Mayra Leticia Pérez Collí

Expediente 1028/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
1028/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
25/11/2020

Partes del expediente

  • Mayra Leticia Pérez Collí

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veinticinco de noviembre de dos mil veinte. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada ley, en contra del acuerdo de cuatro de noviembre del año en curso, mediante el cual se desechó la demanda constitucional. En tal virtud, se declara que el referido proveído ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes; en consecuencia, previas las anotaciones conducentes en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, por tratarse de un juicio de amparo en el que se desechó la demanda, y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el artículo 15 del citado acuerdo. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, cuatro de noviembre de dos mil veinte. Visto el estado de autos, agréguese la demanda de amparo presentada por ***, en contra de los actos que reclama del Secretario de Seguridad Pública en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, que hace consistir en lo siguiente: "a).- . De la autoridad responsable reclamo la ilegal orden de retención y o desposesión y o aseguramiento de mi vehículo de la marca DODGE, tipo Attitude SXT MT, modelo 2018, color grafito, 4 cuatro puertas, 3 tres cilindros, 5 cinco pasajeros, con número de serie ***, con número de placas de circulación ***del Estado de Yucatán, la cual fue realizada, careciendo de la debida fundamentación que requiere todo acto emitido por una Autoridad; máxime que se trata de un acto de molestia; así como la negativa de devolver y hacer la entrega material de mi vehículo al suscrito. De la propia autoridad, reclamo la ejecución de la orden de retención y/o desposesión y o aseguramiento de mi vehículo de la marca DODGE, tipo Attitude SXT MT, modelo 2018, color grafito, 4 cuatro puertas, 3 tres cilindros, 5 cinco pasajeros, con número de serie ***, con número de placas de circulación ***del Estado de Yucatán dictada por la autoridad ordenadora; así como la negativa de devolverme y hacerme entrega material de mi vehículo. También reclamo, en caso de que se encuentre en los corralones de dichas corporaciones policiacas, el pago de derechos y o multas que pretendan cobrarme por haberse llevado mi vehículo, ya que en ningún momento se me notificó de que exista denuncia y o querella y o procedimiento administrativo en mi contra, en el que se encuentre involucrado mi vehículo, lo cual, no justificaría el cobro de dichos derechos y o multas.". FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE. Al efecto, se acuerda: fórmese expediente, regístrese con el número 1028/2020-IV-B y anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. DESECHAMIENTO. Ahora bien, se determina que la demanda de amparo es notoriamente improcedente y, por tanto, debe desecharse, como se verá a continuación. El artículo 113 de la Ley de Amparo dispone lo siguiente: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, y finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. La improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver el fondo de la cuestión planteada. El artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios." La hipótesis legal en cita alude al supuesto en que un juicio de amparo resulta improcedente, cuando el acto que en él se reclama, sea materia de otro juicio de la misma naturaleza, promovido por el mismo quejoso respecto de las mismas autoridades responsables, aun cuando se aduzcan en uno y otro, distintas violaciones constitucionales, lo que significa estar ante la institución procesal de la litispendencia. De acuerdo a la doctrina procesal, esa figura requiere que un litigio esté vigente, es decir, pendiente de resolverse y se entenderá terminado una vez que exista cosa juzgada, en otras palabras, en el momento en que cause ejecutoria o quede firme la determinación que haya concluido el juicio primigenio. Cabe hacer notar que en distingo a la Ley de Amparo, hasta el dos de abril de dos mil trece, la actual Ley Reglamentaria modificó el texto de la fracción que preveía la causal de improcedencia analizada, siendo que el texto anterior sí detallaba qué debe entenderse cuando se aludía a un juicio "pendiente de resolución", esto es, ya sea que se encuentre substanciando en primera o única instancia, o bien, en revisión. Así, del texto anterior era factible extraer que la figura de litispendencia podía surtirse en tres momentos: Antes del dictado de la sentencia en el primer juicio; Aun cuando ya