Mayra Lisbeth Morales Quezada
Expediente 674/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 674/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 10/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- Mayra Lisbeth Morales Quezada
Actuaciones
- Principal
1. Causa ejecutoria. Visto el estado procesal que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que dentro del plazo señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, el proveído por el que se sobreseyó en este juicio de amparo, no fue recurrido por alguna de las partes; con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de amparo conforme a su artículo 2, se declara que ha causado ejecutoria. Hágase las anotaciones en el libro de gobierno. 2. Archivo del asunto. Ahora bien, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. 3. Valoración. Toda vez que se sobreseyó en el juicio de amparo, se considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Además, que se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. 4. Destino. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. 5. Anotaciones. Como lo dispone el artículo 352 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); una vez que transcurra el plazo de noventa días naturales, se ordena a la Secretaría archivar físicamente el asunto como totalmente concluido, sin mayor proveído y haciendo del conocimiento dicha circunstancia al oficial administrativo encargado del libro de control.
- Principal
1. Estado procesal. Vista la razón actuarial de cuenta, se advierte que la quejosa directa Mayra Lizbeth Morales Quezada, obtuvo su libertad el veintinueve de octubre del presente año. 1.1 Causa de improcedencia. En tal circunstancia, éste órgano de justicia advierte de oficio que se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado en este juicio constitucional que se hizo consistir precisamente en la privación de la libertad de la quejosa Mayra Lizbeth Morales Quezada. 1.2 Premisas argumentativas con relación a la improcedencia. El citado precepto legal, establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, hipótesis definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquella que se configura cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no dejó huella alguna. 1.3 Cesación de efectos. Como se señaló, de la razón actuarial de cuenta, se advierte que la quejosa directa Mayra Lizbeth Morales Quezada, obtuvo su libertad el veintinueve de octubre del presente año. Circunstancia suficiente para concluir que el acto reclamado cesó en sus efectos, quedando restituida la agraviada en el goce de sus derechos (libertad), como si se hubiese concedido el amparo y protección de la Justicia Federal. Sobre el tema se cita la tesis P. CL/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 1.4 Sobreseimiento. En consecuencia, con fundamento en el artículo 63 fracción I, de la Ley de Amparo, se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por la citada quejosa. 1.5 Sin efectos audiencia. En tal virtud, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas para llevar a cabo la audiencia constitucional, fijada para las NUEVE HORAS CON DIECISÉIS MINUTOS DEL VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DE ESTE AÑO. 1.6 Comunicación a las partes. Comuníquese lo anterior a las partes para su conocimiento y efectos legales consiguientes y háganse desde luego las anotaciones de rigor en el libro de Gobierno.
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