Mayra Leticia Obregon Hernández

Expediente 1599/2021 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1599/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
25/01/2022

Partes del expediente

  • Mayra Leticia Obregon Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, veinticinco de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación con que se da cuenta, se desprende que la parte quejosa no interpuso el recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, en contra del proveído de veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, donde se desechó de plano la demanda de garantías promovida por Mayra Leticia Obregón Hernández, administradora única de la persona moral quejosa Speed-Med de Matamoros, sociedad anónima de capital variable; por ende, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos aplicados supletoriamente a la legislación de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. En consecuencia, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año, y que no existen documentos originales agregados al expediente; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto en que sin decidirlo en lo principal se dio por concluido; además, a juicio de este tribunal no tiene relevancia documental para su conservación. De igual manera, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente expediente deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 21 antes citado. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Edgar Ulises González González, Secretario que actúa y da fe.

  2. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, veintidós de diciembre de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el escrito signado por Mayra Leticia Obregón Hernández, quien se ostenta como administradora única de la persona moral Speed-Med de Matamoros, sociedad anónima de capital variable, a través del cual da cumplimiento con la prevención que se realizara en proveído de diez del presente mes y año, manifestando bajo protesta de decir verdad, que el expediente laboral 520/E06/2021 del índice de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el estado de Tamaulipas, con residencia en esta localidad, aún se encuentra en trámite (no se ha emitido el laudo correspondiente); de igual forma, manifiesta que es su señalar al actuario adscrito a la referida Junta, como autoridad responsable dentro del juicio constitucional que nos ocupa. A continuación, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional procede a efectuar el análisis correspondiente a la demanda de garantías que dio origen a este expediente. Dicho numeral establece, que el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. Lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es ilustrativa sobre el particular, la tesis de jurisprudencia I.1o.A. J/4, visible en la página 890 del Tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que al tenor establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Efectivamente, en el ocurso de demanda de garantías, la quejosa señala como acto reclamado: "EL INDEBIDO E ILEGAL EMPLAZAMIENTO A JUICIO LABORAL, RADICADO BAJO EL EXPEDIENTE LABORAL NÚMERO 520/E06/2021 EN LA JUNTA DE CONCILIACIÓN ESPECIAL NÚMERO SEIS DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO, REALIZADO CON FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 POR EL C. ACTUARIO PAULINO ALEJANDRO JIMÉNEZ VILLEGAS, YA QUE FUE HECHA POR DEMÁS IRREGULAR A NOMBRE DE LA MORAL QUE REPRESENTO, y de igual manera todas las notificaciones que hicieron posterior a la misma, toda vez que se está vulnerando en mi perjuicio lo previsto en los artículos 14, 16 y 17 del pacto federal, ya que me dejan en total estado de indefensión al no permitirme ser oído y vencido en juicio, es por tal motivo que se está violentando flagrantemente mis garantías individuales." Para proveer sobre la admisión o desechamiento de la demanda en estudio, es necesario transcribir en su parte conducente lo que al efecto establece la fracción XXVIII, del numeral 61, de la legislación de la materia, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento." ." Dicho precepto prevé el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, que consiste en la carga procesal del impetrante de garantías de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios previstos en la legislación reguladora del acto reclamado, que pueden conducir a su modificación, revocación o nulidad; que no es otra cosa que la obligación de cumplir el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. En efecto, el mencionado "principio de definitividad" supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga el quejoso, el amparo es improcedente. El principio de mérito se fundamenta en la naturaleza misma del amparo. Es decir, éste es un medio extraordinario, sui géneris, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte de invalidar los actos de las autoridades en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. De acuerdo con lo expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado consistente en agotar, previamente a la interposición de la acción constitucional, los recursos ordinarios (lato sensu) tendientes a revocar o modificar los actos lesivos. Para una mejor comprensión de la causal de improcedencia que se analizará, será conveniente precisar que en el escrito de demanda que nos ocupa, la parte agraviada manifestó, bajo protesta de decir verdad, que tuvo conocimiento de la instauración del expediente de donde emana el emplazamiento reclamado, porque por indicaciones de su abogado, acudió a las oficinas de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el estado de Tamaulipas, con residencia en esta localidad; que al pedir el expediente 520/E06/2021, se percató que se había interpuesto una demanda en contra de la moral que representa, al cual supuestamente fue emplazada de manera personal, el veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno. De igual forma, a través de su ocurso de cumplimiento a la prevención que se le hiciera en proveído de diez de diciembre de dos mil veintiuno, la quejosa manifestó, bajo protesta de decir verdad, que el referido expediente laboral aún se encontraba en trámite (no se ha emitido el laudo correspondiente). Antes de entrar de lleno con la causal de improcedencia que se estudiará, debe precisarse que el emplazamiento es el acto procesal mediante el cual el juzgador da a conocer a una persona la admisión de una demanda enderezada en su contra y le concede un plazo para que pueda contestarla, de tal manera que sólo puede ser referido a la contraparte del actor, es decir, al demandado. Por otra parte, es menester determinar qué debe entenderse por persona extraña a juicio, en virtud de que como se ha indicado, en la especie debe dilucidarse si cuando la parte quejosa promueve juicio de amparo ostentándose como persona extraña pero de las constancias de autos aparece que tuvo conocimiento del juicio natural y no se ha dictado el laudo correspondiente, pierde o no el carácter con el que se ostenta. Al respecto, se estima pertinente tomar en consideración lo dispuesto en la Ley de Amparo: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: "... "VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; ..." Tanto la doctrina como la jurisprudencia utilizan indistintamente la expresión de persona extraña y de tercero extraño al referirse a la procedencia del amparo indirecto previsto en la fracción VI del artículo 107 ya citado; sin embargo, acorde con las interpretaciones sustentadas por el Alto Tribunal, el concepto de persona extraña al juicio es más amplio que el de tercero extraño, porque en aquél se incluye también al propio demandado cuando no es emplazado, o cuando los vicios en el emplazamiento le impiden conocer los datos necesarios para defenderse. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 107, fracción VI, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluido en este concepto, por equiparación, como ya se dijo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente. Sobre el particular resulta aplicable la tesis de jurisprudencia cuyos datos de identificación, rubro y texto se reproduce a continuación: de la novena época, con número de registro 196932, del Pleno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, de enero de 1998, materia común, tesis: P./J. 7/98, página 56: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente." Importa destacar por otro lado, que la afectación que puede resentir una persona extraña a juicio, no necesariamente proviene del mismo acto dentro de la secuela procesal, que comprende desde la presentación de la demanda hasta el cumplimiento de la sentencia, sino que ello dependerá de la titularidad del derecho que se reclame (y quede debidamente demostrado), sea en relación con el bien debatido en el juicio, con los bienes de que la sentencia disponga, o bien, con aquellos que se afecten en la ejecución. Lo anterior es así, porque cuando se sigue un juicio sin llamar a la persona que es titular de los derechos que en el procedimiento habrán de controvertirse, es evidente que conforme al derecho positivo se le causa un perjuicio a sus intereses jurídicamente protegidos, tanto desde el punto de vista legal como desde el punto de vista constitucional. En primer lugar, porque las disposiciones ordinarias le dan acciones para intervenir en el juicio; y en segundo lugar, en razón de que si los artículos 14 y 16 de la Carta Magna otorgan a todo gobernado las garantías de audiencia y legalidad, no puede válidamente discutirse en juicio sobre un bien o derecho del que es titular una individuo a quien no se llamó para que se defendiera. Consecuentemente, ya sea que se tome en cuenta la ley ordinaria, o la norma constitucional, en el derecho positivo mexicano se demuestra la afectación a la persona extraña, puesto que resiente un perjuicio por la transgresión a derechos legítimamente tutelados como