Mayra Hernández Hernández

Expediente 584/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
584/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
28/12/2021

Partes del expediente

  • Mayra Hernández Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    CAUSA ESTADO. Visto el estado que guardan los presentes autos, y atendiendo al contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que el artículo 98 de la Ley de Amparo establece para que la parte quejosa interpusiera el recurso de queja en contra del proveído de nueve de diciembre de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo segundo, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, se declara que dicho proveído ha causado estado. ARCHIVO Y ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL. De conformidad con los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte, este expediente es susceptible de destrucción, dado que en el mismo se emitió un proveído sin decidir el juicio en lo principal y no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o relevancia documental deba conservarse. TEMPORALIDAD PARA DESTRUCCIÓN DE EXPEDIENTE. Cumplido el plazo de conservación y cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido que se establece en el primer párrafo del citado artículo 21 del Acuerdo General en comento, este órgano jurisdiccional procederá a su destrucción, con apoyo además en el numeral 24 del mismo ordenamiento. ORDEN DE ARCHIVO. Consecuentemente, anótese en la carátula del expediente que es susceptible de destrucción, y la fecha de archivo, conforme con lo dispuesto en el artículo 35 del indicado Acuerdo General.

  2. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, nueve de diciembre de dos mil veintiuno. IDENTIFICACIÓN PROMOVENTES Y REGISTRO. Vista la demanda de amparo promovida por .... contra actos del Juez Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, por trasgresión que estima de los artículos 1, 14 y 16 Constitucionales; en consecuencia, regístrese su ingreso en el Libro Uno de Juzgado de Registro de Juicios de Amparo que se lleva en este órgano jurisdiccional, bajo el número 584/2021 DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Ahora, la suscrita procede al estudio de la demanda en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual literalmente establece: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar la demanda de amparo y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser desechada de plano, sin suspender el acto reclamado. Para lograr tal propósito es preciso recurrir al escrito de demanda, a efecto de establecer los actos que se controvierten y demás presupuestos procesales que hacen, en caso de actualizarse, procedente el juicio. En ese contexto, la suscrita Juzgadora advierte de la lectura integral de la demanda de derechos fundamentales, como acto reclamado el siguiente: La negativa del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, de expedir las copias fotostáticas simples de todo lo actuado en el juicio de amparo 580/2021, de su índice, solicitadas por la aquí quejosa. Al respecto, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61 fracción IX, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas; De la lectura del precepto legal citado se advierte que establece la improcedencia del juicio de amparo en contra de actos emitidos en otro de la misma naturaleza, lo cual resulta explicable tomando en cuenta que a los jueces de Distrito compete ejercer la facultad de control constitucional a través del juicio de garantías; y de proceder dicho medio de impugnación en contra de actos o resoluciones dictadas en otro juicio de amparo, implicaría ejercer un control sobre otro control constitucional. De ahí que, en todo caso, si los jueces federales al tramitar o resolver un juicio de amparo incurren en irregularidades, éstas constituyen una violación a las disposiciones que regulan el procedimiento del juicio constitucional, impugnables a través de los recursos que la Ley de Amparo establece. Ahora, debe decirse que de los antecedentes del acto aquí reclamado, mismos que fueron narrados por la promovente bajo protesta de decir verdad, se advierte que la aquí quejosa solicitó al Juez Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, el siete de mayo de dos mil veintiuno, copias fotostáticas simples de todo lo actuado en el juicio de amparo indirecto 580/2021, de su índice. Juicio biinstancial el referido en el párrafo que antecede, que fue promovido por Javier Treviño Mata, y la aquí impetrante tiene el carácter de tercero interesada en dicho controvertido constitucional -aspecto este último que si bien no fue precisado por la aquí quejosa, se tiene como un hecho notorio al advertirse así del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes S.I.S.E. Indicó además, que la referida autoridad señalada aquí como responsable, se negó categóricamente a expedirle las copias simples solicitadas, violentado sus garantías de legalidad, seguridad y certeza jurídica consagradas en el artículo 8 Constitucional. Entonces, es evidente que el acto reclamado se trata de una determinación de un Juzgador dentro de un juicio de amparo en donde la ahora promovente tiene la calidad de tercero interesada; de ahí que, contra dicho combatido no es procedente el juicio de