Mayra Huerta Olmos y Otros.
Expediente 1571/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 22 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1571/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 31/05/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Mayra Huerta Olmos y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
Del estado procesal que guarda este asunto y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término concedido a las partes, para que manifestaran lo que a su interés conviniera, en relación con el cumplimiento dado a la sentencia de amparo, lo cual realizó la parte quejosa (fojas 116 y 117); en consecuencia, se procede a analizar si conforme con las constancias remitidas por la autoridad responsable, la ejecutoria se encuentra cumplida. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO Para el examen indicado, debe tomarse en cuenta lo siguiente: I) El acto reclamado en este juicio, se hizo consistir en: La resolución de veintisiete de agosto de dos mil quince, dictada en el expediente civil 852/2014/II del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Coatepec, Veracruz, con sede en aquel lugar, que redujo la pensión alimenticia provisional fijada a favor de la parte quejosa, de tres salarios mínimos vigentes en la zona a seiscientos pesos semanales, así como las consecuencias legales de esa resolución. II) En sentencia de veintinueve de enero de dos mil dieciséis (fojas 25 a 38), se concedió el amparo solicitado, para el efecto de que el juez responsable dejara insubsistente la resolución reclamada y emitiera otra, en la que ponderara los alcances y eficacia demostrativa de las documentales aportadas por el demandado en el juicio de origen, acorde a su contenido, para resolver en forma fundada y motivada con plenitud de jurisdicción, tomando en cuenta lo siguiente: a) Estudiar a fondo los alcances demostrativos de los documentos privados presentados por el demandado, con el valor indiciario que ameriten; a fin de resolver si en realidad tales documentales son aptas para acreditar una capacidad de dar alimentos disminuida, como base para reducir la pensión provisional fijada, atendiendo para ello al principio de proporcionalidad. b) Determinar si un solo recibo de renta con valor de indicio es suficiente para probar el arrendamiento inmobiliario; si la constancia de trabajo, acorde a su contenido, es bastante para probar sus ingresos; y si un contrato privado de cesión de derechos, que también sería un indicio en el momento procesal en que se encuentra el expediente de origen, es apto para comprobar que el demandado no cuenta más con una concesión para el servicio público de transporte de pasajeros en su modalidad de taxi. c) Analizar el contenido de los documentos presentados por el demandado para verificar si ese contenido es apto para acreditar los hechos que pretende el reclamante; esto es, estudiar los alcances demostrativos de las documentales con la finalidad de comprobar si son aptos para demostrar una capacidad de dar alimentos disminuida, pues de otra manera el demandado no acreditaría la oposición formulada a la pensión fijada o solamente lo demostraría en forma parcial. d) Resolver sobre la pensión provisional, salvaguardando las necesidades básicas de los acreedores de alimentos, tomando en cuenta lo probado en torno a las posibilidades del deudor Oved Antonio Miranda Solorio, acorde al principio de proporcionalidad; tomando en cuenta que las necesidades de los menores de edad se presumen. III) En cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la autoridad responsable envió copia certificada de las constancias respectivas (fojas 71 a 75); y se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera (foja 76), la cual desahogo la parte quejosa (fojas 78 a 80). Previo análisis de las constancias de autos, se concluyó que la ejecutoria de amparo no se encontraba cumplida, debido a que, atendiendo los lineamientos de la sentencia, no se realizó lo siguiente: a) Al estudiar los alcances demostrativos de los documentos privados presentados por el demandado; a fin de resolver si en realidad tales documentales son aptas para acreditar una capacidad de dar alimentos disminuida, como base para reducir la pensión provisional fijada, atendiendo para ello al principio de proporcionalidad; si bien señaló que es un hecho notorio que el demandado no necesita prueba que tenga