lo ha reconocido este Pleno en la tesis cuyos datos de identificación, rubro y texto se reproduce a continuación: séptima época, con número de registro 233285, del Pleno, tesis aislada, del Semanario Judicial de la Federación, 52 primera parte, materia común, página: 46: "INTERÉS JURÍDICO PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. De acuerdo con el sistema consignado en la ley reglamentaria del juicio de garantías, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quienes resienten un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley. Ahora bien, la noción de perjuicio para los efectos del amparo supone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, cuando es transgredido por la actuación de autoridad o por la ley, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente demandando que esa transgresión cese. Tal derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico que la ley de la materia toma en cuenta para la procedencia del juicio de amparo. Sin embargo, es oportuno destacar que no todos los intereses que puedan concurrir en una persona merecen el calificativo de jurídicos, pues para que tal acontezca es menester que el derecho objetivo se haga cargo de ellos a través de una o varias de sus normas." En tales condiciones, cuando dentro del juicio se controvierten los derechos sobre un bien respecto del cual un extraño tiene interés, el solo procedimiento le causa perjuicio a su esfera jurídica ordinaria, puesto que las leyes le otorgan las acciones adecuadas para comparecer e intervenir en el juicio, además de que también se le afectan directamente sus garantías constitucionales, en virtud de que sin oírlo se substancia un procedimiento contencioso, del cual puede derivar una resolución que lesione su interés. Ahora bien, para efectos de dilucidar la divergencia de criterios a que este toca se refiere, es preciso hacer notar que el examen que se realiza se circunscribe a los siguientes supuestos: En las hipótesis que aquí nos ocupa, existe un expediente en el que: 1) La afectada fue parte demandada en el procedimiento de origen. 2) En autos quedó demostrado que la quejosa tuvo conocimiento de la existencia del expediente iniciado en su representada, pero no compareció en él. 3) Aún no se dicta el laudo correspondiente en el expediente de origen. 4) La afectada después de haber tenido conocimiento del expediente incoado en su contra, promovieron juicio de amparo indirecto, ostentándose como personas extrañas al juicio, esto es, en términos del artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo. De ello deriva que la promovente del juicio de amparo se ostenta como persona extraña al juicio por equiparación, aduciendo que su representada no fue emplazada o bien fue llamada en forma ilegal, de tal manera que no tuvo conocimiento del procedimiento incoado en su contra; sin embargo, de autos se advierte que la impetrante de garantías tuvo conocimiento del procedimiento natural, antes de haberse dictado el laudo correspondiente, y decidió no comparecer a éste. Ahora bien, la anterior circunstancia, esto es, el hecho de que la promovente del amparo haya tenido conocimiento del expediente natural, es decir, que haya sido sabedora de los actos reclamados y del proceso seguido en contra de su representada, es razón suficiente para desvirtuar su carácter de persona extraña al juicio por equiparación, en términos del artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, toda vez que como quedó puntualizado con antelación, con ese carácter, en el supuesto mencionado, quedan comprendidos únicamente quienes no fueron emplazados o, aun siéndolo, resistieron un desconocimiento total del juicio. Sobre el particular resulta aplicable la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2001, de la novena época, con número de registro 189964, del Pleno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIII, de abril de 2001, materia común, página: 81, que a la letra dice: "EMPLAZAMIENTO. LA FALTA O ILEGALIDAD DEL MISMO SON IMPUGNABLES EN AMPARO INDIRECTO CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN, NO OBSTANTE QUE TENGA CONOCIMIENTO DE LA SENTENCIA, LAUDO O RESOLUCIÓN DEFINITIVA DURANTE EL TRANSCURSO DEL TÉRMINO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 21 Y 22 DE LA LEY DE AMPARO. Cuando el quejoso no fue emplazado al juicio o fue citado en forma distinta de la prevenida por la ley, lo que le ocasionó el desconocimiento total del juicio, se le equipara a una persona extraña a juicio, por lo que el conocimiento del amparo en estos supuestos, compete a un Juez de Distrito y no a los Tribunales Colegiados de Circuito de conformidad con lo dispuesto por la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo; toda vez que el quejoso, por medio del amparo indirecto, tiene la posibilidad de aportar ante el Juez, en la audiencia constitucional, las pruebas necesarias para demostrar la falta de emplazamiento o que el llamamiento que se le hizo al