amparo en términos del artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, porque de lo contrario se infringiría el sistema constitucional y se desvirtuaría la técnica de la institución, cuya regulación se encuentra inmersa en el ordinal 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley de Amparo. Cobra aplicación la tesis 1a. LXX/2003 visible a foja 83 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XVIII, Diciembre de 2003, Materia Común, Novena Época, que dispone: "IMPROCEDENCIA. INTERPRETACIÓN DE LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con el precepto mencionado el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en él o en ejecución de ellas, entendiéndose por aquél la vía extraordinaria para impugnar actos inconstitucionales de cualquier autoridad, y no como el juicio estrictamente iniciado con la demanda y concluido con la resolución definitiva. En ese tenor, se concluye que las resoluciones emitidas en el juicio de amparo contra las cuales éste es improcedente son las dictadas en el juicio principal, en el incidente de suspensión o en cualquier otro incidente que se tramite y resuelva con motivo de aquél, así como aquellas dictadas después de concluido el juicio, ya sea en una aclaración de sentencia o en los recursos de revisión, queja o reclamación, resoluciones éstas que se entienden emitidas en el juicio de amparo, como medio extraordinario de control constitucional, sin importar que dicha resolución se emita antes o después de concluido el "juicio" en lo principal." Lo anterior no constituye una denegación de justicia, puesto que las partes en el juicio biinstancial, como es la ahora quejosa en su calidad de tercero interesada en el juico de derechos fundamentales, pueden combatir las determinaciones u omisiones que consideren perniciosas, a través de los medios defensivos que establece la propia ley de la materia. En efecto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 97, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo procede el recurso de queja contra las determinaciones que se dicten durante la tramitación del juicio que no admitan expresamente el recurso de revisión y que por su naturaleza trascendental y grave puedan causar perjuicio a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva; así como las que con las mismas características se emitan después de dictada la sentencia en la audiencia constitucional En esa tesitura, a consideración de la suscrita Juzgadora, el medio idóneo para combatir el acto reclamado por la quejosa en el presente biinstancial, es el recurso de queja y no el juicio de derechos fundamentales. Como apoyo se cita la jurisprudencia 1ª./J. 30/2015 (10ª.), aplicada por igualdad de razón, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "RECURSO DE QUEJA. ES PROCEDENTE CONTRA EL ACUERDO DICTADO EN EL JUICIO DE AMPARO O INCIDENTE DE SUSPENSIÓN EN EL QUE SE NIEGUE LA EXPEDICIÓN DE COPIAS SIMPLES O CERTIFICADAS DE LOS AUTOS DE UN EXPEDIENTE, AUN CUANDO EN ELLOS OBREN CONSTANCIAS DE UNA AVERIGUACIÓN PREVIA O CAUSA PENAL. De una interpretación del artículo 97, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, cuyo contenido es homólogo al numeral 95, fracción VI, de la Ley de Amparo abrogada, y del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se advierte que las partes en el juicio de amparo tienen derecho a solicitar copia de todas las constancias que fueron integradas al expediente del juicio por el Juez o Jueza de Distrito competente; por tanto, procede el recurso de queja en contra de un acuerdo emitido dentro del juicio principal de amparo o en el incidente de suspensión que deniegue la expedición de copias certificadas del mismo, a pesar de que se trate de constancias relativas a una averiguación previa o causa penal. Las razones específicas consisten en que tal resolución: a) no admite expresamente el recurso de revisión; b) por su naturaleza trascendental y grave pueda causar un perjuicio al solicitante al privarlo de un derecho previsto en el Código Federal de Procedimientos Civiles que se puede materializar en otro tipo de perjuicios dentro del propio procedimiento de amparo o fuera del mismo, y c) toda vez que ese perjuicio no es susceptible de enmendarse en la sentencia definitiva, pues es ajeno a la materia del juicio de amparo y, si bien la negativa podría ser motivo de reposición del procedimiento en un recurso de revisión, debe darse prioridad a la celeridad procesal y seguridad jurídica en aras de atender al derecho de acceso a una justicia pronta y completa. Lo anterior, sin que se prejuzgue sobre la resolución de fondo del recurso de queja y aclarando que la interposición de este recurso no conlleva como regla general la suspensión del procedimiento cuando se actúe en el juicio principal, ya que la negativa o concesión de otorgamiento de las copias, por sí misma, no implica necesariamente una influencia en la materia de la sentencia ni trastoca los derechos que se pudieran hacer valer en la audiencia constitucional, requisitos previstos para tal suspensión del procedimiento de acuerdo con los artículos 102 de la Ley de Amparo vigente y 101 de la Ley de Amparo abrogada." En las relatadas consideraciones, si la parte quejosa promovió el presente juicio biinstancial contra una determinación dictada por el Juez de Distrito en dicho juicio de amparo 580/2021, de su índice, se colige que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo. Por lo antes expuesto y con fundamento en lo establecido por el precepto 113 de la ley de la materia procede desechar de plano la demanda promovida por la impetrante del amparo, por resultar notoriamente improcedente. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. En otro contexto, con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito inicial de demanda, y como su autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los presentes autos a Sergio Eduardo Martínez Moreno, toda vez que no tiene su cédula profesional inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, que lo autorice a ejercer la profesión de abogado. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA". En otro aspecto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, tomando en consideración el estado de contingencia que actualmente se vive en el país, en estricta observancia a las medidas adoptadas para evitar la concentración de personas y la propagación del virus, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación de este juicio en forma electrónica, mediante el esquema de "juicio en línea", a través del uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma). HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA LA PRÁCTICA DE NOTIFICACIONES. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. DIGITALIZACIÓN. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario responsable para que lleve a cabo la supervisión de la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema electrónico, a efecto de que tanto el expediente electrónico como el impreso coincidan en su totalidad; de igual modo, se instruye a los actuarios judiciales, analista jurídico SISE (sistema integral de seguimiento de expedientes) y oficiales administrativos que lleven a cabo de manera oportuna la integración del expediente electrónico, conforme al estado procesal de los asuntos, dentro del ámbito de sus respectivas funciones. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se hace saber a las partes que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación en veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3, fracciones IX y XVII, 5, 22, fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de esta juzgadora y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales publicado el diez de octubre de dos mil dieciocho; así como el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicado el seis de septiembre de dos mil diecinueve; aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no contravenga las disposiciones señaladas en la legislación en cita. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, el presente expediente está sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 de la última ley en cita; hágase del conocimiento de las partes que, atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, tienen derecho a oponerse a que se publiquen sus datos personales, una vez que se dicte la sentencia o en su caso la resolución que ponga fin al procedimiento en el presente asunto, por lo que, de no hacer manifestación alguna, se entenderá que se oponen a la publicación de sus antecedentes, de conformidad con el artículo 21 de la ley de referencia. Notifíquese y personalmente.

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 27 fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista la determinación de nueve de diciembre de dos mil veintiuno, a la parte quejosa, que dice: "Ciudad Valles, San Luis Potosí, nueve de diciembre de dos mil veintiuno. IDENTIFICACIÓN PROMOVENTES Y REGISTRO. Vista la demanda de amparo promovida por .... contra actos del Juez Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, por trasgresión que estima de los artículos 1, 14 y 16 Constitucionales; en consecuencia, regístrese su ingreso en el Libro Uno de Juzgado de Registro de Juicios de Amparo que se lleva en este órgano jurisdiccional, bajo el número 584/2021 DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Ahora, la suscrita procede al estudio de la demanda en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual literalmente establece: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar la demanda de amparo y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser desechada de plano, sin suspender el acto reclamado. Para lograr tal propósito es preciso recurrir al escrito de demanda, a efecto de establecer los actos que se controvierten y demás presupuestos procesales que hacen, en caso de actualizarse, procedente el juicio. En ese contexto, la suscrita Juzgadora advierte de la lectura integral de la demanda de derechos fundamentales, como acto reclamado el siguiente: La negativa del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, de expedir las copias fotostáticas simples de todo lo actuado en el juicio de amparo 580/2021, de su índice, solicitadas por la aquí quejosa. Al respecto, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61 fracción IX, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas; De la lectura del precepto legal citado se advierte que establece la improcedencia del juicio de amparo en contra de actos emitidos en otro de la misma naturaleza, lo cual resulta explicable