Mayra Liliana Arredondo Tapia

Expediente 3343/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 5 actuaciones registradas, la última del 5 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
3343/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
05/06/2023

Partes del expediente

  • Mayra Liliana Arredondo Tapia
  • Juzgado Tercero de lo Familiar de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial En el Estado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    ...Se sobresee en el juicio de amparo. archívese este asunto como total y definitivamente concluido.

  2. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, tres de marzo de dos mil veintitrés. Vista la cuenta, agréguese a los autos el oficio 738/2023 enviado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que se admitió el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa con el número 45/2023...

  3. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, tres de febrero de dos mil veintitrés. Vista la cuenta; agréguese a los autos el escrito signado por el autorizado del quejoso Mayra Liliana Arredondo Tapia, a través del cual interpone recurso de revisión y expresa agravios contra la resolución emitida el cinco de enero de dos mil veintitrés. De igual forma, con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88, 89 y demás relativos de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa interponiendo recurso de revisión contra la resolución emitida el cinco de enero del año en curso, mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo. En consecuencia, previa formación del cuaderno de antecedentes respectivo, remítase al Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito en turno, con residencia en esta ciudad, el expediente original de este juicio de amparo, el escrito original de interposición del recurso y expresión de agravios, y una copia simple de los mismos para el Agente del Ministerio Público de la Federación de su adscripción, para que en su caso determine sobre la admisión y la substanciación del recurso que se hace valer. Córrase traslado a las partes con copia simple del escrito de interposición del recurso y expresión de agravios presentado. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Faustino Gutiérrez Pérez , Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante , Secretario de Juzgado que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, . Vista lo de cuenta, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como hecho notorio las constancias del juicio de amparo 732/2019-3 de nuestro índice, del cual se observa fue promovido por Mayra Liliana Arredondo Tapia, en cuya sentencia de cinco de marzo de dos mil veinte, se precisó que el acto reclamado consistía en la resolución de veintinueve de mayo de dos mil veinte, en la que se fijaron (modificaron) reglas de convivencia dentro del juicio de divorcio incausado 153/2015, del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar, con sede en esta ciudad, específicamente las relativas al menor A. E. B. A. con su padre Alejandro Omar Barrios Águila, aquí tercero interesado. En dicho juicio, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que, en aras de garantizar el interés superior del menor, la citada autoridad responsable dejara insubsistente la resolución reclamada, y conforme a los lineamientos fijados en la misma sentencia, determinara de nueva cuenta la connivencia supervisada entre el padre y menor, para lo cual, debería señalar acuerdos necesarios para estar en aptitud de establecer las reglas de convivencia. Notificada y requerida que fue la autoridad responsable para el cumplimiento de lo anterior, y luego de realizar diversos actos encaminados a ello, finalmente emitió la resolución de seis de diciembre de dos mil veintidós, en la cual precisó las reglas de convivencia del menor de edad A. E. B. A. con su padre Alejandro Omar Barrios Águila, lo cual informó a este órgano constitucional, mediante oficio 4394 de siete de ese mismo mes y año. Lo expuesto, al invocarse como hecho notorio resulta innecesario recabar constancias del aludido expediente. ---Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista." Por otra parte, cabe señalar que de la demanda de amparo que motivo el juicio en que se actúa, se advierte que se reclama la resolución de seis de diciembre de dos mil veintidós, dictada en el juicio ordinario civil sobre divorcio incausado 153/2015, del índice del Juzgado Tercero de lo Familiar de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial en el Estado, con sede en esta ciudad, con la pretensión de que no se lleven a cabo las reglas de convivencia señaladas en esa determinación judicial. Respecto del cual se actualiza una causa notoria y manifiesta de improcedencia en términos de lo dispuesto por el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, que dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas; ." De la interpretación de dicha porción normativa se desprende que el juicio de garantías resulta improcedente, contra resoluciones emitidas en diversos juicios de amparo o en cumplimiento de ellas, ya sea porque se trate del acatamiento tanto de la sentencia emitida en el expediente principal o en el relativo al incidente de suspensión. Lo expuesto queda advertido en la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, diciembre de 2003, página 83 (registro 182624), que dice lo siguiente: "IMPROCEDENCIA. INTERPRETACIÓN DE LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO.- De conformidad con el precepto mencionado el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en él o en ejecución de ellas, entendiéndose por aquél la vía extraordinaria para impugnar actos inconstitucionales de cualquier autoridad, y no como el juicio estrictamente iniciado con la demanda y concluido con la resolución definitiva. En ese tenor, se concluye que las resoluciones emitidas en el juicio de amparo contra las cuales éste es improcedente son las dictadas en el juicio principal, en el incidente de suspensión o en cualquier otro incidente que se tramite y resuelva con motivo de aquél, así como aquellas dictadas después de concluido el juicio, ya sea en una aclaración de sentencia o en los recursos de revisión, queja o reclamación, resoluciones éstas que se entienden emitidas en el juicio de amparo, como medio extraordinario de control constitucional, sin importar que dicha resolución se emita antes o después de concluido el "juicio" en lo principal." Luego, partiendo de que el juicio de amparo resulta improcedente contra actos emanados del cumplimiento de una ejecutoria de amparo, y en la especie se tiene que el aquí reclamado del Juzgado Tercero de lo Familiar de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial en el Estado, con sede en esta ciudad, emana del cumplimiento a lo ordenado por este órgano de control constitucional en la referida sentencia dictada en el juicio de amparo 732/2019-3, esto es, constituye una consecuencia de la obligación que tiene la citada autoridad responsable de acatar lo requerido en una sentencia, lleva a concluir que en la especie se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo. Resulta aplicable a las consideraciones expuestas, la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo IX, enero de 1992, página 182 (registro 220799), que dice lo siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN LOS JUICIOS DE AMPARO EN EJECUCIÓN.- Si la autoridad responsable, en acatamiento a la resolución en la que el Tribunal Colegiado declaró que hubo violación a la suspensión concedida en un juicio de garantías que estaba subjúdice, dicta otra resolución que afecta a un tercero extraño al procedimiento del que deriva el acto reclamado, el diverso juicio de amparo que éste promueva contra esa segunda resolución, es improcedente, en tanto que las diligencias judiciales son dictadas en o con motivo de un juicio de amparo entendiéndose como tal, el cuaderno incidental, por su parte integrante y accesoria de aquel. De ahí que el acto reclamado por el tercero extraño, mediante el que se restituyeron a la quejosa en aquel juicio de amparo, los efectos de la suspensión, no constituye defecto o exceso en la ejecución del auto de suspensión, para que se den los supuestos del artículo 96 de la Ley de Amparo, porque en esa hipótesis, se trata de la ejecución o cumplimiento de la suspensión o de la sentencia de amparo, en la que se concedió la protección federal, es decir, de un juicio concluido, mientras que el caso sujeto a examen se refiere a una resolución dictada en un juicio de amparo subjúdice. Por consiguiente, es improcedente el que promueva un tercero extraño, afectando con una resolución que mantiene los efectos de una suspensión, en términos del artículo 73, fracción II, de la Ley de Amparo." Por ende, con la finalidad de preservar el interés superior del menor, evitar dilación en el trámite de este asunto y ante la actualización manifiesta e indudable de la causal de improcedencia aludida, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de la Materia, procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL en este juicio de amparo. Cobra aplicación al respecto, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, Marzo de 2003, página 386 (registro 184572), cuyo rubro y texto disponen: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Es pertinente hacer notar, que lo apremiante de esta determinación obedece además a que las citadas reglas de convivencia entre el menor de edad A. E. B. A. con su padre Alejandro Omar Barrios Águila, no han podido materializarse durante un lapso considerable, lo que