Mayra Iveth Portillo Bermúdez

Expediente 342/2015 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 23 actuaciones registradas, la última del 22 de enero de 2016.

Datos del expediente

Expediente
342/2015
Año
2015
Actuaciones
23
Última actuación
22/01/2016

Partes del expediente

  • Mayra Iveth Portillo Bermúdez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Principal

    Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el informe justificado rendido por el 1. Agente del Ministerio Público del Fuero Común Titular de la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común Receptora Francisco Zarco, con sede en esta ciudad. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. De conformidad con los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida y admitida la prueba documental que remite la autoridad mencionada, consistente en copias certificadas relativas a la Averiguación previa número 3171/15/36/311/AP. Ahora bien, atendiendo al grosor de los anexos acompañados al informe rendido por la autoridad responsable en mención; para un mejor manejo del expediente, se ordena la apertura de un tomo de pruebas por separado.

  2. Principal

    Con fundamento en el artículo 26, 27 y 29 de la ley de amparo, notifico por lista a la parte quejosa y al terceroo interesado el auto de veintitrés de diciembre de dos mil quince que dice...Visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los que se advierte que mediante oficio registrado con el folio 32032 (fojas 132 a 145), la autoridad responsable Juez Segundo de lo Penal del Partido Judicial de Ensenada, Baja California, manifestó haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo; ahora bien, tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias de los procedimientos de amparo es de orden público, este órgano jurisdiccional se encuentra obligado a determinar si tal ejecutoria está cumplimentada o no, aun cuando las partes no hayan desahogado la vista ordenada sobre el particular, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Apoya la anterior determinación, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 243, tomo XI-marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación, novena época, cuya sinopsis es: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Igualmente resulta aplicable, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, la tesis IX.1o.6 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, consultable en la página 883, tomo III-marzo de 1996, del Semanario Judicial de la Federación, novena época, que dice: "AMPARO, EJECUTORIAS DE. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER INMEDIATO. Los artículos 104, 105, 106 y 107 de la Ley de Amparo, que se refieren a la ejecución de las sentencias dictadas en los juicios de garantías, no prevén ningún caso de excepción. Por el contrario, se advierte que el espíritu de estas disposiciones legales, es el de que las ejecutorias de amparo deben ser cumplimentadas sin demora por las autoridades responsables, pues el restablecimiento de la garantía o garantías violadas, mediante la ejecución de la sentencia de amparo, es una cuestión legal de orden público, que no puede ser aplazada o condicionada a procedimientos ordinarios; estimarlo de otra forma es contrario a los fines del juicio de garantías y altera la jerarquía de las normas jurídicas." En la demanda de amparo la parte quejosa señaló como autoridad responsable, en lo que interesa, al Juez Segundo de lo Penal del Partido Judicial de Ensenada, Baja California, de quien reclamó lo siguiente: "A) La ilegal orden de detención y/o aprehensión dictada en mi contra, decretada por la Autoridad Responsable Ordenadora y tratada de cumplirse o ejecutarse por la Autoridad ejecutora tendiente a procurar mi detención y la consiguiente privación de mi libertad en ejecución del acto reclamado de las autoridades señaladas." EFECTO DE LA SENTENCIA AMPARADORA Los efectos de la concesión de amparo fueron precisados en la referida ejecutoria, por lo que las autoridades responsables quedaron constreñidas a cumplir con lo siguiente: "[.] lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que la autoridad responsable Juez Segundo de lo Penal del Partido Judicial de Ensenada, Baja California; a) deje sin efectos la orden de aprehensión de veintinueve de mayo de dos mil quince, pronunciada en la causa penal 227/2015; y b) en su lugar dicte otra resolución con plenitud d jurisdicción, evitando conceder validez probatoria al certificado de integridad física con numero de folio 1358/4ME/14, expedido por Yolanda Díaz de la Peña, perito médico adscrita a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California; resolución que podrá ser en el mismo sentido de lo anterior, purgando los vicios formales que la afectaban, o en sentido diverso, y sin que pueda tomar en cuenta mayores pruebas a las inicialmente consideradas. Concesión de