se haya dictado sentencia en el primer juicio, siempre y cuando no haya causado ejecutoria antes de la iniciación del segundo; y, Si existe recurso de revisión en contra de la sentencia, hasta antes del dictado del fallo correspondiente. Precisión que si bien es verdad no se contiene gramaticalmente en el texto vigente de la fracción X, del precepto 61, de la Ley de Amparo, ya que únicamente prevalece la expresión que alude a un juicio de amparo precedente "pendiente de resolución", también es verdad que ésta debe ser interpretada acorde con la naturaleza y teleología de la institución jurídica que acoge, asimismo, en forma sistemática, con el texto integral del precepto 61 de la Ley de Amparo. En efecto, se destaca que la litispendencia es una institución procesal que tiene como finalidades fundamentales las siguientes: Que se guarde la unidad del proceso; Que se cumpla con el principio de economía procesal que debe imperar en todo juicio; y, Evitar que se pronuncien sentencias contradictorias en procesos iniciados por las mismas partes, por el mismo objeto y que busquen la misma pretensión. Entonces, con el objetivo de proteger la unidad del proceso, el principio de economía procesal y sobre todo, evitar la emisión de resoluciones contradictorias en asuntos iniciados por las mismas partes, con el mismo objeto y pretensión, se entiende que la litispendencia debe operar siempre que se encuentre vigente el primigenio juicio, lo que significa que aún no debe existir cosa juzgada en el litigio planteado en primer orden, y en esa postura, al hablar de un "litigio pendiente", se tiene que puede manifestarse en tres momentos, como ya se dijo. Ello es así, porque de la lectura integral de dicho precepto, no se advierte diversa fracción que en específico contemple en forma fragmentada cada uno de los tres supuestos en que se puede manifestar la institución de la litispendencia, y por otra parte, la fracción XI del mismo numeral sí contempla como diverso motivo de improcedencia del juicio de amparo, la institución de la cosa juzgada; todo lo cual, lleva a concluir que la causal de improcedencia materia del presente análisis sí puede manifestarse en cualquiera de los tres supuestos ya indicados. Así, para la actualización de la litispendencia es necesario que se actualicen los siguientes elementos constitutivos: a) Que el acto reclamado se cuestione simultáneamente en dos juicios de amparo; b) Los juicios estén pendientes de resolución, ya sea en primera o única instancia, o en revisión; y, c) Ambos juicios se hubiesen promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Los anteriores requisitos se encuentran probados con los datos que constan en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), los cuales se invocan como hecho notorio, ya que se advierte que ante este mismo Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, se presentó diversa demanda de amparo promovida por Mayra Leticia Reyes Collí, la cual se registró bajo el número 699/2020-V, expediente en el cual se dictó sentencia el dieciséis de octubre del presente año, misma que aún no causa ejecutoria. Demanda que la justiciable promovió en contra del Fiscal General y Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos de Robo de la Fiscalía General (en su carácter de ordenadoras); así como del Secretario de Seguridad Pública y Director de la Policía Estatal de Investigación (en su carácter de ejecutoras), todos del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, por el mismo acto que se reclama en el presente juicio de amparo, consistente en la orden de retención y/o desposesión y/o aseguramiento del vehículo de su propiedad, marca DODGE, tipo Attitude SXT MT, modelo 2018, color grafito, cuatro puertas, tres cilindros, con número de serie **, con número de placas de circulación ***, del Estado de Yucatán; así como la negativa a devolverlo, y la ejecución de dicha orden, así como el cobro de multas generadas por la retención del vehículo de mérito, en caso de que se encuentre en los corralones de dichas corporaciones policiacas; por tanto, el supuesto que se actualiza en la especie es el indicado bajo el inciso b). En esas condiciones, obténgase copia certificada de la demanda relativa al juicio de amparo 699/2020-V, de este índice, y glósese al presente expediente para que obren como corresponda. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia VI.1o.P. J/25, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal, de rubro siguiente: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O LOS JUECES DE DISTRITO." Así como la tesis I.1o.A.14 K (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con el siguiente rubro: "SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES. LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN PUEDEN INVOCAR EN SUS RESOLUCIONES LA INFORMACIÓN OBTENIDA DE ÉSTE COMO HECHO NOTORIO Y CONCEDERLE VALOR PROBATORIO PLENO." De lo anteriormente relacionado se colige que en ambos juicios de amparo la indicada quejosa ***, se duele de los mismos actos reclamados: orden de retención y o desposesión y/o aseguramiento del vehículo de su propiedad, marca DODGE, tipo Attitude SXT MT, modelo 2018, color grafito, cuatro puertas, tres cilindros, con número de serie ***, con número de placas de circulación YXH642C, del Estado de Yucatán; así como la negativa a devolverlo, y la ejecución de dicha orden, así como el cobro de multas generadas por la retención del vehículo de mérito, en caso de que se encuentre en los corralones de dichas corporaciones policiacas. Por lo anterior, es dable afirmar que dichos actos reclamados son materia de estudio en el juicio de amparo 699/2020-V. Circunstancia anterior que impide a este Juzgado realizar un nuevo estudio en torno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos contenidos en la demanda que se atiende, por tratarse de una cuestión que ya fue materia de un juicio de amparo que aun y cuando fue resuelto, falta que cause ejecutoria la sentencia dictada en el mismo, por estar pendiente un resurso de revisión; pues asumir una posición contraria, implicaría que la aquí quejosa pueda válidamente promover tantos amparos como quisiera, en total detrimento de la justicia federal que emplearía más recursos materiales y humanos en analizar algo que ya fue materia de estudio por la misma instancia federal, y que esta pendiente de causar ejecutoria, situación contradictoria con los fines de buena fe que persigue el juicio de amparo. Por los razonamientos que han sido expuestos, se resuelve que en este caso la acción constitucional es notoriamente improcedente al actualizarse la causal prevista en la fracción X, del artículo 61 de la Ley de Amparo; en tal virtud, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, SE DESECHA la demanda de amparo de estudio. Al respecto, es aplicable la tesis emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con rubro y contenido literal, siguiente: "IMPROCEDENCIA POR RECLAMAR EL ACTO EN DOS AMPAROS. NO ES OBSTACULO PARA DECLARARLA EN EL SEGUNDO JUICIO EL QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES CUMPLAN POR SI MISMAS LA SENTENCIA DICTADA EN EL PRIMERO, PENDIENTE DE RESOLUCION EN REVISIÓN, POR NO ESTAR CONFORME EL QUEJOSO CON LOS EFECTOS PARA LOS CUALES SE LE CONCEDIO LA PROTECCION DE LA JUSTICIA FEDERAL. De lo dispuesto por el artículo 73, fracción III, de la Ley de Amparo, se desprende que únicamente son tres los requisitos exigidos para que opere la causal de improcedencia relativa, a saber: a) Que la ley o acto que se reclamen sea materia de otro juicio de amparo; b) Que ese juicio esté pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia o en revisión y, c) Que ambos juicios de garantías estén promovidos por el mismo quejoso o quejosos, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, todo lo cual permite inferir que se estableció por el legislador ordinario con el exclusivo propósito de impedir, en ese caso, la posibilidad de la coexistencia de sentencias contradictorias con igual autoridad de cosa juzgada y fuerza ejecutoria. Ahora bien, el hecho de que las autoridades responsables, por si mismas, den cumplimiento a la sentencia dictada en el primer juicio, carente de firmeza en virtud de la falta de resolución del recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa al no estar conforme con los efectos para los cuales se le concedió la protección de la Justicia Federal, no constituye obstáculo para que en el segundo juicio se surta lo previsto por el mencionado dispositivo legal en la medida que, pese a la actitud peculiar asumida por las autoridades, sigue quedando en pie la existencia del primer juicio de amparo pendiente de resolución en revisión, promovido, al igual que el segundo, por el mismo quejoso en contra de las mismas autoridades responsables y por los propios actos reclamados, de manera que no se destruye la factibilidad de que lleguen a dictarse dos sentencias contradictorias que es lo que pretende evitar la causal aludida". Asimismo, robustece a lo anterior la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, con rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE GARANTIAS. PROCEDE SU DESECHAMIENTO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCION III, DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO HABIENDOSE DICTADO LA SENTENCIA EN EL DIVERSO JUICIO, ESTA NO HA CAUSADO EJECUTORIA. Como en términos del artículo 73, fracción III de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente contra leyes o actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia o en revisión, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas; carece de relevancia que en dicho juicio de garantías pendiente de resolución, el fallo que lo haya decidido y aún no ha causado ejecutoria, haya sobreseído en relación con los actos reclamados, puesto que aunque dicha resolución por regla general no constituye cosa juzgada ni impide por consiguiente la promoción de un nuevo juicio de garantías en que se combata el mismo acto, esa regla se actualiza únicamente en relación con sentencias que han causado ejecutoria, hipótesis que no se actualiza en el caso concreto." Sin que obste a lo anterior, que en aquella demanda, se señalaran como autoridades responsables al Fiscal General y Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos de Robo de la Fiscalía General (en su carácter de ordenadoras); así como del Secretario de Seguridad Pública y Director de la Policía Estatal de Investigación (en su carácter de ejecutoras), todos del Estado de Yucatán; y en la presente demanda, sólo se señale como responsable al Secretario de Seguridad Pública; pues de las constancia de aquel juicio se advierte que todas las autoridades distintas al ahora también señalado, negaron el acto reclamado y sólo la aquí coincidente lo aceptó; y atendiendo a lo anterior se le tuvo por cierto el mismo y partiendo de ello se resolvió en consecuencia. Por lo que, resulta incontrovertible que en ambas demandas figuró la autoridad aquí señalada como responsable, y fue promovida por la misma parte quejosa y por idénticos actos reclamados. De donde deriva la manifiesta e indudable de la causal de improcedencia referida. DOMICILIO, AUTORIZADOS Y PRUEBAS DE LA PARTE QUEJOSA Por otra parte, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala para tal fin en su demanda. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Desde este momento y con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conlleven al retraso de las actuaciones judiciales. PERMISIBILIDAD DE USO DE APARATOS DE REPRODUCCIÓN De conformidad con lo previsto por la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de cámara fotográfica, escáner o cualquier otro aparato de reproducción documental, respecto de las actuaciones que obran en este expediente. PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES En cumplimiento al artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XIV, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la misma, publicado el dos de abril de dos mil cuatro, en vigor al día siguiente. Que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos. Con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales. En la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos. Asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De acuerdo con el artículo 8° del citado Reglamento, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos de la fracción IV, del artículo 13 de la mencionada Ley. EXHORTACIÓN A LA TRAMITACIÓN BAJO EL ESQUEMA DE "JUICIO EN LÍNEA". En atención a lo indicado en el considerando Noveno, artículos 28, 29 y 31 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19; se exhorta a las partes, si no lo han hecho, a que continúen, o en su momento transiten a la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea". Solicitando para tal efecto, el acceso al expediente electrónico y autorizando se reciban las notificaciones vía electrónica; debiendo obtener para tal efecto su firma electrónica en términos de lo que establece el Acuerdo General Conjunto 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; estando a su disposición el aplicativo de firma electrónica en los enlaces señalados en el Transitorio Décimo Primero, del referido Acuerdo General 21/2020. REQUERIMIENTO PARA ENTABLAR COMUNICACIONES NO PROCESALES. Así como deberán proporcionar un teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico con la finalidad de establecer contacto, de resultar necesario por esas vías, en términos de lo dispuesto en el numeral 5°, fracción I del multicitado Acuerdo General 21 2020, para establecer comunicaciones no procesales. Lo anterior a fin de estar en la posibilidad de continuar en todo momento con el juicio de amparo, pues de no ser así podría llegarse al supuesto de excepción de no poder continuar con el trámite del mismo hasta su conclusión, pues de presentarse alguno de los supuestos establecidos en el artículo 19 del citado Acuerdo General 21 2020, eventualmente, podría suspenderse el trámite del presente juicio de amparo. ORDEN DE FORMAR EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Fórmese el correspondiente expediente electrónico de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General 12 2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, cuatro de noviembre de dos mil veinte. Visto el estado de autos, agréguese la demanda de amparo presentada por ***, en contra de los actos que reclama del Secretario de Seguridad Pública en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, que hace consistir en lo siguiente: "a).