se infiere si se toma en cuenta que la resolución reclamada en el juicio de amparo invocado como hecho notorio, fue pronunciada el veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, fecha desde la cual la aquí quejosa ha hecho valer diversos medios de defensa legal contra tales medidas, con la clara pretensión de evitar se verifique la convivencia entre el aludido menor y su progenitor. Dicha circunstancia, constituye una clara violación a los principios existentes con la finalidad de preservar el interés superior de los niños y niñas, sustentado en los artículos 4o., 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, 9, 12, 19 y 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada en la ciudad de Nueva York, Nueva York, el veinte de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve; 114, 115 y 116 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y 71, 84 y 85 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Tamaulipas, al igual que los criterios que al respecto ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido y criterios respectivamente fueron invocados en la sentencia dictada en el juicio de amparo 732/2019-3; puesto que el evitar la convivencia de A. E. B. A. con su padre, atenta contra el sano desarrollo de dicho menor de edad. Sin soslayar, que la citada oposición de Mayra Liliana Arredondo Tapia, para el verificativo las aludidas reglas de convivencia, sin justificación legal, puede llegar a la modificación de la guardia y custodia del menor de edad, e incluso la suspensión o pérdida de la patria potestad del referido menor de edad. Brinda apoyo a lo previamente señalado la tesis 1a. VI/2022 (11a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, Libro 13, Mayo de 2022, Tomo IV, página 3520 (registro 2024627), del contenido siguiente: "SUSPENSIÓN DE LA PATRIA POTESTAD. EL ARTÍCULO 447, FRACCIÓN VI, DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE LA PREVÉ CUANDO QUIEN LA EJERZA NO PERMITA QUE SE LLEVEN A CABO LAS CONVIVENCIAS PREVIAMENTE DECRETADAS, NO VIOLA LOS ARTÍCULOS 4o. DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL, 17 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 23 DEL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS. Hechos: Un señor demandó, en representación de su menor hijo, la suspensión de la patria potestad a cargo de la progenitora, por impedir las convivencias previamente decretadas entre el menor de edad y el actor. En primera instancia se declaró procedente la suspensión solicitada y se determinó que los cuidados y atenciones del niño quedaban a cargo de la progenitora. Ambas partes apelaron y la alzada determinó modificar la resolución impugnada para establecer que, como consecuencia de la suspensión de la patria potestad, el menor de edad debía ser entregado a su progenitor para que ejerciera su guarda y custodia. La madre promovió juicio de amparo directo que le fue negado; resolución que impugnó en revisión, en la que argumentó la inconstitucionalidad del artículo 447, fracción VI, del Código Civil para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el artículo 447, fracción VI, del Código Civil para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, que establece la suspensión de la patria potestad cuando el que la ejerza no permita que se lleven a cabo las convivencias decretadas por autoridad competente o en convenio aprobado judicialmente, no es violatorio del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni de los diversos 17 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Sin embargo, al decretarse el cambio de guarda y custodia como consecuencia de su aplicación, el juzgador debe suplir la deficiencia de la queja y velar por el interés superior del menor de edad, atendiendo a la teoría del menor riesgo. Justificación: La suspensión de la patria potestad, como consecuencia de la contumacia de no permitir la convivencia de un menor de edad con el progenitor no custodio, es una medida que limita el ejercicio del derecho de familia, sin embargo, ello encuentra justificación constitucional, ya que tiene por objeto salvaguardar el interés superior del menor de edad, que tiene derecho a convivir con el progenitor no custodio, a fin de generar lazos afectivos con ambos padres, protegiéndose así el sano desarrollo de su personalidad. En efecto, el ejercicio de la patria potestad es considerado un poder-facultad concedido a los ascendientes como medio para cumplir con sus deberes respecto a guarda, custodia, crianza, formación y administración de los bienes de sus descendientes. En consecuencia, su suspensión, como medida para evitar que el progenitor que la ejerce impida el sano desarrollo del menor de edad, a través del cumplimiento del régimen de visitas y convivencias decretado en convención judicial, constituye el cumplimiento