amparo que se hace extensiva a los actos impugnados a las autoridades ejecutoras, por no haberse reclamado por vicios propios, sino que su inconstitucional se hizo depender de los actos reclamados a la ordenadora, respecto de los cuales se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal. [.]" ANÁLISIS EVALUATIVO Por oficio que consta a fojas 132-145, la autoridad responsable Juez Segundo de lo Penal del Partido Judicial de Ensenada, Baja California, mediante resolución de nueve de diciembre de dos mil quince, dejó insubsistente la orden de aprehensión de veintinueve de mayo de dos mil quince, librada dentro de la causa penal 227/2015; y con plenitud de jurisdicción emitió una nueva determinación; documentales que tienen pleno valor probatorio en términos de lo preceptuado en los artículos 197 y 202 del Código de Procedimientos Civiles, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Lo anterior se evidencia por el hecho de que el juez responsable, en principio, dejó sin efecto el acto reclamado consistente en la orden de aprehensión de veintinueve de mayo de dos mil quince, librada dentro de la causa penal 227/2014 de su índice; luego, con plenitud de jurisdicción emitió la resolución de nueve de diciembre de dos mil quince, de la que se advierte que prescindió conceder validez al certificado de integridad, practicado a la quejosa, en virtud de no haber sido ratificado por el perito que lo formuló. Así, con apego a los lineamientos establecidos en la ejecutoria motivo de análisis, el juez responsable analizó y dio valor demostrativo a los medios de convicción, los cuales invocó como sustento para negar librar la orden de aprehensión en contra de la indiciada -aquí quejosa- lo que a la postre generó innecesario el estudio del cuerpo del delito, así como su probable responsabilidad. Lo anterior conllevó a determinar -previo análisis de las pruebas que constan en la causa penal de origen- a tener por no acreditado el requisito de procedibilidad; además, otorgó valor probatorio a cada una de las pruebas examinadas, tanto en lo individual como en conjunto, lo que dio lugar a pronunciarse con libertad de jurisdicción y resolvió en el sentido de no librar la orden de aprehensión en contra de la inculpada como probable responsable de los delitos de lesiones por culpa y daños en propiedad ajena por culpa. En las relatadas circunstancias y una vez analizada la ejecutoria de mérito, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, SE TIENE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DICTADA EN EL PRESENTE ASUNTO, pues es inconcuso que la autoridad responsable, acató el núcleo de la ejecutoria. Pues si bien es cierto que se establecieron lineamientos para cumplir en determinado sentido, también lo es que la autoridad responsable conservó su potestad gubernativa en las funciones de su competencia, pues a pesar de que en la sentencia de amparo se le concedido plenitud de jurisdicción, lo cierto es que el acto que emitió en cumplimiento a dicha determinación fue con apego a los lineamientos contenidos en la propia sentencia; es decir, el acto que se emitió con motivo del cumplimiento fue acorde a lo señalado en la concesión de amparo, a pesar de que dicha autoridad goza de un amplio margen de discrecionalidad. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis 1a. CX/2015 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, décima época, cuya sinopsis es: "SENTENCIAS DE AMPARO. PARÁMETROS QUE DEBERÁN SATISFACER LAS AUTORIDADES RESPONSABLES PARA SU CUMPLIMIENTO A PESAR DE QUE SE LES HAYA CONCEDIDO PLENITUD DE JURISDICCIÓN. A consideración de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el término plenitud de jurisdicción no puede entenderse en un sentido literal, pues si bien cuando se decreta la misma en una sentencia de amparo se está concediendo a la autoridad responsable un amplio margen de apreciación del caso, a efecto de que resuelva el asunto en cuestión, dicho uso del arbitrio judicial no puede interpretarse como absoluto o carente de límites. Cuando en una sentencia de amparo se concede plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, en efecto no se trata de una resolución que deje sin margen alguno de apreciación a la autoridad, pues implica la posibilidad de ejercer un arbitrio para adoptar una decisión, pero tampoco podría llegarse al extremo de aceptar que dentro de dicho margen se puede arribar a cualquier tipo de decisión. A pesar de que en una sentencia de amparo se hubiese concedido plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, lo cierto es que el acto que emita en cumplimiento de tal determinación deberá respetar ciertos límites. Así, el límite directo e inmediato de la llamada plenitud de jurisdicción consiste en los lineamientos contenidos en la sentencia de amparo, es decir, el acto que se emita con motivo del cumplimiento deberá emitirse acorde a lo señalado en la