- . De la autoridad responsable reclamo la ilegal orden de retención y o desposesión y o aseguramiento de mi vehículo de la marca DODGE, tipo Attitude SXT MT, modelo 2018, color grafito, 4 cuatro puertas, 3 tres cilindros, 5 cinco pasajeros, con número de serie ***, con número de placas de circulación ***del Estado de Yucatán, la cual fue realizada, careciendo de la debida fundamentación que requiere todo acto emitido por una Autoridad; máxime que se trata de un acto de molestia; así como la negativa de devolver y hacer la entrega material de mi vehículo al suscrito. De la propia autoridad, reclamo la ejecución de la orden de retención y/o desposesión y o aseguramiento de mi vehículo de la marca DODGE, tipo Attitude SXT MT, modelo 2018, color grafito, 4 cuatro puertas, 3 tres cilindros, 5 cinco pasajeros, con número de serie ***, con número de placas de circulación ***del Estado de Yucatán dictada por la autoridad ordenadora; así como la negativa de devolverme y hacerme entrega material de mi vehículo. También reclamo, en caso de que se encuentre en los corralones de dichas corporaciones policiacas, el pago de derechos y o multas que pretendan cobrarme por haberse llevado mi vehículo, ya que en ningún momento se me notificó de que exista denuncia y o querella y o procedimiento administrativo en mi contra, en el que se encuentre involucrado mi vehículo, lo cual, no justificaría el cobro de dichos derechos y o multas.". FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE. Al efecto, se acuerda: fórmese expediente, regístrese con el número 1028/2020-IV-B y anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. DESECHAMIENTO. Ahora bien, se determina que la demanda de amparo es notoriamente improcedente y, por tanto, debe desecharse, como se verá a continuación. El artículo 113 de la Ley de Amparo dispone lo siguiente: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, y finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. La improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver el fondo de la cuestión planteada. El artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios." La hipótesis legal en cita alude al supuesto en que un juicio de amparo resulta improcedente, cuando el acto que en él se reclama, sea materia de otro juicio de la misma naturaleza, promovido por el mismo quejoso respecto de las mismas autoridades responsables, aun cuando se aduzcan en uno y otro, distintas violaciones constitucionales, lo que significa estar ante la institución procesal de la litispendencia. De acuerdo a la doctrina procesal, esa figura requiere que un litigio esté vigente, es decir, pendiente de resolverse y se entenderá terminado una vez que exista cosa juzgada, en otras palabras, en el momento en que cause ejecutoria o quede firme la determinación que haya concluido el juicio primigenio. Cabe hacer notar que en distingo a la Ley de Amparo, hasta el dos de abril de dos mil trece, la actual Ley Reglamentaria modificó el texto de la fracción que preveía la causal de improcedencia analizada, siendo que el texto anterior sí detallaba qué debe entenderse cuando se aludía a un juicio "pendiente de resolución", esto es, ya sea que se encuentre substanciando en primera o única instancia, o bien, en revisión. Así, del texto anterior era factible extraer que la figura de litispendencia podía surtirse en tres momentos: Antes del dictado de la sentencia en el primer juicio; Aun cuando ya se haya dictado sentencia en el primer juicio, siempre y cuando no haya causado ejecutoria antes de la iniciación del segundo; y, Si existe recurso de revisión en contra de la sentencia, hasta antes del dictado del fallo correspondiente. Precisión que si bien es verdad no se contiene gramaticalmente en el texto vigente de la fracción X, del precepto 61, de la Ley de Amparo, ya que únicamente prevalece la expresión que alude a un juicio de amparo precedente "pendiente de resolución", también es verdad que ésta debe ser interpretada acorde con la naturaleza y