Mayra Isabel García Ordoñez
Expediente 845/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 845/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 15/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Mayra Isabel García Ordoñez
- Mayra Isabel García Ordoñez y Otros.
Actuaciones
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, quince de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que el término de cinco días a que se refiere el artículo 98, en relación con el diverso numeral 97, fracción I inciso a), ambos de la Ley de Amparo, transcurrió sin que la parte quejosa haya recurrido el auto de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, por el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo; por tanto, de conformidad con el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se le tiene perdido ese derecho, y se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido. ...Notifíquese. ...
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se tiene por recibido el escrito de David Martínez de los Santos, en su carácter de autorizado del quejoso en los amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, por medio del cual en cumplimiento al requerimiento realizado el veinte de mayo pasado, hace del conocimiento de este juzgado que no se realizó ningún pago por parte del quejoso por concepto de la multa que se le impuso y que constituyó el acto reclamado en este juicio, además, que le fue devuelta la licencia de conducir retenida con motivo de dicha multa; de ahí que refiere no proporcionar número de cuenta alguna para la devolución de determinada cantidad en dinero, y por ende, se da por satisfecha dicha parte con el cumplimiento de la sentencia de amparo; al efecto, glósese a los autos el ocurso de cuenta y tómese en cuenta una vez que se emita el pronunciamiento sobre el cumplimiento dado a la sentencia, la cual se emitirá una vez transcurrido el plazo de tres días computado legalmente, a partir de la publicación del presente auto, dándose además vista a la parte quejosa con los oficios que se tuvieron por recibidos en auto de veinte de mayo pasado.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, dieciséis de mayo de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el escrito signado por María Díaz García, por el cual hace diversas solicitudes; al efecto, únicamente agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta, para que obre como en derecho corresponda; lo anterior tomando en consideración que del análisis integral de los presentes autos, se colige que dicha persona no tiene personalidad acreditada en autos; por tanto no ha lugar a proveer de conformidad sus solicitudes.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, catorce de mayo de dos mil veintidós. Vista la cuenta; téngase por recibida la demanda de amparo presentada por Juan Manuel de la Cruz, a favor de la directa quejosa Mayra Isabel García Ordoñez, contra actos del Delegado de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado Federal y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 845/2022-VI, que por razón de turno le corresponde y fórmese expediente. Ahora, de la demanda se advierte que la directa quejosa se encuentra en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración de esta localidad, privado de la libertad solicitando el otorgamiento de la suspensión de plano. Atento a ello, resulta oportuno señalar que de conformidad con el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda persona tiene derecho a entrar y salir del país, viajar por su territorio, mudar de residencia, sin necesidad de algún requisito; sin embargo tal prerrogativa está subordinada a las facultades de la autoridad judicial y a las autoridades administrativas en relación con las leyes que se impongan sobre emigración, inmigración y salubridad en general. En el caso, según lo expuesto, la directa quejosa está internada en territorio mexicano y la restricción a la libertad se traduce en un alojamiento realizado por la autoridad migratoria, perpetuado con motivo de su detención. Ahora bien, dada la calidad migratoria de la directa quejosa y toda vez que goza de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales, es necesario tomar en cuenta lo que prevé el Protocolo de Actuación para Quienes Imparten Justicia en Casos que Afecten a Personas Migrantes y Sujetas de Protección Internacional, publicado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en septiembre de 2013, que esencialmente refieren: ".A) Reglas de Actuación para Atender a Personas Migrantes y Sujetas de Protección Internacional en Detención 1. Excepcionalidad de la detención 2. Proporcionalidad, necesidad e idoneidad de la privación de la libertad 3. Verificación de las condiciones de la detención 4. Utilización de medidas cautelares en los procedimientos migratorios fuera de la estación migratoria" Igualmente, cabe indicar que el reconocimiento de las obligaciones a cargo del estado en personas extranjeras se encuentra plasmado en la Ley de Migración y su Reglamento, que señalan como primer principio de la política migratoria, el respeto estricto a todos los derechos humanos de las personas migrantes, nacionales y extranjeras; además, que la propia ley establece que la situación migratoria irregular, en ningún caso, configura por sí misma, la comisión de un delito y que la política migratoria deberá ser congruente, de manera que el estado mexicano garantice la vigencia de los derechos que reclama para sus connacionales en el exterior en caso de admisión, ingreso, permanencia, tránsito, deportación y retorno asistido de personas extranjeras en su territorio. Estos avances en materia de derechos humanos han creado un nuevo paradigma que exige que quienes imparten justicia conozcan las fuentes normativas de origen nacional e internacional; las interpreten maximizando la protección de los derechos humanos de las personas migrantes y sujetas de protección internacional y ejerzan, de acuerdo con los principios hermenéuticos consagrados en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el control difuso de constitucionalidad y convencionalidad. Además de lo anterior, debe destacarse que el artículo 164, segundo párrafo, de la Ley de Amparo prevé expresamente que en tratándose de detención efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, que no tengan relación con la comisión de un delito (como es el caso, pues se trata de la detención de la directa quejosa por la autoridad migratoria), el efecto de la suspensión será la libertad. Por lo anterior, en términos de los artículos 126 y 164 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión de plano de los actos reclamados, para el efecto de que la autoridad responsable Delegado de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, de no existir causa legal diversa que lo impida, instruya la inmediata libertad de Mayra Isabel García Ordoñez, sin garantía económica alguna, dada su calidad migratoria, siempre y cuando haya colmado los restantes requisitos para tal medida ante la autoridad migratoria. De igual forma