fondo. Bajo esa óptica jurídica, conviene señalar que la parte quejosa reclama la omisión de acordar el escrito presentado el cinco de septiembre de dos mil veintidós, dentro del juicio ordinario civil ********************, del índice de la responsable; sin embargo, de las constancias que anexó la autoridad responsable a su informe justificado, se advierte que el quince de diciembre de dos mil veintidós, se acordó el escrito del quejoso y se notificó el tres de enero del año en curso. En consecuencia, dado que ha cesado la omisión del Juez responsable de acordar el escrito de cinco de septiembre de dos mil veintidós en el cual se le solicitó tener por perdidos los derechos de las partes para realizar manifestaciones y citar para el dictado de la sentencia, los efectos del acto reclamado desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna de dicha afectación. Por tanto, se concluye que en el caso, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, y, por ende, debe sobreseerse en el juicio fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V, de la norma citada. Se deja sin efectos la audiencia constitucional. En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional e incidental fijada en el incidente de suspensión que deriva del presente incidente. Notifíquese; y electrónicamente a la parte quejosa.

  3. Incidental

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, nueve de enero de dos mil veintitrés. Autoridad desahoga requerimiento. La representación del Instituto Mexicano del Seguro Social, informa la imposibilidad que tiene para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo en atención a que el cumplimiento le compete a la Unidad Médica de Alta Especialidad que se encuentra en el Estado de Puebla (Hospital de Especialidades Centro Médico Manuel Ávila Camacho), quien no obstante de pertenecer al Instituto Mexicano del Seguro Social, goza de autonomía. De lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Se vincula autoridad al cumplimiento de ejecutoria y se requiere. En ese sentido, a fin de agilizar y lograr el cumplimiento a la ejecutoria de amparo y, en atención a lo informado por la autoridad responsable oficiante, con fundamento en los artículos 192, 193 y 197 de la Ley de Amparo, se vincula al cumplimiento de la sentencia de amparo a la Unidad Médica de Alta Especialidad que se encuentra en el Estado de Puebla (Hospital de Especialidades Centro Médico Manuel Ávila Camacho) del Instituto Mexicano del Seguro Social. Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente tesis: "SENTENCIAS DE AMPARO. ESTAN OBLIGADAS A SU CUMPLIMIENTO. TODAS LAS AUTORIDADES QUE DEBAN INTERVENIR EN SU EJECUCION, AUN CUANDO NO HAYAN INTERVENIDO EN EL AMPARO. El hecho de que alguna autoridad no haya sido señalada como parte en el juicio de amparo, no implica que no esté obligada a cumplir con el fallo protector, por el contrario, a su cumplimiento se obligan todas aquellas autoridades que por razón de sus funciones deban intervenir en su ejecución." No se soslaya que no figuró como autoridad responsable en este juicio de amparo; sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido consistente en definir que, para dar cabal cumplimiento a una sentencia de amparo, se podrá vincular a las autoridades cuya intervención resulte necesaria, aun cuando no hayan sido señaladas como responsables, tal como lo revelan los siguientes criterios jurisprudenciales: "AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. Aun cuando las autoridades no hayan sido designadas como responsables en el juicio de garantías, pero en razón de sus funciones deban tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, están obligadas a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de dicha sentencia protectora, y para que logre vigencia real y eficacia práctica." "SENTENCIAS DE AMPARO. PARA LOGRAR SU EFICAZ CUMPLIMIENTO, LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA TIENE FACULTADES PARA PRECISAR SU ALCANCE, SEÑALAR LAS AUTORIDADES VINCULADAS A CUMPLIRLAS Y LA MEDIDA EN QUE CADA UNA DE ELLAS DEBE PARTICIPAR. El artículo 17, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal, dispone que "Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones."; por su parte, los artículos 104 al 113 de la Ley de Amparo, establecen diversos procedimientos tendientes a obtener el cumplimiento eficaz de las sentencias que conceden el amparo e, inclusive, el último de estos preceptos dispone que no podrá archivarse ningún expediente sin que esté enteramente cumplida la sentencia de amparo. La interpretación congruente de tales disposiciones constituye el sustento en que se apoya toda determinación encaminada a conseguir el cumplimiento pleno de las resoluciones jurisdiccionales, máxime si lo que se pretende es ejecutar un fallo emitido por los tribunales de la Federación en un juicio de amparo, ya que éste tiene por objeto, precisamente, tutelar a los gobernados contra los actos de autoridad que infrinjan sus garantías individuales. De esto se sigue que si la causa del retardo para la ejecución de la sentencia de amparo consiste en la confusión respecto de la manera correcta en la que procede cumplimentarla, para estar en posibilidad de dar solución a la situación descrita, la Suprema Corte tiene facultades para establecer los alcances del fallo protector, determinar qué autoridades se encuentran vinculadas a cumplirlo y en qué medida, con el objeto de conseguir el eficaz y pleno cumplimiento de la sentencia de amparo." En consecuencia, se le requiere para que dentro del plazo legal de tres días, dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en la que se concedió el amparo para los efectos siguientes: "X. DECISIÓN 76. En atención a los razonamientos expuestos, a fin de restituir a la parte quejosa en el goce de los derechos que se estimaron vulnerados, con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se impone conceder la protección constitucional solicitada, para el efecto de que el Instituto Mexicano del Seguro Social, a través del área que corresponda, en un plazo que no podrá ser superior a los cinco días hábiles a partir de que cause ejecutoria esta resolución: a) Por escrito precise la fecha y hora exacta en que la quejosa será valorada en el hospital de especialidades al que ha sido referida, cita a partir de la cual se le indique el tratamiento que deberá seguir para tratar el padecimiento diagnosticado que tiene denominado: ********************. Cabe precisar que el tratamiento de la quejosa se indicará bajo la más estricta responsabilidad del médico tratante que corresponda, por lo que todo acto debe constar por escrito en su expediente clínico. 77. Asimismo, es importante precisar que para dar cabal cumplimiento a esta sentencia de amparo, se podrá vincular a las áreas cuya intervención resulte necesaria, aun cuando no hayan sido señaladas como responsables en este juicio. 78. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. Aun cuando las autoridades no hayan sido designadas como responsables en el juicio de garantías, pero en razón de sus funciones deban tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, están obligadas a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de dicha sentencia protectora, y para que logre vigencia real y eficacia práctica." 79. Por último, debe señalarse que la quejosa deberá presentarse a las valoraciones y al tratamiento que, bajo la más estricta responsabilidad de los médicos tratantes, le asignen, en las fechas y horarios que fijen las autoridades de salud, pues de no cumplirse con esta condición -sin causa justificada- se decretará que existe imposibilidad para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo.". Hágase saber a la autoridad vinculada al cumplimiento de la sentencia de amparo que, de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa equivalente a MIL veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite del incidente de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese.