tomando en cuenta que a los jueces de Distrito compete ejercer la facultad de control constitucional a través del juicio de garantías; y de proceder dicho medio de impugnación en contra de actos o resoluciones dictadas en otro juicio de amparo, implicaría ejercer un control sobre otro control constitucional. De ahí que, en todo caso, si los jueces federales al tramitar o resolver un juicio de amparo incurren en irregularidades, éstas constituyen una violación a las disposiciones que regulan el procedimiento del juicio constitucional, impugnables a través de los recursos que la Ley de Amparo establece. Ahora, debe decirse que de los antecedentes del acto aquí reclamado, mismos que fueron narrados por la promovente bajo protesta de decir verdad, se advierte que la aquí quejosa solicitó al Juez Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, el siete de mayo de dos mil veintiuno, copias fotostáticas simples de todo lo actuado en el juicio de amparo indirecto 580/2021, de su índice. Juicio biinstancial el referido en el párrafo que antecede, que fue promovido por Javier Treviño Mata, y la aquí impetrante tiene el carácter de tercero interesada en dicho controvertido constitucional -aspecto este último que si bien no fue precisado por la aquí quejosa, se tiene como un hecho notorio al advertirse así del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes S.I.S.E. Indicó además, que la referida autoridad señalada aquí como responsable, se negó categóricamente a expedirle las copias simples solicitadas, violentado sus garantías de legalidad, seguridad y certeza jurídica consagradas en el artículo 8 Constitucional. Entonces, es evidente que el acto reclamado se trata de una determinación de un Juzgador dentro de un juicio de amparo en donde la ahora promovente tiene la calidad de tercero interesada; de ahí que, contra dicho combatido no es procedente el juicio de amparo en términos del artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, porque de lo contrario se infringiría el sistema constitucional y se desvirtuaría la técnica de la institución, cuya regulación se encuentra inmersa en el ordinal 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley de Amparo. Cobra aplicación la tesis 1a. LXX/2003 visible a foja 83 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XVIII, Diciembre de 2003, Materia Común, Novena Época, que dispone: "IMPROCEDENCIA. INTERPRETACIÓN DE LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con el precepto mencionado el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en él o en ejecución de ellas, entendiéndose por aquél la vía extraordinaria para impugnar actos inconstitucionales de cualquier autoridad, y no como el juicio estrictamente iniciado con la demanda y concluido con la resolución definitiva. En ese tenor, se concluye que las resoluciones emitidas en el juicio de amparo contra las cuales éste es improcedente son las dictadas en el juicio principal, en el incidente de suspensión o en cualquier otro incidente que se tramite y resuelva con motivo de aquél, así como aquellas dictadas después de concluido el juicio, ya sea en una aclaración de sentencia o en los recursos de revisión, queja o reclamación, resoluciones éstas que se entienden emitidas en el juicio de amparo, como medio extraordinario de control constitucional, sin importar que dicha resolución se emita antes o después de concluido el "juicio" en lo principal." Lo anterior no constituye una denegación de justicia, puesto que las partes en el juicio biinstancial, como es la ahora quejosa en su calidad de tercero interesada en el juico de derechos fundamentales, pueden combatir las determinaciones u omisiones que consideren perniciosas, a través de los medios defensivos que establece la propia ley de la materia. En efecto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 97, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo procede el recurso de queja contra las determinaciones que se dicten durante la tramitación del juicio que no admitan expresamente el recurso de revisión y que por su naturaleza trascendental y grave puedan causar perjuicio a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva; así como las que con las mismas características se emitan después de dictada la sentencia en la audiencia constitucional En esa tesitura, a consideración de la suscrita Juzgadora, el medio idóneo para combatir el acto reclamado por la quejosa en el presente biinstancial, es el recurso de queja y no el juicio de derechos fundamentales. Como apoyo se cita la jurisprudencia 1ª./J. 30/2015 (10ª.), aplicada por igualdad de razón, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "RECURSO DE QUEJA. ES PROCEDENTE CONTRA EL ACUERDO DICTADO EN EL JUICIO DE AMPARO O INCIDENTE DE SUSPENSIÓN EN EL QUE SE NIEGUE LA EXPEDICIÓN DE COPIAS SIMPLES O CERTIFICADAS DE LOS AUTOS DE UN EXPEDIENTE, AUN CUANDO EN ELLOS OBREN CONSTANCIAS DE UNA AVERIGUACIÓN PREVIA O CAUSA PENAL. De una interpretación del artículo 97, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, cuyo contenido es homólogo al numeral 95, fracción VI, de la Ley de Amparo abrogada, y del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se advierte que las partes en el juicio de amparo tienen derecho a solicitar copia de todas las constancias que fueron integradas al expediente del juicio por el Juez o Jueza de Distrito competente; por tanto, procede el recurso de queja en contra de un acuerdo emitido dentro del juicio principal de amparo o en el incidente de suspensión que deniegue la expedición de copias certificadas del mismo, a pesar de que se trate de constancias relativas a una averiguación previa o causa penal. Las razones específicas consisten en que tal resolución: a) no admite expresamente el recurso de revisión; b) por su naturaleza trascendental y grave pueda causar un perjuicio al solicitante al privarlo de un derecho previsto en el Código Federal de Procedimientos Civiles que se puede materializar en otro tipo de perjuicios dentro del propio procedimiento de amparo o fuera del mismo, y c) toda vez que ese perjuicio no es susceptible de enmendarse en la sentencia definitiva, pues es ajeno a la materia del juicio de amparo y, si bien la negativa podría ser motivo de reposición del procedimiento en un recurso de revisión, debe darse prioridad a la celeridad procesal y seguridad jurídica en aras de atender al derecho de acceso a una justicia pronta y completa. Lo anterior, sin que se prejuzgue sobre la resolución de fondo del recurso de queja y aclarando que la interposición de este recurso no conlleva como regla general la suspensión del procedimiento cuando se actúe en el juicio principal, ya que la negativa o concesión de otorgamiento de las copias, por sí misma, no implica necesariamente una influencia en la materia de la sentencia ni trastoca los derechos que se pudieran hacer valer en la audiencia constitucional, requisitos previstos para tal suspensión del procedimiento de acuerdo con los artículos 102 de la Ley de Amparo vigente y 101 de la Ley de Amparo abrogada." En las relatadas consideraciones, si la parte quejosa promovió el presente juicio biinstancial contra una determinación dictada por el Juez de Distrito en dicho juicio de amparo 580/2021, de su índice, se colige que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo. Por lo antes expuesto y con fundamento en lo establecido por el precepto 113 de la ley de la materia procede desechar de plano la demanda promovida por la impetrante del amparo, por resultar notoriamente improcedente. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. En otro contexto, con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito inicial de demanda, y como su autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los presentes autos a Sergio Eduardo Martínez Moreno, toda vez que no tiene su cédula profesional inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, que lo autorice a ejercer la profesión de abogado. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA". En otro aspecto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, tomando en consideración el estado de contingencia que actualmente se vive en el país, en estricta observancia a las medidas adoptadas para evitar la concentración de personas y la propagación del virus, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación de este juicio en forma electrónica, mediante el esquema de "juicio en línea", a través del uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma). HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA LA PRÁCTICA DE NOTIFICACIONES. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. DIGITALIZACIÓN. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario responsable para que lleve a cabo la supervisión de la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema electrónico, a efecto de que tanto el expediente electrónico como el impreso coincidan en su totalidad; de igual modo, se instruye a los actuarios judiciales, analista jurídico SISE (sistema integral de seguimiento de expedientes) y oficiales administrativos que lleven a cabo de manera oportuna la integración del expediente electrónico, conforme al estado procesal de los asuntos, dentro del ámbito de sus respectivas funciones. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se hace saber a las partes que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación en veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3, fracciones IX y XVII, 5, 22, fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de esta juzgadora y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales publicado el diez de octubre de dos mil dieciocho; así como el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicado el seis de septiembre de dos mil diecinueve; aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no contravenga las disposiciones señaladas en la legislación en cita. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, el presente expediente está sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 de la última ley en cita; hágase del conocimiento de las partes que, atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, tienen derecho a oponerse a que se publiquen sus datos personales, una vez que se dicte la sentencia o en su caso la resolución que ponga fin al procedimiento en el presente asunto, por lo que, de no hacer manifestación alguna, se entenderá que se oponen a la publicación de sus antecedentes, de conformidad con el artículo 21 de la ley de referencia. Notifíquese y personalmente. "

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