concesión de amparo, a pesar de que dicha autoridad goce de un amplio margen de discrecionalidad. En consecuencia, el acto que emita la autoridad responsable, a pesar de la plenitud de jurisdicción que se le haya concedido, deberá satisfacer un parámetro de razonabilidad en torno a los argumentos contenidos en la sentencia de amparo, a la naturaleza de la violación que fue examinada y decretada en la misma, y a la secuela procesal que le precedió y en cuya lógica se puede conocer el verdadero alcance de la protección constitucional. Lo anterior resulta así, pues si en una sentencia de amparo se contienen determinados argumentos a partir de los cuales se establecen ciertos alcances para reparar una violación a un derecho fundamental, y se concede plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, lo cierto es que el acto que se emita deberá guardar una armonía con los elementos que desembocaron en la emisión de la referida concesión de amparo. Aceptar la postura contraria, implicaría reconocer que al conceder un amplio margen de discrecionalidad a la autoridad responsable, si el acto que se emite carece de conexión lógica alguna con la secuela procesal y la sentencia de amparo, se deba tener por cumplimentada la misma, no obstante su lógica sea incluso contraria a las razones que motivaron la protección constitucional." De lo anterior se obtiene que -dentro del acto de autoridad- emitido en cumplimiento a la ejecutoria motivo de análisis, coexisten la libertad de decisión y el respeto a los lineamientos contenidos en la sentencia de amparo, y ante tal eventualidad, la autoridad responsable no se encontraba constreñida a emitir una determinación -en favor de la quejosa- pues se reitera que la autoridad responsable -con libertad de decisión- estimó pertinente negar la orden de aprehensión en contra de la ahora quejosa Mayra Iveth Portillo Bermudez. Finalmente, las autoridades responsables Comandante Operativo de la Policía Estatal Preventiva Zona Ensenada y Dirección de Seguridad Pública Municipal del XXI Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, en su calidad de ejecutoras manifestaron que darían cumplimiento en función de lo que en su caso resolviera el juez de la causa. VISTA A LAS PARTES Se da vista a las partes para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    En cumplimiento al auto de treinta de junio de dos mil quince, dictado dentro del presente juicio de garantías y, con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, en Ensenada, Baja California, siendo las nueve horas del catorce de diciembre de dos mil quince, el suscrito licenciado Fernando Priorio Nagel, Actuario Judicial del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, hago constar que, procedo a notificar personalmente por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado, y por lista en una página electrónica del Poder Judicial de la Federación, al quejoso Mayra Iveth Portillo Bermúdez, el auto de once de diciembre de dos mil quince, que dice: Se ordena agregar a los autos el oficio de cuenta, suscrito por el 2. Juez Segundo de lo Penal, con residencia en esta ciudad, y anexo, los cuales se relacionan con el cumplimiento a la ejecutoria que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se da vista a las partes con el oficio de cuenta por el plazo de tres días a efecto que manifiesten lo que a su interés convenga; apercibidas que de no hacerlo, considerando los elementos que obren en el expediente, así como los datos aportados por la autoridad responsable se resolverá respecto de dicho cumplimiento.

  4. Principal

    En cumplimiento al auto de doce de noviembre de dos mil quince, dictado dentro del presente juicio de garantías y, con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, en Ensenada, Baja California, siendo las nueve horas del catorce de diciembre de dos mil quince, el suscrito licenciado Fernando Priorio Nagel, Actuario Judicial del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, hago constar que, procedo a notificar personalmente por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado, y por lista en una página electrónica del Poder Judicial de la Federación, al tercero interesado Ángel Humberto Sánchez López, el auto de once de diciembre de dos mil quince, que dice: Se ordena agregar a los autos el oficio de cuenta, suscrito por el 2. Juez Segundo de lo Penal, con residencia en esta ciudad, y anexo, los cuales se relacionan con el cumplimiento a la ejecutoria que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se da vista a las partes con el oficio de cuenta por el plazo de tres días a efecto que manifiesten lo que a su interés convenga; apercibidas que de no hacerlo, considerando los elementos que obren en el expediente, así como los datos aportados por la autoridad responsable se resolverá respecto de dicho cumplimiento.

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