teleología de la institución jurídica que acoge, asimismo, en forma sistemática, con el texto integral del precepto 61 de la Ley de Amparo. En efecto, se destaca que la litispendencia es una institución procesal que tiene como finalidades fundamentales las siguientes: Que se guarde la unidad del proceso; Que se cumpla con el principio de economía procesal que debe imperar en todo juicio; y, Evitar que se pronuncien sentencias contradictorias en procesos iniciados por las mismas partes, por el mismo objeto y que busquen la misma pretensión. Entonces, con el objetivo de proteger la unidad del proceso, el principio de economía procesal y sobre todo, evitar la emisión de resoluciones contradictorias en asuntos iniciados por las mismas partes, con el mismo objeto y pretensión, se entiende que la litispendencia debe operar siempre que se encuentre vigente el primigenio juicio, lo que significa que aún no debe existir cosa juzgada en el litigio planteado en primer orden, y en esa postura, al hablar de un "litigio pendiente", se tiene que puede manifestarse en tres momentos, como ya se dijo. Ello es así, porque de la lectura integral de dicho precepto, no se advierte diversa fracción que en específico contemple en forma fragmentada cada uno de los tres supuestos en que se puede manifestar la institución de la litispendencia, y por otra parte, la fracción XI del mismo numeral sí contempla como diverso motivo de improcedencia del juicio de amparo, la institución de la cosa juzgada; todo lo cual, lleva a concluir que la causal de improcedencia materia del presente análisis sí puede manifestarse en cualquiera de los tres supuestos ya indicados. Así, para la actualización de la litispendencia es necesario que se actualicen los siguientes elementos constitutivos: a) Que el acto reclamado se cuestione simultáneamente en dos juicios de amparo; b) Los juicios estén pendientes de resolución, ya sea en primera o única instancia, o en revisión; y, c) Ambos juicios se hubiesen promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Los anteriores requisitos se encuentran probados con los datos que constan en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), los cuales se invocan como hecho notorio, ya que se advierte que ante este mismo Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, se presentó diversa demanda de amparo promovida por Mayra Leticia Reyes Collí, la cual se registró bajo el número 699/2020-V, expediente en el cual se dictó sentencia el dieciséis de octubre del presente año, misma que aún no causa ejecutoria. Demanda que la justiciable promovió en contra del Fiscal General y Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos de Robo de la Fiscalía General (en su carácter de ordenadoras); así como del Secretario de Seguridad Pública y Director de la Policía Estatal de Investigación (en su carácter de ejecutoras), todos del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, por el mismo acto que se reclama en el presente juicio de amparo, consistente en la orden de retención y/o desposesión y/o aseguramiento del vehículo de su propiedad, marca DODGE, tipo Attitude SXT MT, modelo 2018, color grafito, cuatro puertas, tres cilindros, con número de serie **, con número de placas de circulación ***, del Estado de Yucatán; así como la negativa a devolverlo, y la ejecución de dicha orden, así como el cobro de multas generadas por la retención del vehículo de mérito, en caso de que se encuentre en los corralones de dichas corporaciones policiacas; por tanto, el supuesto que se actualiza en la especie es el indicado bajo el inciso b). En esas condiciones, obténgase copia certificada de la demanda relativa al juicio de amparo 699/2020-V, de este índice, y glósese al presente expediente para que obren como corresponda. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia VI.1o.P. J/25, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal, de rubro siguiente: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O LOS JUECES DE DISTRITO." Así como la tesis I.1o.A.14 K (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con el siguiente rubro: "SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES. LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN PUEDEN INVOCAR EN SUS RESOLUCIONES LA INFORMACIÓN OBTENIDA DE ÉSTE COMO HECHO NOTORIO Y CONCEDERLE VALOR PROBATORIO PLENO." De lo anteriormente relacionado se colige que en ambos juicios de amparo la indicada quejosa ***, se duele de los mismos actos reclamados: orden de retención y o desposesión y/o aseguramiento del vehículo de su propiedad, marca DODGE, tipo Attitude SXT MT, modelo 2018, color grafito, cuatro puertas, tres