Mayra Guadalupe Ruiseco Romo
Expediente 312/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 19 actuaciones registradas, la última del 4 de julio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 312/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 04/07/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes · Aguascalientes
Partes del expediente
- Mayra Guadalupe Ruiseco Romo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
Visto el oficio signado por el Juez Quinto de lo Mercantil del Estado y toda vez que mediante proveídos de treinta de junio y uno de julio del presente año, se reservaron los oficios respectivos de las diversas autoridades responsables Director de la Dirección de Ejecutores del Poder Judicial del Estado y Director del Registro Público de la Propiedad del Estado; en consecuencia, téngaseles informando que dan cumplimiento al fallo protector y exhiben las documentales respectivas. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por el plazo de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, para que manifiesten lo que a su derecho convenga; con el apercibimiento que de no hacer pronunciamiento alguno, se resolverá respecto del cumplimiento a la ejecutoria con los datos que obran en autos. II.
- Principal
Visto el estado de autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación que antecede que el plazo para recurrir la sentencia dictada por este juzgado ha transcurrido sin que se haya hecho valer el recurso de revisión; con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al diverso numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Por ende, con apoyo en el artículo 192 de la ley de la materia, requiérase a las autoridades responsables Juez Quinto de lo Mercantil del Estado, Ministro Ejecutor adscrito a la Dirección de Ejecutores del Poder Judicial del Estado y Director del Registro Público de la Propiedad del Estado, para que dentro del plazo de tres días siguientes al en que se les notifique el presente proveído, den cumplimiento a la sentencia, o bien, informen los actos realizados para ese efecto. Apercibidas que de no cumplir con lo anterior en el plazo fijado, o de no manifestar la causa justificada que tuviesen para ello, se les impondrá una multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal en términos del artículo 258 de la Ley de Amparo; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Precisando que se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de las autoridades responsables, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En el entendido que dicha autoridad ordenadora jurisdiccional no tiene superior jerárquico para efectos del cumplimiento de ejecutorias de amparo, de conformidad a la tesis de jurisprudencia de registro 2007295, del Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, publicada el 29 de agosto de 2014 del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época que dice: "JUECES DE PRIMERA INSTANCIA, NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO, EN MATERIA JURISDICCIONAL, PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. La función jurisdiccional se ejerce por diversos órganos con competencias definidas para decidir los asuntos sometidos a su conocimiento, con plena autonomía e independencia, razón por la que los jueces de primera instancia no se encuentran sometidos al tribunal de alzada, ya que cuentan con facultades y atribuciones propias para cumplir con las sentencias de amparo, con total independencia y autonomía. Si bien dichos órganos de segunda instancia son superiores por razón de grado, dicha superioridad no les otorga un poder o mando sobre los jueces de primera instancia, ya que ello sólo acontece por la competencia derivada por razón de grado, que les concede la facultad de someter a una segunda revisión las sentencias dictadas en primera instancia, provocada por el afectado al interponer los medios de defensa legal. Pero carecen de poder o mando sobre los jueces, en virtud de que éstos cuentan con facultades y atribuciones para admitir a trámite las demandas, dictar medidas provisionales y abrir incidentes para continuar el juicio de origen, por lo que los tribunales de segunda instancia están impedidos para obligarlos a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, pues carecen de competencia constitucional y legal para vincular al juzgador a acatar el fallo en determinado sentido, ya que se trata de actuaciones dictadas en el procedimiento de primera instancia, en la que los tribunales de grado no tienen injerencia alguna. De igual forma, en caso de que los jueces de primera instancia no cumplan con la sentencia de amparo, los tribunales de grado están impedidos legalmente para dar cumplimiento por sí al fallo protector porque carecen de competencia legal y constitucional para pronunciar decretos, proveídos, medidas provisionales, incidentes y resoluciones en el procedimiento que se desarrolla en primera instancia. Además, la jerarquía, poder o mando, es incompatible con la función jurisdiccional porque los jueces de primera instancia, cuentan con autonomía e independencia para resolver las controversias sometidas a su conocimiento, con sujeción sólo a la ley y a la Constitución, en donde se regulan sus facultades y competencias." Por tanto, dése cuenta con todo el expediente una vez transcurrido el plazo concedido a las autoridades en comento para los efectos a que hubiere lugar.
- Principal
Notifíquese personalmente.. Se notifica por lista a los terceros interesados la resolución de seis de junio del año en curso .. Único. La Justicia de la Unión ampara y protege. (II)
- Principal
Visto el estado de autos, advirtiéndose que el dieciocho de abril del año en curso, se emplazó a la parte tercera interesada sin que hayan transcurrido los ocho días que previene el primer párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, para que se imponga del contenido del informe justificado. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha y se fijan las nueve horas del veintitrés de mayo del dos mil dieciséis, para su celebración.(II)
Quedan 15 actuaciones en este expediente
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