de un fin de mayor grado. Sin embargo, las consecuencias de esa suspensión, aun cuando no se encuentran establecidas en el texto del precepto en estudio, como son el cambio de guarda y custodia, deben ser analizadas por el juzgador en suplencia de la queja, atendiendo al interés superior del menor de edad, y bajo la teoría del menor riesgo, esto es, a través de una decisión que procure generar el menor daño posible, para lo cual de ser procedente se ordenará recabar las probanzas necesarias a efecto de determinar quién es apto para el efecto, pudiendo serlo el progenitor que conserva la patria potestad, o incluso algún otro familiar que se estime idóneo para el ejercicio de la guarda y custodia; el cambio respectivo debe ser gradual, atender al sano desarrollo del infante, quien dependiendo de su edad podrá ser escuchado, debiéndose emitir una determinación fundada y motivada en la que se establezca el plazo y la forma en que se hará progresivamente el cambio, hasta que la persona a favor de quien se decrete la ejerza completamente, y comience a aplicarse el régimen de visitas y convivencias con el o los progenitores no custodios." También resulta aplicable por las razones que invoca la tesis (IV Región)2o.13 C (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 51, Febrero de 2018, Tomo III, página 1404, (registro 2016233), que literalmente dice: "COSA JUZGADA E INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. AUN CUANDO EXISTA SENTENCIA EJECUTORIADA EN RELACIÓN CON LA GUARDA Y CUSTODIA DE AQUÉL, SI EXISTEN CIRCUNSTANCIAS QUE PONGAN EN PELIGRO SU INTEGRIDAD, EL JUEZ DEBE PRIVILEGIAR EL SEGUNDO FRENTE A LA PRIMERA FIGURA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN). El artículo 401 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán establece que las sentencias dictadas en asuntos de alimentos, sobre guarda y custodia e interdicción, entre otros, conservarán autoridad de cosa juzgada mientras no se alteren o cambien las circunstancias que afecten el ejercicio de la acción que se dedujo en el juicio correspondiente pues, de lo contrario, sólo pueden alterarse o modificarse mediante la reclamación respectiva que se tramite en vía incidental. Así, aun cuando el juzgador deba atender a una sentencia que ya causó ejecutoria, en todo caso debe prevalecer el interés superior del menor, con base en lo que permite el artículo citado, y porque este principio resulta de mayor entidad que la institución de la cosa juzgada, pues si bien es cierto que ésta implica la imposibilidad de volver a discutir lo decidido en un juicio, porque la rigidez e inmutabilidad de la sentencia descansa en los principios de seguridad y certeza jurídica, consagrados en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, también lo es que conforme al numeral 401 citado, si surgieron cambios o alteraciones en las circunstancias que, en su caso, motivaron el fallo respectivo, dichos principios no pueden prevalecer frente al derecho del menor. De otra forma, implicaría pasar por alto la obligación del Estado de propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el pleno ejercicio de sus derechos, de acuerdo con el artículo 4o. de la Carta Magna, así como con los numerales 3 y 4 de la Convención sobre los Derechos del Niño y, 17 y 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Así las cosas, si en un juicio en el que se dilucidó la guarda y custodia de un menor, en el que ya existe sentencia ejecutoria, la parte que no consiguió la custodia informa al Juez que de ejecutarse el fallo y entregar al menor al progenitor que sí la obtuvo, se pondría en riesgo la integridad física y mental del menor, y le hace de su conocimiento presuntos hechos o actos que ocurrieron con posterioridad al dictado de la sentencia, inherentes a este aspecto, el Juez debe actuar en forma activa, velando por el interés superior y de acceso efectivo a la justicia de aquél, incluso, pese a que exista sentencia ejecutoria sobre el tema de la guarda y custodia y, por tanto, deberá proveer lo conducente sobre la petición de modificación de su determinación de guarda y custodia pues, de otra forma, las prerrogativas del menor se vuelven ineficaces si dentro del procedimiento no se reconoce que por su propia condición requiere de una protección legal reforzada. Considerando lo aquí resuelto, cancélese la hora y fecha señaladas para el verificativo de la audiencia constitucional en este asunto; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y dése noticia en la estadística. Asimismo, con copia de esta determinación dese cuenta en el incidente de suspensión derivado de este expediente y provéase lo conducente. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante , Secretario de Juzgado que autoriza y da fe.

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