necesidades alimentarias y gastos que cubrir, el cual genera gastos relativos a la alimentación, vestimenta y aliño personal; también lo es que no determinó a cuánto ascienden los gastos relativos a sus necesidades, para determinar que su capacidad económica es disminuida. b) Al resolver sobre la pensión provisional, respecto a las necesidades básicas de los acreedores de alimentos, omitió mencionar cuáles eran, ya que solo señaló que los alimentos no abarcan el poder cubrir las necesidades vitales o precarias (foja 74); de igual forma, indicó que no existía certeza a cuánto ascendían dichas necesidades alimentarias, en razón de que no contaba con medios de convicción que le permitieran saber sus gastos, únicamente indicó que gozan de la presunción legal de necesitar los alimentos; lo cual era incongruente con lo señalado en el inciso anterior, debido a que para fijar la pensión provisional a los acreedores, tomó en consideración los gastos del deudor (los que no fueron precisados), no así los de la parte acreedora, de quien adujo que no los acreditó. Por lo cual, se determinó requerir nuevamente a la autoridad responsable, a fin de que justificara haber dado cumplimiento al fallo protector, respecto a los efectos que se precisaron en los incisos que anteceden. IV) En atención a lo anterior, el juez responsable, envió copia certificada de las constancias respectivas (fojas 87 a 93), y se dio vista a las partes (foja 94); la cual desahogó la parte quejosa (fojas 96 a 98). Del análisis de las constancias de autos, nuevamente se determinó que la ejecutoria de amparo no estaba cumplida, en atención a lo siguiente: a) La autoridad responsable señaló que no existía certeza a cuánto ascendía la totalidad de los gastos que genera el demandado para satisfacer sus propias necesidades alimentarias, quien únicamente justificó el pago de renta de habitación; asimismo, señaló que no debía pasar por alto, que el deudor, como toda persona, genera gastos relativos a la alimentación, vestimenta y aliño personal, circunstancias que debían tomarse en cuenta; y por ello consideró que la medida provisional decretada (tres salarios mínimos), no guardaba equilibrio con los principios que la rigen. b) Al resolver sobre la pensión provisional, respecto a las necesidades básicas de los acreedores de alimentos, nuevamente omitió mencionar cuáles son (no obstante que como se indicó en el fallo protector, las necesidades de los menores se presumen), ya que señaló que se encontraba impedido para analizar si la cantidad determinada por concepto de alimentos es insuficiente para satisfacer sus necesidades alimentarias; lo cual es contradictorio con lo señalado en el inciso anterior, debido a que para fijar la pensión provisional a los acreedores, tomó en consideración los gastos del deudor, y respecto al cual solo se acreditó el gasto correspondiente a la habitación; no así los de la parte acreedora, quien también genera gastos (como el deudor), circunstancia que no valoró; aunado a que si no podía determinar los gastos de la parte acreedora, era incongruente que considerara que la capacidad del deudor se veía disminuida por dichos gastos, y por ello nuevamente redujera la pensión alimenticia de tres salarios mínimos diarios a seiscientos pesos semanales. Por lo tanto, se ordenó requerir nuevamente a la autoridad responsable, con la finalidad de que justificara haber dado cumplimiento al fallo protector, respecto a los efectos que se precisaron en los incisos que anteceden. IV) En cumplimiento a lo anterior, a través del oficio 1005/2016, el juez responsable envió copia certificada de las constancias respectivas (fojas 106 a 112), y se dio vista a las partes (foja 113); la cual desahogo la parte quejosa (fojas 116 y 117). Previo análisis de las constancias de autos se advierte la autoridad responsable realizó lo siguiente: a) Dejó insubsistente la resolución reclamada y emitió otra, en la que ponderó los alcances y eficacia demostrativa de las documentales aportadas por el demandado en el juicio de origen, acorde a su contenido, para resolver en forma fundada y motivada con plenitud de jurisdicción. b) Estudió los alcances demostrativos de los documentos privados presentados por el demandado, con el valor que ameritaron, con la finalidad de resolver si con tales documentales eran aptas para acreditar una capacidad de dar alimentos disminuida, como base para reducir la pensión provisional fijada, atendiendo para ello al principio de proporcionalidad. c) Determinó que con el recibo de renta con valor de indicio, era suficiente para probar el arrendamiento inmobiliario; la constancia de trabajo, acorde a su contenido, para probar sus ingresos, y que el contrato privado de cesión de derechos, era un indicio para comprobar que el demandado no cuenta más con una concesión para el servicio público de transporte de pasajeros en su modalidad de taxi. d) Resolvió lo conducente respecto a la pensión provisional, salvaguardando las necesidades básicas de los acreedores de alimentos, tomando en cuenta lo probado en torno a las posibilidades del deudor Oved Antonio Miranda Solorio, acorde al principio de proporcionalidad; de igual forma indicó que no existe certeza a cuánto ascienden las necesidades alimentarias de los acreedores, quienes gozan de la presunción legal de necesitar alimentos; respecto de los cuales señaló la imposibilidad para analizar si la cantidad determinada por concepto de alimentos es insuficiente para satisfacer sus necesidades alimentarias básicas (comida, vestido, habitación, atención médica y educación), debido a que no cuenta con las probanzas que determinen qué gastos son mayores. De lo anteriormente relatado, se concluye que la autoridad responsable dio cumplimiento a lo ordenado en la ejecutoria dictada en este asunto. Lo anterior es así, pues la materia de esta resolución consiste en analizar si la ejecutoria de amparo quedó o no cumplida, mas no en determinar si la nueva decisión de la autoridad responsable es constitucional o no, pues al tratarse de una concesión de amparo para efectos, en la que se dejó libertad de jurisdicción para dictar una nueva resolución, no se constriñó a dictarla en algún sentido determinado. Tiene aplicación al caso, la tesis siguiente: "Registro No. 165807 Localización: Novena Época Instancia: Segunda Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXX, Diciembre de 2009 Página: 301 Tesis: 2a./J. 201/2009 Jurisprudencia Materia(s): Común "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. " Así como la tesis siguiente: Novena Época Registro No. 161297 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXIV, Agosto de 2011 Materia(s): Común Tesis: VII.3o.P.T. J/2016 Página: 986 "INCONFORMIDAD EN "AMPARO JUDICIAL" (DIRECTO O INDIRECTO). ES INFUNDADA POR EL SOLO HECHO DE QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEJE INSUBSISTENTE EL ACTO RECLAMADO Y DICTE OTRO EN SU LUGAR, RESULTANDO INNECESARIO EXAMINAR SI QUEDARON SATISFECHOS TODOS LOS LINEAMIENTOS PRECISADOS EN LA SENTENCIA CONCESORIA." Sin que pase inadvertido para este órgano jurisdiccional, las manifestaciones realizadas por la autorizada de la parte quejosa, en el sentido de que la ejecutoria no está cumplida; sin embargo, por los motivos expuestos, este juzgado considera que si se ha cumplido; y, por tanto, en su caso, la parte quejosa tiene expeditos sus derechos para impugnar tal determinación en la vía y forma que se sea procedente. Por las circunstancias narradas, SE TIENE POR CUMPLIDA la sentencia dictada en este juicio de amparo. Con fundamento en el artículo 214 de la ley de Amparo, archívese este asunto como concluido. Por lo tanto, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de depuración, debido a que encuadra en la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo concedido en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Finalmente, previa copia certificada que se obtenga de la resolución reclamada; devuélvanse al Juez Segundo de Primera Instancia, con sede en Coatepec, Veracruz, las constancias que envió copia justificación de su informe, y que obran en un tomo por separado; sin necesidad de solicitar el acuse respectivo, toda vez que con la constancia de notificación se convalida el acuse de mérito.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA,EL ACUERDO QUE DICE: Del estado procesal que guarda este asunto y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término concedido a las partes, para que manifestaran lo que a su interés conviniera, en relación con el cumplimiento dado a la sentencia de amparo, lo cual realizó la parte quejosa (fojas 116 y 117); en consecuencia, se procede a analizar si conforme con las constancias remitidas por la autoridad responsable, la ejecutoria se encuentra cumplida. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO Para el examen indicado, debe tomarse en cuenta lo siguiente: I) El acto reclamado en este juicio, se hizo consistir en: La resolución de veintisiete de agosto de dos mil quince, dictada en el expediente civil 852/2014/II del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Coatepec, Veracruz, con sede en aquel lugar, que redujo la pensión alimenticia provisional fijada a favor de la parte quejosa, de tres salarios mínimos vigentes en la zona a seiscientos pesos semanales, así como las consecuencias legales de esa resolución. II) En sentencia de veintinueve de enero de dos mil dieciséis (fojas 25 a 38), se concedió el amparo solicitado, para el efecto de que el juez responsable dejara insubsistente la resolución reclamada y emitiera otra, en la que ponderara los alcances y eficacia demostrativa de las documentales aportadas por el demandado en el juicio de origen, acorde a su contenido, para resolver en forma fundada y motivada con plenitud de jurisdicción, tomando en cuenta lo siguiente: a) Estudiar a fondo los alcances demostrativos de los documentos privados presentados por el demandado, con el valor indiciario que ameriten; a fin de resolver si en realidad tales documentales son aptas para acreditar una capacidad de dar alimentos disminuida, como base para reducir la pensión provisional fijada, atendiendo para ello al principio de proporcionalidad. b) Determinar si un solo recibo de renta con valor de indicio es suficiente para probar el arrendamiento inmobiliario; si la constancia de trabajo, acorde a su contenido, es bastante para probar sus ingresos; y si un contrato privado de cesión de derechos, que también sería un indicio en el momento procesal en que se encuentra el expediente de origen, es apto para comprobar que el demandado no cuenta más con una concesión para el servicio público de transporte de pasajeros en su modalidad de taxi. c) Analizar el contenido de los documentos presentados por el demandado para verificar si ese contenido es apto para acreditar los hechos que pretende el reclamante; esto es, estudiar los alcances demostrativos de las documentales con la finalidad de comprobar si son aptos para demostrar una capacidad de dar alimentos disminuida, pues de otra manera el demandado no acreditaría la oposición formulada a la pensión fijada o solamente lo demostraría en forma parcial. d) Resolver sobre la pensión provisional, salvaguardando las necesidades básicas de los acreedores de alimentos, tomando en cuenta lo probado en torno a las posibilidades del deudor Oved Antonio Miranda Solorio, acorde al principio de proporcionalidad; tomando en cuenta que las necesidades de los menores de edad se presumen. III) En cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la autoridad responsable envió copia certificada de las constancias respectivas (fojas 71 a 75); y se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera (foja 76), la cual desahogo la parte quejosa (fojas 78 a 80). Previo análisis de las constancias de autos, se concluyó que la ejecutoria de amparo no se encontraba cumplida, debido a que, atendiendo los lineamientos de la sentencia, no se realizó lo siguiente: a) Al estudiar los alcances demostrativos de los documentos privados presentados por el demandado; a fin de resolver si en realidad tales documentales son aptas para acreditar una capacidad de dar alimentos disminuida, como base para reducir la pensión provisional fijada, atendiendo para ello al principio de proporcionalidad; si bien señaló que es un hecho notorio que el demandado no necesita prueba que tenga necesidades alimentarias y gastos que cubrir, el cual genera gastos relativos a la alimentación, vestimenta y aliño personal; también lo es que no determinó a cuánto ascienden los gastos relativos a sus necesidades, para determinar que su capacidad económica es disminuida. b) Al resolver sobre la pensión provisional, respecto a las necesidades básicas de los acreedores de alimentos, omitió mencionar cuáles eran, ya que solo señaló que los alimentos no abarcan el poder cubrir las necesidades vitales o precarias (foja 74); de igual forma, indicó que no existía certeza a cuánto ascendían dichas necesidades alimentarias, en razón de que no contaba con medios de convicción que le permitieran saber sus gastos, únicamente indicó que gozan de la presunción legal de necesitar los alimentos; lo cual era incongruente con lo señalado en