deberán cesar los actos de incomunicación, deportación, tortura, aseguramiento y alojamiento; en la inteligencia de que la presente medida cautelar no surtirá ningún efecto si diversa autoridad de amparo se pronunció sobre tales actos. Ello no implica que la quejosa pueda circular libremente por todo el territorio nacional, pues de permitirse esa circunstancia, se contravendría una disposición de orden público, como lo es el artículo 102 de la Ley de Migración, que dispone que el extranjero sometido a un procedimiento administrativo, con el propósito de lograr su estancia regular en el país, en lo que se dicta resolución definitiva, podrá establecer domicilio o lugar en el que permanecerán; luego, la medida cautelar únicamente permite a la agraviada circular en esta localidad. También debe mencionarse que la suspensión surte efectos desde luego, pero dejará de tenerlos si la directa quejosa no acredita que inicio el trámite respectivo para regularizar su estancia migratoria en el país, dentro de los treinta días naturales siguientes a la notificación de este acuerdo, lapso durante el cual no podrá ser detenida por cuestiones administrativas relacionadas con ese tema. En mérito de lo anterior, se faculta al Actuario Judicial adscrito para que se constituya en las instalaciones en las que refiere la parte promovente se encuentra retenida la directa quejosa, y dé fe de las condiciones físicas en que se encuentra; asimismo, en el acto de la notificación del presente auto, la requiera para que manifieste si ratifica o no la demanda de amparo presentada en su favor, o lo haga por escrito en el término de tres días, apercibida que de no hacerlo, con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, se proveerá lo procedente en derecho. Por ende, la autoridad responsable deberá informar a este Juzgado de Distrito inmediatamente el cumplimiento que haya dado o esté dando a la suspensión de plano otorgada, lo que podrá hacer por correo electrónico a la dirección electrónica institucional 7jdo19cto@correo.cjf.gob.mx, y confirmar su recepción al número 89 959 12 69, de lo contrario, se le requerirá por conducto de su superior jerárquico; para tal efecto, envíese copia simple de la demanda a la misma. Asimismo cabe dejar establecido que no se apertura el incidente de suspensión solicitado, dado que en el presente auto se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados. En ese tenor, mediante oficio que se gire a la autoridad responsable, por conducto de uno de los Actuarios adscritos, notifíquesele la anterior determinación para su conocimiento y estricto cumplimiento. En el entendido que la violación a este mandato judicial equivale a la comisión de un delito equiparable al abuso de autoridad, según lo dispone el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, por lo que de consumarse los mismos, de inmediato se dará vista al Agente del Ministerio Público de la Federación para los efectos legales a que hubiere lugar; debiendo además, hacer del conocimiento de la directa quejosa, el derecho que tiene de comunicarse de inmediato con quien estimen conveniente, se le permita usar el teléfono o cualquier otro medio de comunicación. En cuanto a lo principal, se reserva fijar hora y fecha para el verificativo de la audiencia constitucional y pedir informe justificado a la autoridad responsable hasta que la demanda de mérito sea ratificada. Asimismo, como lo solicita téngase como autorizados para el único efecto de oír y recibir notificaciones a las personas que menciona en su escrito, y se toma nota del correo electrónico que proporciona para esos mismos efectos. En atención al solicitud realizada por el promovente, consistente en que se le autorice consultar el expediente electrónico y que las notificaciones se realicen en la vía electrónica, dígasele que dicha consulta la podrá hacer en la página de internet www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx, autorizando para su consulta a Juan Manuel de la Cruz, que es a quien corresponde el nombre de usuario "manuelabogadogea2", registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En la inteligencia de que la autorización antes otorgada será en términos de los artículos 77, 78, 87, 93 y 94 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, publicado el nueve de diciembre de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación. Lo anterior, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo. Asimismo, se ordena que las notificaciones dirigidas a la parte quejosa aun las de carácter personal, se realicen en la vía electrónica, por así solicitarlo en su demanda Para evitar dilaciones procesales innecesarias, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los Actuarios adscritos a este órgano de control constitucional para que procedan a practicar las diligencias encomendadas en este juicio de amparo en horas y días inhábiles si ello fuere necesario, circunstancia que inclusive guarda congruencia con el principio de pronta administración de justicia consagrada en el artículo 17 Constitucional. Asimismo, de conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples y certificadas de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que debe guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. Así como con la Circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, que determinó que no existe inconveniente en que se permita a las partes y personas autorizadas el uso de aparatos electrónicos, como son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos. A fin de conformar la litis de manera pronta y dar seguridad jurídica a las partes en este asunto, instrúyase a los Actuarios de la adscripción a fin de que al momento de llevar a cabo la notificación a la autoridad señalada como responsable, mediante el oficio que se gire, deberá verificar si la denominación con que fue señalada es la correcta, de lo contrario, indagar cuál es ésta, debiendo asentar dicha circunstancia en la razón actuarial que para tal efecto se levante, incluso deberá recabar el nombre del funcionario que, de ser el caso, se niegue a recibir el comunicado relativo, ello con la finalidad de dar vista a la parte quejosa y no dejarla en estado de indefensión. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado firmar toda comunicación oficial que derive del presente asunto. Finalmente, con fundamento en el artículo 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que, salvo la reservada y la confidencial, a excepción de las obligaciones de transparencia previstas en los ordenamientos relativos, es pública la información que tiene bajo su resguardo este juzgado; no obstante, en caso de que deseen que sus datos personales se hagan públicos, deberán externarlo expresamente ante esta autoridad. Notifíquese, sin demora a las autoridades señaladas como responsables para su inmediato cumplimiento, y personalmente a la directa quejosa. Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Reynosa, ante Jaime Izaguirre Revilla, Secretario quien autoriza y da fe.
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