  4. Incidental

    EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL AVISO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA(S) RESOLUCIÓN(ES) DE 29 DE DICIEMBRE DE 2022, QUE EN LO CONDUCENTE DICE(N): San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintinueve de diciembre de dos mil veintidós. Se analiza el cumplimiento de la sentencia de amparo Vista la certificación de cuenta, y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de tres días concedido a las partes mediante auto de trece de diciembre de dos mil veintidós, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo; por tanto, este órgano de control constitucional procede al análisis oficioso de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el expediente en el que se actúa; ello, atendiendo a los lineamientos establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2ª./J. 26/2000, visible en la página doscientos cuarenta y tres del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, de rubro: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Sentencia. Al respecto, se precisa que mediante sentencia de treinta de junio de dos mil veintidós, por una parte se sobreseyó y por la otra se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos siguientes: *** Ejecutoria. Mediante proveído de veintiuno de julio de dos mil veintidós, la sentencia de mérito causó ejecutoria y, en consecuencia, se requirió a la autoridad responsable para que informara sobre el cumplimiento dado al fallo amparador y remitiera las constancias relativas para acreditarlo. Valoración e inconformidad fundada. Por acuerdo de doce de agosto de dos mil veintidós, se tuvo al Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, acreditando que emitió una nueva resolución de liquidación de laudo, en la que dio por terminada la relación laboral entre la actora con la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, actualmente Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla; por lo que procedió a cuantificar la indemnización constitucional y los días por cada año laborado. Por lo anterior, en proveído de uno de septiembre de dos mil veintidós, este juzgado de distrito procedió a la valoración de cumplimiento de la sentencia de amparo; en donde declaró que no era posible cumplir con la ejecutoria de amparo, por no existir materia para la ejecución del fallo protector al haberse emitido una nueva determinación que regía la situación jurídica, esta es, la de doce de julio de dos mil veintidós. Seguidamente, en auto de siete de septiembre del mismo año, la parte quejosa interpuso recurso de inconformidad, mismo que fue admitido y posteriormente resuelto por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito. Así, en determinación de once de noviembre de dos mil veintidós, se tuvieron por recibidos los autos originales del presente juicio de amparo y el testimonio de la ejecutoria pronunciada el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, en el recurso de inconformidad *** en cuyos puntos resolutivos se estableció lo siguiente: *** Cabe resaltar que, sustancialmente, el Tribunal Colegiado consideró fundado el agravio de la parte quejosa en su recurso de inconformidad, porque en la resolución de doce de julio de dos mil veintidós, la responsable únicamente dejó insubsistente la diversa de once de marzo de dos mil veintidós para cuantificar nuevamente las indemnizaciones por la terminación de la relación de trabajo; pero no había dejado sin efectos la liquidación original de *** de diciembre de dos mil veintiuno, porque inclusive el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, había sumado la cantidad ahí establecida de salarios caídos y las nuevas liquidaciones de las indemnizaciones por la terminación de la relación de trabajo. Requiere nuevamente cumplimiento. Así las cosas, en el mismo proveído de once de noviembre de dos mil veintidós, se requirió a la responsable, Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, para que diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en los términos que precisó el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, esto es: *** Luego, por no tener un domicilio cierto en dónde notificar a la parte quejosa al haber renunciado su abogada autorizada, en auto de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós se reservó lo relativo a las constancias remitidas por la responsable, en las que adujo haber cumplido con la sentencia de amparo. Así, por acuerdo de trece de diciembre de dos mil veintidós, se tuvo a la parte quejosa *** apersonándose al presente juicio, señalando entre otras cosas, un domicilio; por tanto, se levantó la reserva decretada con anterioridad y se le dio vista con el oficio del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, en donde informó haber dado cumplimiento a la sentencia de amparo; y en donde se advirtió que en fecha veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, la responsable emitió resolución de liquidación en el expediente laboral *** realizando lo siguiente: Consideró que en *** de diciembre de dos mil veintiuno había cuantificado lo relativo a la prestación de los salarios caídos, comprendiéndose desde el uno de abril de dos mil quince al cuatro de noviembre de dos mil veintiuno; y había añadido las cantidades líquidas ya asentadas en