el inciso anterior, debido a que para fijar la pensión provisional a los acreedores, tomó en consideración los gastos del deudor (los que no fueron precisados), no así los de la parte acreedora, de quien adujo que no los acreditó. Por lo cual, se determinó requerir nuevamente a la autoridad responsable, a fin de que justificara haber dado cumplimiento al fallo protector, respecto a los efectos que se precisaron en los incisos que anteceden. IV) En atención a lo anterior, el juez responsable, envió copia certificada de las constancias respectivas (fojas 87 a 93), y se dio vista a las partes (foja 94); la cual desahogó la parte quejosa (fojas 96 a 98). Del análisis de las constancias de autos, nuevamente se determinó que la ejecutoria de amparo no estaba cumplida, en atención a lo siguiente: a) La autoridad responsable señaló que no existía certeza a cuánto ascendía la totalidad de los gastos que genera el demandado para satisfacer sus propias necesidades alimentarias, quien únicamente justificó el pago de renta de habitación; asimismo, señaló que no debía pasar por alto, que el deudor, como toda persona, genera gastos relativos a la alimentación, vestimenta y aliño personal, circunstancias que debían tomarse en cuenta; y por ello consideró que la medida provisional decretada (tres salarios mínimos), no guardaba equilibrio con los principios que la rigen. b) Al resolver sobre la pensión provisional, respecto a las necesidades básicas de los acreedores de alimentos, nuevamente omitió mencionar cuáles son (no obstante que como se indicó en el fallo protector, las necesidades de los menores se presumen), ya que señaló que se encontraba impedido para analizar si la cantidad determinada por concepto de alimentos es insuficiente para satisfacer sus necesidades alimentarias; lo cual es contradictorio con lo señalado en el inciso anterior, debido a que para fijar la pensión provisional a los acreedores, tomó en consideración los gastos del deudor, y respecto al cual solo se acreditó el gasto correspondiente a la habitación; no así los de la parte acreedora, quien también genera gastos (como el deudor), circunstancia que no valoró; aunado a que si no podía determinar los gastos de la parte acreedora, era incongruente que considerara que la capacidad del deudor se veía disminuida por dichos gastos, y por ello nuevamente redujera la pensión alimenticia de tres salarios mínimos diarios a seiscientos pesos semanales. Por lo tanto, se ordenó requerir nuevamente a la autoridad responsable, con la finalidad de que justificara haber dado cumplimiento al fallo protector, respecto a los efectos que se precisaron en los incisos que anteceden. IV) En cumplimiento a lo anterior, a través del oficio 1005/2016, el juez responsable envió copia certificada de las constancias respectivas (fojas 106 a 112), y se dio vista a las partes (foja 113); la cual desahogo la parte quejosa (fojas 116 y 117). Previo análisis de las constancias de autos se advierte la autoridad responsable realizó lo siguiente: a) Dejó insubsistente la resolución reclamada y emitió otra, en la que ponderó los alcances y eficacia demostrativa de las documentales aportadas por el demandado en el juicio de origen, acorde a su contenido, para resolver en forma fundada y motivada con plenitud de jurisdicción. b) Estudió los alcances demostrativos de los documentos privados presentados por el demandado, con el valor que ameritaron, con la finalidad de resolver si con tales documentales eran aptas para acreditar una capacidad de dar alimentos disminuida, como base para reducir la pensión provisional fijada, atendiendo para ello al principio de proporcionalidad. c) Determinó que con el recibo de renta con valor de indicio, era suficiente para probar el arrendamiento inmobiliario; la constancia de trabajo, acorde a su contenido, para probar sus ingresos, y que el contrato privado de cesión de derechos, era un indicio para comprobar que el demandado no cuenta más con una concesión para el servicio público de transporte de pasajeros en su modalidad de taxi. d) Resolvió lo conducente respecto a la pensión provisional, salvaguardando las necesidades básicas de los acreedores de alimentos, tomando en cuenta lo probado en torno a las posibilidades del deudor Oved Antonio Miranda Solorio, acorde al principio de proporcionalidad; de igual forma indicó que no existe certeza a cuánto ascienden las necesidades