juicio se realizó en forma distinta a la prevista en la ley, siempre y cuando el quejoso haya promovido la demanda de amparo dentro del término que señalan los artículos 21 y 22 de la Ley de Amparo, pues ello no hace que pierda su calidad de tercero extraño al juicio, pues la violación cometida en su contra, la constituye precisamente esa falta de citación que lo hace desconocedor y, por ende, extraño al juicio seguido en su contra. Sin que tampoco sea obstáculo el que los artículos 158 y 159, fracción I, de la Ley de Amparo, establezcan como violación reclamable en amparo directo esa falta o ilegalidad del emplazamiento, ya que no es posible aplicar esos dispositivos legales cuando el quejoso es persona extraña al juicio por equiparación y de hacerlo, se le dejaría en estado de indefensión, porque no se le daría oportunidad de acreditar la irregularidad del emplazamiento." De lo anterior se concluye que si la parte quejosa se ostenta como tercero extraño a juicio por equiparación, al ser parte demandada en el juicio de origen que se instruye en su contra en el cual aún no se ha dictado el laudo correspondiente, si de autos se acredita que la promovente del juicio de garantías tuvo conocimiento del procedimiento seguido en su contra, ello hace que pierda el carácter con el que se ostenta, en tanto que tiene la oportunidad de imponerse de los autos para defender sus intereses, por lo que, en ese supuesto, en el juicio de garantías se actualiza la causa de improcedencia aquí analizada. Al respecto, resulta aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia con número de registro 189916, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XIII, abril de 2001, Tesis: P./J. 39/2001, Página: 93, que a continuación se reproduce: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY. La sola circunstancia de que el afectado conozca de la existencia del juicio en el que funge como parte y comparezca al mismo, a pesar de no haber sido legalmente emplazado, desvirtúa su carácter de persona extraña al procedimiento, por lo que si promueve el juicio de amparo indirecto, ostentándose con tal carácter, el Juez de Distrito debe sobreseerlo con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, fundamentalmente porque el promovente ya no es persona extraña al juicio por haber comparecido al procedimiento ordinario, quedando en posibilidad de defenderse dentro del contencioso y, en su oportunidad, si es el caso, acudir al amparo directo, fundamentándose la improcedencia en los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción V, aplicada en sentido contrario, de la propia ley; sin que lo anterior implique que el promovente del amparo indirecto, por el hecho de ostentarse como tercero extraño, quede al margen del término previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, esto es, al plazo de quince días contados a partir del día siguiente al en que tenga conocimiento del juicio, bajo el argumento de que la falta o ilegalidad del emplazamiento sea una violación de gran magnitud, pues si bien la improcedencia por extemporaneidad o consentimiento tácito basado en los artículos 21 y 73, fracción XII, del propio ordenamiento, puede llegar a configurarse, tal circunstancia no se surte necesariamente porque puede suceder que el afectado por la falta de emplazamiento promueva el juicio de garantías antes de que transcurra el plazo referido y en tal supuesto no cabría sobreseer por inoportunidad de la demanda, ya que seguiría en pie la otra causal." En efecto, si de autos se advierte que el promovente tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra, antes del dictado del laudo correspondiente, es evidente que por ese solo hecho perdió el carácter de persona extraña al procedimiento por equiparación, pues tal conocimiento le permite imponerse de los autos para saber cuáles son las prestaciones que se le reclaman; circunstancia que le permite hacer valer, a través de los medios impugnativos ordinarios, la defensa a sus intereses dentro del propio proceso y, en caso de no obtener resolución interlocutoria favorable, esperar a hacer el planteamiento de las violaciones procesales al momento de combatir el laudo respectivo. En las condiciones apuntadas, si de las constancias que obran en el expediente existe prueba de que la parte quejosa tuvo conocimiento del expediente de origen seguido en contra de su representada antes de que se dictara el laudo correspondiente dentro del mismo, el amparo en la vía indirecta es improcedente, fundamentalmente porque deja de ser persona extraña al juicio por equiparación, ya que no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impida imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sino que, como se ha indicado en forma reiterada, tuvo conocimiento del juicio natural y por ende, estuvo en condiciones de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa y, por tanto, no se da la hipótesis de procedencia del juicio de garantías que establece el artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo. Al respecto, resulta aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia con Registro digital: 168011, Instancia: Segunda Sala, Novena Época, Materias(s): Laboral, Tesis: 2a./J. 198/2008, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIX, Enero de 2009, página 698, que a continuación se transcribe: "TERCERO EXTRAÑO A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER EL QUEJOSO QUE SE OSTENTE SABEDOR DEL PROCEDIMIENTO LABORAL SEGUIDO EN SU CONTRA EN CUALQUIERA DE SUS ETAPAS HASTA ANTES DE LA EMISIÓN DEL LAUDO, POR ESTAR EN CONDICIONES DE IMPONERSE DE LOS AUTOS Y DEFENDER SUS INTERESES. Si el quejoso en el juicio de garantías se ostenta como tercero extraño por equiparación pero cuando de autos se desprenda que por cualquier medio se hizo sabedor del procedimiento laboral incoado en su contra y aún no se ha dictado el laudo, no puede considerarse que tenga dicho carácter, por no estar en el supuesto relativo a que el ilegal emplazamiento le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De ahí que si promueve el juicio de garantías en estas últimas circunstancias, se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, por no haber agotado el principio de definitividad, pues previamente al ejercicio de la acción constitucional debió promover el incidente de nulidad de notificaciones a que se refieren los artículos 735, 752 y 762 a 765 de la Ley Federal del Trabajo." Consecuentemente, lo que procede en el caso es desechar de plano la demanda de garantías promovida por Mayra Leticia Obregón Hernández, quien se ostenta como administradora única de la persona moral Speed-Med de Matamoros, sociedad anónima de capital variable, al haberse actualizado la causal de improcedencia establecida por el numeral 61, fracción XVIII, del invocado cuerpo de leyes. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis I.1o.A. J/4, visible en la página 890, Tomo VII, Abril de mil novecientos noventa y ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jorge Gabriel Béjar Gómez, Secretario que actúa y da fe.

  3. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el escrito signado por el licenciado José Julián Ramírez Álvarez, autorizado de la parte quejosa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a través del que pretende dar cumplimiento a la prevención inicial realizada el diez de diciembre de dos mil veintiuno, en relación a lo cual informa, que el último dato con el que contaba, relacionado con expediente administrativo laboral de origen, es que se encontraba en trámite, y desconoce si actualmente hay más actuaciones. Sin embargo, es importante destacar que a quien le corresponde efectuar esas aclaraciones es a la parte quejosa (Mayra Leticia Obregón Hernández, quien se ostenta como administradora única de la persona moral Speed-Med de Matamoros, sociedad anónima de capital variable), inexcusablemente, es decir, la quejosa tendrá que hacer del conocimiento de este tribunal esa información, pero bajo protesta de decir verdad, lo cual constituye un acto personalísimo, que no permite ser delegado a persona alguna, ni se encuentra comprendido dentro de las facultades otorgadas al tenor del artículo 12 de la Ley de Amparo. Encuentra sustento lo anterior, en la jurisprudencia 1a./J. 50/2014 (10a.), de la décima época, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Agosto de 2014, registro 2007285, que a la letra señala: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." En esa tesitura, lo procedente es desechar la promoción del compareciente por improcedente, y hágase saber a la parte quejosa que el término concedido para dar cumplimiento al requerimiento de diez de diciembre de dos mil veintiuno, y el apercibimiento con que fue conminado en caso de no realizarlo, continúa vigente, pues la promoción que se recibió en este proveído, no interrumpió el plazo otorgado, por haberse presentado por una persona que no estaba autorizado para ello. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jorge Gabriel Béjar Gómez, Secretario que actúa y da fe.

  4. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, diez de diciembre de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el escrito que remite vía electrónica Mariano Manuel Lara González quien refiere ser autorizado de la tercera interesada Silvia Magdalena Guerra Álvarez; en tal razón, con sustento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, agréguese al presente cuaderno de antecedentes y dígasele al compareciente que no ha lugar a acordar de conformidad el contenido de su libelo, en virtud de que contrario a lo que aduce no tiene reconocida en autos la personalidad con la que se ostenta de autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, por la referida tercera interesada. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Edgar Ulises González González, secretario que actúa y da fe.

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