cilindros, con número de serie ***, con número de placas de circulación YXH642C, del Estado de Yucatán; así como la negativa a devolverlo, y la ejecución de dicha orden, así como el cobro de multas generadas por la retención del vehículo de mérito, en caso de que se encuentre en los corralones de dichas corporaciones policiacas. Por lo anterior, es dable afirmar que dichos actos reclamados son materia de estudio en el juicio de amparo 699/2020-V. Circunstancia anterior que impide a este Juzgado realizar un nuevo estudio en torno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos contenidos en la demanda que se atiende, por tratarse de una cuestión que ya fue materia de un juicio de amparo que aun y cuando fue resuelto, falta que cause ejecutoria la sentencia dictada en el mismo, por estar pendiente un resurso de revisión; pues asumir una posición contraria, implicaría que la aquí quejosa pueda válidamente promover tantos amparos como quisiera, en total detrimento de la justicia federal que emplearía más recursos materiales y humanos en analizar algo que ya fue materia de estudio por la misma instancia federal, y que esta pendiente de causar ejecutoria, situación contradictoria con los fines de buena fe que persigue el juicio de amparo. Por los razonamientos que han sido expuestos, se resuelve que en este caso la acción constitucional es notoriamente improcedente al actualizarse la causal prevista en la fracción X, del artículo 61 de la Ley de Amparo; en tal virtud, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, SE DESECHA la demanda de amparo de estudio. Al respecto, es aplicable la tesis emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con rubro y contenido literal, siguiente: "IMPROCEDENCIA POR RECLAMAR EL ACTO EN DOS AMPAROS. NO ES OBSTACULO PARA DECLARARLA EN EL SEGUNDO JUICIO EL QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES CUMPLAN POR SI MISMAS LA SENTENCIA DICTADA EN EL PRIMERO, PENDIENTE DE RESOLUCION EN REVISIÓN, POR NO ESTAR CONFORME EL QUEJOSO CON LOS EFECTOS PARA LOS CUALES SE LE CONCEDIO LA PROTECCION DE LA JUSTICIA FEDERAL. De lo dispuesto por el artículo 73, fracción III, de la Ley de Amparo, se desprende que únicamente son tres los requisitos exigidos para que opere la causal de improcedencia relativa, a saber: a) Que la ley o acto que se reclamen sea materia de otro juicio de amparo; b) Que ese juicio esté pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia o en revisión y, c) Que ambos juicios de garantías estén promovidos por el mismo quejoso o quejosos, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, todo lo cual permite inferir que se estableció por el legislador ordinario con el exclusivo propósito de impedir, en ese caso, la posibilidad de la coexistencia de sentencias contradictorias con igual autoridad de cosa juzgada y fuerza ejecutoria. Ahora bien, el hecho de que las autoridades responsables, por si mismas, den cumplimiento a la sentencia dictada en el primer juicio, carente de firmeza en virtud de la falta de resolución del recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa al no estar conforme con los efectos para los cuales se le concedió la protección de la Justicia Federal, no constituye obstáculo para que en el segundo juicio se surta lo previsto por el mencionado dispositivo legal en la medida que, pese a la actitud peculiar asumida por las autoridades, sigue quedando en pie la existencia del primer juicio de amparo pendiente de resolución en revisión, promovido, al igual que el segundo, por el mismo quejoso en contra de las mismas autoridades responsables y por los propios actos reclamados, de manera que no se destruye la factibilidad de que lleguen a dictarse dos sentencias contradictorias que es lo que pretende evitar la causal aludida". Asimismo, robustece a lo anterior la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, con rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE GARANTIAS. PROCEDE SU DESECHAMIENTO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCION III, DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO HABIENDOSE DICTADO LA SENTENCIA EN EL DIVERSO JUICIO, ESTA NO HA CAUSADO EJECUTORIA. Como en términos del artículo 73, fracción III de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente contra leyes o actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia o en revisión, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas; carece de relevancia que en dicho juicio de garantías pendiente de resolución, el fallo que lo haya decidido y aún no ha causado ejecutoria, haya sobreseído en relación con los actos reclamados, puesto que aunque dicha resolución