Mayra Hurtado Madrid

Expediente 1127/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 13 actuaciones registradas, la última del 8 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1127/2022
Año
2022
Actuaciones
13
Última actuación
08/02/2023

Partes del expediente

  • Mayra Hurtado Madrid

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a ocho de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese al cuaderno de antecedentes del juicio de amparo número 1127/2022, el oficio suscrito electrónicamente por la Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, por el cual acusa recibo del oficio con el que se le remitieron los autos originales del expedientillo en que se actúa e informa, entre otras cosas, que aceptó la competencia planteada por esta juzgadora respecto del juicio de amparo promovido por Mayra Hurtado Madrid, y radicó bajo el número de amparo 134/2023. ANOTACIONES Y ARCHIVO Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido, en virtud de que no existe actuación pendiente por realizar. En relación con tal determinación, se hace constar que mediante proveído de diecinueve de enero de dos mil veintitrés, se decretó carecer de competencia legal para José Alfonso García López 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b 25/04/24 16:35:10 2 conocer de la presente demanda de amparo en que se actúa. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en relación con el Capítulo 8, punto 8.1.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se acuerda lo siguiente: JUICIO DE AMPARO DESTRUIBLE El presente expediente se considera destruible; por tanto, en términos del artículo 20, fracción I, inciso c), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte, relacionado con el capítulo 8, punto 8.1.1 inciso a) del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, archívese como asunto concluido, con la indicación de que el mismo es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental al ser un expediente auxiliar, en el que las actuaciones se encuentran vinculadas a un diverso procedimiento. Se ordena estampar el sello correspondiente en la carátula del expediente, atendiendo a lo establecido en el José Alfonso García López 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b 25/04/24 16:35:10 3 presente acuerdo de conformidad con el artículo 35 de acuerdo en comento. DIGITALIZACIÓN Y FE DE COINCIDENCIA ENTRE EXPEDIENTES En cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de las actuaciones, para posteriormente dar fe de que el expediente electrónico coincide con el impreso; hecho lo cual, se procederá a la remisión física del expediente al archivo correspondiente. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Toda vez que la parte quejosa nada manifestó con relación a lo previsto por el artículo 8º de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental abrogada; aplicable en materia de datos personales, según el Segundo párrafo del artículo segundo transitorio del Decreto por el que se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación; al hacerse pública la sentencia, deberán suprimirse su nombre y datos personales; en la inteligencia de que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar lo conducente cuando se presente una solicitud de acceso de información de las constancias que obren en este asunto. Notifíquese.

  2. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a veintitrés de enero de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa en su numeral 2, agréguese a los autos el escrito signado por la quejosa Mayra Hurtado Madrid, y atento a su contenido se acuerda, como lo solicita la disconforme remítasele copia del informe justificado rendido por el Juez de Ejecución de Sanciones con residencia en esta ciudad. Notifíquese.

  3. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a veinte de enero de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes auto el oficio signado por el Encargado de la Administración Postal, con residencia en esta ciudad, y anexo que acompaña, a través del cual, en cumplimiento al requerimiento que se le formuló en proveído de once del mes y año en curso, informa que el acuse de la pieza postal que le fue requerida ya fue remitido a este órgano jurisdiccional; por tanto, se dejan sin efectos los apercibimientos decretados en dicho acuerdo, sólo por lo que hace a la autoridad de trato. Notifíquese.

  4. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a diecinueve de enero de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos el oficio signado por el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, a través del cual informa que quien conoce del expediente de control de ejecución 137/2021, formado a la ahora quejosa Mayra Hurtado Madrid, declinado por el Juzgado de Primera Instancia de Ejecución de Sentencias, con residencia en esta ciudad, al diverso Juez adscrito al Único Distrito Judicial del Estado de Morelos, Segunda Sede, Jojutla, Morelos, y se encuentra radicado con el número ESFJ/15/2022; atento a lo anterior se acuerda: INCOMPETENCIA POR TERRITORIO En principio, cabe precisar que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, la cual se debe analizar antes de resolver las cuestiones de fondo planteadas en la demanda; por ello, lo procedente es analizar si este juzgado, es o no competente para resolver el presente juicio de amparo. EDUARDO SUMUANO AGUILAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.82.ac 13/10/23 12:06:15 2 Es aplicable la tesis1 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto dicen: COMPETENCIA. La competencia de las autoridades, es materia de interés público, por lo cual, esas mismas autoridades, aun de oficio, deben ocuparse del estudio de esa cuestión, de manera principal y preferente. A efecto de establecer la competencia, el Juez de Distrito no sólo debe atender al planteamiento hecho en la demanda de amparo, sino que es necesario analizarla de manera integral con los demás elementos que se alleguen al proceso, en su caso, para advertir los datos que hagan posible conocer las circunstancias que rodean el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento y resolución del asunto planteado. Es aplicable al tema, la tesis2 1a. II/92 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: COMPETENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR DE MANERA INTEGRAL EL CONTEXTO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ASI COMO DE LOS DEMAS ELEMENTOS QUE SE ALLEGUEN A LA MISMA, PARA FIJAR SU. En materia de amparo, la competencia se finca primordialmente en tres factores: el territorio, la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado y la índole especial de la autoridad responsable. Así, para establecer su competencia el juez de Distrito no sólo debe atender al planteamiento hecho en la demanda de garantías, sino que es menester analizarla de manera integral como los demás elementos 1 Tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro número 364278, visible a página 381, tomo XXIX, Semanario Judicial de la Federación, quinta época. 2 Tesis 1a. II/92, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 206167, página 94, tomo IX, mayo de 1992, Semanario Judicial de la Federación, octava época. EDUARDO SUMUANO AGUILAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.82.ac 13/10/23 12:06:15 3 que se alleguen a la misma para desprender los datos que, razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. Ahora bien, una vez que el juzgador federal ante quien se promueve una demanda de garantías ha arribado a la conclusión de que no es competente para conocer de ella por cualquiera de las causas señaladas, es su obligación proveer en lo conducente de acuerdo con lo que la Ley de Amparo señala para ese efecto." Atento a lo anterior, la suscrita Juzgadora estima que carece de competencia legal por razón de territorio, para conocer de la demanda de amparo de que se trata, como enseguida se expondrá: La jurisdicción es la función de los órganos del Estado que tienen encomendada la administración de la justicia, para conocer, resolver y en su caso ejecutar las controversias que se les presenten, mediante la aplicación del derecho. La función de conocer y juzgar los litigios y de ejecutar lo juzgado, es esencialmente la misma, cualquiera que sea la rama del derecho sustantivo que se aplique a dicha función; sin embargo, cada uno de los tribunales en que se reparte la jurisdicción tiene limitantes en sus atribuciones, pues aun cuando en lo individual representan una ramificación de un órgano único, y potencialmente poseen jurisdicción en toda causa, su ejercicio está limitado y esa limitación de sus atribuciones, esa medida de su jurisdicción, es lo que se denomina competencia; por tanto, si bien el juzgador, por el solo hecho de serlo, es titular de la función jurisdiccional, no la puede ejercer en cualquier tipo de negocios, sino sólo en aquellos para los EDUARDO SUMUANO AGUILAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.82.ac 13/10/23 12:06:15 4 que está facultado por la ley, es decir, en aquellos en que es competente. Entonces, para que un tribunal tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, es necesario que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás jueces y tribunales del mismo grado. Las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia, y normalmente se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, el grado y el territorio. Sobre tal base, es conveniente mencionar que el concepto de competencia, en sentido jurídico general, alude a una idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, de conformidad con el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Federal, el cual establece que nadie puede ser molestado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente. Esa distribución de competencias no resulta ajena a las disposiciones que reglamentan la función jurisdiccional de los órganos del Poder Judicial de la Federación, en tanto que su ley orgánica delimita este tema de acuerdo con la doble función que tiene encomendada, a saber: la judicial, propiamente dicha, y la de control constitucional. Al respecto, la Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia, la que resulta de: a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; EDUARDO SUMUANO AGUILAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.82.ac 13/10/23 12:06:15 5 d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. De la clasificación anterior que define la competencia de los Tribunales de la Federación, interesa destacar la primera, es decir, la definida por razón de territorio. La competencia territorial es la que distribuye entre diversos órganos jurisdiccionales las facultades para juzgar, según diferente asignación de límites geográficos, en otras palabras, la competencia por territorio se refiere al ámbito espacial, en cuya esfera de acción pueden producirse los actos y sus efectos jurídicos, tomando en cuenta el problema que plantea el ángulo de distribución territorial de la competencia entre diversos órganos jurisdiccionales. A guisa de ejemplo se puede decir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene competencia en todo el territorio nacional, en razón de que las normas jurídicas vigentes no le fijan límites territoriales a su jurisdicción. En cambio, los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, así como los Juzgados de Distrito, solamente tienen competencia para actuar dentro de una determinada circunscripción territorial, la cual es determinada mediante acuerdos generales por el honorable Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, tal es el caso del Acuerdo General 03/2013. Las reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito por razón de territorio, se definen en los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal, y el artículo 37 de la Ley de Amparo, cuyos supuestos imponen como marco normativo que cuando conforme a las prescripciones de dicha ley sean competentes los Jueces EDUARDO SUMUANO AGUILAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.82.ac 13/10/23 12:06:15 6 de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquel en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; que si el acto puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de ellos, a prevención, será competente; y que es Juez competente aquel en cuya jurisdicción se presente la demanda, cuando ésta no requiera ejecución material. Ahora bien, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, no es competente para conocer de la presente demanda de amparo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 37, párrafo primero y 48, de la Ley de Amparo. Así es, que para mayor certeza se transcribe: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". Del referido precepto legal se desprenden tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; EDUARDO SUMUANO AGUILAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.82.ac 13/10/23 12:06:15 7 b) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Dadas las características y naturaleza de los puntos de contradicción que se dilucidan, la hipótesis de competencia que aquí interesa es la precisada en el inciso a), particularmente en lo relativo a que será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción el lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; En la demanda de garantías que en el caso que se analiza, los actos reclamados los constituye: ? Los actos y omisiones respecto al recurso ordinario de controversia judicial el cual fue interpuesto en fecha veinte de junio del año dos mil veintidós. ? La falta de notificación de la admisión o desechamiento de dicho recurso. Por su parte la autoridad responsable Juzgado de Primera Instancia de Ejecución de Sentencias, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado, indicó que sí es cierto el acto reclamado por la parte quejosa, pero que se encontraba impedido para informar lo solicitado por esta autoridad con motivo de con fecha ocho de agosto del año próximo pasado, se declaró incompetente para seguir conociendo de la carpeta de EDUARDO SUMUANO AGUILAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.82.ac 13/10/23 12:06:15 8 ejecución penal 137/2021, por lo que ordenó remitir los autos originales al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, para que por su conducto los hiciera llegar al Juez competente, para que ejerza jurisdicción. Por su parte del oficio de cuenta, suscrito por el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, quien informa que respecto del expediente de control de ejecución 137/2021, el cual fue integrado a la ahora impetrante Mayra Hurtado Madrid, materia del acto reclamado, le correspondió conocerlo en primer término al Juzgado de Primera Instancia de Ejecución de Sentencias, con residencia en esta ciudad; sin embargo al declinar competencia en favor del Juez adscrito al Único Distrito Judicial del Estado de Morelos, Segunda Sede, Jojutla, Morelos, fue quien ahora se encuentra conociendo del mismo, ya que lo radicó con el número ESFJ/15/2022. Precisada la naturaleza de los actos que pueden ser reclamados en el juicio de amparo, se estima que la omisión de dar trámite y resolver una controversia judicial relativa al traslado de la quejosa de un centro de reclusión a otro, constituye un acto omisivo. Con base a lo anterior, se tiene que la omisión de tramitar y resolver la controversia judicial a que hace alusión la quejosa en su demanda, es un acto omisivo, lo cierto es que trae aparejada una ejecución material. Ello en la medida que con la omisión del Juez vulnera el derecho de acceso a la justicia de manera pronta, y expedita, en perjuicio de las partes en proceso; esto es, la omisión de tales actos, es tanto como si la autoridad emitiera un acto que vulnerara los derechos señalados. EDUARDO SUMUANO AGUILAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.82.ac 13/10/23 12:06:15 9 Razón por la cual no puede afirmarse que la omisión referida es una decisión meramente declarativa que no tiene efecto alguno o que no conlleve consecuencia alguna. Por el contrario, con la omisión se genera una afectación que no cesará hasta en tanto se cumpla con el deber señalado. Por tanto, se llega a la conclusión de que la omisión reclamada, sin bien es un acto omisivo, lo cierto es que genera efectos como si se tratara de un acto positivo. De ahí que nos encontramos ante un acto omisivo con efectos positivos. Por lo anterior, es que se considera que el juzgado de amparo que debe conocer de la demanda en la que se señala como acto la omisión de dar trámite y resolver la controversia judicial, es el juez de amparo en cuya residencia se encuentre la autoridad que lleva el trámite de la carpeta de ejecución 137/2021, del índice del Juzgado de Primera Instancia de Ejecución de Sentencias, con residencia en esta ciudad, el cual fue turnado al Juez adscrito al Único Distrito Judicial del Estado de Morelos, Segunda Sede, Jojutla, Morelos, quien lo radicó con el número ESFJ/15/2022, toda vez que aceptó la competencia declinada por aquélla. De ahí que este Juzgado de Distrito carece de competencia legal para conocer del presente juicio, de conformidad con el artículo 37, primer párrafo, y 48 de la Ley de Amparo, por razón de territorio, toda vez que en el presente caso, la competencia es donde se encuentra la autoridad que tiene la obligación de actuar en la carpeta de ejecución de que se trata. Orienta lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 24/2021 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Décima Época, visible en el Semanario EDUARDO SUMUANO AGUILAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.82.ac 13/10/23 12:06:15 10 Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 5, septiembre de 2021, Tomo II, página 1873, con rubro y texto: OMISIÓN DE DICTAR SENTENCIA EN EL PROCESO PENAL. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO QUE AL RESPECTO SE PROMUEVA SE SURTE EN FAVOR DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE EJERCE JURISDICCIÓN SOBRE LA AUTORIDAD QUE DEBA DICTAR LA SENTENCIA (SISTEMA PENAL TRADICIONAL). Hechos: En diversos amparos indirectos se reclamó la omisión de dictar sentencia en el proceso penal en un plazo razonable. Los Tribunales Colegiados contendientes sostuvieron criterios distintos relativos a si dicha omisión es o no un acto que requiere ejecución material a fin de determinar cuál sería el órgano jurisdiccional competente. Un tribunal consideró que ese acto es uno omisivo con efectos positivos, por lo que el órgano de amparo competente es el del lugar en donde se tramita el proceso penal; en cambio, el otro tribunal sostuvo que ese acto es omisivo, sin efectos materiales, por lo que el órgano jurisdiccional competente será el del lugar en el que se presente la demanda, sin importar que sea un lugar distinto al que se tramite el proceso penal. Criterio jurídico: Esta Primera Sala considera que no dictar sentencia en el proceso penal en un plazo razonable es una omisión con ejecución material, y por lo tanto se actualiza la regla de competencia prevista en el artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo. Siendo así, el órgano de amparo que ejerza jurisdicción en donde se ubique aquel que ha incumplido dicha obligación, será el competente para conocer de la demanda de amparo indirecto. Justificación: De conformidad con los artículos 20, apartado A, fracción VIII, y 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho), todas las autoridades jurisdiccionales tienen la obligación de dictar con prontitud la resolución definitiva que resuelva el proceso. Incumplir con este mandato, genera una omisión con consecuencias materiales, ya que vulnera de manera directa el derecho que tiene toda persona imputada a recibir justicia de manera pronta y expedita. Por tanto, cuando se reclame dicha omisión en un juicio de amparo, pero la persona imputada esté guardando prisión preventiva en un centro penitenciario que reside en un lugar distinto al lugar en donde se encuentra el órgano jurisdiccional que esté llevando su proceso, la competencia para conocer del juicio recaerá en el órgano de amparo que ejerza jurisdicción sobre la autoridad que conoce del proceso penal. Lo anterior, con base en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, en el EDUARDO SUMUANO AGUILAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.82.ac 13/10/23 12:06:15 11 que se establece que la competencia -por razón de territorio- está definida por el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual en el caso es en donde se desarrolla el proceso penal de una persona privada de la libertad y no así por el lugar en donde acontece la ejecución de la prisión preventiva. Ello, porque esto último es una cuestión accidental susceptible de encontrarse determinada por aspectos incluso de distribución de espacios en los centros penitenciarios, ya que puede ocurrir el caso en que se finque competencia a un órgano jurisdiccional que esté en la residencia en la que en ese momento se encuentre interna la persona procesada y posteriormente sea trasladada a otro centro penitenciario. Por lo que con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, así como el Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal 3/2013, este Juzgado Federal declara carecer de competencia legal para conocer del presente juicio de amparo y declina la competencia al Juez de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, en Turno, que es el que ejerce jurisdicción en el lugar donde se encuentra la autoridad encargada de tramitar la carpeta de ejecución en la que la parte quejosa interpuso la controversia judicial, de cuya omisión de tramitar y resolver se duele la parte quejosa. Lo anterior se corrobora con lo dispuesto en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Por ende, remítase el presente juicio de amparo al Juez de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, en Turno, para que tenga a bien proveer lo conducente; con la atenta recomendación EDUARDO SUMUANO AGUILAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.82.ac 13/10/23 12:06:15 12 de acusar el recibo de estilo correspondiente. Por lo anteriormente considerado, se deja sin efectos la fecha de la audiencia constitucional programada para las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del ocho de febrero de dos mil veintitrés. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y fórmese cuaderno de antecedentes. Notifíquese.

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