alimentarias de los acreedores, quienes gozan de la presunción legal de necesitar alimentos; respecto de los cuales señaló la imposibilidad para analizar si la cantidad determinada por concepto de alimentos es insuficiente para satisfacer sus necesidades alimentarias básicas (comida, vestido, habitación, atención médica y educación), debido a que no cuenta con las probanzas que determinen qué gastos son mayores. De lo anteriormente relatado, se concluye que la autoridad responsable dio cumplimiento a lo ordenado en la ejecutoria dictada en este asunto. Lo anterior es así, pues la materia de esta resolución consiste en analizar si la ejecutoria de amparo quedó o no cumplida, mas no en determinar si la nueva decisión de la autoridad responsable es constitucional o no, pues al tratarse de una concesión de amparo para efectos, en la que se dejó libertad de jurisdicción para dictar una nueva resolución, no se constriñó a dictarla en algún sentido determinado. Tiene aplicación al caso, la tesis siguiente: "Registro No. 165807 Localización: Novena Época Instancia: Segunda Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXX, Diciembre de 2009 Página: 301 Tesis: 2a./J. 201/2009 Jurisprudencia Materia(s): Común "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. " Así como la tesis siguiente: Novena Época Registro No. 161297 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXIV, Agosto de 2011 Materia(s): Común Tesis: VII.3o.P.T. J/2016 Página: 986 "INCONFORMIDAD EN "AMPARO JUDICIAL" (DIRECTO O INDIRECTO). ES INFUNDADA POR EL SOLO HECHO DE QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEJE INSUBSISTENTE EL ACTO RECLAMADO Y DICTE OTRO EN SU LUGAR, RESULTANDO INNECESARIO EXAMINAR SI QUEDARON SATISFECHOS TODOS LOS LINEAMIENTOS PRECISADOS EN LA SENTENCIA CONCESORIA." Sin que pase inadvertido para este órgano jurisdiccional, las manifestaciones realizadas por la autorizada de la parte quejosa, en el sentido de que la ejecutoria no está cumplida; sin embargo, por los motivos expuestos, este juzgado considera que si se ha cumplido; y, por tanto, en su caso, la parte quejosa tiene expeditos sus derechos para impugnar tal determinación en la vía y forma que se sea procedente. Por las circunstancias narradas, SE TIENE POR CUMPLIDA la sentencia dictada en este juicio de amparo. Con fundamento en el artículo 214 de la ley de Amparo, archívese este asunto como concluido. Por lo tanto, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de depuración, debido a que encuadra en la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo concedido en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Finalmente, previa copia certificada que se obtenga de la resolución reclamada; devuélvanse al Juez Segundo de Primera Instancia, con sede en Coatepec, Veracruz, las constancias que envió copia justificación de su informe, y que obran en un tomo por separado; sin necesidad de solicitar el acuse respectivo, toda vez que con la constancia de notificación se convalida el acuse de mérito.
- Principal
Agréguese el escrito signado por la autorizada de la parte quejosa, mediante el cual realiza diversas manifestaciones en relación con el cumplimiento dado por la autoridad responsable al fallo protector; en consecuencia, en el análisis respectivo provéase lo conducente.
- Principal
Agréguese el oficio signado por el Juez Segundo de Primera Instancia, con sede en Coatepec, Veracruz; mediante el cual, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remite copia certificada de las constancias respectivas; por tanto, con fundamento en el artículo 297 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dese vista a las partes, a fin de que manifiesten lo que a su interés legal convenga; apercibidas que de no hacerlo, se procederá oficiosamente en los términos del artículo 196 de la Ley de Amparo.
Quedan 18 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · 10,537 expedientes
- Mayra Abigail Hernández Rivera655/2022
- Mayra Corneylli Méndez y Otros.476/2016
- Mayra Elizabeth Campos Morales1203/2016
- Mayra Elizabeth Malpica López141/2021
- MAYRA HAYDEE ÁLVAREZ HUESCA y Otros.1694/2012
- Mayra Hernández Martínez386/2020
- Mayra Itzel Rios Cárdenas814/2023
- Mayra Jácome Romero843/2019
- Mayra Lizeth Hernández Silva y Otros.1723/2015
- Mayra Magaly Minguez Morales640/2022
- MAYRA RUTH JUÁREZ GONZÁLEZ y Otros.1594/2014
- MAYRA RUTH JUÁREZ GONZÁLEZ y Otros.566/2016