el laudo de dieciocho de marzo de dos mil veintiuno. Cantidad que le resultó en ***. Consideró que en su proveído de doce de julio de dos mil veintiuno, había adicionado a las prestaciones que se requerirían de pago, las diversas de indemnización constitucional e indemnización de dos días por año; resultándole como monto total a requerir, la cantidad de ***. Procedió a cuantificar las prestaciones de aguinaldo y prima vacacional por el periodo que comprendieron los salarios caídos, esto es, del uno de abril de dos mil quince al cuatro de noviembre de dos mil veintiuno. Realizó una sumatoria entre la cantidad asentada para requerir de pago en auto de doce de julio de dos mil veintidós; y, las que obtuvo de la cuantificación de aguinaldo y prima vacacional antes mencionadas. Decidió que el monto al que ascendían las prestaciones a las que fue condenada la parte demandada y por el que esa autoridad aprobaba para despachar su ejecución, lo era la cantidad de ***. Finalmente, señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la diligencia de requerimiento de pago a la demandada. Cabe destacar que las constancias que remitió la responsable se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2. Valoración del cumplimiento. En ese sentido, este órgano de control constitucional considera que la autoridad responsable demostró haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, se estima lo anterior, en razón de las siguientes consideraciones: Partiendo de los lineamientos establecidos por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, la restante actuación que debía realizar la autoridad responsable, Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, era la emisión de una nueva resolución de liquidación reiterando las prestaciones condenadas en el laudo de dieciocho de marzo de dos mil veintiuno que cuantificó en *** de diciembre de dos mil veintiuno; monto que sí consideró, por la cantidad de ***. Por lo que, respecto a este punto, se encuentra cumplido. Además, su nueva determinación debía considerar las cantidades que sumó el doce de julio de dos mil veintidós; cuestión que sí sucedió, puesto que actualizó el monto total, ahora a la cantidad de ***. Cabe destacar que este proveído, se consideraron las indemnizaciones por la terminación de la relación de trabajo. Por último, debía añadir al monto antes señalado, las cantidades que resultaran de la cuantificación del aguinaldo y prima vacacional, esto por el tiempo completo que correspondiera al pago de salarios caídos. Punto que también se realizó y culminó con el señalamiento de la cantidad de *** monto que inclusive se aprobó para despachar su ejecución. De lo expuesto, se desprende que la responsable se ciñó a lo ordenado en la ejecutoria de amparo. Conclusión. En este tenor, se estima que se colmaron los alcances del fallo protector; por tanto, sin decidir sobre la legalidad del cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria pronunciada en esta instancia constitucional, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS, en términos del tercer párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Desahogo de vista. No se soslayan los argumentos que expone la parte quejosa, respecto a que no se ha dado cumplimiento a la sentencia de amparo porque, como afirma, la responsable no actualizó los salarios caídos desde agosto de dos mil veintiuno, en su determinación de veintitrés de noviembre de dos mil veintidós. Sin embargo, de autos (promoción 6718, p. 5) se observa que en proveído de *** de diciembre de dos mil veintiuno, se le hizo efectivo el apercibimiento que decretó la responsable en su determinación de trece de septiembre del mismo año, estableciendo que, jurídicamente, dejaban de correr los salarios caídos de la actora hasta el cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, fecha en que se había señalado para realizar la diligencia de reinstalación correspondiente y a la cual la parte quejosa no compareció; situación que se reafirmó en la cuantificación que realizó la responsable en su proveído de doce de julio de dos mil veintidós; punto sobre la cual no se advierte que la aquí quejosa se hubiera inconformado ni que tal impugnación le haya resultado favorable a sus intereses. En ese sentido, en la referida resolución de *** de diciembre, el Tribunal responsable realizó la cuantificación de la totalidad de los salarios caídos que correspondían a la parte quejosa, resultando en *** cantidad a la que en autos posteriores, la responsable fue añadiendo los conceptos que le fueron solicitados, particularmente los que en última instancia determinó el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, en su resolución de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, en el recurso de inconformidad ***. Por lo antes referido, es que no le asiste la razón a la quejosa en sus manifestaciones. Conocimiento a las partes. Finalmente, hágase del conocimiento a las partes este proveído para los efectos establecidos en los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo, y previas las anotaciones en el libro de gobierno, quedan a salvo sus derechos para que los hagan valer en la vía y forma que consideren convenientes. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.

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