por regla general no constituye cosa juzgada ni impide por consiguiente la promoción de un nuevo juicio de garantías en que se combata el mismo acto, esa regla se actualiza únicamente en relación con sentencias que han causado ejecutoria, hipótesis que no se actualiza en el caso concreto." Sin que obste a lo anterior, que en aquella demanda, se señalaran como autoridades responsables al Fiscal General y Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos de Robo de la Fiscalía General (en su carácter de ordenadoras); así como del Secretario de Seguridad Pública y Director de la Policía Estatal de Investigación (en su carácter de ejecutoras), todos del Estado de Yucatán; y en la presente demanda, sólo se señale como responsable al Secretario de Seguridad Pública; pues de las constancia de aquel juicio se advierte que todas las autoridades distintas al ahora también señalado, negaron el acto reclamado y sólo la aquí coincidente lo aceptó; y atendiendo a lo anterior se le tuvo por cierto el mismo y partiendo de ello se resolvió en consecuencia. Por lo que, resulta incontrovertible que en ambas demandas figuró la autoridad aquí señalada como responsable, y fue promovida por la misma parte quejosa y por idénticos actos reclamados. De donde deriva la manifiesta e indudable de la causal de improcedencia referida. DOMICILIO, AUTORIZADOS Y PRUEBAS DE LA PARTE QUEJOSA Por otra parte, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala para tal fin en su demanda. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Desde este momento y con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conlleven al retraso de las actuaciones judiciales. PERMISIBILIDAD DE USO DE APARATOS DE REPRODUCCIÓN De conformidad con lo previsto por la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de cámara fotográfica, escáner o cualquier otro aparato de reproducción documental, respecto de las actuaciones que obran en este expediente. PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES En cumplimiento al artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XIV, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la misma, publicado el dos de abril de dos mil cuatro, en vigor al día siguiente. Que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos. Con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales. En la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos. Asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De acuerdo con el artículo 8° del citado Reglamento, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos de la fracción IV, del artículo 13 de la mencionada Ley. EXHORTACIÓN A LA TRAMITACIÓN BAJO EL ESQUEMA DE "JUICIO EN LÍNEA". En atención a lo indicado en el considerando Noveno, artículos 28, 29 y 31 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19; se exhorta a las partes, si no lo han hecho, a que continúen, o en su momento transiten a la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea". Solicitando para tal efecto, el acceso al expediente electrónico y autorizando se reciban las notificaciones vía electrónica; debiendo obtener para tal efecto su firma electrónica en términos de lo que establece el Acuerdo General Conjunto 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; estando a su disposición el aplicativo de firma electrónica en los enlaces señalados en el Transitorio Décimo Primero, del referido Acuerdo General 21/2020. REQUERIMIENTO PARA ENTABLAR COMUNICACIONES NO PROCESALES. Así como deberán proporcionar un teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico con la finalidad de establecer contacto, de resultar necesario por esas vías, en términos de lo dispuesto en el numeral 5°, fracción I del multicitado Acuerdo General 21 2020, para establecer comunicaciones no procesales. Lo anterior a fin de estar en la posibilidad de continuar en todo momento con el juicio de amparo, pues de no ser así podría llegarse al supuesto de excepción de no poder continuar con el trámite del mismo hasta su conclusión, pues de presentarse alguno de los supuestos establecidos en el artículo 19 del citado Acuerdo General 21 2020, eventualmente, podría suspenderse el trámite del presente juicio de amparo. ORDEN DE FORMAR EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Fórmese el correspondiente expediente electrónico de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General 12 2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Se notifica a la parte quejosa de conformidad con el artículo 27 y 29 de la ley amparo....

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · 11,514 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano